El 100% de la plantilla de Iberia en el Aeropuerto de Jerez ha secundado una huelga que se prolongará hasta el próximo viernes, dentro de un calendario de protestas que incluye paros durante tres semanas alternas. Los 40 empleados (a excepción de los servicios mínimos) se han concentrado a las puertas del aeródromo contra un ERE que a nivel nacional supondrá la supresión de 3.807 puestos de trabajo. En el caso de Jerez, la compañía despedirá a tres técnicos de mantenimiento, cuatro administrativos y cinco agentes de servicios auxiliares. Como ha explicado el delegado local de CC OO en Iberia, José Miguel Delgado, se da la circunstancia de que esos son los únicos tres mecánicos de los que dispone la empresa, por lo que esta medida conllevará importantes perjuicios también para los usuarios.

“Al no tener mecánico, cualquier problema que se produzca no podrá ser atendido en el momento. En casos graves, mandarán a alguien del Aeropuerto de Sevilla que tardará en llegar como mínimo una hora, por lo que la calidad del servicio será mucho más baja“. Según Delgado, después de cinco meses de negociaciones ambas partes habían cerrado un principio de acuerdo, que de buenas a primeras se vino al traste tras un consejo de administración de la firma en el que se decidió no suscribir el documento. “Han comenzado a desmantelar Iberia y ahora mismo no tenemos perspectivas de futuro”.

A pesar de ello, mantienen un halo de esperanza y confían en que la huelga haga mella en la directiva y ésta se replantee su postura. Además, el delegado sindical asegura que la plantilla está dispuesta a bajarse el sueldo o asumir cualquier otro sacrificio, antes de asistir al despido masivo de compañeros. Mientras todo esto se dirime, los usuarios deberán emplear altas dosis de paciencia pues los paros se repetirán la primera y la tercera semana de marzo, de lunes a viernes.

En estos tiempos de tanta inestabilidad y tanto varapalo con los desahucios, algunos colectivos han decidido erigirse en defensores de los cientos y cientos de perjudicados reivindicando el derecho a la vivienda y señalando con el dedo acusador a la banca. Uno de ellos es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ha convocado de forma simultánea manifestaciones en 70 ciudades españolas “contra el genocidio financiero”. Jerez no podía ser una excepción, y hoy casi un millar de personas se han unido en una comitiva que ha partido de la Plaza del Arenal, para recorrer las principales calles del centro hasta derivar en el Ayuntamiento, donde han leído un manifiesto.

A la convocatoria de la PAH se han adherido la asociación Stop Desahucios, el Movimiento 15-M, partidos políticos y sindicatos, entre otros, con el fin de alzar su voz y exigir que se ponga freno a una situación dramática que solo en Jerez afecta a más de 100 familias, inmersas en procesos de desahucio de sus viviendas. Así lo ha explicado el portavoz de la plataforma, Lorenzo Barba, que junto a sus compañeros ha llevado carteles y colocado pegatinas en todas las oficinas bancarias que ha encontrado a su paso con lemas como “rescatan banqueros y desahucian obreros” o “la vivienda es una necesidad y no un negocio”.

Entre las principales peticiones del colectivo se encuentra no solo la paralización de los desahucios, sino también el establecimiento de la dación en pago y el alquiler social, derechos por los que continuarán luchando y no darán tregua alguna a las autoridades.

La plantilla que la empresa Iberia tiene en el aeropuerto de Jerez, compuesta por unos 40 trabajadores, está convocada a una concentración prevista el lunes a la puerta del aeródromo, coincidiendo con el inicio de la huelga de la próxima semana prevista a nivel nacional, para rechazar el ERE planteado por la empresa que amenaza los puestos de trabajo de más de 3.800 trabajadores en todo el país.

Esta protesta, que también se repetirá el viernes, día 22 de febrero, está prevista, según han explicado los delegados sindicales de CC OO en el citado aeropuerto, desde las 12.00 hasta las 15.00 horas.

En el caso del aeropuerto jerezano, el ERE planteado afectaría a 12 trabajadores: cuatro administrativos, cinco agentes de servicios auxiliares (AGSA) y tres técnicos de mantenimiento de aeronaves, sin olvidar, como ha destacado CC OO, que la intención de la empresa es reducir el salario del resto de manera considerable. “unas reducciones de la nómina que van desde el 11 por ciento para el personal de tierra a más del 20 por ciento en el caso de los pilotos y azafatas”, han explicado los responsables sindicales.

Se sienten un colectivo “maltratado” por la administración pública. Ya sea regional o central, ninguna de ellas se escapa a las críticas del funcionariado que afronta estos malos tiempos con pesimismo y con múltiples críticas desde todos los ámbitos. Así, profesionales de la sanidad, la educación y la Agencia Tributaria, entre otros, se han concentrado en la Plaza de las Marinas para protestar por su situación laboral y reivindicar que la administración les restituya algunos de los derechos que consideran usurpados. Como explicó el delegado de CSIF en Hacienda, Juan del Río, los funcionarios no solo están siendo víctimas de brutales recortes económicos sino también de prestaciones y personal.

“Se amortizan muchos puestos, se jubilan trabajadores y no se sustituyen esas plazas. En la Agencia Tributaria, por ejemplo, eran 27.000 los funcionarios cuando se creó y ya vamos por 21.000″. Una llamativa reducción que repercute en la asistencia que se presta al ciudadano, muy resentida en cuestiones como el asesoramiento para realizar la declaración de la renta, que este año empezará 15 días más tarde con lo que serán muchos los solicitantes que tengan que renunciar a ese servicio. Todo ello conlleva, además, una sobrecarga de trabajo difícil de asumir y con las lógicas consecuencias, puesto que la resolución de la renta está demorándose hasta cuatro meses y aún son muchos los ciudadanos que no han recibido lo que se les adeuda del ejercicio anterior.

Junto a ello, Del Río mencionó la falta de modernización de los sistemas de trabajo, las largas listas de espera en sanidad y el déficit de camas, así como los recortes sufridos en educación que perjudican al alumnado. “Lo que pedimos es que se potencie el que se sustituyan las bajas del funcionariado y no se nos sobrecargue de trabajo. Bastante tenemos con las reducciones económicas; lo que no puede ser es que nos sintamos maltratados por la administración”.

La plantilla del servicio de ayuda a domicilio ha anunciado hoy públicamente su deseo de que la empresa que actualmente ostenta la concesión, Acasa, se marche. Las trabajadoras aseguran que “un mes más que Acasa sigue significa un mes más de retraso en los cobros para nosotras”. El colectivo, que lleva años de conflicto laboral, acumula otra vez cuatro nóminas sin cobrar a pesar de la operación de préstamo llevada a cabo por el Ayuntamiento con una entidad bancaria italiana para adelantar parte de los fondos.

Los salarios de octubre, diciembre, la paga extra y el mes de enero -además de otros atrasos y las liquidaciones de empleadas que han terminado sus contratos- aún no están en las cuentas de las trabajadoras, que se sienten muy desilusionadas con la situación. Como explicó la presidenta del comité, Encarna Barrios, “hasta el 20 de marzo no habrá dinero de la Junta”. El comité “ha hecho todo lo que ha podido, hemos ido a todas partes, hemos llamado a todas las puertas posibles”, aseguró destacando que “aquí hay tres culpables: la Junta, el Ayuntamiento y Acasa”.

La primera vez que se ha cobrado mediante la operación de crédito, la Seguridad Social ha embargado más de 600.00 euros por lo que la cantidad -el banco solo adelante 1,7 millones de los 2,3 que componen el pago- solo ha dado para dos nóminas y media. Acasa tiene la concesión prorrogada hasta el próximo 28 de febrero, una situación que se repite desde junio.

Ayuno de 24 horas

La sección sindical de CGT ha organizado para las próximas 24 horas un ayuno de las trabajadoras en la plaza del Arenal. Desde las 15.00 horas de hoy y hasta la misma hora del sábado, un grupo de empleadas permanecerán al raso y sin comer para hacer visible su reivindicación. Según ha explicado Esther Hidalgo, “unas 30 personas nos quedarmos a dormir por la noche y el resto del día el número será variable. De brazos cruzados no nos vamos a quedar”.

Alrededor de 200 personas entre docentes, padres, alumnos y miembros de la Plataforma Social de Jerez secundaron en la tarde del jueves la protesta convocada por la Marea Verde en defensa de la educación pública desafiando la amenaza de lluvia. Es la primera actividad -al margen de las asambleas locales y provinciales- que el colectivo realiza tras las vacaciones navideñas por lo que ha servido de reencuentro reivindicativo.

Los manifestantes permanecieron dos horas bajo unas amenanzantes nubes con sus pancartas. El primer objetivo que se plantea el colectivo en este inicio del año es aglutinar a otros sectores y hacer ver que las suyas no son simples reivindaciones laborales sino que tienen un carácter principalmente social.

Este fin de semana se celebrará la asamblea andaluza en Archidona (Málga) donde los representantes de las ocho provincias decidirán qué acciones emprender hasta final de curso. Las más mencionadas hasta ahora son la realización de una caravana de coches por la ciudad, el apoyo a la huelga estudiantil de los días 5, 6 y 7 de febrero (concretamente, la participación en la manifestación de último día), la realización de paros parciales en el mes de abril haciéndolos coincidir con las pruebas diagnóstico e incluso la posibilidad de emprender una huelga indefinida en mayo.

La Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua en Jerez han logrado encerrarse en las oficinas de Ajemsa “en protesta por la broma pesada que el Ayuntamiento quiere gastar a la ciudadanía de Jerez con la privatización del servicio público de aguas”, según ha manifestado hoy Antonio Figueroa, uno de sus portavoces.

Varias decenas de personas entraron hoy poco después de las 13 horas en la oficina central de Aguas de Jerez en Divina Pastora y permanecieron en su interior hasta el filo de las 15 horas.

Allí denunciaron el nuevo proceso para adjudicar el agua que en esta ocasión finalizará en torno al día 14 de enero con la adjudicación a algunas de las empresas que se presenten. Y es que esta vez, como apuntaba Figueroa, “no es probable que quede desierto, porque todo apunta a que bajo cuerda se ha modificado el pliego según las condiciones que mejor casan con las empresas aspirantes, que son dos en toda España y que suelen manejar estos procesos”.

Según el portavoz de la coordinadora, esta adjudicación del agua es “una operación aberrante y una estafa”. “Se va a malvender un servicio público de calidad que funciona bien, una empresa que está saneada y no tiene carga económica negativa, y todo ello a un precio irrisorio”, se lamenta Figueroa, que insiste en que “solo los beneficios para los próximos 25 años pueden ser de 200 millones, pero se vende por 80. No se entiende”.

Desde la Coordinadora insisten en que el precio del agua puede subir pese a las promesas del gobierno del PP, “siempre hay subterfugios para hacerlo”, y añadió que la privatización también supondrá un pérdida del control social de la empresa y de las inversiones futuras.

Por todo lo anterior, han dejado claro que “estamos estudiando el pliego de la concesión y lo más probable es que lo denunciemos y lo impugnemos en los tribunales. Ya tenemos la vista puesta en algunas cuestiones concretas”.

El 24 de diciembre es un día plagado de alegrías, para unos, y por desgracia de sinsabores y carencias para otros. Este año, a este último carro se suben los vecinos de los pisos apuntalados de La Asunción, que cierran un ciclo lleno de promesas incumplidas y de riesgos para su propia vida. Hace dos meses ya que la Junta de Andalucía se comprometió a realizar unos trabajos de urgencia en el número 6 de la calle Desconsuelo, concretamente en dos plantas que permanecen cerradas por el peligro de derrumbe. Como ha confirmado Lorena Velarde, portavoz de los afectados, se cierra el año sin que la administración logre poner fecha firme a los arreglos y, lo que es peor, con un edificio más deteriorado que hace unos meses.

“El delegado provincial de Vivienda, Manuel Cárdenas, me ha llamado para decirme que las obras en La Constancia empezarán el día 8 de enero, por lo que las nuestras se supone que también están al caer. Pero cuando le he preguntado claramente, me ha dicho que no me lo puede asegurar, que ya no se puede coger los dedos. Y nosotros no podemos esperar más, porque esto se ha convertido en el bloque del terror”. La joven asegura que el hueco de la escalera está aún mas intransitable si cabe, y de él se desprenden continuamente trozos de material que podrían impactar sobre cualquier vecino. A ello hay que añadir el apuntalamiento de los últimos pisos, que ha obligado al exilio de sus residentes.

“Yo voy a pasar las fiestas sin dormir, porque es que va a ocurrir una desgracia. Este problema lo llevamos arrastrando ya seis años”. Ante tal coyuntura, los perjudicados han decidido como ya hicieran en otras ocasiones protestar a las puertas del edificio, e incluso bajar un colchón para dormir y comerse los turrones a la intemperie. El miércoles 26 está previsto que un perito vuelva a revisar el inmueble; mientras el experto no certifique por escrito que no existe riesgo alguno para la vida de los residentes, seguirán con las protestas y harán todo lo que esté en su mano para vivir en unas condiciones dignas.

Alrededor de 300 docentes se han concentrado hoy en la rotonda del Minotauro para protestar contra los recortes en educación. El movimiento conocido como Marea Verde ha hecho oír sus reivindicaciones en el último de los actos previstos antes de que termine el primer trimestre escolar.”Queremos llamar la atención a las administraciones central y autonómica. Estamos en contra de la mercantilización de la educación de la nueva ley y en contra de los recortes. A la Junta le recriminamos la pérdida de 4.500 puestos de trabajo de interinos. No solo es un problema corporativo sino que repercute en los desdobles, en el aumento de las ratios, en que hay profesores más cargados de horas y se hacen menos actividades extraescolares por falta de personal”, asegura el portavoz del colectivo en Jerez, Carlos Vera.

“Esto no es una crisis, es una estafa para desmantelar el estado del bienestar”, explica la profesora del IES La Granja, Magdalena Bello. “No se puede recortar de educación porque es el futuro de la sociedad”, insiste. En su centro educativo “se han perdido 12 puestos de trabajo y, en consecuencia, no hay desdobles en asignaturas como lengua e inglés y se han cargado proyectos y planes educativos”.

María Liébana es una profesora interina que ha sufrido los recortes en el sector aunque, afortunadamente, se ha podido incorporar al IES Caballero Bonald en el mes de noviembre. “Es la primera vez en los últimos cuatro años que ha empezado el curso y yo estaba en paro. Hay compañeros con tres años de experiencia que están en su casa”, asegura.

Pero no solo los docentes están movilizados sino que los alumnos empiezan ya a secundar las protestas. Es el caso de Salvador Ballesteros, del IES Romero Vargas, que ha acudido a la protesta junto a sus profesores porque “es excesivo el abuso que está sufriendo la enseñanza pública”. La Marea Verde también ha contado con el apoyo de la Federación de Vecinos Solidaridad, desde donde aseguran que “Rajoy tiene que dar marcha atrás en los recortes de educación y sanidad”.

Esta protesta se ha hecho durante el último de los tres paros parciales que se han llevado a cabo, principalmente, en los institutos, y que cada vez tienen una mayor repercusión. Esta tarde la Marea Verde se reúne en asamblea provincial en un colegio de la capital gaditana donde tienen previsto un encierro. Allí decidirán nuevas medidas de protesta y acciones reivindicativas.

FOTOS: IVÁN CARO