El caso creó una gran expectación debido a la cantidad de personas afectadas, ya que alrededor de 100 familias perdieron buena parte de sus ahorros por haberse dejado engatusar presuntamente por un vendedor de pólizas postizo. Esta semana, la Audiencia Provincial de Jerez acoge el inicio de la celebración del juicio que arranca el martes y se podría prolongar varias semanas. En el banquillo de la Sección Octava se sentará Carlos B. N., acusado de un presunto delito continuado de falsedad en documento, otro continuado de estafa y otro de apropiación indebida. Un rosario de imputaciones para las que el fiscal solicita 9 años de prisión.

Como han informado fuentes del caso, el modus operandi del procesado se centraba supuestamente en la venta de pólizas de seguros de inversión falsas en nombre de la compañía AXA, que se ha personado como acusación particular en el procedimiento. Cuando los beneficiarios se dispusieron a retirar lo invertido, nunca pudieron recuperarlo. Las pérdidas de cada perjudicado oscilan entre los 2.000 y los 180.000 euros por persona, alcanzando una cifra global de más 2,5 millones. Ello provocó la ruina de un centenar de familias de Jerez y Rota, que ahora confían en que se haga justicia y el conocido como ‘estafador del seguro’ pague por lo que presuntamente ha hecho.

Junto a Carlos B. N., que permanece en prisión desde 2009 por esta causa, se sentará en el banquillo un colaborador suyo acusado de haberle facilitado una cuenta en la que ingresaba todo el botín que había ido estafando presuntamente a estas familias. El abultado número de perjudicados, junto a la cantidad de testigos llamados a declarar, hará que la vista se prolongue durante días e incluso semanas, aunque la sesión más importante será la primera de ellas, en la que declare el principal imputado.

Luisa P. E., sus hijos José Ramón y Antonio C. P. y su pareja José María C. N. se sientan hoy en el banquillo de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Jerez acusados de un presunto delito de estafa en concurso con otro de falsedad documental. Se trata de una familia a la que se imputa el haber creado una auténtica red delictiva por la que se dedicaban presuntamente a estafar a empresas, comprando artículos diversos con DNI de otras personas como aval. Como ha podido saber este medio, los procesados ya fueron juzgados y absueltos por una acusación similar y sobre ellos está pendiente la celebración de otro juicio por presunto fraude a la Seguridad Social.

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Los clientes de un agente de seguros estaban tranquilos y confiados tras poner a buen recaudo sus vehículos, sin sospechar que detrás de todo ello se escondía una estafa por la que el supuesto profesional ha sido condenado a dos años y cuatro meses de cárcel. En la sentencia, a la que este medio ha tenido acceso, el juez explica cómo Javier R. A. suscribió en enero de 2003 un contrato con la empresa Banco Vitalicio de España, que le autorizaba a mediar en la gestión de contratos de seguros entre los clientes y la entidad.

En virtud de esta relación laboral, el condenado “con ánimo de obtener un beneficio ilícito y prevaleciéndose de su condición de agente de seguros”, confeccionó una serie de pólizas para la cobertura de vehículos a motor durante 20054 y 2005 que nunca llegó a cobrar la aseguradora ni por supuesto se hicieron efectivas para los clientes. Por el contrario, lo que el individuo hizo fue integrar esas cantidades en su patrimonio. Éste fue el caso de la empesa Marceli y Juanito S. L., que contrató con Javier R. A. nada menos que 18 pólizas cuya cuantía total no ha podido ser determinada. Excavaciones Bahía S. L. también cerró dos seguros con el presunto agente, que ascendieron a 928,64 euros, así como Explotaciones Alpemosa, que se gastó en pólizas 13.246,36 euros.

Por todo ello, el juez considera al procesado culpable de un delito continuado de falsedad documental en concurso con otro continuado de estafa, y le ha impuesto dos años y cuatro meses de prisión junto con la pena de diez meses y quince días de multa, con una cuota diaria de cinco euros. Además, deberá devolver a las tres compañías afectadas cada euro de los que se apropió con el engaño

Más de 21.000 euros fueron los que perdieron dos familias jerezanas presuntamente estafadas por los representantes de la promotora Proinmodecor S. L., que se sentarán próximamente en el banquillo acusados de cobrar presuntamente unas cantidades para la adquisición de viviendas que nunca se construyeron. Así al menos lo considera el fiscal, en cuya calificación explica cómo Juan José L. P. y José Luis L. A. cometieron el presunto delito cuando eran apoderado y administrador único de la empresa, respectivamente. El primero de los hechos que se les imputan se remonta a enero de 2005, cuando una de las perjudicadas suscribió con ellos un contrato de compraventa de una vivienda en la calle Ávila, con garaje y trastero.

El inmueble debía ser entregado en mayo de 2006, para lo que la interesada aportó la cantidad de 21.035,48 euros. A pesar de que se le garantizó la existencia de un aval bancario, no se contrató con ninguna entidad. Cuando llegó la fecha indicada, la obra ni tan siquiera había comenzado. Cuando la perjudicada requirió entonces la devolución del dinero aportado, lograron llegar a un acuerdo por el que ella ponía la finca a disposición de la empresa, a cambio de percibir el 60% del precio. Sin embargo, nunca se le reembolsó cuantía alguna. Más tarde le prometieron la devolución del dinero junto con dos plazas de garaje, algo que tampoco se llevó a cabo.

Un año más tarde y siempre según el fiscal, otra de las demandantes suscribió un acuerdo con los procesados para la adquisición de una vivienda en la avenida Blas Infante. En esta ocasión, la perjudicada aportó una cifra muy parecida a la anterior: 21.015,48 euros. En el documento firmado, se estipulaba la entrega en mayo de 2008, dos años más tarde, con una plaza de aparcamiento y un trastero. Asimismo, se garantizó que las cantidades recibidas serían avaladas por una determinada entidad bancaria. Una vez más, esto último no se produjo como tampoco se entregó el inmueble, ya que ni siquiera se llegaron a ejecutar las obras. La afectada solicitó la devolución del importe y la rescisión del contrato, lo que nunca realizaron los acusados.

Por todo ello, la Fiscalía solicita dos años y medio de cárcel para cada uno de los imputados, como presuntos autores de dos delitos de estafa, así como una indemnización para cada demandante idéntica a las cantidades que aportaron éstas y que nunca les fueron devueltas. La acusación particular, por su parte, pide cinco años por presunta estafa y alzamiento de bienes en uno de los casos y tres por presunta estafa en el otro. En estos momentos, el procedimiento se encuentra a la espera de que se produzca el señalamiento del juicio.

La sentencia 337/2010 del Juzgado de lo Laboral número 2 de Sevilla ya estableció un precedente, cuando desestimó la circunstancia de que altos cargos del Consorcio de Bomberos pudieran ser calificados como personal de extincion de incendios. Ahora, la problemática vivida en la provincia vecina se ha trasladado a estas tierras a raíz de una denuncia que han querido poner de relieve fuentes profesionales, advirtiendo de la “presunta estafa” en que a su juicio se estaría incurriendo con el sistema de pensiones de los directivos del Consorcio gaditano. Como consta en el Real Decreto 383/2008, los bomberos tienen derecho a una jubilación anticipada debido a los índices de penosidad en los que desarrollan su trabajo, además de los requerimientos físicos que se exigen para su ingreso en el Cuerpo.

Por estas condiciones especiales, los funcionarios que lo deseen pueden acogerse a la jubilación anticipada a los 60 años, lo que se concretará a través de una póliza suscrita con la compañía de seguros Aviva en virtud del convenio regulador vigente. Los beneficiarios de esta medida será todo el personal ‘operativo’, lo que los funcionarios entienden por bomberos, cabos y sargentos sometidos a turno rotativo. Aquí es donde radica precisamente el quid de la cuestión: existen otras categorías profesionales, encuadradas en la escala técnica-directiva, que no podrían englobarse en este personal ‘operativo’ según las fuentes consultadas, ni tendrían por tanto la opción de beneficiarse de esta jubilación anticipada.

Sin embargo, los denunciantes aseguran que parte de esos directivos se han “recalificado” convirtiéndose en ‘operativos’ con al menos 15 años de cotización, con el fin no solo de retirarse a los 60 años, sino también de cobrar la pensión oficial de la Seguridad Social más la póliza del seguro Aviva. De esta forma, tendrían unos salarios brutos equivalentes a su sueldo en activo, mientras que si no se hubieran acogido a esta medida cobrarían la pensión pública máxima, estipulada en 2.522,89 euros. En el caso del gerente, por ejemplo, si se incluyera en esta jubilación anticipada se embolsaría cada mes alrededor de 9.300 euros, equivalentes a esa pensión máxima de la Seguridad Social más la de Aviva, de unos 6.800 euros.

Las fuentes consultadas afirman que esta “presunta estafa” se ha llevado a cabo con la connivencia de algunos líderes sindicales, que habrían resultado supuestamente beneficiados por el sistema de jubilación anticipada. En total, concluyen con que fueron 2,4 millones de euros los que la aseguradora pagó en 2010 por estas pensiones “irregulares” que, siguiendo la estela de lo ocurrido en Sevilla, podrían acabar en los tribunales.

Cuatro personas de diversas nacionalidades (brasileña, portuguesa y española) se sentarán el próximo 15 de octubre en el banquillo por un presunto delito de estafa en grado de tentativa, al haber intentado cobrar cheques de una cuenta que había sido cancelada años atrás. En la calificación del fiscal, a la que Reporteros Jerez ha tenido acceso, se explica cómo los tres extranjeros (Luiz D. M., María Adelina G. D. y Pedro R. V.) llegaron a Jerez en mayo de 2006 con seis cheques bancarios pertenecientes a una cuenta que había sido abierta por un ciudadano alemán en Alicante en 2000, pero que en 2005 había sido cancelada por falta de movimientos. El valor de los cheques, firmado por el titular de la cuenta, era de 200.000 euros en cinco de ellos y 300.000 en el sexto.

Aunque el fiscal apunta a que durante la tramitación del procedimiento no se ha podido localizar ni contactar con esta persona, lo que ha ralentizado el proceso, en principio se descarta que tuviera conocimiento alguno de lo ocurrido. Una vez que llegaron, contactaron con el español Antonio R. S. para que se dirigiera a una entidad bancaria de la ciudad que él mismo eligiera y preguntara si era posible abrir tres cuentas a nombres de los tres interesados, a donde redirigir el dinero de esos cheques. Por esta gestión, el sujeto cobró 5.000 euros. Al día siguiente, los cuatro se personaron en la citada oficina para realizar la operación y “obtener un lucro ilícito”.

LA JUGADA

La jugada era la siguiente: los procesados pretendían cobrar de manera inmediata estas cantidades facilitadas por el banco, como una especie de préstamo, para que éste con posterioridad las reclamara a su vez de la cuenta inicial. Sin embargo, no contaron con un hecho tan simple pero crucial como que la entidad en cuestión era la misma que en la que había abierto el ciudadano alemán su cuenta en Alicante, por lo que el director de la oficina jerezana enseguida se percató de que ésta había sido cancelada y, por tanto, estaban intentando supuestamente estafar a la entidad.

A todos ellos el fiscal les imputa un presunto delito de estafa en grado de tentativa. En el caso de los portugueses y el brasileño en concepto de autores, y en el del español como cómplice. Para los tres primeros (que estuvieron entre rejas unos meses en 2006 por esta causa) solicita diez meses de prisión y una multa de 20 euros diarios durante cinco meses, mientras que para el cuarto pide cuatro meses de cárcel y la misma multa durante dos meses. Como ha sabido este medio, en la actualidad Luiz D. M. se encuentra en busca y captura, aunque eso no es óbice para que se suspenda la vista.