Agentes de la Policía Nacional han logrado localizar y detener en en una vivienda de la zona norte de Jerez a Yoel G.R. como presunto autor de un delito continuado de estafa que por el momento afecta a veintinueve personas residentes en distintas zonas de toda España.

Contra el arrestado figuraban varias órdenes de busca y captura emitidas por los equipos de investigación del puesto de la Guardia Civil en Armilla y de las Comisarías de la Policía Nacional de la localidad de Fuenlabrada (Madrid) y de la Comisaría de Distrito de Hortaleza-Barajas de la ciudad de Madrid.

De ambos cuerpos policiales comenzaron las investigaciones de forma paralela al recibir denuncias en sus respectivas demarcaciones de ciudadanos que denunciaban que habían reservado un apartamento en la estación de esquí de Sierra Nevada para pasar unos días de vacaciones, para las reservas habían realizado unos pagos a modo de señal, con la intención de formalizar el contrato de arrendamiento una vez se entrevistaran con el propietario en la propia estación.

El arrestado utilizaba varios portales de Internet para ofertar el alquiler de la vivienda, exigiendo a los interesados que ingresaran un porcentaje del montante total del alquiler en diversas cuentas bancarias, indicando a los estafados que el resto del pago se realizaría en el propio destino en el momento de la entrega de llaves y formalización del contrato.

Apartamento inexistente

La sorpresa para las víctimas llegaba en el propio destino, allí descubrían muy a su pesar que el presunto apartamento no existía, que la persona con la que habían realizado el trato nunca se presentaba y que los teléfonos con los que hasta el momento habían mantenido contacto con el arrendador se encontraban apagados o nunca respondían a sus llamadas, con lo que se encontraban estafados por el importe que habían depositado a modo de reserva y sin lugar donde alojarse.

Los afectados residen en distintas zonas del país como Badajoz, Ciudad Real, Granada, Sevilla, Alicante, Almansa (Albacete), Marchena (Sevilla) Collado-Villalba (Madrid) y Madrid capital.

El exalcalde Pedro Pacheco ha vuelto a ser noticia por otro nuevo revés en el ámbito judicial. En este caso, la Justicia no le ha dado la razón absolviendo al afamado constructor Basilio Iglesias del presunto delito de estafa por el que el líder de Foro Ciudadano le había denunciado. En la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3, a la que este medio ha tenido acceso, se explica cómo el 6 de noviembre de 2001 Iglesias, en su calidad de administrador único de la sociedad Residencial Victoria, suscribió un contrato de compraventa con Diego Domouso (amigo de Pacheco) cuyo objeto era una parcela de 940 metros cuadrados en la zona de playa de los Alemanes de Zahara por 12 millones de pesetas. Una vez suscrito y de común acuerdo entre las partes, el convenio fue resuelto de manera verbal dos años más tarde, lo que permitió a Residencial Victoria disponer del bien libremente (algo que de hecho llevó a la práctica revendiendo la propiedad). Leer noticia completa

La Asociación de Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla ha cerrado la semana con la desagradable ‘sorpresa’ de que se ha producido un importante agujero en los bolsillos de sus miembros, hasta el punto de que la suma total del entuerto casi roza los 40.000 euros. Unas pérdidas que en contra de lo que se pueda pensar en un primer momento no han sido originadas por la crisis, sino por un grupo de desaprensivos que se ha dedicado a vender tickets falsificados de los cacharritos, con lo que tanto los clientes como los responsables de las atracciones han sido estafados. Como ha contado a Reporteros Jerez el presidente del colectivo, Andrés Llamas, todos los años la asociación facilita entradas al Ayuntamiento dirigidas a asociaciones e instituciones para que las repartan entre personas necesitadas, con el fin de que éstas puedan disfrutar de los cacharros de manera totalmente gratuita. Leer noticia completa

El caso del conocido como ‘el estafador del seguro’ fue de los más sonados en 2009, cuando Carlos B. N. fue detenido y trasladado a prisión por una presunta estafa. La enorme cantidad de perjudicados (82) y del dinero defraudado dio relevancia a un procedimiento que ha culminado con una condena de 8 años de prisión para el principal acusado, y una absolución para el que fue juzgado como presunto colaborador de éste. Además, deberá afrontar en solitario el pago de indemnizaciones que en su totalidad superan los 2 millones de euros. Así lo ha decidido la titular de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Jerez, Lourdes Marín, que absuelve a su vez a la aseguradora AXA de cualquier tipo de responsabilidad civil. En el fallo, al que este medio ha tenido acceso, la jueza relata cómo el condenado era agente de seguros de British Life en 1997 cuando pasó a desarrollar esta actividad para AXA, a través de la entidad mediadora Asegur.

En concreto, su compromiso con la nueva compañía se centraba en un periodo de formación mínimo de tres años, durante el que debía ejercer las funciones de gestión de contratación tanto de seguros como de otros productos de ahorro e inversión. En ese tiempo llegó a conseguir una importante cartera de clientes, hasta que en junio de 2000 expiró su contrato al no haber alcanzado los objetivos mínimos exigidos por la compañía. No obstante, como existían pólizas aún pendientes de vencimiento la baja no se hizo efectiva hasta un año después. En enero de 1999, sin embargo, Carlos B. N. inició una relación profesional con Guardian Glass Express a pesar de que esta aseguradora le requería exclusividad, y sin notificárselo tampoco a AXA. A partir del año 2004 es cuando el condenado comienza a realizar contratos utilizando su consolidada cartera de clientes “con la intención de obtener un beneficio injusto”.

Lo concertado se correspondía con productos ofertados por ambas aseguradoras, a las que nunca dio curso de sus actividades llegando incluso a identificarse como agente de AXA y a presentar impresos oficiales de la entidad “para dar mayor credibilidad”. Con el fin de ganar la confianza de los supuestos beneficiarios, el procesado llegó a participar en varios contratos reales con las mencionadas compañías, limitándose a entregar la solicitud de los clientes mientras que éstos realizaban la correspondiente transferencia a la empresa, que emitía entonces la póliza . En los contratos fraudulentos, por contra, las cantidades eran entregadas en metálico y en algunas ocasiones ni siquiera llegaron los interesados a recibir una póliza ni información del producto. En muchos de los casos el agente regalaba pequeños electrodomésticos o televisores al cliente, dándose la circunstancia de que éste debía abonarlos y luego pasarle una factura que él nunca terminó de pagar.

Por todo este entramado de engaños, los perjudicados abonaron diversas cantidades que en algunos casos rozan los 180.000 euros, con lo que han quedado en difícil situación económica o han perdido la mayor parte de sus ahorros, como pone de relieve la propia jueza. Un delito continuado de estafa en concurso con otro continuado de falsedad documental por los que Carlos B. N. ha sido condenado a 8 años de prisión y una multa de 200 euros diarios durante 15 meses. Además, deberá restablecer a cada perjudicado las cantidades que éstos abonaron con la suma de los intereses devengados, lo que como ya se ha mencionado supera los 2 millones de euros. En cuanto a su presunto colaborador, la magistrada lo absuelve al entender que se limitó a facilitar una cuenta en la que el condenado iba dejando los depósitos sin conocer el origen ilícito del dinero. De igual modo absuelve a la aseguradora AXA, representada en el procedimiento por el bufete de abogados Campoamor, al entender que no tomó parte en la actividad fraudulenta y por tanto no debe hacer frente a ningún tipo de responsabilidad civil.

Una madre y sus dos hijos han sido condenados a dos años de cárcel por dedicarse a adquirir muebles, electrodomésticos, móviles y una cámara de vídeo utilizando DNI de tres personas que denunciaron haberlos perdido. Así lo ha decretado el titular de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Jerez, en una sentencia en la que detalla cómo llevaron a cabo la actividad delictiva, Según el juez, entre diciembre de 2004 y marzo de 2005 los condenados, María Luisa P. E. y José Ramón y Antonio C. P. compraron haciendo uso de estos documentos diversos enseres en Muebles Palomino y Movistar en ocasiones distintas, abriendo varias líneas telefónicas e incluso una cuenta bancaria a nombre de una de los titulares de los DNI, todo ello por un valor que alcanza los 27.000 euros.

El modus operandi era sencillo: los sujetos firmaban contratos de financiación en los que estampaban un simple garabato y aportaban los citados documentos, sin llegar a abonar ni un solo euro. Esas deudas nunca se solventaron con las empresas perjudicadas, a pesar de que ellos sí hicieron uso y disfrute de todo lo adquirido. En alguna ocasión, incluso, el juez asegura que llegaron a mostrar nóminas y cartillas falsas. Tras una ardua investigación, en abril de 2005 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía se personaron en el domicilio que los tres compartían y encontraron parte de la mercancía que había sido comprada de forma ilegal.

Por todo ello, la madre y sus dos hijos han sido condenados a dos años de cárcel como responsables de un delito continuado de estafa, con el atenuante de dilaciones indebidas Los tres deberán indemnizar a cada uno de los titulares de los DNI con la cantidad de 600 euros, incluyendo los gastos de la acusación particular. Cabe destacar que las empresas afectadas no llegaron a personarse en la causa. Quien también estaba imputada era la pareja de María Luisa P. E., que finalmente ha sido absuelta ante la falta de pruebas que le vinculen directamente con la actividad ilícita.

La primera sesión del juicio contra el conocido como ‘estafador del seguro’ no decepcionó, ya que Carlos B. N. se explayó en argumentos y excusas reconociendo haber errado pero sin intención y sin haber obtenido un solo euro a cambio. “He tenido un comportamiento malo y negligente, pero jamás me he apropiado de ninguna cantidad de dinero ni he engañado a nadie”, comenzó su alocución el procesado, que respondió a todas y cada una de las preguntas del fiscal y de las acusaciones particulares presentándose como un agente de seguros muy demandado que en un momento dado se vio desbordado por los acontecimientos que a continuación se van a relatar.

Según el acusado, durante dos años estuvo ejerciendo su profesión en la compañía AXA, hasta que en 1999 fue contratado por otra dedicada a la misma actividad. Sin embargo, “por amistad y sin obtener nada a cambio” continuó con la cartera de clientes de la primera aseguradora, con el fin de ayudar a que se cumplieran objetivos. El problema, siempre según su versión, surgió cuando para saldar una deuda contraída de un millón de pesetas tomó esa cantidad de las pólizas de AXA, y a raíz de ahí “la bola fue tan grande y se creó tan rápido que no se pudo parar”. Es decir, una vez que ‘cogió prestado’ ese dinero comenzó a adelantar más cantidades para regalos de fidelización a clientes y otros ‘agujeros’ de tal manera que lo que empezó con un millón de euros alcanzó la cifra de 200, de cuyo destino final nunca más se supo.

“Mi intención jamás fue engañar a nadie -reiteró-. Yo no he cobrado nunca nada, lo que hacía era ir tapando agujeros. Vestía un santo para desvestir a otro”. Un comportamiento irresponsable pero desprovisto de dolo, que según él se llevó a cabo siempre bajo el conocimiento de la dirección de AXA, que ahora sin embargo se ha personado como acusación particular junto a las familias afectadas. “Reconozco que hubo algunas pólizas falsas- confesó-, pero siempre sobre la base de un documento verdadero que me proporcionaba la empresa”. En total, son unos 100 los perjudicados que perdieron parte de sus ahorros tras depositarlos en unas pólizas de inversión que nunca recuperaron.

Ahora, el principal acusado se enfrenta a 9 años de prisión por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental y simulación contractual. Junto a él se sienta en el banquillo un compañero al que se ha procesado por haberle facilitado una cuenta bancaria en la que ingresaba parte del dinero presuntamente defraudado. En este sentido, Carlos B. N. le ha eximido de toda responsabilidad asegurando que solo lo hizo como “un favor” y que esas cantidades fueron recuperadas por él mismo, responsable último de su destino.

El caso creó una gran expectación debido a la cantidad de personas afectadas, ya que alrededor de 100 familias perdieron buena parte de sus ahorros por haberse dejado engatusar presuntamente por un vendedor de pólizas postizo. Esta semana, la Audiencia Provincial de Jerez acoge el inicio de la celebración del juicio que arranca el martes y se podría prolongar varias semanas. En el banquillo de la Sección Octava se sentará Carlos B. N., acusado de un presunto delito continuado de falsedad en documento, otro continuado de estafa y otro de apropiación indebida. Un rosario de imputaciones para las que el fiscal solicita 9 años de prisión.

Como han informado fuentes del caso, el modus operandi del procesado se centraba supuestamente en la venta de pólizas de seguros de inversión falsas en nombre de la compañía AXA, que se ha personado como acusación particular en el procedimiento. Cuando los beneficiarios se dispusieron a retirar lo invertido, nunca pudieron recuperarlo. Las pérdidas de cada perjudicado oscilan entre los 2.000 y los 180.000 euros por persona, alcanzando una cifra global de más 2,5 millones. Ello provocó la ruina de un centenar de familias de Jerez y Rota, que ahora confían en que se haga justicia y el conocido como ‘estafador del seguro’ pague por lo que presuntamente ha hecho.

Junto a Carlos B. N., que permanece en prisión desde 2009 por esta causa, se sentará en el banquillo un colaborador suyo acusado de haberle facilitado una cuenta en la que ingresaba todo el botín que había ido estafando presuntamente a estas familias. El abultado número de perjudicados, junto a la cantidad de testigos llamados a declarar, hará que la vista se prolongue durante días e incluso semanas, aunque la sesión más importante será la primera de ellas, en la que declare el principal imputado.

Luisa P. E., sus hijos José Ramón y Antonio C. P. y su pareja José María C. N. se sientan hoy en el banquillo de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Jerez acusados de un presunto delito de estafa en concurso con otro de falsedad documental. Se trata de una familia a la que se imputa el haber creado una auténtica red delictiva por la que se dedicaban presuntamente a estafar a empresas, comprando artículos diversos con DNI de otras personas como aval. Como ha podido saber este medio, los procesados ya fueron juzgados y absueltos por una acusación similar y sobre ellos está pendiente la celebración de otro juicio por presunto fraude a la Seguridad Social.

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Los clientes de un agente de seguros estaban tranquilos y confiados tras poner a buen recaudo sus vehículos, sin sospechar que detrás de todo ello se escondía una estafa por la que el supuesto profesional ha sido condenado a dos años y cuatro meses de cárcel. En la sentencia, a la que este medio ha tenido acceso, el juez explica cómo Javier R. A. suscribió en enero de 2003 un contrato con la empresa Banco Vitalicio de España, que le autorizaba a mediar en la gestión de contratos de seguros entre los clientes y la entidad.

En virtud de esta relación laboral, el condenado “con ánimo de obtener un beneficio ilícito y prevaleciéndose de su condición de agente de seguros”, confeccionó una serie de pólizas para la cobertura de vehículos a motor durante 20054 y 2005 que nunca llegó a cobrar la aseguradora ni por supuesto se hicieron efectivas para los clientes. Por el contrario, lo que el individuo hizo fue integrar esas cantidades en su patrimonio. Éste fue el caso de la empesa Marceli y Juanito S. L., que contrató con Javier R. A. nada menos que 18 pólizas cuya cuantía total no ha podido ser determinada. Excavaciones Bahía S. L. también cerró dos seguros con el presunto agente, que ascendieron a 928,64 euros, así como Explotaciones Alpemosa, que se gastó en pólizas 13.246,36 euros.

Por todo ello, el juez considera al procesado culpable de un delito continuado de falsedad documental en concurso con otro continuado de estafa, y le ha impuesto dos años y cuatro meses de prisión junto con la pena de diez meses y quince días de multa, con una cuota diaria de cinco euros. Además, deberá devolver a las tres compañías afectadas cada euro de los que se apropió con el engaño

Más de 21.000 euros fueron los que perdieron dos familias jerezanas presuntamente estafadas por los representantes de la promotora Proinmodecor S. L., que se sentarán próximamente en el banquillo acusados de cobrar presuntamente unas cantidades para la adquisición de viviendas que nunca se construyeron. Así al menos lo considera el fiscal, en cuya calificación explica cómo Juan José L. P. y José Luis L. A. cometieron el presunto delito cuando eran apoderado y administrador único de la empresa, respectivamente. El primero de los hechos que se les imputan se remonta a enero de 2005, cuando una de las perjudicadas suscribió con ellos un contrato de compraventa de una vivienda en la calle Ávila, con garaje y trastero.

El inmueble debía ser entregado en mayo de 2006, para lo que la interesada aportó la cantidad de 21.035,48 euros. A pesar de que se le garantizó la existencia de un aval bancario, no se contrató con ninguna entidad. Cuando llegó la fecha indicada, la obra ni tan siquiera había comenzado. Cuando la perjudicada requirió entonces la devolución del dinero aportado, lograron llegar a un acuerdo por el que ella ponía la finca a disposición de la empresa, a cambio de percibir el 60% del precio. Sin embargo, nunca se le reembolsó cuantía alguna. Más tarde le prometieron la devolución del dinero junto con dos plazas de garaje, algo que tampoco se llevó a cabo.

Un año más tarde y siempre según el fiscal, otra de las demandantes suscribió un acuerdo con los procesados para la adquisición de una vivienda en la avenida Blas Infante. En esta ocasión, la perjudicada aportó una cifra muy parecida a la anterior: 21.015,48 euros. En el documento firmado, se estipulaba la entrega en mayo de 2008, dos años más tarde, con una plaza de aparcamiento y un trastero. Asimismo, se garantizó que las cantidades recibidas serían avaladas por una determinada entidad bancaria. Una vez más, esto último no se produjo como tampoco se entregó el inmueble, ya que ni siquiera se llegaron a ejecutar las obras. La afectada solicitó la devolución del importe y la rescisión del contrato, lo que nunca realizaron los acusados.

Por todo ello, la Fiscalía solicita dos años y medio de cárcel para cada uno de los imputados, como presuntos autores de dos delitos de estafa, así como una indemnización para cada demandante idéntica a las cantidades que aportaron éstas y que nunca les fueron devueltas. La acusación particular, por su parte, pide cinco años por presunta estafa y alzamiento de bienes en uno de los casos y tres por presunta estafa en el otro. En estos momentos, el procedimiento se encuentra a la espera de que se produzca el señalamiento del juicio.