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La venta de un inmueble permite levantar el embargo sobre la Fundación Andrés Ribera y pagar las nóminas que se adeudaban


La Diputación de Cádiz y el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, con sede en Jerez, han alcanzado un acuerdo para la venta de un inmueble situado en la calle Larga de Jerez, propiedad de la Fundación Andrés Rivera (FAR), a la que pertenecen los Museos de La Atalaya. Con los fondos obtenidos se ha podido hacer frente al pago de las nóminas que se adeudaban al personal de la FAR. Este inmueble, donde el Consorcio dispone de oficinas en régimen de alquiler, pasa ahora a ser de su titularidad. La operación ya se ha acordado ante notario con la rúbrica de las escrituras de compraventa entre el presidente de Diputación, José Loaiza, y el titular del Consorcio de Aguas, Antonio Saldaña. La vicepresidenta de la FAR y responsable de Turismo en Diputación, Inmaculada Olivero, asistió a dicha firma.

La Diputación ha invertido estos ingresos para levantar el embargo que pesaba sobre la FAR y que alcanzaba la cifra de medio millón de euros, condición previa imprescindible para afrontar el pago de nóminas. Además se han destinado 200.000 euros al pago de diferentes deudas contraídas por la Fundación.

La Diputación y el Ayuntamiento de Jerez coordinaron un plan de viabilidad para poder sacar de la situación de quiebra en la que se encontraba la Fundación basado en el incremento de los ingresos y en la racionalización de los gastos. Para ello, se afrontó la reducción del gasto de personal, la desaparición de la Gerencia, y la puesta en marcha de un plan de acción para potenciar la actividad cultural, turística y económica de la FAR.

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A juicio dos promotores por cobrar viviendas que nunca se llegaron a construir


Más de 21.000 euros fueron los que perdieron dos familias jerezanas presuntamente estafadas por los representantes de la promotora Proinmodecor S. L., que se sentarán próximamente en el banquillo acusados de cobrar presuntamente unas cantidades para la adquisición de viviendas que nunca se construyeron. Así al menos lo considera el fiscal, en cuya calificación explica cómo Juan José L. P. y José Luis L. A. cometieron el presunto delito cuando eran apoderado y administrador único de la empresa, respectivamente. El primero de los hechos que se les imputan se remonta a enero de 2005, cuando una de las perjudicadas suscribió con ellos un contrato de compraventa de una vivienda en la calle Ávila, con garaje y trastero.

El inmueble debía ser entregado en mayo de 2006, para lo que la interesada aportó la cantidad de 21.035,48 euros. A pesar de que se le garantizó la existencia de un aval bancario, no se contrató con ninguna entidad. Cuando llegó la fecha indicada, la obra ni tan siquiera había comenzado. Cuando la perjudicada requirió entonces la devolución del dinero aportado, lograron llegar a un acuerdo por el que ella ponía la finca a disposición de la empresa, a cambio de percibir el 60% del precio. Sin embargo, nunca se le reembolsó cuantía alguna. Más tarde le prometieron la devolución del dinero junto con dos plazas de garaje, algo que tampoco se llevó a cabo.

Un año más tarde y siempre según el fiscal, otra de las demandantes suscribió un acuerdo con los procesados para la adquisición de una vivienda en la avenida Blas Infante. En esta ocasión, la perjudicada aportó una cifra muy parecida a la anterior: 21.015,48 euros. En el documento firmado, se estipulaba la entrega en mayo de 2008, dos años más tarde, con una plaza de aparcamiento y un trastero. Asimismo, se garantizó que las cantidades recibidas serían avaladas por una determinada entidad bancaria. Una vez más, esto último no se produjo como tampoco se entregó el inmueble, ya que ni siquiera se llegaron a ejecutar las obras. La afectada solicitó la devolución del importe y la rescisión del contrato, lo que nunca realizaron los acusados.

Por todo ello, la Fiscalía solicita dos años y medio de cárcel para cada uno de los imputados, como presuntos autores de dos delitos de estafa, así como una indemnización para cada demandante idéntica a las cantidades que aportaron éstas y que nunca les fueron devueltas. La acusación particular, por su parte, pide cinco años por presunta estafa y alzamiento de bienes en uno de los casos y tres por presunta estafa en el otro. En estos momentos, el procedimiento se encuentra a la espera de que se produzca el señalamiento del juicio.

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