Los usuarios de la Piscina Cubierta José Laguillo se han desayuno esta mañana con la noticia de que durante unos días la instalación reducirá su horario y la natación será ‘libre’ por falta de personal. Así lo explica un escueto cartel colocado en la citada infraestructura municipal, que como han explicado trabajadores de la misma ha sufrido de golpe las consecuencias del Expediente de Regulación de Empleo y los recortes del Ayuntamiento. Según estas fuentes, la ‘desaparición’ de 15 celadores de todas las dependencias deportivas ha obligado a reducir horarios de manera que cuando antes se abrían las puertas a las 7.30, a partir de ahora la apertura se dilatará a las 8.00.

Pero no solo eso; del 25 al 28 de septiembre el horario será exclusivamente de 9.00 a 13.30 horas y la natación será ‘libre’, sin monitores ni clases. Ésta es una de las cuestiones que más preocupa a la plantilla, puesto que aseguran que la piscina recibe unas 50 llamadas diarias de usuarios y sobre todo de padres que coincidiendo con el inicio del curso escolar desean apuntar a sus hijos en los cursillos de natación. Sin embargo, a estas alturas ni siquiera se han tramitado las solicitudes ni se han fijado horarios para ello, dentro de lo que los trabajadores consideran una desorganización absoluta provocada también por la falta de monitores.

“Ahora mismo tenemos cuatro bajas: una persona de vacaciones, dos de baja por enfermedad y otra que ha dejado su puesto víctima del ERE. Son plazas que no se están cubriendo, e incluso ha tenido que venir personal de otros departamentos para limpiar, pintar y adecentar la piscina. Había gente que venía a nadar a primera hora de la mañana antes de trabajar, y ya no podrán hacerlo. Esto está perjudicando al ciudadano”.

La plantilla lamenta, de hecho, que hayan sido muchos los usuarios que hayan optado por solicitar plaza en la nueva piscina de la zona sur, que se inaugurará el próximo mes de octubre mientras la de José Laguillo sufre una situación de “dejadez” por parte del Consistorio. Tanto es así que ya han sido algunas las voces que se preguntan si detrás de todo ello no es esconderá la intención municipal de dejar las dependencias de José Laguillo en manos privadas. Una posibilidad que solo el tiempo podrá confirmar.

Nuevos problemas para una nueva temporada. / CNJEREZ

Poco tiempo les ha durado la tranquilidad a los miembros del CN Jerez DKV. El club jerezano volvió esta pasada semana a las instalaciones de las piscinas cubiertas José Laguillo después de un verano entrenándose en Piscinas Jerez.

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La batalla judicial contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado en el Ayuntamiento de Jerez ya se ha iniciado después de que el sindicato mayoritario en la plantilla municipal, la CGT, haya presentado esta mañana en Sevilla ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la primera de las demandas colectivas contra este proceso.

Según han explicado fuentes jurídicas de este sindicato, la demanda insiste en que no existe causalidad entre los despidos y las razones económicas esgrimidas por el gobierno local, ya que los criterios que recogía la nueva reforma laboral y que justificaban los ERE en el caso de las empresas privadas no se pueden aplicar en el caso de la administración.

El documento presentado hoy en Sevilla también habla de irregularidades recabadas a lo largo del proceso, no solo por la mala fe durante el periodo de negociación, sino también por la falta de información entregada a los representantes de los trabajadores en las consultas y por no haber dado ni siquiera un plazo oficial de alegaciones. Y se centra también en la arbitrariedad, falta de imparcialidad y subjetividad de los criterios aplicados para seleccionar a los afectados por la medida.

Ahora se abre un plazo de dos meses para esta demanda y, además, en caso de que sea admitida por el TSJA se paralizará el proceso que tiene cada uno  los 260 afectados por lo despidos para presentar su demanda individual.

“Es la chapuza de las chapuzas”. De esta forma valoró esta mañana el concejal del PSOE Juan Pedro Crisol el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ya ejecutado en el Ayuntamiento de Jerez y del que dijo que que está plagado de “irregularidades” por lo que está convencidos de que “tiene todas las papeletas para que lo tumben los tribunales”.

Lo curioso es que de lo que echó mano precisamente el concejal para hacer este análisis es el informe emitido por la Inspección de Trabajo sobre el ERE, del que dijo que es un “traje a medida” porque lo ha realizado por un organismo que depende del Ministerio de Trabajo, pero que a su juicio, y pese a lo que defendió el PP, también es “demoledor” poniendo de relieve los puntos flacos del ERE.

Por ejemplo, Crisol denunció que en el informe  se desprende que “no existe, antes de tomar la decisión de rescindir los 260 contratos, el convenio especial con la Seguridad Social que exige la Ley para aquellos trabajadores con más de 59 años  cuando el despido colectivo afecta a más de 50 trabajadores” y que tampoco existe “el plan de recolocación externa que exige la Ley, con carácter previo a ejecutar el despido”. El edil socialista apuntó que “ya hay dos elementos esenciales que exige la ley que no existen en el ERE”.

Eso sin olvidar, como puso de relieve este medio, que el informe también advierte que “no ha habido criterios objetivos para la selección del personal afectado por el ERE y que, por tanto, no ha habido fundamentación jurídica para ver quién sale o quién no sale y que, a su juicio, han echado a los peores pero no hay fundamento que lo justifique”. De hecho, recalcó es la Inspección de Trabajo quien argumenta que los criterios de selección  deben ser “objetivos y razonables y, por tanto, basarse en circunstancias no subjetivas”.

Según Crisol, “el PP pagará caro esta chapuza, es decir, más bien la vamos a pagar todos los jerezanos porque mucho nos tememos que nos va a costar una millonada en indemnizaciones si es que prosperan las demandas colectivas e individuales que dicen que van a presentar los afectados”.

Por su parte, el sindicato mayoritario en el Ayuntamiento, CGT, ya ha anunciado que será el lunes cuando presente la demanda colectiva contra el ERE. En el documento, que será interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, plantea que el expediente es inconstitucional porque no se pueden aplicar en una administración local los criterios de eficacia económica que rigen para empresas privadas.

Pero es que además, como ya han denunciado diferentes colectivos, denuncian que la aplicación del ERE ha puesto en peligro la prestación de algunos servicios públicos.

En la demanda, el sindicato mayoritario también señala que no hay causa para llevar a cabo los despidos en el personal laboral del Ayuntamiento, y tampoco se olvida de reflejar que el gobierno ha actuado con mala fe negociadora “al no tener en cuenta las propuestas de la comisión negociadora”.

RESPUESTA DEL PP

Por su parte, este mismo sábado, el PP ha respondido. Y lo ha hecho nuevamente culpando a Pacheco y al PSOE de ser los repsonsables principales de la actual situación económica del Ayuntamiento. Considera “indignante” que tanto los socialistas como el exalcalde salgan continuamente a atacar al gobierno municipal por llevar a cabo un ERE en la plantilla municipal, que “es consecuencia directa de la mala gestión y el derroche de las etapas de gobierno de Pacheco y del PSOE”.

Para los populares, estos grupos de la oposición “no tienen legitimidad alguna para criticar esta medida dolorosa pero al mismo tiempo necesaria para sacar adelante el Ayuntamiento y, por tanto, a la ciudad”.

Desde el PP se entiende que PSOE y Pacheco “van de nuevo de la mano porque a ninguno les interesa que en el Ayuntamiento de Jerez se ponga orden y se acabe con el caos que ellos generaron cuando gobernaron, así como se empeñan en sabotear todos los pasos que da García-Pelayo y su equipo hacia la recuperación socioeconómica de Jerez”. En este sentido, los populares afirman que “la deslealtad de PSOE y de Pacheco hacia los jerezanos es total y evidente”.

Por ello, para el PP “es vergonzoso que PSOE y Pacheco estén utilizando el ERE y a los trabajadores afectados para tapar el mal que ambos partidos originaron, permitiendo que la plantilla municipal llegara a estar sobredimensionada y sumida en el caos, tal y como refleja el Informe de la Inspección de Trabajo, que los señala como criterios objetivos que avalan el ERE del Ayuntamiento de Jerez”.

Los populares piden a PSOE y a Pacheco que “dejen de intentan confundir a los ciudadanos tergiversando el Informe de la Inspección de Trabajo, porque éste es muy claro y no deja lugar a dudas. El informe considera que existen causas económicas probadas, que ha existido voluntad de diálogo por parte del representante legal del Ayuntamiento y que los criterios de designación han sido objetivos y razonables”.

“Y es que una ciudad como Jerez, que obtiene 80 millones de ingresos a través de los impuestos, no puede permitirse pagar 110 millones de euros a la plantilla municipal”, concluye.

Afectados por el ERE del Ayuntamiento de Jerez han protagonizado esta mañana una nueva protesta en la calle Consistorio. Esta vez han apostado por un acto mucho más silencioso. Eso sí, ha contado con una cuidada puesta en escena con la que pretendían representar su sentir en estos momentos.

Así, han ido quemando sus cartas de despido, depositando las mismas entre unas velas colocadas en el suelo. Lo han ido haciendo por turnos, momento en el que cada uno aprovechaba para decir unas palabras.

Al contrario que en jornadas pasadas, no se han producido incidentes. Ha sido una protesta pacífica que, eso sí, tendrá continuidad en los próximos días con nuevos actos reivindicativos para expresar su desacuerdo con la medida adoptada, según apuntan desde la plataforma de afectados.

Todo esto ha sucedido tras la jornada de ayer miércoles, que fue un día de despedidas en el Ayuntamiento. En todas las delegaciones municipales alguno de los que hasta ahora eran trabajadores de plantilla tuvieron que recoger sus cosas y marcharse para no volver. Y es que cabe recordar que era el 12 de septiembre cuando se hacían efectivos los despidos a los incluidos en el ERE municipal.

Dos de esos trabajadores son Daniel Diosdado y Juan Manuel Medrano, de la Delegación de Juventud. “He hecho de todo aquí, desde colgar cuadros para las exposiciones a diseñar la nueva imagen de la Sala Paúl”, aseguraba Diosdado pocos minutos antes de terminar su ultima jornada laboral en el Ayuntamiento. Aunque la tristeza y alguna que otra lágrima fueron protagonistas en la mayoría de los casos, con el ERE ya ejecutado los ya ex empleados piensan en su futuro: “Voy a seguir trabajando como ilustrador pero en el extranjero, no me quedaré en este pueblo”, explica con evidente enfando después de seis años como empleado municipal.

Poco antes, un grupo de trabajadores de las áreas de Juventud y Participación acudieron a la sede municipal del Mamelón para hablar con la delegada, Lidia Menacho. Querían, según sus propias palabras, “despedirnos de ella, ya que ella no lo ha hecho”.

Las arcas municipales o, lo que es lo mismo, los contribuyentes jerezanos desembolsarán un total de 5.353.978,71 euros a los 260 trabajadores incluidos en el ERE municipal que dejarán de ocupar sus cargos a partir del 12 de septiembre. El pasado jueves, los damnificados comenzaron a recibir sus cartas de despido y los correspondientes cheques con las indemnizaciones. Las cantidades exactas de todas ellas vienen detalladas en un documento aprobado el pasado 30 de agosto en la Junta de Gobierno Local, por el que se declara la extinción de los contratos de trabajo de todos estos empleados, con nombres y apellidos, y al que Reporteros Jerez ha tenido acceso.

Aunque la cuantía global ya había trascendido, resulta curioso desglosar el escrito y comprobar que la cifra más alta son los 76.409,56 euros que percibirá un trabajador que se ha llevado algo más de 19 años en el Ayuntamiento. Como contraste, destacan los 2.098,68  euros que recibirá la persona con la indemnización más baja, por tres años trabajados. La fecha de antigüedad de cada uno de los perjudicados viene detallada en el documento, junto con el salario por día que han venido cobrando todo este tiempo. Como es obvio, el abanico de años dedicados al empleo municipal es amplio, pero el caso de un perjudicado resalta sobre todos los demás: se trata de un trabajador que llevaba contratado en el Ayuntamiento desde 1969, y acumula por tanto 43 años de antigüedad.

Resulta llamativo si se tiene en cuenta que el gobierno excluyó finalmente de la lista inicial a 13 empleados, al encontrarse próximos a la edad de jubilación. La indemnización para esta persona supera los 29.000 euros. Otro apunte merece la cifra relativa al salario percibido por día, que oscila entre 28,50 euros y 212,25, aunque no se especifica la categoría a la que pertenecen los afectados.

Por lo demás, el escrito incide en las causas económicas que han motivado esta controvertida decisión de los populares, argumentando que el Consistorio se encuentra en “una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente que le impide financiar los servicios públicos correspondientes, y en una situación de importante desfase entre sus ingresos y sus gastos”. Como recuerda el ejecutivo en su informe, en los tres últimos años el resultado presupuestario fue negativo (-28.706.308 euros; -16.799.712,24 y -22.117.997,06), al igual que el remanente de tesorería, lo que incapacita al Ayuntamiento para saldar sus deudas y por tanto obtener liquidez.

Si a ello se añaden otras consideraciones como que el gasto en personal ha sido el más alto de los registrados, con un porcentaje de casi el 36% del total, el gobierno concluye con que tal coyuntura es insostenible y la única salida pasa por la extinción de contratos de trabajo.

Un respaldo sin medias tintas. Eso es lo que el gobierno municipal considera que ha recibido hoy al conocerse que la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz ha emitido un informe en el que da el visto bueno a la actuación municipal en la aplicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Así, según ha explicado el portavoz del ejecutivo de María José García-Pelayo, Antonio Saldaña, “el informe avala tanto en el fondo como en las formas el procedimiento realizado en el ERE por la consultora Deloitte, representante legal del Ayuntamiento”.

No en vano, el contenido del informe repasa y avala con su opinión favorable tres aspectos fundamentales: las causas motivadoras del ERE; el desarrollo del procedimiento y el periodo de consultas y los criterios de designación de los trabajadores afectados.

De estas conclusiones emitidas por la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha dicho Saldaña que es “un informe realizado por una entidad independiente y ajena a las partes que respalda completamente el procedimiento realizado por Deloitte”. No en vano, el texto llega a referirse a la seriedad con la que ha trabajado el ejecutivo local, la voluntad de diálogo y la determinación en trabajar por solucionar los problemas de la ciudad.

En el caso concreto de las causas económicas que justificaron el ERE, el informe dice que “se entiende que la situación económica negativa de la empresa afecta directamente a la financiación de los servicios públicos correspondientes, con las consecuencias que ello podría tener sobre dichos servicios en relación al aseguramiento y mantenimiento de los mismos”. Pero incluso va más allá y, como ha destacado Saldaña, considera que además “concurrirían otro tipo de causas de carácter organizativo”.

La Inspección de Trabajo afirma que sí ha existido voluntad de diálogo por parte del representante legal del Ayuntamiento, Deloitte, así como del gobierno municipal. “En consecuencia, al entender de los abajo firmantes, puede hablarse de buena fe en la negociación, ha existido un mínimo de negociación entre las partes, habiéndose planteado las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias”, dice literalmente.

Saldaña también ha explicado que el informe respalda incluso los criterios objetivos aplicados a la hora de designar a los trabajadores afectados por la medida. Y es que el documento recogido hoy mismo por el gobierno local dice a las claras que se ha articulado “un sistema notoriamente documentado, razonable y objetivo a la hora de determinar el número de extinciones que se han de llevar”. Es decir, como ha hecho hincapié Saldaña, “se entiende que la edad es un criterio objetivo y fácilmente determinable, y se deduce la misma objetividad de los criterios de ponderación (formación, experiencia, polivalencia, etc.)”.

Claro que una lectura en profundidad y detallada del texto también deja muy claro que los inspectores no dudan en afirmar que no pueden validar cada uno de los 260 expedientes aplicados porque no tiene documentación por escrito al respecto. En concreto, dice el informe que “no es menos cierto que al no existir documento alguno que lo sustente y acredite, no podemos determinar con precisión si su aplicación a cada caso particular ha sido efectivamente objetiva, tratándose de una cuestión de prueba, circunstancia ésta que a nuestro entender deberá ser sustanciada a título particular por cada uno de los trabajadores afectados ante la jurisdicción del orden social”.

Por este motivo, Saldaña ha dicho hoy en su comparencia que todo lo argumentado “no es óbice para que a título individual las personas afectadas puedan ejercer las acciones judiciales que consideren oportunas en la jurisdicción social, el Ayuntamiento acatará las decisiones judiciales que se determinen de estas acciones judiciales emprendidas a título personal por los trabajadores afectados por el ERE”, si bien ha añadido que “en este caso el gobierno se verá en la obligación de tomar las decisiones oportunas para ajustar los costes por el bien de la ciudad y de los jerezanos”.

El portavoz municipal también ha tenido hoy palabras para los incidentes ocurridos anoche en el Consistorio, cuando varios manifestantes aporrearon el coche de la alcaldesa y la insultaron. Según Saldaña, “la alcaldesa no estuvo en ningún momento retenida, sino que estuvo en estas instalaciones trabajando”. También ha afirmado que la Policía, con la ayuda de las cámaras de seguridad de la plaza de la Asunción, ya está investigando quiénes intervinieron en los incidentes más violentos, y que se va a presentar la correspondiente denuncia.

Si desde el mes de agosto no para de hablarse de los perjudicados por el ERE municipal, en estos días la noticia se ha vuelto aún más candente una vez que se les ha puesto rostro y nombre y han comenzado ya a recibir las cartas de despido y las correspodientes indemnizaciones. Desde ayer, la Delegación municipal de Recursos es un no parar de ir y venir de damnificados por el Expediente de Regulación de Empleo que acuden a recoger sus cheques como prueba fehaciente de que el proceso es irreversible y a partir del 12 de septiembre dejarán de prestar sus servicios en el Consistorio. Esta mañana se han vivido momentos de verdadera tensión cuando decenas de afectados han guardado cola y han ido siendo llamados a voz en grito, “como si de la carnicería se tratara”.

En este sentido la indignación era total, puesto que los presentes sentían que el proceso se está llevando a cabo con una falta de humanidad patente, sin tener en cuenta a los perjudicados ni la situación concreta de cada uno de ellos. “No hemos recibido ningún tipo de información -se quejaba una de las afectadas, Paqui Perdigones-, y Jerez tiene que saber cómo nos están echando y por qué. No sabemos qué criterios han seguido y para colmo nos están tratando como borregos. Si yo quiero llorar y desahogarme, al menos que nos dejen un despacho para eso y no nos liquiden aquí en medio”.

Paqui entró en la Delegación de Participación Ciudadana en 2001, y se lamenta de que hayan incluido su nombre en la lista ‘negra’ y no el de otros compañeros con bastante menos antigüedad. “Esto ha sido una caza de brujas”, asegura, argumentando que en su caso todo viene porque trabajó durante un tiempo para el grupo municipal socialista. En la misma línea se expresó Pilar Lebrón, otra de las perjudicadas, que confirmó que llegará hasta el final junto con Paqui en la batalla legal contra el Ayuntamiento.

“En mi expediente reza que soy soltera y no tengo hijos a mi cargo, cuando en realidad estoy casada y tengo dos hijos -declara-. Yo trabajo en el Ayuntamiento de El Torno y entre dos personas lo hacemos absolutamente todo; no sé qué va a ocurrir a partir de ahora, puesto que una sola no dará abasto”. Éstos son solo dos ejemplos de los 260 que conforman el ERE municipal, y que no hay que olvidar que continuará engordando con los más de 100 despedidos que se incluirán en el procedimiento de recortes de las empresas municipales.

La alcaldesa de Jerez,  María José García-Pelayo, ha estado retenida en el Ayuntamiento durante varias horas debido a que un grupo de alrededor de cien personas ha bloqueado las tres puertas de acceso al Consistorio mientras se encontraba en su interior ofreciendo una recepción al pintor ruso Muhadin Kishev, que hoy ha estrenado su muestra en la sala Pescadería Vieja.

El malestar por las medidas adoptadas en el Ayuntamiento, con el ERE, y la entrega hoy de cartas de despido e indemnizaciones, ha calentado los ánimos de algunos de los afectados, que han decidido emprender esta acción como medida de protesta.

Después de cuatro horas de espera, Pelayo ha logrado salir en su coche, que ha sido aporreado, mientras que otros miembros del gobierno, como Javier Durá, Antonio Saldaña, Felisa Rosado, que han permanecido en el interior de la instalación más tiempo y al final se los han llevado en una furgoneta municipal. La alcaldesa ha salido protegida por nueve policías locales y con la cara muy desencajada, según testigos presenciales.

Con gritos de “fascista” y numerosos insultos hacia su persona, la situación ha sido muy tensa hasta pasadas las diez de la noche, cuando ha logrado salir del Consistorio. Y la situación parece que no va cesar en las próximas fechas, ya que aseguran que seguirán con más acciones de presión. Por la tarde han hecho un teatrito con caretas en la calle.

Caras largas e incluso algún que otro llanto han vuelto a repetirse hoy en las distintas áreas municipales, cuando los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo han comenzado a recibir las cartas de despedido y los cheques con las correspondientes indemnizaciones. Aunque el ‘palo’ ya lo habían sufrido hace unas semanas al enterarse de la inclusión de sus nombres en la lista ‘negra’, muchos de ellos no han dejado por eso de angustiarse al tener en sus manos la prueba irrefutable de su desdicha. En la citada misiva, entre otras cosas, se les notifica como ya adelantó este medio que el próximo 12 de septiembre dejarán de prestar sus servicios en el Ayuntamiento.

Trrabajadores y representantes sindicales han confirmado este punto, confesando que aunque mantenían un atisbo de esperanza tienen claro ya que “esto no se va a parar”. Hoy es un día doblemente triste, además, después de que ayer se hiciera efectivo el inicio del procedimiento de despido de más de un centenar de personas pertenecientes a las plantillas de las empresas municipales. Un proceso que se antoja a los sindicatos totalmente opaco, en la línea del llevado a cabo en el Consistorio, puesto que no se han especificado fechas y número de perjudicados ni, lo que es más importante, se han trasladado los criterios a seguir a la hora de confeccionar la temida lista.

En este sentido, desde CGT y UGT se preguntan qué ocurrirá en el caso de organismos como Jereyssa y Emuvijesa, que lejos de presentar déficits alcanzan incluso superávits, por lo que el requisito de pérdidas económicas o escasa rentabilidad no estaría justificado. De momento, los representantes de los trabajadores se muestran cautos a la espera de que comience a trascender información sobre el procedimiento abierto nuevamente por Deloitte. Hasta que no se notifiquen los despidos, no obstante, no podrá ponerse en marcha esa denuncia colectiva que las organizaciones sindicales pretenden hacer llegar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, contra el ERE municipal y los recortes de personal en estas empresas.

Lo que sí puede iniciarse desde hoy mismo son las denuncias individuales que cada perjudicado por el Expediente de Regulación de Empleo tiene la opción de interponer en los juzgados de lo Social, una vez que ya han comenzado a recibir las primeras notificaciones.

En cuanto al pago de nóminas, por otro lado, los empleados municipales se mantienen a la espera de cobrar la del mes de agosto; desde CGT tampoco son muy optimistas a ese respecto, ya que aseguran que el propio delegado de Recursos, Javier Durá, desconoce cuándo se harán los ingresos. El concejal se ha comprometido, no obstante, a que a partir de octubre se regularicen los pagos.