La jueza Mercedes Alaya, que investiga el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares, citó este miércoles a declarar como imputado a José María Ruiz-Mateos por la inclusión de ‘intrusos’ en varios ERE del grupo Nueva Rumasa. El empresario jerezano no ha acudido a los juzgados. Quien sí lo ha hecho ha sido su hijo Zoilo Ruiz-Mateos. Durante su declaración, el imputado ha asegurado que desconocía los detalles relacionados con los ERE de las empresas del grupo Nueva Rumasa, ya que él, como abogado, se dedicaba a coordinar los departamentos jurídicos de las empresas. Leer noticia completa

La juez que investiga el caso de los ERE irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha imputado al empresario jerezano José María Ruiz-Mateos y a uno de sus hijos, Zoilo, en relación al ERE del hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), según ha trascendido este lunes a través de diferentes medios de comunicación. De hecho, la propia Alaya ha notificado este lunes la resolución de las imputaciones y los cita a ambos a declarar el 5 de marzo.

Cabe recordar que en esta misma causa ya se encuentran imputados otros dos hijos del empresario, concretamente Pablo y Javier. Estos últimos declararon la semana pasada y aseguraron que no intervinieron directamente en el ERE del hotel Cervantes ni hicieron pagos en metálico y en dinero B al ‘conseguidor’ Juan Lanzas. La juez les imputa un delito de malversación de caudales públicos. Tras su declaración, la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de algo más de 8,5 millones de euros a cada uno. Esa cantidad se corresponde a lo que aportó la Junta de Andalucía (6,4 millones) para el Expediente de Regulación de Empleo del hotel en cuestión, más el tercio legal previsto en estos casos.

En el ERE de este establecimiento, que era propiedad del grupo Rumasa, se habrían colado dos intrusos. El Gobierno andaluz se adhirió a la petición de fianza de la fiscalía.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha desestimado la inclusión de la nueva documentación presentada por la defensa de la Agrupación de Técnicos Municipales (ATMJ) en el pleito relativo al expediente de regulación de empleo del Ayuntamiento, al considerar que no reúne los requisitos previstos en la normativa laboral y procesal. El Tribunal considera que procede su inadmisión y, por tanto, su devolución a la parte que pretendía incorporarlos, y la continuación del trámite del recurso.

El auto emitido por el  Tribunal considera que “no ha lugar a la unión de documentos emitidos con posterioridad a un despido colectivo en el Ayuntamiento de Jerez, que dan cuenta de acontecimientos también posteriores a éste, y sobre los que, quien pretende unirlos, no da la más mínima explicación sobre su trascendencia o repercusión en el litigio, ni alega ni siquiera que su inadmisión le pueda causar cualquier tipo de indefensión”.

Según se explica en el auto, los documentos que pretenden incorporarse en este trámite no pueden admitirse, “tal y como sostiene con acierto la impugnación de la Corporación Municipal”. Según los razonamientos jurídicos recogidos en la resolución del Alto Tribunal, prácticamente toda la documentación presentada se refiere a hechos muy posteriores a que se llevara a cabo el despido colectivo, y en todo caso, con posterioridad todos ellos a la sentencia recurrida.

En segundo lugar, se desestima “porque ni tan siquiera se ofrece ningún motivo que, razonable o no, pudiera justificar la incorporación de tan abundante documentación ni sobre su carácter ‘decisivo’ en relación con la medida extintiva objeto de enjuiciamiento”; en consecuencia, en tercer lugar, considera “que tampoco se aduce siquiera la hipotética indefensión que su rechazo pudiera ocasionar a la parte proponente, ni que los documentos en cuestión pudieran dar lugar a un posterior recurso de revisión”.

Y en cuarto y último lugar, el auto considera que no pueden incorporarse los documentos, porque “un dudoso incumplimiento de un Plan de Ajuste acordado con bastante anterioridad a la fecha del despido colectivo, incumplimiento sobre el que –se insiste en el auto- nada se explica, es claro que carece de incidencia sobre las causas, reales o no, que (…) habilitarían los despidos colectivo en el ámbito de las Administraciones Públicas”.

La sesión plenaria celebrada este pasado viernes en el Ayuntamiento de Jerez será posiblemente recordada como la que formalizó el relevo de Pedro Pacheco y su compañero de Foro Ciudadano José López como ediles, después de que se confirmase que no podían continuar en el cargo tras ser condenados judicialmente por el conocido como ‘caso de los asesores’. Tal como estaba previsto, sus sitios han sido ocupados por Daniel Gómez y Manuel Rosa, que tomaron formalmente posesión de sus actas de concejales. Aunque, eso sí, no fueron los únicos que se estrenaron en el plenario municipal. También lo hizo el socialista Abraham Granadino, que se ha incorporado en sustitución de Miriam Alconchel, recientemente nombrada delegada provincial de la Junta.

Más allá de esto, uno de los pocos puntos más destacados que fue aprobado en dicha sesión fue una propuesta realizada por el PSOE sobre la necesidad de impulsar la actividad en la terminal de carga del aeropuerto de Jerez. La iniciativa contó con el apoyo de todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, aunque el PP aprovechó para reclamar también la implicación de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, los momentos más polémicos se vivieron con otra proposición socialista, en este caso, desgraciadamente, sobre un asunto tan sensible como el de las ayudas sociales. El encargado de defenderla fue el concejal del PSOE José Manuel Jiménez, pero en un momento dado fue interrumpido por Antonio Saldaña, portavoz del gobierno municipal, quien pidió a los socialistas que devolviesen el dinero por el caso de los ERE en Andalucía. También se le recriminó a Jiménez que en la pasada legislatura, cuando era miembro del gobierno local, usase coche oficial para ir cada día al Consistorio a trabajar, algo que encendió aún más los ánimos de los miembros del Grupo Municipal Socialista, que poco después hizo pública una nota de prensa reprochando esa actitud, así como la permisividad de la alcaldesa.

El segundo debate sobre el estado de la ciudad, celebrado este sábado, se ha saldado sin grandes sorpresas. Una de las más destacadas ha sido el anuncio realizado por la alcaldesa, María José García-Pelayo, de que se invertirán 20 millones de euros este año y el que viene en la mejora de diferentes servicios urbanos. Buena parte del debate se centró, como era de esperar, en el estado de las arcas municipales. Y al respecto, la primera edil, que se ha limitado casi prácticamente a desgranar la gestión económica del actual gobierno municipal para aliviar las cuentas del Consistorio, ha reconocido que no se ha logrado reducir deuda. Eso sí, ha señalado que se ha reducido el déficit público y se han sentado las bases para sanear el Ayuntamiento.

Sobre los 20 millones que se invertirán en la mejora de servicios urbanos, el dinero llegará de la privatización de la gestión del agua. Se invertirá, por ejemplo, en la finalización de las obras de la Jefatura de la Policía Local, la terminal de autobuses de Esteve, el arreglo de la Laguna de Torrox, mejoras en San Juan de Dios y el refuerzo en el servicio de limpieza los fines de semana, entre otras actuaciones.

LA OPOSICIÓN

También como cabía esperar, los discursos de los distintos partidos de la oposición han sido muy críticos. La socialista Miriam Alconchel, que centró buena parte de su discurso en la política de personal, preguntó qué ha cambiado en los ya más de dos años de gestión del PP y recordó la cantidad de personas que recurren actualmente a diferentes servicios de ayuda a personas necesitadas en la ciudad.

Rocío Montero, de Foro Ciudadano, insistió en que el gobierno municipal no ha cumplido la mayoría de promesas realizadas y le reclamó que deje a un lado los triunfalismos, recordando que el último informe de La Caixa señala a Jerez como la ciudad con más paro del país.

Por su parte, Joaquín del Valle, de IU, lamentó la ausencia de un modelo de ciudad y criticó con dureza medidas como el ERE municipal, la privatización dela gestión del agua o el incumplimiento de promesas.

La jueza Mercedes Alaya, que investiga los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía, ha imputado en la causa a otras 23 personas, entre ellas dos hijos del empresario José María Ruiz Mateos. Fuentes judiciales informaron de que, en un auto del pasado 31 de julio, la juez Alaya ha decidido imputar a intrusos y empresarios citados en seis informes de la Guardia Civil sobre las ayudas de la Junta de Andalucía. Entre ellos han sido imputados Javier y Pablo Ruiz Mateos por el ERE del Hotel Cervantes de Málaga, propiedad del grupo empresarial familiar. Además han sido imputadas personas relacionadas con las ayudas al Matadero de Fuente Ovejuna, SOS Cuétara, Saldauto, Interur y Cespa

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha ofrecido un balance económico del primer semestre del año arrojando un dato cuanto menos alentador: el Ayuntamiento ha logrado reducir su déficit nada menos que en un 95%, pasando de los 30 millones de 2011 a 1.380.000 registrados durante el pasado ejercicio. Una hazaña con la que, como ha subrayado la edil, se logra “romper una tendencia histórica” gracias al “importante esfuerzo” llevado a cabo y a los resultados del controvertido Plan de Ajuste. “Nosotros nos comprometimos a estabilizar ingresos y gastos y romper con la dinámica de gastar más que ingresar. Todos los años ha habido un déficit estructural, y el objetivo del Plan de Ajuste era precisamente el de arreglar eso”. Junto a este esperanzador dato, García-Pelayo ha señalado la bajada de las opas, que antes rondaban los 16 millones de euros y ahora se sitúan en los 11, junto al hecho de que el remanente de Tesorería haya descendido de 421 a 218 millones de euros. Leer noticia completa

El Pleno ordinario celebrado esta mañana y presidido por la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha guardado un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Galicia y ha aprobado un pronunciamiento institucional de todos los grupos municipales de condolencia. El pronunciamiento expresa las “condolencias de la Corporación y el pueblo de Jerez a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario así como desea la pronta recuperación de los heridos y felicita a todas las personas que han intervenido en las tareas de rescate. Haciendo especial mención a las víctimas de la localidad vecina y hermana de San Fernando”.

Posteriormente, durante la sesión plenaria ha tenido lugar una protesta por parte de trabajadores afectados por el ERE, toda vez que se ha cumplido un año del mismo y piden la readmisión. La protesta ha sido en silencio, mostrando carteles con sus peticiones, con los que sí hacían ruido cada vez que intervenía algún miembro del PP, además de varios abucheos. “¡Embusteros, mentirosos y Bárcenas!” son algunos de los gritos en la protesta. Algunos de los momentos más tensos se han vivido cuando el edil popular José Galvín ha asegurado que él iba a seguir adelante y el concejal socialista, Francisco Lebreros, en su turno de palabra, le ha pedido “que no desprecie al público que acude a los plenos”.

Los manifestantes han aplaudido algunas intervenciones de apoyo de los ediles de la oposición y han abandonado el salón poco antes de las 11,30 horas.

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El colectivo de prejubilados tras el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la bodega Williams & Humbert van a tener que volver a echarse a la calle después de que todas las gestiones realizadas con la entidad bancaria La Caixa y con el gobierno andaluz no hayan servido para conseguir que se les abonen los retrasos.

Por eso, tras una asamblea celebrada ayer, los afectados por dicha situación han anunciado que “se ven obligados a tomar las medidas reivindicativas pertinentes, con la misma intensidad y directamente proporcional a la gravedad del problema, que suponen a fecha de Junio, el cúmulo de seis meses sin percibir los honorarios y con el agravante de que los afectados tienen que asumir las cuotas a la Seguridad Social dando cumplimiento a lo acordado en el convenio especial del propio ERE”. Es decir, que ellos tienen que seguir abonando importantes cantidades aunque en sus cuentas no hayan cobrado ni un céntimo en este tiempo.

Por ese motivo hoy mismo han llevado a cabo una movilización en la sede del grupo municipal del PSOE de Jerez, donde han tratado de encerrarse. Finalmente han conseguido forzar una reunión con la secretaria general del partido en la ciudad, Miriam Alconchel, y el portavoz municipal, Francisco Lebrero, para exponerles su situación y pedirles que recuerden a la administración sus compromisos.

Y es que estos extrabajadores de la bodega reiteran su denuncia del incumplimiento de los plazos para la resolución del proceso de la renovación de las pólizas con Vida-Caixa. Además, se quejan de que desde la administración habían realizado promesas que no se han cumplido, en concreto en una reunión celebrada el pasado 25 de abril con el director general de trabajo, Francisco Javier Castro, en la que se comprometió a dar una resolución positiva con un plazo máximo de 30 días. Tras el retraso transcurrido, “volvimos a ponernos en contacto con el personal técnico de la Junta de Andalucía y no hemos recibido respuesta alguna que no conlleve más retraso, derivando la responsabilidad sobre William M Mercer (empresa a la que se le adjudica la auditoría de las pólizas)”, explican los afectados.

En esta situación, solo les queda el camino de retomar las protestas al tiempo que piden al al consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, que “asuma las responsabilidades que les compete en esta materia, tomando cartas en el asunto de carácter urgente al amparo del decreto aprobado en octubre de 2012, dando cobertura y cumplimiento para llevar a buen puerto la finalización del citado Expediente de Regulación de Empleo”.

La jueza que investiga los ERE falsos ha decretado este martes prisión para el dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, eludible bajo fianza de 600.000 euros. Aunque la fiscalía anticorrupción había pedido prisión incondicional sin fianza, la jueza Mercedes Alaya ha decidido fijar la fianza en 600.000 euros, la misma cantidad acordada por la Audiencia Provincial de Sevilla al decidir dejar en libertad a varios imputados.