La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a cinco años de prisión a J.D. por el homicidio del menor Jairo Gómez en julio de 2012 tras asestarle cuatro puñaladas en una pelea ocurrida en el botellódromo de Jerez. En la sentencia, el juez también condena al condenado a indemnizar a los padres del menor con 120.000 euros y a los hermanos con otros 80.000, además de abonar la mitad de las cosas procesales, incluidas la mitad de la acusación particular. Asimismo, en el fallo el magistrado absuelve al Consistorio jerezano, al considerar que en los hechos relatados en la vista y en las “escasa aportación jurídica” realizada desde la acusación particular, “no hay norma legal para apreciar una responsabilidad civil directa”.

En este sentido, aunque considera que en los hechos probados el dispositivo policial dispuesto por el Ayuntamiento “puede ser calificado de escaso e insuficiente” ante la “gran afluencia de jóvenes”, no aprecia la “relación de causalidad” que debe existir entre las infracciones y deficiencias de seguridad advertidas y el hecho de la agresión sufrida por el menor para que el Consistorio tenga que responder por estos hechos.

Cabe destacar que aunque el delito de homicidio está sancionado en el Código Penal de diez a 15 años de cárcel -condenas solicitadas en el juicio por Fiscalía y acusación particular- después de que el jurado popular aceptara las concurrencias de las eximentes incompletas de “legítima defensa” y “miedo insuperable”, la pena de prisión dictada por el juez no podría superar los siete años y medio de prisión.

En su veredicto, además de declarar culpable de un delito de homicidio a J.D., el jurado absolvió a Fernando M.R., acusado también de presunto colaborador por haberle facilitado supuestamente el arma blanca al condenado, y que ahora también ha ratificado el juez en la sentencia.

El 12 de noviembre está marcado en rojo en el calendario de la Asociación de Mujeres por la Igualdad y el Progreso, de la barriada de Torresoto. Este colectivo lleva años dirimiendo un conflicto ya enquistado con la asociación de vecinos del barrio por el uso del local de la plaza Hermana María Dolores. La reciente sentencia le da la razón a los denunciantes y la ejecución provisional dicta que las mujeres deben abandonar las instalaciones antes de la fatídica fecha, aunque ya está en trámite un nuevo recurso.

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Ya ha sentencia. El jurado del ‘crimen del botellódromo’, que se ha venido juzgando desde el lunes en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, ha declarado culpable de un delito de homicidio a J.D.R., acusado de propinar las cuatro puñaladas al menor Jairo Gómez en una pelea en julio de 2012 ocasionándole la muerte. Asimismo, ha absuelto a F.M.R., procesado también por un presunto delito de asesinato como “cooperador necesario”.   Leer noticia completa

El empresario Luis B. J. ha ganado por el momento la batalla judicial que mantiene abierta con sus antiguos socios, al haber sido absuelto de la presunta estafa que se le imputaba tras la realización de una operación de compraventa de un terreno. La Audiencia Provincial de Jerez ha dictado sentencia (que aún no es firme), considerando que durante el juicio, celebrado el pasado mes de junio, no quedó probado que el procesado hubiera actuado de manera irregular. En el fallo, al que este medio ha tenido acceso, el magistrado relata cómo todo partió de un contrato firmado en junio de 2002 entre las empresas Hijos de Raniera Pérez Marín y Proyectos Comunitarios Andaluces, por el que la primera vendía a la segunda una finca ubicada en San José Obrero. Leer noticia completa

La hermandad de la Yedra ha hecho público que la presentación de la corona de oro de Nuestra Señora de la Esperanza, sin duda uno de los momentos más importantes de esta cuenta atrás antes de la coronación canónica de la dolorosa, se hará el próximo 15 de agosto, festividad de la Asunción de María, a las nueve y media de la noche, en los Claustros de Santo Domingo. Con esta noticia, la hermandad confirma que la presea no sólo estará a tiempo para el día de la coronación, sino que, de hecho,se encuentra en la fase final de su ejecución. Leer noticia completa

Carlos Bellido pasará a la historia jerezana como el ‘estafador del seguro’ que se apropió de alrededor de 2 millones de euros de casi un centenar de incautos. Tras una contundente sentencia que le condenaba a 8 años de prisión, su abogado, Ángel Durán, ha confirmado a este medio su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo un fallo que considera “desproporcionado”. Según el letrado, no se llegaron a dar los agravantes específicos que la titular de la Sección Octava de la Audiencia Provincial argumentaba en la sentencia, por lo que la pena debería haber sido bastante menos abultada. “Realmente no se ha producido tanto perjuicio económico -asegura-. Los agravantes se dan si se deja a alguien en la ruina, cosa que no ha ocurrido, ya que el sistema que tenían era el siguiente: los clientes decían por ejemplo que invertían 3.000 euros y 

se cobraban de antemano los intereses, por lo que en realidad daban 2.500. Además, con el dinero de unos se iba pagando lo que se debía a otros, por lo que el daño no fue tal”. Leer noticia completa

El procesado Alfonso S. G. se presentó en el juicio como una víctima de la situación, asegurando que había golpeado con un palo de golf a otro joven en defensa propia. Sin embargo, la Audiencia Provincial no ha dado pábulo a su versión y le ha condenado a 7 años de cárcel por un delito de lesiones. Junto a él, su amigo José Alejandro R. M. afronta otra pena aunque radicalmente distinta, puesto que al ser considerado autor de una falta de lesiones a otra víctima deberá abonar una multa de 240 euros. Como consta en la sentencia, a la que Reporteros Jerez ha tenido acceso, los hechos ocurrieron el 25 de abril de 2010 a las 6,30 horas cuando dos chicos salían de la discoteca Comedia y uno de ellos comenzó a discutir con José Alejandro, que llegó incluso a propinarle un puñetazo tras bajarse del coche que conducía en ese momento. Tras cometer la agresión se marchó corriendo, dejando las llaves puestas en el vehículo y fue el otro joven quien aprovechó la confusión para quitárselas. Leer noticia completa

Un joven de 27 años perdió la vida el pasado 12 de octubre de 2012 como consecuencia de un accidente de tráfico. La persona con la que chocó y provocó el fatal desenlace ha sido ahora juzgada y condenada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Jerez a la pena de multa de 360 euros por una falta de lesiones por imprudencia, además de la correspondiente indemnización por responsabilidad civil de más de 100.000 euros que ya ha sido abonada a los familiares de la víctima. Como consta en la sentencia, a la que Reporteros Jerez ha tenido acceso, el chico iba circulando el día de autos con su ciclomotor por el camino de asfalto conocido como Cañada del León en sentido Rajamancera, cuando en el momento de coger una curva de reducida visibilidad vio interceptada su trayectoria por un tractor agrícola con remolque.

El vehículo en cuestión iba conducido por el condenado, Manuel R. C., que según la sentencia circulaba en sentido contrario aunque a escasa velocidad. La invasión del otro carril se produjo en casi toda su extensión, bien por una mera distracción del conductor o bien para facilitar el trazado de la curva con el fin de acceder a una finca de las proximidades. Lo cierto es que realizó la maniobra sin percatarse de la presencia del ciclomotor, que no pudo evitar la colisión frontal con el tractor y acabó saliendo despedido. El joven que iba al volante falleció como consecuencia del impacto. La víctima no llevaba casco protector cuando ocurrió el accidente, algo que sin embargo no resultó determinante para las lesiones sufridas.

Como argumenta el juez en el fallo, la pena impuesta está cimentada en un artículo del Código Penal en el que se especifica que “los que por imprudencia leve causaran la muerte de otra persona serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses”. Unas lesiones, con independencia del resultado final de fallecimiento o no, que están tipificadas como falta y no como delito precisamente por esa calificación de imprudencia, lo que presupone una conducta “poco cuidadosa” pero carente de “malicia”. Es por eso que Manuel R. C. ha sido condenado a una multa de 6 euros diarios durante 60 días (lo que equivale a 360), más un año de privación en la conducción de cualquier vehículo a motor o ciclomotor. La familia de la víctima, como se ha señalado anteriormente, ya había sido indemnizada previamente al juicio por responsabilidad penal con algo más de 100.000 euros.

El exalcalde Pedro Pacheco ha vuelto a ser noticia por otro nuevo revés en el ámbito judicial. En este caso, la Justicia no le ha dado la razón absolviendo al afamado constructor Basilio Iglesias del presunto delito de estafa por el que el líder de Foro Ciudadano le había denunciado. En la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3, a la que este medio ha tenido acceso, se explica cómo el 6 de noviembre de 2001 Iglesias, en su calidad de administrador único de la sociedad Residencial Victoria, suscribió un contrato de compraventa con Diego Domouso (amigo de Pacheco) cuyo objeto era una parcela de 940 metros cuadrados en la zona de playa de los Alemanes de Zahara por 12 millones de pesetas. Una vez suscrito y de común acuerdo entre las partes, el convenio fue resuelto de manera verbal dos años más tarde, lo que permitió a Residencial Victoria disponer del bien libremente (algo que de hecho llevó a la práctica revendiendo la propiedad). Leer noticia completa

Si Pedro Pacheco se apresuró a informar a los pocos minutos de conocer la sentencia por el ‘caso de los Asesores’ de que recurriría el fallo ante el Tribunal Supremo, la Fiscalía no se ha quedado atrás y ha anunciado un recurso de casación que se materializará en los próximos días. El motivo no es otro que su descontento con cierto aspecto de la sentencia, pero obviamente en sentido opuesto al del exalcalde: el Ministerio quiere que se amplíe la condena, añadiendo el delito de falsedad documental. Una consideración que no resulta novedosa, ya que tanto en su calificación inicial como en sus conclusiones finales la fiscal Anticorrupción se ratificó en solicitar para Pacheco, López y Cobacho una condena no solo por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, sino también por el de falsedad documental. La jueza de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, Lourdes Marín, los condenó sin embargo por los dos primeros, absolviéndoles del último.

Así lo han confirmado a Reporteros Jerez fuentes del caso, explicando que el recurso de la Fiscalía podría estar cimentado en el siguiente párrafo de la sentencia: “Si bien es cierto que los contratos suscritos no han respondido a la realidad y que cabría penalizar por falsedad ideológica, en cuanto que son un artificio, inexistentes y nulos… dada la prevaricación, que ha consistido en realizar unas contrataciones sin que respondan a lo concertado con el fin de obtener una ganancia del erario público, se considera que no cabe penalizar doblemente los mismos hechos”. Es decir, la magistrada aún reconociendo que existió falsedad en documento, lo engloba todo en el delito de prevaricación y no estima conveniente penarlo por separado.

En el supuesto de que el Tribunal Supremo admitiera finalmente el recurso que interpondrá la Fiscalía la condena se ampliaría para los tres procesados, y en el caso concreto del exalcalde podría alcanzar los seis años de prisión, que fue lo solicitado por el Ministerio durante el juicio. Si por el contrario admitiese a trámite el recurso de la defensa, es posible que Pacheco consiguiera la absolución por haber realizado unos contratos que, como él sigue manteniendo, “se acogieron a la legalidad y estuvieron amparados por un pacto político”.