El Partido Popular de Jerez ha rechazado las críticas vertidas por el Foro Ciudadano en torno al servicio de ayuda a domicilio, ya que “son absolutamente falsas”. Para los populares, “los miembros del Foro no saben cómo desempeñar su labor como grupo de la oposición, sólo saben hacer de pájaro de mal agüero, y por eso siguen torpemente la estela de las manifestaciones realizadas hace unos días por el sindicato CCOO”. Por todo ello, el PP afirma que el partido de Pacheco “ya forma parte del aparato propagandístico del PSOE y ése es el motivo por el que se dedica a intentar tapar las deudas de la Junta con el servicio de ayuda a domicilio, haciendo de comparsa de los socialistas”.

Los populares afirman que las críticas basadas en falsedades no van a afectar al plan de recuperación del gobierno del PP, que tomó las medidas necesarias para hacer sostenible el sistema de dependencia. Asimismo, destacan que “ahora hay en Jerez una empresa seria que presta el servicio de Ayuda a Domicilio”, y además hacen hincapié en que se ha presentado un calendario de pagos de la deuda que dejó la anterior empresa, que ronda la cifra de 1.300.000 euros.

Por otro lado, el PP recuerda que si no se está al cien por cien en los pagos es “porque precisamente la Junta de Andalucía va a liquidar a través de los préstamos del ICO la deuda del primer semestre del 2013″. De esta manera, los 600 jerezanos cuidadores que perciben prestaciones económicas van a recibir también las prestaciones pendientes del año 2012 con estos préstamos del ICO. En definitiva, el PP considera que el Foro “es cómplice de la operación mediática que intenta esconder la morosidad de la Junta, que tiene asfixiados a los ayuntamientos porque no paga los servicios sociales, que además son de su competencia”

La portavoz municipal de Foro Ciudadano de Jerez, Rocío Montero, ha vuelto a denunciar los “graves y flagrantes” incumplimientos del gobierno local del PP con la plantilla de trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio que presta el Ayuntamiento, a las que a pesar de adeudárseles un total de cinco nóminas únicamente se les ha abonado este mes 280 euros de estos atrasos. Con todo, la concejala ha mostrado su “máxima preocupación” por las intenciones del Partido Popular por deshacerse de la prestación de la ayuda a domicilio, “un deseo que ha pasado de ser privado a convertirse en público y notorio”. En este punto ha advertido que “permanecemos muy alerta a raíz de las decisiones que puedan adoptar en las próximas semanas los ayuntamientos gobernados por el PP, entre ellos lógicamente el de Jerez, pues se ha conocido a través de los medios que la intención de los responsables de este partido es extender la renuncia a prestar el servicio en todos los municipios donde gobiernen, tal y como ha ocurrido como avanzadilla en Jaén”. Rocío Montero ha solicitado “garantías reales de pago” para saldar las nóminas atrasadas con estas trabajadoras, al tiempo que ha reclamado un “compromiso firme” de la alcaldesa García-Pelayo para que, “pase lo que pase y le diga lo que le diga su partido, mantenga la prestación de este servicio esencial para muchos jerezanos y jerezanas”.

“El actual equipo de gobierno popular lleva prometiendo desde antes de las elecciones y en estos dos años y medio la normalización del servicio, pero lo cierto y lo fijo es que estamos ante otra Navidad y la plantilla de la ayuda a domicilio volverá a tener serias dificultades para afrontar los gastos propios de esta época porque nadie desde el Ayuntamiento les da garantía del cobro adeudado del dinero que han ganado dignamente con su trabajo”, ha valorado la portavoz de Foro, quien espera que la responsable municipal directa de este servicio, la delegada de Bienestar Social, Isabel Paredes, “se haga menos fotos de reuniones estériles y pague lo que tiene que pagar, que es a eso precisamente a lo que se comprometió hace dos meses en la enésima reunión con el comité”. En este sentido, ha pedido a la alcaldesa que “priorice pagos” y responda ante esta plantilla a la que “tantas falsas promesas ha vendido en este tiempo” porque “evidentemente con este miserable e irrisorio pago de 280 euros no se puede pasar el mes, y mucho menos la Navidad”.

Rocío Montero también ha puesto sobre la mesa las “múltiples quejas e incumplimientos del pliego de condiciones” que se vienen sucediendo con la nueva UTE que se ha adjudicado desde octubre el servicio. Y es que, como ha denunciado la propia plantilla, Macrosad e Ingesan ya han acometido despidos y modificado arbitrariamente las condiciones laborales de las trabajadoras. Todo eso ante la “pasividad” de un gobierno local que se “lava las manos” y que permite, por ejemplo, que la jornada laboral de esta plantilla sea ahora de 38 horas semanales en lugar de 35. “Se está viendo claramente que el objetivo último del PP es cargarse la Ley de Dependencia a base de hachazos desde Madrid a los presupuestos, y aquí en Jerez se están dando patadas adelante a la espera de que quitarse este problema de encima cortando por lo sano; lo lógico habría sido mantener la gestión directa desde Comujesa, mucho más beneficiosa para las arcas municipales y para la estabilidad de una plantilla formada por más de 350 personas, fundamentalmente mujeres”.

La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, ha informado que el Ayuntamiento ha abonado a las trabajadoras del servicio a domicilio la nómina correspondiente al mes de febrero, uno de los pagos que la antigua concesionaria dejó pendiente de abono junto a las  nóminas de marzo, abril, mayo, junio y paga extra. Con este pago “cumplimos el compromiso adquirido con los representantes de las empleadas y seguimos dando pasos para conocer exactamente el montante de lo que debe Acasa a cada uno de sus trabajadoras con el fin de poder abonar toda la deuda pendiente de la concesionaria anterior. Estamos trabajando para que en los próximo días  liquidar otra cantidad pero esta vez correspondiente a quince días de la relación laboral del mes de octubre con Comujesa”, ha explicado la delegada.

Respecto a las informaciones del comité empresa referidas a una falta de diálogo con la nueva adjudicataria del servicio, la delegada ha afirmado que, tras ponerse en contacto con los responsables de UTE SAD Jerez (Ingesan-Macrosad) “se me ha informado de que no habido solicitud de reunión por parte del comité, y asimismo me han asegurado que no existe problema alguno para reunirse con los representes de las trabajadoras en los próximos días”.

Otro de los aspectos abordados en la conversación mantenida con los responsables de la empresa ha sido la rescisión de contratos a dos trabajadores. “La concesionaria del servicio me ha confirmado que se ha rescindido el contrato de dos trabajadores de la estructura administrativa, estructura que no es subrogable; no son empleados que atiendan a los casi mil usuarios del servicio de ayuda a domicilio; el pliego de condiciones recoge el personal mínimo para la prestación del servicio entre los cuales no se contempla como necesario una estructura administrativa adscrita al propio servicio, quedando esto supeditado a su propia estructura empresarial”, ha explicado.

La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud ha reiterado que se debe valorar, ante todo, la apuesta decidida del Gobierno municipal por las políticas sociales, “porque tras meses de mucho esfuerzo y trabajo de empleadas, usuarios y Ayuntamiento, se ha conseguido salvar centenares de puestos de trabajo al lograr que una nueva empresa gestione el servicio de ayuda a domicilio y dignificar el puesto de trabajo y la atención al usuario”.

La delegada ha recordado al respecto que hace dos años y medio “nos encontramos con una deuda descomunal que hacía peligrar este servicio por los continuados retrasos de las transferencias de la Junta, el desvío cuando llegaban para otros pagos, y la falta de liquidez de Acasa”. Ahora la realidad es otra. “Hemos abonado toda la deuda pendiente de Acasa de 2011 y 2012 y estamos empezando a pagar la deuda de 2013. Por acuerdo de Pleno, cada euro que entra de la Junta para el servicio de ayuda a domicilio es finalista y no se desvía”. Isabel Paredes ha enfatizado que “han sido meses de innumerables dificultades que se han ido superando gracias al trabajo conjunto con las trabajadoras, que han estado siempre informadas de todos los procedimientos realizados para garantizar el servicio en las mejores condiciones y superar uno tras otro los problemas económicos que han rodeado a este servicio durante años; hemos conseguido con mucho esfuerzo adjudicar el servicio a una empresa”.

El Ayuntamiento de Jerez firmó este lunes el contrato de adjudicación del servicio de ayuda a  domicilio con la UTE formada por las empresas Macrosad e Ingesan que desde este martes se harán cargo del mismo. La firma del contrato supone el traspaso del servicio de la empresa municipal Comujesa a la empresa adjudicataria. En el día de hoy  Isabel Paredes, acompañada de representantes de la nueva concesionaria, ha mantenido una reunión con las representantes de las empleadas en la que han sido informadas de los detalles del traspaso de poderes, de los pagos pendientes de Acasa y de las mejoras contempladas en el pliego de condiciones de la adjudicación.

La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud afirmó que es “un día de alegría porque tras meses de mucho esfuerzo y trabajo de empleadas, usuarios y Ayuntamiento, se ha conseguido finalmente que llegue una empresa fuerte para gestionar el servicio de ayuda a domicilio y dignificar el puesto de trabajo y la atención al usuario”. Respecto a los pagos, Isabel Paredes ha añadido que “estamos haciendo todos los esfuerzos para conocer exactamente el montante de lo que debe Acasa a cada uno de sus trabajadoras con el fin de poder realizar un calendario de pagos real que dé solución a la deuda. A día de hoy no sabemos, porque no hay documentos, el montante de la deuda de Acasa pero vamos a hacer pagos a cuenta de antes de que se resuelva el tema judicialmente”.

En cuanto  a la nueva gestión –ha recordado la delegada- la nueva empresa ha presentado diversas mejoras al pliego de condiciones, sobre todo en cuanto a la asistencia a personas hospitalizadas, realización de estudios de adaptabilidad y accesibilidad en las viviendas, labores de asesoramiento a los usuarios, y de priorización de la contratación de personas residentes en el municipio, dentro de los sectores con dificultades de acceso al mercado laboral o colectivos en difícil situación económica.

La delegada ha añadido que con la firma del contrato con la UTE se cumple uno de los objetivos que se marcó el Gobierno municipal al principio de la legislatura: la normalización del servicio de ayuda a domicilio. “Han sido meses de innumerables dificultades que se han ido superando gracias al trabajo conjunto con las trabajadoras, que han estado siempre informadas de todos los procedimientos realizados para garantizar el servicio en las mejores condiciones y superar uno tras otro los problemas económicos que han rodeado a este servicio durante años; hemos conseguido con mucho esfuerzo adjudicar el servicio a una empresa con suficiente solvencia en este sector”, ha añadido.

Entre las mejoras conseguidas, la empresa adjudicataria ofrece un sistema de gestoría y asesoramiento a los usuarios para cualquier tema que suponga una mejora en la calidad asistencial. Este servicio será llevado a cabo sin tener que realizar el usuario gestión alguna más que una simple llamada telefónica a la empresa que informará de los pasos que se han de realizar y solicitará, en su caso, la documentación necesaria para tramitar la solicitud demandada por el usuario.

Asimismo se realizará una evaluación permanente del servicio, incluyendo controles de calidad, para ganar en eficacia y eficiencia.

Isabel Paredes ha subrayado que el trabajo del Gobierno municipal ha permitido superar un camino lleno de dificultades “que hemos recorrido de la mano de las trabajadoras de la ayuda a domicilio”.  El contrato firmado tiene una duración de dos años con la posibilidad de prorrogar anualmente por dos años más. El contrato recoge el precio unitario propuesto por la empresa pero con presupuesto máximo previsto de 14,6 millones de euros para los dos años de contrato y varias mejoras en la prestación del servicio tanto para usuarios como empleados.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado  la adjudicación definitiva del servicio de ayuda a domicilio a la UTE formada por las empresas Macrosad e INGESAN. Una vez adjudicado el servicio y notificado a las empresas, se procederá a la firma del contrato para que la UTE pueda hacerse cargo de la ayuda a domicilio. Hay que recordar que el pasado 9 de agosto se aprobó con carácter urgente el inicio del expediente de contratación del servicio de ayuda a domicilio, al que se presentaron dos propuestas. Tras los informes pertinentes se aprobó el requerimiento de documentación a la UTE el pasado 20 de septiembre, ahora, una vez cumplimentado el requerimiento, se procede a la adjudicación definitiva. El pliego de condiciones establece una duración de dos años para el contrato de ayuda a domicilio con la posibilidad de prorrogar anualmente por dos años más. El contrato se firmará por el precio unitario propuesto por la empresa pero con presupuesto máximo previsto de 14,6 millones de euros para los dos años de contrato.

La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, ha mostrado su satisfacción porque “se ha cumplido uno de los objetivos que el gobierno municipal se marcó al inicio de la legislatura, la normalización del servicio de ayuda a domicilio. Han sido numerosos meses los que hemos trabajado codo con codo con las trabajadoras del servicio, que han estado puntualmente informadas de todos los pasos que el gobierno ha realizado, para poder adjudicar este servicio a una empresa, en este caso una UTE, con suficiente solvencia en este sector”.

La delegada ha hecho igualmente un repaso somero a las medidas que el gobierno municipal ha adoptado para poder normalizar este servicio como la firma de un nuevo convenio con la Junta de Andalucía el pasado mes de noviembre, un convenio pionero que recogía las ‘tomas de razón’ para garantizar el servicio ante los retrasos de la administración autonómica.  Igualmente, la licitación del servicio para que una nueva empresa se hiciera con la ayuda a domicilio ante los evidentes incumplimientos de la anterior concesionaria, Acasa. O más recientemente que la empresa municipal Comujesa se hiciera cargo temporalmente del servicio haciendo frente a las nóminas de las trabajadoras y el inicio de la incoación de procedimientos de penalidades contra Acasa por graves incumplimientos de las obligaciones establecidas en el contrato. “Ha sido un camino difícil que hemos recorrido de la mano de las trabajadoras de la ayuda a domicilio y en el que todavía nos queda por resolver la deuda que mantiene la anterior concesionaria con las empleadas”, ha recordado Isabel Paredes, que ha añadido que “estamos haciendo todos los esfuerzos para conocer exactamente el montante de lo que debe Acasa a cada uno de sus trabajadoras con el fin de poder realizar un calendario de pagos real que dé solución a la deuda”.

Las dos empresas que conforman la UTE tienen una probada solvencia en el campo de la ayuda a domicilio. Macrosad, Sociedad Cooperativa Andaluza se dedica principalmente  a la prestación de servicios de carácter sociosanitario, especialmente ayuda a domicilio, y socieducativo, consultoría y formación. Mientras que Ingesan, Instituto de Gestión Sanitaria S.A. ha ampliado su cartera de servicios a la atención a las personas en residencias, centros de día y ayuda a domicilio. La UTE ha presentado diversas mejoras al pliego de condiciones, sobre todo en cuanto a la asistencia a personas hospitalizadas, estudios de adaptabilidad y accesibilidad en las viviendas, el asesoramiento a los usuarios y la priorización de la contratación de personas residentes en el municipio y dentro de los sectores con dificultades de acceso al mercado laboral o colectivos en difícil situación económica.

La vicesecretaria de Política Social e Igualdad del Partido Popular de Jerez, Isabel Paredes, ha solicitado a la Junta de Andalucía que devuelva a Jerez las plazas públicas para mayores y personas dependientes perdidas desde el año 2005. La responsable de Política Social del PP ha contestado así a las manifestaciones de la delegación territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, “que no han tenido otra forma de responder a las demandas que planteamos desde el PP que haciendo uso del insulto personal para desviar la atención sobre la realidad de la pérdida de plazas en nuestra ciudad, que contrasta con la alta demanda de éstas por parte de los jerezanos”.

En este sentido, Paredes ha explicado que, en la actualidad, existe en nuestra ciudad una lista de espera de hasta tres años para poder acceder a una de estas plazas para mayores y dependientes, “por lo que el gobierno andaluz del PSOE e IU lo que debería hacer, en vez de mirar para otro lado e intentar distraer la atención atacando al Partido Popular, es asumir su competencia y acometer el inicio inminente de las obras necesarias para responder a la demanda de los jerezanos”. “De otro modo –ha añadido la responsable popular-, los socialistas y sus socios continuarán, como están haciendo hasta ahora y desde hace años, desmontando el sistema de atención a personas con necesidades de plazas residenciales. Y, en este caso, nos preguntamos cómo piensa abordar la Junta la nueva realidad del progresivo envejecimiento de la población”.

Por otro lado, Isabel Paredes se ha referido a la calificación del centro de la Granja como Centro de Exclusión Social. En este sentido, ha explicado que “la única incongruencia en este tema la comete la propia delegación provincial de la Junta, quien es la que no aclara nada respecto al verdadero estado del centro de la Granja, ya que a mí personalmente, como delegada municipal del área, tanto la anterior responsable de la Consejería, como el actual, me han confirmado, cuando les he trasladado mi preocupación por la pérdida de plazas, que los centros de Algeciras y Jerez pasaban a ser centros de exclusión social. A los responsables en la Administración nos dicen una cosa y a los medios de comunicación otra muy distinta”.

Por último, Isabel Paredes pide a la Junta que “deje de marear” a los mayores y dependientes jerezanos, aclare cuántas plazas hay realmente disponibles y acometa las obras y proyectos necesarios que demanda nuestra ciudad.

La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, se ha mostrado sorprendida ante las declaraciones  del PSOE sobre el pago de las ayudas sociales y le recuerda que, “antes de crear un alarmismo innecesario en los medios de comunicación se informen en la delegación porque el último pago se ha hecho a finales de julio y el correspondiente a agosto se va a hacer próximamente”. “En todo caso es el PSOE el que ha estado de vacaciones porque tiene un desconocimiento y una desinformación absoluta sobre lo que hacemos desde los servicios sociales, creando una situación de alarma que no se merecen los jerezanos”, explica.

La delegada lamenta que el PSOE no se haya informado previamente “cuando saben que las puertas de mi despacho están siempre abiertas para cualquier información que deseen” y les invita a “reunirse e informarse antes de crear una situación de alarma innecesaria”.

Paredes se muestra sorprendida de que “el PSOE sea tan exigente con el gobierno municipal, que no está en absoluto de vacaciones, sino cumpliendo con sus compromisos y trabajando por y para la ciudad de Jerez, cuya situación actual nos hace considerar los servicios sociales como una prioridad”.

En este sentido, la delegada solicita al PSOE “que tenga con la Junta de Andalucía las mismas exigencias que tiene con el gobierno municipal, ya que es la Junta quien tiene las competencias, y le exija el cumplimiento de compromisos tan importantes como el retraso grave y reiterado en el pago de la Ayuda a Domicilio o en el Salario Social, que tiene actualmente una lista de espera de 2.500 personas y que está pagando con una año y medio de retraso”.

Paredes subraya que “sentimos que el discurso ideológico del PSOE se aleje tanto de la realidad y le exigimos un poco de coherencia ante tanta incoherencia, creemos que no es momento de hacer partidismo, sino de trabajar por y para una ciudadanía que necesita cada vez más de políticos que estén realmente comprometidos con los problemas que les afectan”. La delegada solicita al PSOE “una garantía de los derechos sociales ante tanto incumplimiento de la Junta de Andalucía”.

Isabel Paredes ha recordado que “precisamente, y dada la prioridad que tienen para este gobierno los servicios sociales, durante el mes de agosto se han duplicado los servicios de atención al ciudadano”. Además, ha informado de que la importancia del Plan Estratégico de Bienestar Social, que está ejecutándose al 78%, “y que en septiembre se llevará al Consejo Local de Bienestar Social para una evaluación del mismo”.

La delegada puntualiza que “este gobierno actúa con absoluta transparencia, ofreciendo información, priorizando siempre a los jerezanos a los ciudadanos y siendo consciente de que, ahora mismo, los servicios sociales son una prioridad”.

La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, ha informado que cuatro empresas han presentado su oferta para hacerse con el servicio de ayuda a domicilio, una vez aprobado el pasado mes de marzo el inicio del expediente de contratación. Para la delegada, “la presentación de estas cuatro ofertas supone que el Ayuntamiento de Jerez ha recuperado la credibilidad entre las empresas del sector”.

Isabel Paredes también ha destacado que “se trata de cuatro empresas punteras y fuertes, que son referentes en este sector lo que permitirá, una vez se adjudique el servicio, recuperar la normalidad, un objetivo por el que este gobierno municipal ha trabajado muy duro desde el inicio de la legislatura”. La delegada ha recordado igualmente que “no hay que olvidar que uno de los principales problemas que tiene actualmente el servicio de ayuda a domicilio en la ciudad es que la empresa Acasa, a la que se le adjudicó el servicio el anterior Gobierno del PSOE, no tiene solvencia suficiente para ir afrontando los pagos si se producen retrasos, como está sucediendo hasta el momento, con los ingresos que debe efectuar la Junta de Andalucía”.

“El Gobierno, además de iniciar el procedimiento de adjudicación del servicio, ha trabajado intensamente desde otras perspectivas para normalizar el servicio, especialmente para que las trabajadoras pudieran cobrar sus salarios en tiempo y forma. De esta manera, hay que recordar que el Ayuntamiento de Jerez firmó un convenio pionero con la Junta de Andalucía para garantizar, mediante tomas de razón, el pago de los salarios de las trabajadoras”, ha recordado la delegada de Bienestar Social.

Paredes se ha mostrado esperanzada en que “una vez que han concurrido cuatro importantes empresas para optar a hacerse con este servicio, esperamos que en el plazo de pocos meses se haya normalizado esta situación que ya dura desgraciadamente demasiado tiempo”.

La Plataforma Andaluza en defensa del sistema público de servicios sociales y dependencia se ha presentado hoy en el Campus de Jerez en un acto en el que han leído un manifiesto con sus principales demandas y objetivos. Este nuevo 0rganismo coge impulso tras la aprobación del último decreto ley del gobierno estatal, que ha aplicado recortes por valor de más de 2.000 millones de euros y que dejará, según han denunciado sus representantes, “a más de 330.000 personas sin atención a la dependencia en 2013″.

El bloqueo que está sufriendo la ley nacida en 2007 está provocando que no se esté cumpliendo siquiera la tasa de reposición, es decir, cubrir las bajas por fallecimiento por nuevos beneficiarios. “Se ha rebajado un 15% la ayuda a los cuidadores, se ha suprimido su cotización a la Seguridad Social, se han reducido los grados de dependencia de seis a tres, por lo que muchos usuarios ahora se quedan fuera”, ha explicado el portavoz en la provincia de Cádiz, Rafael Lobo. Reclaman, entre otras medidas, la cobertura de la tasa de reposición, respuesta a las personas que están en el largo proceso de espera de la ley, liquidar deudas con las empresas e instituciones que prestan los servicios e implantar planes epeciales de empleo en los municipios relacionados con este sector.

Por su parte, el coordinador andaluz, José Miguel Delgado, ha hecho hincapié en la importancia del sector socio-sanitario para salir de la crisis, un ámbito capaz de crear 5.000 puestos de trabajo con una inversión de 167 millones de euros de los que 111 revierten a las arcas públicas. “Andalucía creía desde el principio en la Ley de Dependencia y había creado una estructura fuerte por lo que el recorte de 214 millones de euros ha sido un sablazo”, ha indicado. Las medidas aprobadas por decreto el pasado verano, a su juicio, “van contra la dignidad de los cuidadores”. Uno de los primeros efectos del ajuste es que la demora en las valoraciones de los solicitantes, que puede prolongarse hasta un año.

“Solo en Andalucía se han reducido en más de 28.000 las ayudas de emergencia, atenciones para personas que caen en la exclusión social”, ha explicado Delgado, que ha resumido el objetivo de la nueva plataforma en “la defensa de las personas usuarias de los servicios sociales porque estamos en una situación de emergencia social”.

La plataforma cuenta con el apoyo del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Cádiz, así como del resto de provincias andaluzas, ya que “todos debemos remar en el mismo sentido”, ha dicho Rocío Luque como portavoz. Solo en la provincia de Cádiz, el personal de servicios sociales se ha reducido en un 25%.

Escribo esta carta en nombre de las personas a las que atiendo y para las que trabajo, en su mayoría dependientes.

Están destruyendo logros por los que hemos luchado durante años y habíamos logrado conseguir, como la Ley de Dependencia. Los dependientes ya tienen suficiente pena y sus cuidadores, por regla general, suficiente fortaleza, dedicación, esfuerzo… Que, en una pequeñísima medida, se había podido compensar y con ello hacerles sentir que su trabajo era tenido en cuenta a nivel de ayuda. Ahora y con la inspección que están haciendo, las calificaciones de grado 3 pasan a ser de grado 1, por lo tanto sin derecho a acceder ni a centros de día, ni a residencias, ni a tener una atención suficiente a domicilio… Es curioso y llamativo que todos los dependientes de Salud Mental hayan mejorado hasta tal punto, o en su lugar no se calificó bien al principio, o también puede ser una manera de negarles en la práctica los recursos que por Ley les corresponden. Yo les aseguro a todos ustedes, aunque muchos ya lo sepan, que la carga emocional, física y de toda índole que supone cuidar de un dependiente no está pagada con nada y la irresponsable y frívola decisión de ir desposeyendo de ayudas a los que la necesitan me enfurece.

Me enfurece ver las caras tan tranquilas y los corazones, que adivino son de corcho, al firmar este tipo de recortes. Me enfurecen sus risas, mientras pisotean a los más necesitados. Me enfurece que se deje en manos de desaprensivos el cuidado de los débiles porque no los ven. Sé lo difícil que es ponerse en el pellejo de los otros, tener empatía, pero también sé porque lo veo que esa palabra no está en el diccionario de quienes nos gobiernan. Ante la desgracia y la enfermedad, cada vez más presente en la sociedad, es preciso poner ternura, comprensión, agrado, educación, sosiego, dedicación… Algo que hacemos diariamente los profesionales, porque estamos en contacto con ellos. Sería preciso que les tocara a los gobernantes para que, visto y sufrido en sus propias carnes, a lo mejor recapacitaran. Pero creo, señores, que tampoco, porque las penas con pan son menos.

CRISTINA ROSALES FONTCUBERTA. Psicoterapeuta y Trabajadora Social Psiquiátrica.