El Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal del Suelo, Emusujesa, y la Universidad de Sevilla, a través de la Fundación de Investigación (FIUS), han suscrito un convenio de colaboración para que alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura realicen un proyecto de investigación y evaluación de propuestas de intervención urbanística integral sobre el centro histórico de Jerez.

El vicepresidente de Emusujesa, Antonio Saldaña, ha explicado que este convenio de colaboración se engloba en el marco de las estrategias de regeneración del centro histórico de la ciudad en las que viene trabajando el Ayuntamiento desde hace meses. Tal y como adelantó la alcaldesa, María José García-Pelayo, el pasado lunes en la presentación del balance de gestión de los dos primeros años de legislatura, a mediados de junio se va a constituir una Mesa del Centro Histórico en la que se expondrán estas estrategias y se plantearán propuestas para revitalizar el centro de la ciudad.

El proyecto de investigación en el que van a trabajar los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura comprenderá tres fases: una primera de toma y recogida de datos; la segunda de análisis y evaluación de los mismos, y una tercera de realización y evaluación de propuestas de intervención.

Este proyecto será coordinado por el profesor González de Boado por parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y por Fernando Núñez, gerente de Emusujesa. El periodo de ejecución del proyecto de investigación se cifra en diecisiete meses y culminará con la presentación de los resultados y la publicación del mismo.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha presentado el Plan Especial de Desarrollo de Actividades de la Zona de Viñas, un documento que sirve como punto de partida al Plan de Promoción de Desarrollo de Viñedos que se dio a conocer hace unos meses al sector hostelero y bodeguero de la ciudad. En el acto, celebrado como en aquella ocasión en el Consejo Regulador del Vino, y ante representantes de estos mismos sectores, han estado presentes el presidente de esta entidad, Beltrán Domecq, el primer teniente de alcaldesa, Antonio Saldaña, y el delegado de Urbanismo, Agustín Muñoz, que ha sido el encargado de explicar el Plan Especial, una herramienta que da cobertura legal a las actividades que se pongan en marcha para impulsar y revalorizar la zona de viñas.

La redacción del Plan Especial constituye la primera fase de un proyecto más amplio cuyas líneas generales se presentaron hace unos meses, tal y como ha recordado la alcaldesa. Define las actividades y usos que se pueden llevar a cabo en el territorio de viñas y agiliza su tramitación al contemplarlas y regularlas en un único documento, eliminando así la necesidad de elaborar proyectos de actuación específicos para cada actuación que ralentizarían los procedimientos.

El territorio de viñedos está catalogado en el PGOU en su mayor parte como suelo no urbanizable con especial protección-viñedos y tiene superficie aproximada de unas 9.000 hectáreas. “Es como un PGOU específico para el campo que permite poner en marcha iniciativas de desarrollo económico y a la vez, nos garantiza la protección del patrimonio existente”, ha señalado.

La idea de hacer un plan de promoción del territorio de viñas -según ha explicado Antonio Saldaña- surgió de “una visión de los agricultores, en concreto de Cristóbal Cantos, secretario general de Asaja, que fue el primero que nos habló de esta iniciativa y nos dijo que le gustaría que Jerez fuese algo parecido a la Toscana o al Napa Valley, para que la zona de viñedo  se convierta en un importante atractivo cultural y turístico más. A partir de esa idea, la alcaldesa planteó unos objetivos y un plan de acción concreto que es el que estamos siguiendo”.

El Plan del viñedo se va a desarrollar en tres fases, según ha explicado Saldaña; una primera que es la redacción  de este Plan Especial, y que es la que cuenta con una mayor participación de la Administración Local; una segunda fase consistente en la dotación de las infraestructuras básicas y generales, bien mediante la iniciativa privada o público-privada; y la tercera que es la destinada a la comercialización y difusión del proyecto, en el que se trabajará de la mano con propietarios y empresarios.

PLAN ESPECIAL

Tal y como ha reseñado Agustín Muñoz, la Delegación de Urbanismo ya finalizó la redacción del Plan Especial y actualmente se está elaborando el Estudio de Impacto Ambiental que necesariamente acompaña a este tipo de documentos; una vez esté concluido la Junta de Gobierno Local aprobará inicialmente el Plan Especial, que deberá de recibir los informes sectoriales de las administraciones competentes antes de ser aprobado definitivamente por el Pleno.

El principal objetivo del Plan Especial es definir, de acuerdo con la normativa andaluza, las actividades que pueden ser consideradas como de Interés Público en la zona de viñedo, así como establecer las condiciones que éstas deberán cumplir. “Al ser un Plan Especial que sirve como paraguas legal a un amplio grupo de actividades, se evita tener que elaborar proyectos de actuación individualizados que alargarían los trámites”, ha señalado Agustín Muñoz.

Dentro de los tres tipos de usos y actividades que se recoge en el PGOU en suelo no urbanizable, el Plan Especial regulará en un único documento un amplio abanico de Actuaciones de Interés Público en suelo no urbanizable, que se dividen en cuatro grupos: viviendas vinculadas a explotaciones del sector primario, que podrán construirse en los espacios contemplados en el Plan y conforme a una serie de requisitos; el segundo grupo son bodegas e industrias vinculadas a los viñedos, las cuales se admitirán siempre que estén ligadas a la producción de la propia finca.

El tercer grupo de actividades regulados por este Plan Especial se relacionan con la implantación, en edificios ya construidos, de equipamientos y usos recreativos vinculados al medio rural o natural, como son centros ecuestres, granjas escuela y equipamientos  sanitarios, religiosos y educativos.

Y en cuarto lugar, se contempla un grupo de usos relativos a instalaciones hoteleras y hosteleras; en este  caso, con el fin de preservar el patrimonio ya existente, se contemplan actuaciones de rehabilitación en edificios para ventas, restaurantes, mostos y hoteles.

El PGOU contempla también otro grupo de usos considerados Actuaciones de Interés Público, si bien, para que se puedan instalar requieren de la tramitación de un plan específico, y por tanto no están regulados por este Plan Especial. Son actuaciones relativas a infraestructura de comunicaciones y servicios y al aprovechamiento de energía renovable que requerirán de una tramitación diferente.

Asimismo, el PGOU regula también usos que no se consideran Actuaciones de Interés Público, que son los que no requieren de un proyecto de actuación y, por tanto, no son objeto de este Plan y se pueden implantar directamente, pidiendo licencia.

La Comisión de Pleno de Presidencia celebrada esta mañana en el Ayuntamiento y presidida por el primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, ha dictaminado favorablemente una propuesta para que el Consistorio se adhiera a la ‘Plataforma A-2003’ que está reivindicando la reanudación y terminación de las obras de la carretera de La Barca. La propuesta, llevada a la comisión de Pleno por el gobierno municipal, se ha convertido en conjunta al adherirse a la misma el resto de los grupos políticos municipales.

La propuesta recuerda que la Plataforma fue constituida inicialmente por vecinos y vecinas de la zona rural y distintas asociaciones de vecinos, de mujeres, plataforma de indignados y federación ‘Sol Rural’ a la que se han adherido tanto los delegados de alcaldía  como los presidentes de las Entidades Locales Autónomas. Su principal objetivo es realizar acciones reivindicativas para exigir a la Junta de Andalucía la reanudación de las obras de la carretera de La Barca, entre Jerez y esta población. Los afectados denuncian la peligrosidad de esta vía que ha provocado ya numerosos accidentes así como el perjuicio para el desarrollo económico de la zona.

La Plataforma quiere aunar esfuerzos para exigir a la Junta de Andalucía que reanude las obras, que llevan paralizadas y acumulando un retraso de 63 meses, y las concluya.

Las obras de la carretera que une Jerez con las ELAs de Estella del Marqués y La Barca de la Florida y que se encuentran sin finalizar se han convertido en un peligro para las personas que circulan por dicha vía ya que hay tramos a medio construir en los márgenes que suponen auténticos desniveles que hacen que cualquier despiste suponga que los vehículos puedan sufrir una salida de la vía.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, el primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, y el delegado de Urbanismo, Agustín Muñoz, han recibido al nuevo director de la fábrica de Holcim en Jerez, Nicolás Ceulemans, para conocer los proyectos de la empresa cementera así como las actividades que tienen previsto emprender en los próximos meses. La primera edil ha aprovechado para felicitaral nuevo director de la empresa y le ha tendido la mano para seguir colaborando en las iniciativas que se pongan en marcha desde la cementera.

En el transcurso del encuentro se han abordado cuestiones relativas a la actividad de la empresa y se ha dado un repaso a algunas colaboraciones que se mantienen con el Ayuntamiento en actividades diversas, como es el caso de los proyectos de explotación de nuevas canteras de ‘margas’ y de arenas y gravas en Las Pachecas y la Barca, para lo cual se está trabajando conjuntamente con la Delegación de Urbanismo al objeto de preparar toda la documentación necesaria para su puesta en marcha.

La alcaldesa ha agradecido al nuevo director de Holcim “la contribución de esta empresa al tejido empresarial de Jerez así como la apuesta por la estabilidad del empleo que está haciendo la cementera, que a pesar de la crisis que está afectando a las empresas a nivel general, ha decidido mantener la plantilla con la que cuenta actualmente”.

También se ha abordado la próxima edición del Día de los Árboles y Áridos de Holcim Jerez, que consiste principalmente en la plantación de árboles en sus instalaciones de la ciudad;  con este acto, en el que participan autoridades locales, profesores y alumnos de centros escolares, se pretende contribuir en la regeneración del medio ambiente y a concienciar al alumnado en el cuidado y respeto a la naturaleza.

La Comisión de Pleno de Servicios a la Ciudadanía celebrada esta mañana ha abordado como asunto importe la adhesión del Ayuntamiento de Jerez al convenio para la creación de un Fondo Social de Viviendas, impulsado por el Gobierno central y suscrito con la Federación de Municipios y Provincias, la Plataforma del Tercer Sector y 33 entidades de crédito.

El portavoz del gobierno local, Antonio Saldaña, que ha comparecido en rueda de prensa con los delegados de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, y Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad, Agustín Muñoz, ha destacado que se trata de “una medida que demuestra la sensibilidad de este Gobierno municipal ante problemas de importante calado social y de los que somos conscientes de la necesidad de dar una respuesta. Es una medida solidaria con las familias en una situación de especial vulnerabilidad social”.

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La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha firmado un convenio de colaboración con el representante de la asociación de parados ‘Por el empleo y la dignidad laboral’, Miguel Ángel Oviedo, para la prestación voluntaria de asistencia y vigilancia en el estacionamiento de vehículos privados en los terrenos vacantes de la Hoyanca. En el acto ha estado también presente el primer teniente de alcalde de Presidencia, Antonio Saldaña.

La alcaldesa ha destacado, tras la firma del convenio, en una reunión posterior, que “se trata de un primer paso para ampliar las líneas de colaboración con esta asociación de parados, que se constituyó en octubre del año pasado”. Por su parte, el representante de la asociación de parados, Miguel Ángel Oviedo, ha agradecido al Ayuntamiento la firma de este acuerdo de voluntades. Asimismo, en el encuentro que han mantenido con la alcaldesa, el representante de la asociación le ha trasladado el deseo de seguir trabajando de la mano para ampliar la línea de colaboración con el Ayuntamiento.

EL ACUERDO

El acuerdo, que tendrá una vigencia de dos años a partir de hoy, establece las bases de la colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación para la prestación voluntaria y gratuita de asistencia y vigilancia al estacionamiento de vehículos privados en la vía pública por parte de voluntarios que sean miembros de este colectivo de desempleados. En concreto, la asistencia y vigilancia se realizará en los terrenos vacantes en la UE ‘Hoyanca’, ubicados en la barriada de El Agrimensor en la zona Sur.

Los voluntarios que realicen esta actividad irán convenientemente identificados con un uniforme y una placa. Esta actividad es voluntaria y gratuita, pero en caso de que los conductores de vehículos deseen aportar un donativo a estos vigilantes, recibirán a cambio un ticket en el que se especificará claramente que el donativo es una contribución a la asociación.

La asociación ‘Por el empleo y la dignidad laboral’ tiene, entre sus objetivos, defender, fomentar y mejorar los intereses generales y sectoriales de los asociados parados como destinatarios finales de las actividades, sociales, económicas, laborales y de fomento del autoempleo; recoger y servir de cauce de las reivindicaciones del conjunto de asociados parados para la consecución de los fines de encontrar un empleo y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores así como canalizar las inquietudes de los asociados, y hacerlas llegar a los organismos competentes.

El vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo, Antonio Saldaña, ha firmado un convenio con representantes de varias comunidades de propietarios de la  barriada de San Ginés que hará posible la reurbanización integral de la plaza Venus y la remodelación del aparcamiento subterráneo situado bajo la plaza, que se encuentra en estado ruinoso.

Antonio Saldaña ha señalado que desde Emusujesa y la Delegación de Urbanismo se ha estado trabajando en el último año en este convenio,  suscrito con los representantes vecinales de las Comunidades de Propietarios de los Bloques 15, 16 y 17 de San Ginés, que suman un total de 48 familias.

El acuerdo contempla la cesión a favor del Ayuntamiento de la superficie de la plaza Venus y el sótano, que actualmente es propiedad privada, posibilitando así la cooperación entre Ayuntamiento y vecinos para la rehabilitación del sótano como aparcamiento subterráneo y la reurbanización del espacio sobre rasante. Esta actuación supondrá una considerable  mejora en la calidad de vida de los vecinos y reactivación de la actividad comercial en los bajos de estos edificios.

La plaza Venus está situada junto a la confluencia de la Avenida Duque de Abrantes y la calle Federico García Lorca. La plaza da acceso a los tres bloques de viviendas citados que fueron construidos en la década de los 60 por el antiguo Patronato de Bodegueros de San Ginés de la Jara. Bajo la plaza, que se encuentra vallada desde hace 15 años, existe actualmente un sótano que nunca llegó a destinarse a aparcamiento subterráneo privado, y cuya propiedad corresponde a los vecinos.

Según ha explicado Antonio Saldaña, el techo del sótano presenta un alto grado de deterioro en sus elementos estructurales, con el consiguiente peligro de derrumbe de parte del forjado, por lo que la plaza es materialmente impracticable por motivos de seguridad desde hace muchos años, con el consiguiente perjuicio para vecinos y comerciantes.

Mediante este convenio, el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Urbanismo y Emusujesa, se encargará de la redacción de los proyectos técnicos y contratará las obras que se financiarán con las ventas de plazas de aparcamiento a los vecinos e interesados en adquirirlas.

El Ayuntamiento ha explicado que en la actualidad no cuenta con personal funcionario suficiente para cubrir todas las plazas de dirección de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), “situación que ha obligado a ocupar de manera provisional determinados puestos, tanto por funcionarios como por personal laboral”. No obstante, aclara que esta situación sólo está previsto mantenerla hasta la culminación del proceso de funcionarización que se espera iniciar el próximo mes de junio e incluso antes, siendo, por tanto, una medida provisional.

El Consistorio quiere dejar claro, por tanto, que la falta de funcionarios con los requisitos exigidos para cubrir determinados puestos es lo que ha provocado que algunos puestos hayan tenido que ser ocupados por laborales. Asimismo, explica que lo que cuestiona la Junta de Andalucía es un aspecto muy concreto de la RPT, provocado precisamente por esta falta de personal funcionario con los requisitos exigidos para ocupar determinados cargos, y no la generalidad del documento.

Ante esta situación y para evitar la paralización del Consistorio -mientras se realiza el proceso de funcionarización-, el Consistorio optó por cubrir determinadas plazas con trabajadores que, cumpliendo los requisitos exigidos para ocupar el cargo, no tienen en la actualidad la condición de funcionario, dejando claro que esto se hace de forma provisional, hasta que no se inicia el mencionado proceso.

El Ayuntamiento además ha iniciado ya los procesos, tras la aprobación en Junta de Gobierno Local, para la convocatoria de los concursos de mérito, cuyos baremos han sido consensuados con los sindicatos, así como para la libre designación. En este sentido, recuerda que el criterio general para todos los puestos de trabajo es el concurso de mérito, quedando sólo la libre designación, como un mecanismo excepcional para cubrir los puestos de naturaleza directiva así como aquellos que impliquen una especial relación de confianza. Igualmente, deja también claro que todo ello se está haciendo conforme a las bases de sus respectivas convocatorias.

El Ayuntamiento asegura que de no haberse cubierto estos puestos con funcionarios y personal laboral se hubiera paralizado en Consistorio al haberse aprobado la RPT de forma definitiva el pasado mes de septiembre.

El portavoz municipal y primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, ha destacado la importancia de que en el pliego de condiciones para la concesión de la gestión del servicio de abastecimiento de agua en baja, alcantarillado y depuración, en el término municipal de Jerez, el Ejecutivo local se haya mantenido firme en su compromiso de mantener la no subida del recibo por encima del IPC, salvo que otra  administración competente decida crear algún tipo de canon y el Ayuntamiento se vea obligado a aplicarlo con o sin concesión.

El mantenimiento de este compromiso quiere decir, según subraya Saldaña, “que los ciudadanos tienen garantizado por un período tan extenso, como son 25 años, que sólo se puede actualizar el IPC, lo que es una tranquilidad”. El portavoz municipal explica que “esto supone un compromiso firme al estar recogido en el pliego de condiciones que debe cumplir la empresa Aqualia si finalmente su oferta cumple los requisitos y se firma el contrato el próximo día 20”.

Saldaña asegura que “antes de este pliego no había nada garantizado para los próximos 25 años, lo que quiere decir que en todo este período de tiempo cualquier gobierno podría subir el recibo del agua, situación que desde el momento que se firme el contrato con la concesionaria queda garantizada, salvo que se cree un canon, que en ese caso daría igual que hubiera o no concesión”.

Por tanto, considera que “esto demuestra la voluntad del Gobierno del PP de velar siempre por el interés general de la ciudad con medidas siempre encaminadas a mejorar la situación económica de Jerez”.

Por último, ha destacado la importancia de que Aqualia sea una empresa solvente que garantiza la calidad del servicio que, según sus palabras, el objetivo prioritario del Gobierno, “prestar un servicio de calidad, en las mejores condiciones”.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, junto al primer teniente de alcalde y portavoz del gobierno local, Antonio Saldaña, el delegado de Impulso Económico, Francisco Cáliz, el delegado de Participación y Coordinación de Distritos, José Galvín, y la delegada de Educación y Juventud, Lidia Menacho, ha presidido la reunión preparatoria para la constitución del Consejo Social de la Ciudad. La creación de este órgano está prevista en el Reglamento de Participación Ciudadana con carácter consultivo y de participación en las políticas de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos. El mismo estará integrado por representantes de los agentes sociales y económicos más representativos de la ciudad de Jerez.

La reunión ha contado con la presencia de Sebastián Peña, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad; Rafael Tejada, secretario local de CCOO; Pedro Alemán, secretario local de UGT;  Juan Núñez,  director de la Confederación de Empresarios de Cádiz en Jerez;  David Cifredo, presidente de Facua Cádiz; Marcos Camacho, decano del Colegio de Abogados de Jerez;  Rafael Trujillo, presidente del Colegio de Administradores de Fincas; Luis Carrasco, del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz; y Miguel Ángel Otte, delegado en Cádiz del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, y Rafael Padilla, que ya ostentó el cargo de presidente del  Consejo Económico y Social.

Este último se incorporará también al consejo junto al presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, el director de Cáritas Diocesana, Francisco Domouso, y el profesor titular de la Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz, Manuel Arcila, como expertos que intervendrán también en el trabajo que se realice por parte de los representantes de las instituciones.

PRIMERA TOMA DE CONTACTO

La cita celebrada ha sido una primera toma de contacto personal entre los futuros miembros del Consejo, a los que la alcaldesa ha trasladado su deseo de contar con sus propuestas y sugerencias para que este órgano de participación cuente con las bases más sólidas que sea posible. El Consejo Social de la Ciudad se constituirá en el mes de febrero tras la aprobación definitiva del Reglamento de Participación Ciudadana, en el transcurso del Pleno celebrado el pasado mes de noviembre, y en cumplimiento de la Ley de Grandes Ciudades.

Para ello, en la reunión celebrada hoy se ha acordado llevar al Pleno del próximo 25 de enero la designación y constitución del Consejo Social de la Ciudad, para que pueda entrar en funcionamiento en la primera semana del mes de febrero, con el acto formar de constitución del mismo. La alcaldesa ha explicado que este órgano se constituye a partir de un reglamento marco aprobado en Pleno y que deberá ser ahora los miembros del Consejo los que elaboren el reglamento de funcionamiento interno.