Todas las asociaciones que representan a las alrededor de 19.000 personas con discapacidad que hay en la ciudad y la comarca se unieron ayer para dar la voz de alarma por la situación de pérdida de derechos y de disminución de la atención a la que les empujan los recortes y los impagos de la administración.

Estas entidades, casi una decena que suman entre todas cerca de 300 trabajadores y más de 100 voluntarios y atienden directamente a unas 1.000 personas, denuncia que desde hace ya años -”porque la situación no es nueva y ya arrastramos el problema desde 2008″- soportan una deuda acumulada por parte de las distintas administraciones de más de dos millones de euros. Una deuda que ya es insostenible y que de no mediar soluciones puede poner en jaque la continuidad de sus servicios.

Tras un cartel con el lema ‘Sos Discapacidad. No hay nada que celebrar’, el Defensor de la Ciudadanía,Francisco Reinoso, fue el encargado de leer el manifiesto en el que estas asociaciones aseguran que “se han encendido todas las alarmas” por la crítica situación que atraviesan. Las asociaciones que firman esta denuncia son Adifi (Asociación de personas con discapacidad física), Afanas, Afemen (Asociación de familiares y personas con enfermedad mental), Agdem (Asociación gaditana de esclerosis múltiple), Afa-Alzheimer La Merced, Asmelt (Asociación de solidaridad con los discapacitados psíquicos), Aspanido (Asociación de padres de niños con síndrome de Down) y Fundación Aspace Sur y Upace, dedicadas a la atención integral de personas con parálisis cerebral y trastornos afines. Junto a ellas las asociaciones de la zona rural, que dejaron claro que su situación es aún “más complicada y agónica”.

Fue el gerente de Afemen, Blas García, el que dejó claro que se ha hecho un esfuerzo conjunto de todas las asociaciones para crear una plataforma con una sola voz en defensa de los derechos de todas las personas con alguna discapacidad. Y lo hacen para defender los derechos del colectivo porque, como dijo la representante de Aspanido, Juana Zarzuela, “la discapacidad llegó tarde al Estado de Bienestar y ha sido la primera en salir”.

Todas estas entidades denunciaron que vienen sufriendo una pérdida progresiva de plazas en los distintos servicios concertados para discapacitados, tanto por las que no se renuevan al quedar libres, como de las previstas a corto plazo y ya habilitadas. Y recalcan que los recortes e impagos atentan directamente contra los derechos humanos. “Son logros irrenunciables que deben ser mantenidos a toda costa”, apuntaron.

Recordaron además que el impacto de la crisis económica y de empleo es mucho mayor en las personas con discapacidad y sus familias, por el mayor coste que supone para la economía doméstica la atención a este colectivo. “La crisis económica y social no puede servir de coartada o pretexto para reducir los apoyos y recursos que necesitan estas personas para poder mantenerse en la comunidad con un nivel de vida digno”, reza el manifiesto leído ayer.

Pusieron de relieve que son entidades que prestan servicios que debe cubrir la Administración,  ”que si los gestionara ella misma resultarían menos gravosos”. Y dejaron claro que los atrasos en los pagos hacen que esta labor asistencial corra un claro peligro de colapso, sobre todo en el ámbito de empleo, con la posible desaparición de entidades, por falta de financiación, lo que conllevaría un aumento de la exclusión social.

Tampoco dudaron en apuntar que “la crisis no puede servir de coartada para reducir los apoyos y recursos que necesitan estas personas para mantenerse en la comunidad con un nivel de vida digno”. Pero eso va a ocurrir si no hay solución porque los recortes repercuten precarizando los servicios que ofertan y poniendo en duda su propia continuidad”.

Por todo ello, Flaviano Valencia de Afanas dejaba claro que “la Administración tiene que priorizar cuáles son sus gastos. No es igual invertir en infraestructuras, que sí, que es importante y genera puestos de trabajo, pero es que las asociaciones que nos dedicamos a la labor asistencial también creamos empleo y además en Jerez estamos atendiendo a unas 1.000 personas. El poco dinero que tienen las administraciones tienen que saber distribuirlo”.

De ahí que acabaran celebrando el Día de la Discapacidad pidiendo un gran pacto de Estado para evitar el desmantelamiento de este sistema, y que se habilite un mecanismo extraordinario que dé fondos para saldar la deuda con estas asociaciones.

Críticas de Adifi al acto de ayer

Por su parte, la polémica del día estuvo en la convocatoria del propio acto de lectura del manifiesto, ya que una de las organizaciones firmantes, Adifi (discapacidad física), reprochó que no se había escogido un lugar adecuado para ello ya que se trataba de un local no adaptado al que no pudieron acceder. Su presidenta, María del Carmen Menacho, apuntó que “nos hemos visto coaccionados, porque queríamos hablar y no hemos podido”, y pidió sensibilidad dentro del propio colectivo hacia este tipo de situaciones.

La rotonda del Minotauro y la de la Venencia lucen unas curiosas cruces que simbolizan la ‘muerte’ de los derechos de los trabajadores. Sindicalistas de la CGT las han colocado como preludio de la huelga general del próximo día 14, animando así a todos los ciudadanos a que participen en la misma en contra de los recortes del Gobierno. Como ha explicado el secretario comarcal del sindicato, Juan González, el objetivo es llamar la atención sobre el paro generalizado previsto para el miércoles, día en el que la organización que representa junto con el SAT, la CNT y el Ateneo Libertario protagonizarán una manifestación a las 18.00 horas por toda la ciudad.

“Hemos hecho unas cruces con todos los derechos muertos en materia de sanidad, educación, justicia… Han sido derechos que hemos conseguido en muchas décadas y ahora nos los han usurpado en solo un año”. En este sentido, mencionó la privatización de la sanidad, los desahucios, el desempleo o el aumento en los costes de la matriculación universitaria como algunos de los “retrocesos” de los que han sido víctimas los ciudadanos. Todo un rosario de “injusticias” que según los sindicatos justifican la adopción de medidas drásticas como la huelga general.

“Hemos colgado carteles y daremos la máxima difusión posible a la huelga, para que todos los jerezanos se sumen a ella”. En este aspecto, las expectativas de los convocantes son amplias, y confían en un masivo seguimiento de la inminente protesta.

La inminente huelga de basuras que planea sobre Jerez se presenta como una de las más agresivas que se puedan llegar a vivir hasta el momento. A una solución que se prevé remota para un conflicto laboral muy complicado, se añade el hecho de que la Junta de Andalucía haya fijado unos servicios mínimos “que suponen una agresión para los jerezanos”, según el gobierno local. La escasez de medios con la que se van a afrontar los paros llega al punto de que el Ayuntamiento ha decidido presentar un recurso de reposición contra las medidas impuestas por la administración autonómica, como ya ocurriera con la huelga de limpieza en los colegios.

Como se recordará, los servicios mínimos se limitarán a un 10% con tres camiones que actuarán de noche solo en zonas de emergencia y el 20% de la plantilla, que lo hará en el resto de la ciudad en días alternos. A juicio del primer teniente de alcaldesa, Antonio Saldaña, se trata de una “utilización política” de la huelga por parte de la Junta, que se vale de ello para “castigar” a Jerez. “Ha fijado unos servicios mínimos solo del 10%, lo que está muy alejado de lo habitual en estos casos, que no suele bajar del 25%. Deberían haber garantizado unas mínimas condiciones de salubridad; con esto, en tres días en las zonas más pobladas se llegará al colapso”.

Ante esta delicada coyuntura, Saldaña ha hecho un llamamiento tanto a la empresa concesionaria, Urbaser, como a la plantilla, con la esperanza de que alcancen un acuerdo que paralice la protesta. “El Ayuntamiento está dentro de un plan de ajuste, precisamente para asegurar la viabilidad futura de los servicios, lo que pasa necesariamente por una reducción de los mismos del 20%. Sin embargo, este ajuste se puede producir sin medidas traumáticas”. Así, aludió a los 125 despidos anunciados por la compañía asegurando que se pueden abrir vías de negociación con alternativas satisfactorias para ambas partes.

Para justificar el recorte, informó de que en ciudades como Madrid el coste de este servicio es un 34% más barato que en Jerez; aquí, incluso, afirmó que un peón de Urbaser está situado en cuanto a salario un 23% más alto que otro trabajador de la misma categoría dentro de la estructura municipal. Por todo ello, pidió una mayor apertura al diálogo al tiempo que transmitió un mensaje de “tranquilidad” a los ciudadanos, garantizando que el gobierno local “adoptará las medidas necesarias para solventar los problemas económicos del Ayuntamiento y ofrecer servicios de calidad”.

La plantilla de Urbaser ha decidido en asamblea de forma unánime convocar una huelga indefinida del servicio de limpieza y recogida de basura a partir del 1 de noviembre. Los trabajadores de la concesionaria han reaccionado así a la decisión anunciada por el Ayuntamiento de recortar en un 20% el presupuesto para este servicio, lo que provocará la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaría 125 personas. El presidente del comité de empresa de la concesionaria, Juan Cazalla, ha apuntado que “los empleados están muy indignados y han dicho que vayamos a la huelga sin dudarlo ni un instante”.

“Nos han engañado, porque ya hace dos años y medio recortaron un 16% el presupuesto y perdimos personal, y ahora la alcaldesa (María José García-Pelayo), que en la oposición decía que todo iba a mejorar, mete el hacha también e incumple todos los acuerdos con la empresa y con nosotros”. Cazalla, que ha advertido que “los paros no se van a desconvocar a menos que se vuelva a aportar ese 20% de dinero para que el servicio salga adelante”, ha explicado hoy que además de esta huelga indefinida la plantilla secundará desde el próximo miércoles día 24 protestas diarias a las puertas del Ayuntamiento.

“UNA CIUDAD MÁS LIMPIA QUE ANTES”

Unas horas ates de la mencionada asamblea, la alcaldesa de Jerez había realizado unas curiosas declaraciones en las que asegura que, tras la aplicación del recorte presupuestario en la concesionaria, “la ciudad estará más limpia que antes”. Como ha argumentado María José García-Pelayo, la bajada de 3 millones de euros anuales de estas partidas (pasando de 24 a 21 millones) propiciará el pago riguroso de las cuotas a la empresa, que, como ha recordado, el pasado año sin ir más lejos no cobró ni un euro de las arcas municipales. Ello facilitará a su vez el abono de las nóminas del personal, lo que a su juicio redundará en la mejora del servicio que se preste al ciudadano.

“Nos hemos reunido con Urbaser, les hemos trasladado la necesidad de reducir el presupuesto y la empresa no ha puesto objeciones. Eso no significará que la ciudad esté menos limpia, puesto que el servicio se prestará con total normalidad. Es más, a partir de primeros de año Jerez estará más limpia, puesto que el nuevo presupuesto nos permitirá pagar todos los meses”. García-Pelayo ha querido puntualizar que el recorte llevado a cabo en este servicio responde a una política general de austeridad que engloba también al resto de empresas municipales, a las que como ha incidido se les ha reducido el presupuesto un 20% y no un 25%, como aseguran desde la concesionaria de limpieza. “Este Ayuntamiento tiene que ahorrar y no se puede hacer todo en el capítulo 1 de personal, también hay que recortar servicios”, ha declarado subrayando que éstos se prestarán en las mejores condiciones posibles.

En lo que respecta a los 125 despidos anunciados por Urbaser tras el recorte presupuestario del Consistorio, la alcaldesa ha reconocido que “lo ideal es que no se produjera un solo despido” si bien ha depositado la responsabilidad de ello enteramente en la empresa. “Desde aquí les pido que antes de tomar decisiones drásticas se sienten y negocien, pero los planteamientos con los trabajadores son ajenos al Ayuntamiento”. En esta línea, también ha ‘culpado’ al gobierno anterior del convenio firmado en su día con esta concesionaria, ya que si es cierto que el servicio se prestará igualmente o incluso mejor con menos financiación existe un problema de base en los términos de la concesión.

PAGO A BOMBEROS

En la misma comparecencia, la regidora jerezana ha confirmado que ya se ha abonado una parte de la nómina pendiente a la plantilla de bomberos. Concretamente, se han ingresado 750 euros y el equipo de gobierno confía en que la semana próxima se abone el resto, de tal forma que en noviembre se pueda liquidar la de octubre y los pagos se pongan al día. En lo que respecta al conflicto con el Consorcio Provincial de Bomberos, ha reiterado su confianza en que el expediente de expulsión de Jerez que aún sigue abierto se paralice cuando se presente un plan de financiación de la deuda que mantiene la administración local con la provincial, un paso crucial que se producirá el próximo lunes.

Alrededor de un centenar de personas ha acudido esta noche a la asamblea nocturna convocada por la Plataforma de docentes andaluces por la educación en el IES Asta Regia. La marea verde -por el color de sus camisetas reivindicativas-  ha reproducido esta misma cita en otras localidades de la provincia como Sanlúcar, San Fernando, Conil y El Puerto de Santa María para consensuar las acciones de protesta que emprenderán en las próximas semanas de forma conjunta.

Los representantes en Jerez aseguran que se trata “del punto de partida” de las futuras movilizaciones. La asamblea ha comenzado pasadas las nueve de la noche y durará “lo que sea necesario” aunque en principio no han previsto pernoctar en el centro. En el encuentro se van a recoger las propuestas de los docentes y los padres, que ya se están uniendo a la causa. Minutos antes de que diera comienzo la sesión, ya circulaban entre los asistentes algunas ideas con fuerza como la de realizar “paros intermitentes de dos horas diarias para que se visibilice el problema pero que no perjudique a los alumnos”. De hecho, ya se están llevando a cabo pequeñas acciones, como las concentraciones todos los miércoles en los centros, que se verán reforzadas en breve.

Los recortes

Según explican desde el colectivo, los recortes económicos han dejado a los institutos de Jerez con una media de entre cinco y seis profesores menos por centro (10%), lo que dificulta el normal desarrollo de la actividad académica. En total, son unos 120 los interinos que el curso pasado estaban trabajando en la ciudad y ahora están en el paro. Tampoco se sustituyen las bajas con la celeridad habitual. Las primeras consecuencias de estos recortes son el crecimiento de la ratio (el número de alumnos por aula) y la pérdida de programas como el de refuerzo escolar.

Esta marea de encierros en toda la provincia se produce justamente la misma semana que otras protestas en el mismo sector, como la del Sindicato de Estudiantes, que ha convocado huelga para el martes, miércoles y jueves.

Alrededor de un centenar de profesionales sanitarios del Hospital de Jerez y del resto de la provincia han secundado hoy la protesta convocada por la plataforma compuesta por los sindicatos FSP-UGT, CC OO, CSIF, USAE, USO y Satse. Los participantes se han concentrado a las puertas del centro sanitario y seguidamente han interrumpido el tráfico de la antigua Nacional IVdurante unos minutos, con el consiguiente caos en el tráfico.

El representante de CC OO, José Antonio Aparicio, mostró su malestar porque “en este hospital no tenemos garantía de que todas las camas que se cerraron en verano se vayan a reabrir ni tenemos datos de la actividad quirúrgica”. Creen que “las listas de espera se van a incrementar en las próximas fechas” y calculan que “el recorte de personal se ha multiplicado por dos en comparación con el mes de junio”. Desde el sindicato de Enfermería Satse, María Alaminos explica que “la pérdida de puestos de trabajo perjudica claramente al usuario y se va a empezar a notar, por ejemplo, en las listas de espera”. A su juicio, los directivos “deben ser conscientes de que los recortes afectan a los pacientes, no solo a los profesionales”. Sebastián Cantos, desde CSIF, augura “las medidas que está tomando la administración no solo no va a sacarnos de la crisis sino que la ahonda”. Explica que “faltan ciertos materiales y los que se están comprando son de peor calidad“, además de la falta de camas y el aumento del tiempo de espera. Desde USO Javier Hernández insiste en que “hay otras maneras de adelgazar los presupuestos, por ejemplo, adelgazando la administración“. Por último, desde UGT Guillermo López resume el objetivo de la convocatoria: “Hacer un llamamiento a la ciudadanía porque los recortes en sanidad desmantelan el estado del bienestar”.

La protesta terminó con la entrega al director del hospital, Manuel Herrera, del manifiesto de la plataforma. Ante las peticiones de los sindicatos, el responsable se comprometió a tener informados a los trabajadores y a consensuar la aplicación de todas aquellas medidas que les afecten.

Hoy es 2 de octubre, día de los Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional. Lo que debería ser una jornada lúdica y de celebración para los agentes se convertirá en un verdadero acto reivindicativo, ya que funcionarios de diversos puntos como Jerez tienen previsto trasladarse a Cádiz, donde se conmemorará de manera oficial, para protagonizar una concentración de protesta. Así lo han confirmado desde la sección del Sindicato Unificado de Policía de la Comisaría jerezana, donde consideran que el 2 de octubre es “el día del robo a los policías debido a la cantidad de recortes a los que nos han sometido”.

Concretamente, se muestran indignados por la supresión de la paga de Navidad y la congelación de los sueldos al tiempo que recuerdan que el Cuerpo Nacional de Policía tiene la media salarial más baja de toda España en relación con el resto de Fuerzas de Seguridad. Asimismo, aluden nuevamente a falta de recursos materiales y humanos e incluso denuncian prácticas “de dudosa legalidad” y “corruptas” en nombramientos, destinos y ascensos, entre otros. “Hay ceses arbitrarios y ajustes de cuentas por razones políticas, y hay concesión de medallas a los amigos en desprecio de los profesionales”, lamentan.

Junto a ello y como ya publicara Reporteros Jerez, hay que señalar que los policías de esta Comisaría se gastan alrededor de 500 euros en equipamiento para su propia seguridad y el desarrollo de su trabajo, que les debería ser facilitado por el Cuerpo. En cuanto a las dependencias policiales, el propio subdelegado del Gobierno en Cádiz reconoció en una visita reciente a la ciudad que la Comisaría presentaba un estado cuanto menos mejorable para que los profesionales desarrollen su labor en condiciones dignas. Todo un rosario de despropósitos por el que hoy, día del patrón, más que celebrarlo penarán por las condiciones laborales que padecen y la falta de consideración con la que se sienten tratados.

La Comisión de Pleno de Personal, Seguridad y Movilidad, presidida por el segundo teniente de alcalde, Javier Durá, ha dictaminado favorablemente la propuesta de la renuncia a la paga extraordinaria de diciembre por parte de los miembros de la Corporación municipal. La propuesta, que será debatida en el Pleno ordinario del próximo viernes, ha contado con los votos favorables de todos los grupos políticos, excepto el PSOE que ha votado en contra de la misma, según informa el propio Ayuntamiento a través de un comunicado. Eso sí, desde la formación socialista se han apresurado a aclarar que dicho voto en contra se ha debido a “un error”, al pensar que se trataba de quitar la paga extra a los funcionarios y no a los miembros de la Corporación municipal.

La propuesta, presentada por el gobierno municipal, se basa en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de junio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad que suprimió la paga extraordinaria de diciembre para los empleados públicos. A partir de la publicación del mencionado decreto, se han adoptado acuerdos por parte del Congreso de los Diputados, Senado, asambleas legislativas de comunidades autónomas, diputaciones provinciales, ayuntamientos, por los que los miembros electos de dichas administraciones públicas han renunciado voluntariamente a la percepción de sus respectivas pagas extraordinarias de diciembre, como gesto de solidaridad con los empleados públicos afectados por la supresión y como medida añadida a las adoptadas por el Gobierno central para la contención del gasto público.

En este sentido, la propuesta señala que “la Corporación municipal jerezana no puede permanecer ajena a la expresada realidad, máxime cuando tanto la situación general de la economía, como la particular del Ayuntamiento de Jerez, están determinando la exigencia de especiales sacrificios a la plantilla municipal. Por ello se traslada al Pleno la conveniencia y oportunidad de la renuncia, en la línea antes apuntada, a la paga extraordinaria de diciembre por parte de los miembros de la Corporación, mediante la detracción de una catorceava parte (1/14) de las retribuciones acordadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 21 de junio de2012, adescontar en la nómina del mes de diciembre de2012”.

Como se recordará, en aquella sesión plenaria, que fuera la primera extraordinaria de la actual legislatura, se aprobó un importante recorte en las retribuciones a los cargos municipales, que implicó que la estructura municipal redujera su coste en un 40 por ciento.

El Partido Popular de Jerez afirma que la política de recortes que está llevando a cabo el gobierno del bipartito andaluz PSOE-IU puede acabar con la asistencia jurídica gratuita. El motivo -según denuncian los populares- es la asfixia económica, vía impagos y recortes retributivos, a los 225 abogados y procuradores que prestan servicios en el Turno de Oficio en Jerez.

Según el PP, el gobierno andaluz comunicó a finales de julio a los Colegios Profesionales que culmina una Orden para eliminar los baremo de retribución, por lo que se prevé incrementar los servicios, pero reducir las compensaciones hasta un 18%. Los populares explican que la Junta “aprovechó el mes de agosto” para imponer su criterio, intentando evitar que los profesionales pudieran acceder al trámite de audiencia.

Para el PP, “son argucias del consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, para imponer a los abogados y procuradores que prestan servicios de asistencia jurídica gratuita en el Turno de Oficio y en el Turno de Guardia, una serie de modificaciones en las retribuciones que supondrían prácticamente el desmantelamiento de estos servicios”.

Plazo insuficiente

Concretamente, la Junta elaboró esta orden a finales de julio y la trasladó a los profesionales a tres días hábiles del inicio del periodo de inactividad del mes de agosto. En este sentido, el PP destaca que el plazo que ha dado la Junta para evaluar el informe es de siete días, algo que “vulnera la normativa” recogida en la Ley 6/2006 de 24 de octubre, que establece con claridad que el plazo no debe ser inferior a quince días, lo que, a juicio de los populares, provoca la nulidad de la Orden.

El PP explica, asimismo, que esta reducción retributiva, que en algunos casos llega al 18% –el 10% de recorte directo más el 8% a consecuencia de la no actualización del IPC en los últimos años-, se ha planteado sin haber saldado la deuda que la Junta mantiene con los Colegios de Abogados y profesionales que prestan estos servicios, ya que “aún deben el 50% de los gastos de infraestructuras de 2011, el 50% del cuarto trimestre del pasado año, así como tampoco se ha liquidado ningún servicio correspondiente al ejercicio de 2012″

Por último, el PP considera irresponsable que, en lugar de buscar otros mecanismos de contención y corrección del gasto, ese incremento de servicios lo asuman sólo los profesionales que los prestan, en lugar de asumirlos la Administración obligada a prestarlos.

No corren buenos tiempos para el sistema judicial, que ha sufrido con especial intensidad los recortes emprendidos por el Gobierno. Ahora, a las protestas de los funcionarios se han sumado las de jueces y fiscales, que consideran usurpados sus derechos a raíz de las modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial planteadas por el Ministerio. Un indignado Juan José Parra, decano de los magistrados de la ciudad, compareció esta mañana tras la Junta General de Jueces y advirtió de que los profesionales adoptarán medidas drásticas contra lo que supone “un ataque a la independencia judicial”.

“Las propuestas de reforma de este ministro nos quitan la categoría de autoridad y nos convierten en peleles -sentenció-. No se trata de una reclamación salarial; sentimos que existen al menos cinco puntos en los que directamente se nos ataca”. En concreto, se refirió a la ausencia de voluntad política para modernizar la Justicia en España, la falta de inversión en esta materia, la congelación de plazas judiciales, la lentitud e ineficacia del sistema y la carencia de un estudio real que determine la carga de trabajo en cada juzgado, dada la saturación existente.

Además de esto, también aludió a los recortes salariales y estatutarios “brutales” y a la “descoordinación general” en la gestión judicial, lo que ha llevado a que jueces de toda España se unan para hacer frente común en las protestas. En lo que se refiere a los 24 pertenecientes al Partido Judicial de Jerez, esta mañana acordaron por unanimidad que darán a las autoridades un margen de 15 ó 20 días para que reconsideren el Anteproyecto de Ley propuesto. Si sigue adelante, los magistrados emprenderán acciones de presión que empezarán con una huelga y paros de la actividad a lo que, según Parra, también se adherirán los fiscales por encontrarse en similar situación.

Todo ello, supondrá una paralización de la administración que tendrá importantes consecuencias para el ciudadano. “Se dará una situación bastante grave -reconoció el magistrado-. En este sentido lamentamos el perjuicio que ello pueda causar, pero tenemos que luchar porque las nuevas medidas supondrán un retroceso de todos los derechos ya conseguidos”.