El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto en conocimiento de la UE “los graves episodios de ataque al Estado de Derecho” en España tras los acuerdos alcanzados por el PSOE con ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno, remitiendo a las autoridades comunitarias las dos declaraciones adoptadas en este sentido por el órgano de gobierno de los jueces. Leer noticia completa

Los juicios que estaban señalados para hoy han sido suspendidos y todo el que ha acudido al Colegio de Abogados para recibir asistencia gratuita se ha visto obligado a esperar aún más de lo habitual. La razón es el parón que ha sufrido prácticamente todo el sistema judicial jerezano debido a la huelga de jueces y fiscales y a la concentración de los abogados a las puertas de los juzgados. Los magistrados, como ha confirmado su decano, Juan José Parra, han secundado los paros de forma masiva, ya que los 18 jueces de los órganos unipersonales y 4 de la Audiencia Provincial han frenado su actividad, por lo que se han quedado al margen únicamente de dos profesionales. Por tanto, solo han funcionado los servicios mínimos y las guardias.

Los fiscales, por contra, se han sumado en mucha menor medida a una huelga organizada para reivindicar que se paralice la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluye la eliminación de los jueces sustitutos, la pérdida de vocales y un cambio en la forma de elección de la carrera judicial que supone según los afectados una “politización” del sistema. Curiosamente, los abogados también han hecho referencia a este término aunque su protesta se ha centrado en una concentración a las puertas del edificio de Tomás García-Figueras, auspiciada por la Plataforma Justicia Para Todos.

En esta caso, como ha explicado el decano de los letrados, Marcos Camacho, se reivindica la constitución de una mesa de diálogo que reúna a todos los operadores implicados y que se derogue la controvertida Ley de Tasas, una petición a la que se ha sumado incluso la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. En lo que respecta al hecho de que cada colectivo se manifieste por separado, Camacho le ha restado importancia declarando que “no hay división entre unos y otros, solo que cada uno reivindica sus necesidades”.

La inmensa mayoría de los jueces que ejercen su actividad en Jerez secundará la huelga que a nivel nacional ha convocado el colectivo para este martes 20. Concretamente, solo dos magistrados trabajarán y los juzgados contarán únicamente con los servicios mínimos, lo que implica que se suspenderán todos los juicios señalados. Así lo ha confirmado el juez decano, Juan José Parra, recordando que los paros han sido organizados para protestar por “la invasión política” que se está produciendo en la Justicia, algo que para los profesionales se ha materializado en la modificación que pretende implantar el Gobierno de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

“Protestamos por la forma de elección de la carrera judicial, la pérdida de vocales, la eliminación de los jueces sustitutos y, en definitiva, por el destrozo del sistema que supondrán las nuevas medidas impuestas por el Gobierno central”. De esta forma los jueces pretenden desmarcarse de las concentraciones convocadas por la Plataforma Justicia Para Todos, que integra al Consejo General de la Abogacía, haciendo hincapié en que ellos tienen sus propias reivindicaciones que son independientes de las de los letrados, especialmente en lo que a la Ley de Tasas se refiere. Como se recordará, a la huelga están llamados tanto magistrados como fiscales, aunque se prevé que estos últimos no la secunden en la misma medida que sus compañeros.

En cuanto a los abogados, su decano Marcos Camacho ha confirmado que se concentrarán mañana durante una hora a las puertas de los juzgados de Tomás García-Figueras, por lo que consideran un modelo de Justicia “impuesto y no negociado”. Algunas de sus reivindicaciones pasan por exigir que no se privatice el servicio, que se derogue la Ley de Tasas y que se dialogue con los directamente implicados en el funcionamiento del sistema de Justicia. Una jornada de protestas, por tanto, en la que cada colectivo se movilizará a su modo y luchará por defender una prioridades que parecen no ser las mismas según de quien se trate.

Los juzgados de Tomás García-Figueras han registrado un intenso movimiento desde el mediodía por la protesta en la que, por vez primera, han unido fuerzas los jueces, fiscales, abogados, secretarios y el resto del funcionariado con el fin de reivindicar un sistema judicial “digno” para profesionales y ciudadanos. Juntos, pero no revueltos, puesto que si bien el lema de la concentración llamaba a la unidad “contra el ataque a la independencia judicial”, los magistrados han querido hacer un aparte para desvincularse del resto, dejando claro que cada colectivo se mueve por sus propios intereses.

Así, el juez decano, Juan José Parra, ha querido puntualizar que, como ya publicara Reporteros Jerez, los profesionales que representa no son contrarios a una Ley de Tasas como tal, puesto que para descongestionar el nivel de litigiosidad sí se hace necesaria la imposición de una tarifa a la hora de interponer recursos. Sin embargo, los magistrados abogan por unas tasas “disuasorias” de cantidades que nada tienen que ver con los 1.200 euros que se han de pagar en algunos casos. Además de ello, Parra ha recordado las reivindicaciones de los jueces como la retirada de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la autonomía presupuestaria del Consejo y la Fiscalía, el aumento de la planta con jueces y fiscales o la determinación de la carga de trabajo.

La plataforma que aglutina a los diversos sindicatos del funcionariado público del sistema judicial, por su parte, sí ha puesto el acento en la “naturaleza abusiva y perturbadora” de la Ley de Tasas, mostrando su oposición a la privatización del Registro Civil, la falta de financiación y medios materiales y humanos y la ausencia de modernización de los juzgados. Esta plataforma ha iniciado una recogida de firmas contra todo ello, incluyendo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que culminará el 19 de enero con la entrega de las rúbricas en el Ministerio de Justicia, junto con un apagón informático que tendrá lugar en toda la red nacional el 20 de diciembre.

El decano del Colegio de Abogados, Marcos Camacho, ha estado presente en la concentración y ha abogado por la unidad de todos los colectivos contra lo que considera una “degradación” del sistema por parte del ministro Gallardón, adalid de unas reformas que han indignado a todos por igual. Aunque reconoce que cada grupo profesional ha resultado perjudicado de una manera específica, ha insistido en la necesidad de hacer un frente común argumentando que “hoy no es el día para las reivindicaciones de cada uno”.

El juez decano de Jerez, Juan José Parra, calificaba la concentración frente a los juzgados de Tomás García-Figueras de “histórica”. Y no le faltaba razón si se tiene en cuenta que es la primera vez que los diversos profesionales de la Justicia hacen frente común para impedir lo que ellos consideran “abusos en toda la regla”. Jueces, abogados, fiscales, secretarios y procuradores protagonizaron una protesta que congregó a un centenar de personas para mostrar su total disconformidad, entre otras cosas, con la controvertida Ley de Tasas que tiene en jaque no solo a ellos sino a toda la ciudadanía. Una ley cuya aplicación, de momento, ha quedado en suspenso pero que supondrá un radical aumento de los costes en los procedimientos para los interesados.

En virtud de la norma del ministro Gallardón, todo aquel litigante que desee interponer un recurso deberá pagar unas tasas que pueden alcanzar los 1.200 euros, lo que según los profesionales dividirá el sistema en “justicia para pobres, y justicia para ricos”. “Nosotros apostamos por la eliminiación de la ley -explicó Parra-. No obstante, se pueden propugnar unas tasas disuasorias pequeñas, pero nunca este gravamen”. En concreto, aludió a la posibilidad de fijar unas tarifas que oscilaran entre los 30 y los 50 euros, dependiendo del tipo de recurso que se quiera interponer. Manuel Ferrer, diputado segundo del Colegio de Abogados, apoyó las palabras del juez insistiendo en que para su colectivo ha supuesto “un palo enorme” la aprobación de una ley que según advierte obstaculizará el acceso a la Justicia de un buen número de ciudadanos.

Junto a esta reivindicación, Parra señaló otras tantas que comparten todos los representados en la protesta como el aumento de plantilla, la determinación de carga de trabajo en relación a la población que se asista, mayor agilidad en la organización y una inversión adecuada al servicio público que se presta. El cabeza visible de los abogados quiso recordar, por su parte, la “precaria” situación en la que se encuentran los letrados del turno de oficio, que no han cobrado un solo euro por los servicios prestados en lo que va de año y a los que se les acaba de reducir el sueldo en un 10%. Por todo ello, los abogados se plantean incluso dejar de prestar este servicio, algo que podrían oficializar de manera definitiva en la inmente asamblea que llevarán a cabo el próximo martes.

A la plantilla de los juzgados jerezanos se le acumulan las protestas. Mientras se suceden los llamados ‘Viernes Negros’ por los recortes en materia judicial, ahora se une un nuevo calendario de movilizaciones que verá la luz en los próximos días contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como han explicado fuentes del Sindicato Profesional de Justicia a Reporteros Jerez, esta modificación, aprobada el pasado 11 de octubre, supone la eliminación de: seis días de permiso por asuntos particulares, vacaciones adicionales por antigüedad, la paga extraordinaria de Navidad y el abono del 100% del salario en los casos de baja temporal, además del establecimiento de movilidad geográfica obligatoria.

Unas medidas que el colectivo considera que constituyen una “agresión intolerable” a los derechos de una parte del funcionariado como son los secretarios judiciales, médicos forenses, gestores, tramitadores y auxiliares. Y aquí precisamente está la raíz de su denuncia, ya que a una determinación de por sí “injusta” se añade el hecho de que sea aplicada solo a algunos de los funcionarios, excluyendo de ello a los jueces y magistrados. Según el SPJ, ello supone un trato “diferenciado y discriminatorio” puesto que estos últimos sí dispondrán de 12 días de permiso y se les abonarán entre 1.500 y 2.750 euros por las sustituciones, con lo que se compensará la eliminación de la paga extra.

Por todo ello, el funcionariado afectado está organizando un calendario de actuaciones de protesta a nivel nacional que serán secundadas por todo el personal jerezano. Los jueces, por su parte, amenazaron hace unas semanas con convocar una huelga que paralizase el sistema debido precisamente a estas reformas que también consideraban como un ataque a sus derechos. Después de que el Ministerio les haya excluido de los recortes más drásticos, todo parece indicar que los paros no se llevarán a término y ello al menos beneficiará a los ciudadanaos, que no verán mermada la asistencia.

No corren buenos tiempos para el sistema judicial, que ha sufrido con especial intensidad los recortes emprendidos por el Gobierno. Ahora, a las protestas de los funcionarios se han sumado las de jueces y fiscales, que consideran usurpados sus derechos a raíz de las modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial planteadas por el Ministerio. Un indignado Juan José Parra, decano de los magistrados de la ciudad, compareció esta mañana tras la Junta General de Jueces y advirtió de que los profesionales adoptarán medidas drásticas contra lo que supone “un ataque a la independencia judicial”.

“Las propuestas de reforma de este ministro nos quitan la categoría de autoridad y nos convierten en peleles -sentenció-. No se trata de una reclamación salarial; sentimos que existen al menos cinco puntos en los que directamente se nos ataca”. En concreto, se refirió a la ausencia de voluntad política para modernizar la Justicia en España, la falta de inversión en esta materia, la congelación de plazas judiciales, la lentitud e ineficacia del sistema y la carencia de un estudio real que determine la carga de trabajo en cada juzgado, dada la saturación existente.

Además de esto, también aludió a los recortes salariales y estatutarios “brutales” y a la “descoordinación general” en la gestión judicial, lo que ha llevado a que jueces de toda España se unan para hacer frente común en las protestas. En lo que se refiere a los 24 pertenecientes al Partido Judicial de Jerez, esta mañana acordaron por unanimidad que darán a las autoridades un margen de 15 ó 20 días para que reconsideren el Anteproyecto de Ley propuesto. Si sigue adelante, los magistrados emprenderán acciones de presión que empezarán con una huelga y paros de la actividad a lo que, según Parra, también se adherirán los fiscales por encontrarse en similar situación.

Todo ello, supondrá una paralización de la administración que tendrá importantes consecuencias para el ciudadano. “Se dará una situación bastante grave -reconoció el magistrado-. En este sentido lamentamos el perjuicio que ello pueda causar, pero tenemos que luchar porque las nuevas medidas supondrán un retroceso de todos los derechos ya conseguidos”.