El Ayuntamiento, “en aplicación del dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía”, ha dictado la correspondiente resolución por la que declara la nulidad del decreto firmado por Pedro Pacheco en 1987 que nombraba funcionarios a 93 empleados municipales, de los cuales quedan en activo 44. En un comunicado señala que, según pone de manifiesto este dictamen, “la adjudicación de puestos de funcionario se hizo al margen de todo procedimiento selectivo con infracción de los principios de publicidad, concurrencia e igualdad”. Por este motivo, concluye que los nombramientos son totalmente ilegales por concurrir en ellos “causa de nulidad de pleno derecho”.

El gobierno local apunta que el expediente para declarar nulos estos nombramientos se inició después de que la Delegación de Personal detectase la existencia de esta resolución que hacía funcionarios a 93 empleados laborales “sin que constase la realización de prueba selectiva alguna, y que además iba acompañada de un informe del por entonces secretario general del Ayuntamiento que advertía de la ilegalidad del proceso”.

A principios de este mes de junio el Consejo Consultivo remitió su dictamen al Ayuntamiento, y en conformidad con los motivos expuestos, se ha dictado la resolución que declara nulo estos nombramientos. Además de este dictamen, la resolución ha tenido en cuenta los distintos informes emitidos por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. “Estamos cumpliendo con nuestra obligación de denunciar cualquier ilegalidad que detectemos, y al ser preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía nos hemos sometido a lo que dijera este órgano”, ha señalado el delegado de Personal, Javier Durá.

REUNIÓN CON AFECTADOS

Esta misma mañana de martes, Javier Durá se ha reunido con un grupo de funcionarios afectados para explicarles cómo queda su  situación laboral tras este dictamen.  En la reunión les ha explicado que a partir de ahora pasarán de ser funcionarios a ser laborales, conservando sus actuales retribuciones y puestos actuales.

Se sienten un colectivo “maltratado” por la administración pública. Ya sea regional o central, ninguna de ellas se escapa a las críticas del funcionariado que afronta estos malos tiempos con pesimismo y con múltiples críticas desde todos los ámbitos. Así, profesionales de la sanidad, la educación y la Agencia Tributaria, entre otros, se han concentrado en la Plaza de las Marinas para protestar por su situación laboral y reivindicar que la administración les restituya algunos de los derechos que consideran usurpados. Como explicó el delegado de CSIF en Hacienda, Juan del Río, los funcionarios no solo están siendo víctimas de brutales recortes económicos sino también de prestaciones y personal.

“Se amortizan muchos puestos, se jubilan trabajadores y no se sustituyen esas plazas. En la Agencia Tributaria, por ejemplo, eran 27.000 los funcionarios cuando se creó y ya vamos por 21.000″. Una llamativa reducción que repercute en la asistencia que se presta al ciudadano, muy resentida en cuestiones como el asesoramiento para realizar la declaración de la renta, que este año empezará 15 días más tarde con lo que serán muchos los solicitantes que tengan que renunciar a ese servicio. Todo ello conlleva, además, una sobrecarga de trabajo difícil de asumir y con las lógicas consecuencias, puesto que la resolución de la renta está demorándose hasta cuatro meses y aún son muchos los ciudadanos que no han recibido lo que se les adeuda del ejercicio anterior.

Junto a ello, Del Río mencionó la falta de modernización de los sistemas de trabajo, las largas listas de espera en sanidad y el déficit de camas, así como los recortes sufridos en educación que perjudican al alumnado. “Lo que pedimos es que se potencie el que se sustituyan las bajas del funcionariado y no se nos sobrecargue de trabajo. Bastante tenemos con las reducciones económicas; lo que no puede ser es que nos sintamos maltratados por la administración”.

La decisión de la Junta de Andalucía de cerrar todos los registros civiles de la comunidad ha levantado ampollas entre el funcionariado, que por boca del Sindicato Profesional de la Justicia de Jerez ha criticado duramente una medida “unilateral” y “perjudicial para los ciudadanos”. Según el colectivo, la decisión fue adoptada el pasado 23 de enero sin tener en cuenta la oposición de todas las organizaciones sindicales, alegando motivos económicos. Una justificación que no terminan de entender los afectados, que argumentan que el coste de este servicio ya estaba presupuestado con 2,3 millones de euros. Una vez que se ha suprimido, han preguntado a la administración cuál será el destino de esa partida “pero no han sabido o no han querido contestar”.

Una circunstancia que ha indignado al SPJ, que lamenta el “notable perjuicio” que esta reducción causará a los usuarios. En esta línea, señalan a las personas de la tercerda edad como las afectadas, alegando que deberán aguardar colas de horas durante la mañana para la expedición de certificaciones de fe de vida, una gestión que en la tarde se realiza en cinco minutos. También sufrirán un revés aquellos que por motivos laborales no puedan acudir al registro en horario mañanero y, en general, todos los que soliciten cualquier tipo de trámite, pues las esperas se auguran largas. Los ciudadanos, no obstante, no serán los únicos perjudicados ya que el sindicato asegura que la iniciativa conllevará un aumento de la sobrecarga de trabajo del personal.

“De nada han servido las decenas de informes realizados por jueces y secretarios judiciales de toda Andalucía, solicitando que no se procediera a esta medida pues se estaba prestando un servicio modélico”, se lamentan. “Además, conllevará una inevitable dilación y retraso en la gestión de temas importantes como la averiguación de datos registrales en el caso de los bebés robados”. Junto a todo ello, tampoco olvidan el nuevo recorte de retribuciones que supondrá para el personal, que ya en 2013 afronta otra reducción del 5% en el salario con lo que se eleva a un 20% menos lo que percibirán cada mes. “La Junta pone así su granito de arena en la carrera por desmantelar un servicio público y que culminará el Gobierno central con la privatización de los registros”, sentencian.

El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía han llegado a  un acuerdo para introducir una modificación en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) “sobre un aspecto muy concreto del documento, con el que se evita recurrir a la vía contencioso-administrativa, además de garantizar el funcionamiento del Consistorio”, según ha anunciado el gobierno municipal a través de un comunicado. Apunta en el mismo que el acuerdo “ha sido posible por la vía del diálogo tras cuestionar la administración autonómica un aspecto determinado del documento, motivado por la falta de funcionarios, y no la generalidad del documento”.

El Ayuntamiento agradece “la predisposición al diálogo” mostrada por la Junta de Andalucía, ya que “este acuerdo evita que se paralice el Ayuntamiento tras la aprobación de la RPT, el pasado mes de septiembre, y resuelve una situación que ya el Ayuntamiento preveía como transitoria, dada la situación actual de falta de funcionarios”.

Recuerda también que en la actualidad el Ayuntamiento cuenta con un total de 575 funcionarios, de los que 298 pertenecen a la Policía Local y los 277 funcionarios restantes tendrían que asumir el resto de las labores administrativas del ayuntamiento. Además, de los funcionarios sólo 32 son A-1 (licenciados) y, por tanto, reúnen los requisitos exigidos para ocupar determinados puestos.

La Junta de Gobierno Local, convocada en sesión extraordinaria, ha dado, por tanto, el visto a esta modificación tras aceptar la Junta de Andalucía la propuesta remitida por el Ayuntamiento, en la que deja claro que el personal laboral sólo podrá ocupar determinados puestos, de forma provisional, hasta que culmine el proceso de funcionarización que se espera iniciar en el mes junio e incluso antes.

En concreto, el Ayuntamiento mantiene el compromiso en la modificación de que conste de forma explícita en la RPT que el desempeño de las funciones de estos puestos por el personal sujeto a régimen laboral lo sea con carácter provisional, y, en consecuencia, el tipo de puesto descritos en la RPT bajo el epígrafe “F/L” debe considerarse “a extinguir” respecto al personal laboral que en la actualidad lo pudiera ocupar y entendiéndose que tal ocupación, en todo caso, tiene un carácter provisional, para convertirse en una “F” con ocasión de la cobertura definitiva tras el proceso de funcionarización.

El Ayuntamiento recuerda además que ya ha iniciado los procesos para la convocatoria de los concursos de mérito, cuyos baremos han sido consensuados con los sindicatos, así como para la libre designación; siendo el concurso de méritos el criterio general para acceder a todos los puestos de trabajo, quedando sólo la libre designación, como un mecanismo excepcional para cubrir los puestos de naturaleza directiva así como aquellos que impliquen una especial relación de confianza. Igualmente, deja también claro que todo ello se está haciendo conforme a las bases de sus respectivas convocatorias.

El Ayuntamiento hace de nuevo hincapié en que “el objetivo de la RPT es organizar la plantilla y acabar con las arbitrariedades retributivas, sabiendo quién es quién en cada puesto de trabajo, cumpliendo además con la obligación legal de tener este documento en el Consistorio”. Además, insiste en que es un documento abierto a las sugerencias que puedan plantearse durante su aplicación.

El Ayuntamiento ha explicado que en la actualidad no cuenta con personal funcionario suficiente para cubrir todas las plazas de dirección de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), “situación que ha obligado a ocupar de manera provisional determinados puestos, tanto por funcionarios como por personal laboral”. No obstante, aclara que esta situación sólo está previsto mantenerla hasta la culminación del proceso de funcionarización que se espera iniciar el próximo mes de junio e incluso antes, siendo, por tanto, una medida provisional.

El Consistorio quiere dejar claro, por tanto, que la falta de funcionarios con los requisitos exigidos para cubrir determinados puestos es lo que ha provocado que algunos puestos hayan tenido que ser ocupados por laborales. Asimismo, explica que lo que cuestiona la Junta de Andalucía es un aspecto muy concreto de la RPT, provocado precisamente por esta falta de personal funcionario con los requisitos exigidos para ocupar determinados cargos, y no la generalidad del documento.

Ante esta situación y para evitar la paralización del Consistorio -mientras se realiza el proceso de funcionarización-, el Consistorio optó por cubrir determinadas plazas con trabajadores que, cumpliendo los requisitos exigidos para ocupar el cargo, no tienen en la actualidad la condición de funcionario, dejando claro que esto se hace de forma provisional, hasta que no se inicia el mencionado proceso.

El Ayuntamiento además ha iniciado ya los procesos, tras la aprobación en Junta de Gobierno Local, para la convocatoria de los concursos de mérito, cuyos baremos han sido consensuados con los sindicatos, así como para la libre designación. En este sentido, recuerda que el criterio general para todos los puestos de trabajo es el concurso de mérito, quedando sólo la libre designación, como un mecanismo excepcional para cubrir los puestos de naturaleza directiva así como aquellos que impliquen una especial relación de confianza. Igualmente, deja también claro que todo ello se está haciendo conforme a las bases de sus respectivas convocatorias.

El Ayuntamiento asegura que de no haberse cubierto estos puestos con funcionarios y personal laboral se hubiera paralizado en Consistorio al haberse aprobado la RPT de forma definitiva el pasado mes de septiembre.

Los juzgados de Tomás García-Figueras han registrado un intenso movimiento desde el mediodía por la protesta en la que, por vez primera, han unido fuerzas los jueces, fiscales, abogados, secretarios y el resto del funcionariado con el fin de reivindicar un sistema judicial “digno” para profesionales y ciudadanos. Juntos, pero no revueltos, puesto que si bien el lema de la concentración llamaba a la unidad “contra el ataque a la independencia judicial”, los magistrados han querido hacer un aparte para desvincularse del resto, dejando claro que cada colectivo se mueve por sus propios intereses.

Así, el juez decano, Juan José Parra, ha querido puntualizar que, como ya publicara Reporteros Jerez, los profesionales que representa no son contrarios a una Ley de Tasas como tal, puesto que para descongestionar el nivel de litigiosidad sí se hace necesaria la imposición de una tarifa a la hora de interponer recursos. Sin embargo, los magistrados abogan por unas tasas “disuasorias” de cantidades que nada tienen que ver con los 1.200 euros que se han de pagar en algunos casos. Además de ello, Parra ha recordado las reivindicaciones de los jueces como la retirada de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la autonomía presupuestaria del Consejo y la Fiscalía, el aumento de la planta con jueces y fiscales o la determinación de la carga de trabajo.

La plataforma que aglutina a los diversos sindicatos del funcionariado público del sistema judicial, por su parte, sí ha puesto el acento en la “naturaleza abusiva y perturbadora” de la Ley de Tasas, mostrando su oposición a la privatización del Registro Civil, la falta de financiación y medios materiales y humanos y la ausencia de modernización de los juzgados. Esta plataforma ha iniciado una recogida de firmas contra todo ello, incluyendo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que culminará el 19 de enero con la entrega de las rúbricas en el Ministerio de Justicia, junto con un apagón informático que tendrá lugar en toda la red nacional el 20 de diciembre.

El decano del Colegio de Abogados, Marcos Camacho, ha estado presente en la concentración y ha abogado por la unidad de todos los colectivos contra lo que considera una “degradación” del sistema por parte del ministro Gallardón, adalid de unas reformas que han indignado a todos por igual. Aunque reconoce que cada grupo profesional ha resultado perjudicado de una manera específica, ha insistido en la necesidad de hacer un frente común argumentando que “hoy no es el día para las reivindicaciones de cada uno”.

A la plantilla de los juzgados jerezanos se le acumulan las protestas. Mientras se suceden los llamados ‘Viernes Negros’ por los recortes en materia judicial, ahora se une un nuevo calendario de movilizaciones que verá la luz en los próximos días contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como han explicado fuentes del Sindicato Profesional de Justicia a Reporteros Jerez, esta modificación, aprobada el pasado 11 de octubre, supone la eliminación de: seis días de permiso por asuntos particulares, vacaciones adicionales por antigüedad, la paga extraordinaria de Navidad y el abono del 100% del salario en los casos de baja temporal, además del establecimiento de movilidad geográfica obligatoria.

Unas medidas que el colectivo considera que constituyen una “agresión intolerable” a los derechos de una parte del funcionariado como son los secretarios judiciales, médicos forenses, gestores, tramitadores y auxiliares. Y aquí precisamente está la raíz de su denuncia, ya que a una determinación de por sí “injusta” se añade el hecho de que sea aplicada solo a algunos de los funcionarios, excluyendo de ello a los jueces y magistrados. Según el SPJ, ello supone un trato “diferenciado y discriminatorio” puesto que estos últimos sí dispondrán de 12 días de permiso y se les abonarán entre 1.500 y 2.750 euros por las sustituciones, con lo que se compensará la eliminación de la paga extra.

Por todo ello, el funcionariado afectado está organizando un calendario de actuaciones de protesta a nivel nacional que serán secundadas por todo el personal jerezano. Los jueces, por su parte, amenazaron hace unas semanas con convocar una huelga que paralizase el sistema debido precisamente a estas reformas que también consideraban como un ataque a sus derechos. Después de que el Ministerio les haya excluido de los recortes más drásticos, todo parece indicar que los paros no se llevarán a término y ello al menos beneficiará a los ciudadanaos, que no verán mermada la asistencia.

El viernes pasado fue solo el primero de una serie de ‘Viernes Negro’ con los que los funcionarios de Justicia defenderán los derechos que consideran usurpados, a través de manifestaciones y cortes de tráfico ataviados con ropa negra en señal de duelo. Como ya anunciaron en su momento, ésta no será la única protesta que cada semana llevarán a cabo, y ya han cerrado un calendario de movilizaciones que continuará mañana jueves con una concentración a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Los profesionales jerezanos se unirán así a los del resto de Andalucía dentro de la campaña que arranca bajo el lema ‘Inmediación y Fe Pública’, y que continuará el viernes con el ya mencionado ‘luto’. Así lo han explicado fuentes del Sindicato Profesional de Justicia de Jerez, incidiendo en que uno de los ejes fundamentales de esta campaña será la información a todos los interesados. Por ello, remitirán los correspondientes escritos explicando la situación a los juzgados y la Audiencia Provincial, pero no se quedarán solo en eso.

El próximo lunes, 1 de octubre, los representantes sindicales de la Plataforma en Defensa de la Justicia visitarán todos y cada uno de los órganos judiciales con el fin de trasladar a los funcionarios todas las medidas a adoptar en los próximos meses. Desde la Plataforma han recordado que los recortes tanto del Gobierno central como del Autonómico suponen una merma “brutal” para los trabajadores, no solo a nivel presupuestario sino también de derechos que perjudicará al servicio que se preste al ciudadano.

Para ellos la justicia ha muerto, al menos en lo que a las políticas de recortes se refiere. Por eso, los funcionarios de los juzgados jerezanos se adherirán a las protestas convocadas en toda Andalucía y a partir del día 28 cada viernes se declará jornada de luto en los pasillos judiciales. Una iniciativa que la Plataforma Sindical en Defensa de la Justicia en Andalucía ha adoptado calificándola de ‘viernes negro’, y que implicará que los empleados que lo deseen acudan a sus puestos de trabajo ataviados con ropa negra o un brazalete en señal de duelo.

Éste es solo el preludio de todo un otoño lleno de protestas, cuyo pistoletazo de salida será el jueves 27 de septiembre con una manifestación en Granada a la que está previsto que acudan funcionarios de toda la comunidad autónoma. Como explicaron a este medio fuentes de la plataforma en Jerez, los recortes llevados a cabo por los gobiernos central y autonómico constituyen un “grave atentado” contra el estado social y democrático de derecho y provocan en la población una “situación de desamparo absoluto” en un intento de “acabar con el sistema público”.

Estas fuentes aseguran que el mal funcionamiento de los órganos judiciales se debe precisamente a la mala gestión de los poderes públicos, cuyos recortes suponen un grave deterioro de las condiciones laborales del personal. Por ello, animan a los ciudadanos a que apoyen sus medidas reivindicativas y a que reclamen la presencia efectiva de jueces y secretarios en todas las actuaciones que lo requieran, ante el peligro de nulidad de muchos de los procedimientos por esta política del tijeretazo.