El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto en conocimiento de la UE “los graves episodios de ataque al Estado de Derecho” en España tras los acuerdos alcanzados por el PSOE con ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno, remitiendo a las autoridades comunitarias las dos declaraciones adoptadas en este sentido por el órgano de gobierno de los jueces. Leer noticia completa

El anuncio de la Consejería de Justicia, comprometiéndose a saldar la deuda que mantiene con los letrados del turno de oficio hasta el próximo mes de abril, no ha sido suficiente para que éstos depongan las armas y se restaure la normalidad en los colegios de abogados. El de Jerez no iba a ser una excepción, y su decano, Marcos Camacho, ha confirmado que tras la reunión mantenida entre los representantes de toda la abogacía andaluza se ha decidido por unanimidad mantener los últimos acuerdos adoptados a finales de año en materia de pagos. Esto es, los colegios seguirán adecuando los gastos derivados del servicio de justicia gratuita a las cantidades que se abonen.

En la actualidad, el turno de oficio está prácticamente paralizado y desde hace algún tiempo solo se designan letrados gratuitos una vez a la semana, lo que origina las consiguientes colas y el profundo malestar entre los interesados. La cosa puede ir a peor, no obstante, puesto que Camacho ya amenazó recientemente con cancelar el servicio o reducirlo a una vez al mes, adaptándolo como se ha señalado anteriormente a las cuotas proporcionadas por la administración. Y es que, como recuerda el decano, lo que la Junta garantiza ahora es el pago hasta abril de las tarifas correspondientes a tres trimestres de 2012; cuando llegue esa fecha, continuará debiéndose el último trimestre del pasado año y el primero del vigente.

Además, tampoco existe compromiso de liquidar los gastos de infraestructuras, aún pendientes de todo el ejercicio anterior. Así las cosas, los profesionales jerezanos insisten en que es imposible prestar un servicio de calidad, si el gobierno autonómico no pone los mimbres para ello. En lo que sí darán una tregua los colegios andaluces a la administración es en lo relativo a las medidas de presión que estaban llevando a cabo, como concentraciones de carácter semanal, que quedarán en suspenso hasta que se compruebe que la promesa de pago se ha llevado a término en los plazos establecidos.

El decano jerezano ha vuelto a lamentar los perjuicios que todo ello está ocasionando al ciudadano, recordando que está en manos de la Junta el poner freno a una situación para la que no se vislumbra una pronta solución. Los letrados tendrán que decidir ahora si restringen aún más la justicia gratuita, un derecho cada vez más cercenado para los ciudadanos.

La modificación del Reglamento de Justicia Gratuita recién aprobada por la Junta de Andalucía ha caído como un jarro de agua fría para los profesionales del turno de oficio, que cierran uno de los peores años que se recuerden para el servicio. La noticia de la aprobación definitiva trascendía ayer, con la confirmación de que la administración reducirá hasta un 50% su aportación para los gastos de infraestructuras de estos letrados. Si la bajada de sueldos y la deuda que mantiene la Junta con los abogados habían obligado a recortar la asistencia gratuita, con este nuevo tijeretazo definitivamente se cierran las puertas para los menos pudientes en Jerez, que a partir del 15 de enero no podrán acceder al turno de oficio exceptuando a los detenidos.

Marcos Camacho, decano del Colegio jerezano, ha mostrado su indignación más absoluta lamentando que el gobierno autonómico no haya aceptado las alegaciones de los profesionales ni haya tenido en cuenta sus opiniones tomando una determinación altamente perjudicial para ellos. “Los colegios no podemos prestar el servicio con esta nueva asignación. Ellos dicen que lo hacen precisamente para mantenerlo, pero conseguirán justamente lo contrario. Nosotros desde luego no vamos a poder”. Como recuerda, aún se les debe el 75% de los gastos de infraestructura más lo relativo al turno de oficio de todo el año (solo se han abonado las guardias). A ello hay que añadir que les han bajado las tarifas un 10%, por lo que en algunos momentos los letrados se han visto obligados a poner dinero de su propio bolsillo.

Ahora, con esta reducción del 50% les resulta materialmente imposible continuar ofreciendo el servicio de Justicia Gratuita, ya que “no debe recaer el mantenimiento en los profesionales”. Los afectados, con su decano como máximo representante, consideran todo ello como “un ataque directo” al sistema que ya se ha visto resentido en exceso, pues no hay que olvidar que el último mes se han reducido las asignaciones del turno de oficio a un solo día a la semana frente a los cinco habituales, provocando colas en el Colegio de Jerez de hasta un centenar de personas. Ante esta coyuntura, 2013 se presenta más convulso que nunca para ellos, que auguran prontas movilizaciones para defender la permanencia de un sistema que hace aguas por todas partes.

A los recortes sociales, económicos, laborales y de todo tipo a los que están siendo sometidos los ciudadanos se une ahora un nuevo tijeretazo que sufrirán los jerezanos a partir del día de hoy. En esta ocasión, no se trata de una iniciativa del gobierno sino de un colectivo castigado por los impagos cuya decisión repercutirá de forma directa en la ciudadanía: la justicia gratuita limitará su asistencia a un solo día a la semana, motivado por la falta de cobro de los letrados del turno de oficio. Los miércoles son los días elegidos por el Colegio de Abogados de Jerez para la atención a los usuarios, frente a los cinco días a la semana que han tenido las puertas abiertas hasta el momento. Las consecuencias son claras: si la designación de abogado se solía producir como mucho en un mes, ahora rozará los seis.

Así lo ha confirmado el decano del Colegio, Marcos Camacho, informando de que en un año se han asignado para este servicio unos 7.000 profesionales; si todo sigue igual, la cifra se reducirá hasta los 1.400. Los perjudicados, como resulta habitual en estos casos, son los demandantes con menos recursos, las personas cuyos ingresos no rebasan el doble del Iprem (fijado en unos 14.000 euros). Todos sus procedimientos que carezcan de plazos estrictos pasarán directamente al limbo de los miles y miles de asuntos pendientes, a la espera de que se designe un letrado para ellos. Los únicos que contarán con ventajas serán los procesos judiciales en los que haya detenidos; en estos casos, el Colegio tendrá la obligación de asistir de manera inmediata al perjudicado.

Cónyuges en proceso de divorcio; perjudicados por despedidos laborales en demanda de un reingreso o de una compensación económica o incluso mujeres maltratadas, si no se ha detenido a sus parejas, se pondrán a la cola y tendrán que hacerse a la idea de que sus procedimientos tardarán meses si no años, si no pueden permitirse un abogado de pago. En la calle, las reacciones no se han hecho esperar y los jerezanos han mostrado su contrariedad ante una circunstancia que les perjudica y que no tiene visos de mejora a corto plazo.  “Me parece muy mal, porque hay mucha gente que lo está pasando fatal -apostilla Miguel, de profesión camarero-. Hay mujeres maltratadas, por ejemplo, que se van a pensar más si denunciar porque no tendrán dinero para pagarlo”.

En la misma línea se ha expresado Manolo Rodríguez, jubilado, aprovechando para apostillar que “tampoco se pueden pagar precios abusivos”. Otros, sin embargo, se han mostrado condescendientes con los letrados argumentando que “habrá que ponerse en el lugar de los que sufren los impagos”, como justifica José Miguel, de profesión frutero. “A mí me parece que en este país se ha abusado mucho del servicio de justicia -apunta Manuel Cabrera, ingeniero técnico agrícola-. Habría que ser más selectivo y poner un pleito por lo verdaderamente urgente, ya que la justicia la pagamos todos”.

En la actualidad, la Junta de Andalucía acaba de abonar el 75% de las guardias del turno del oficio del presente año, pero aún queda pendiente ese 25% restante más todos los gastos de infraestructura. Según Camacho, todo ello unido a la bajada en un 10% de las cuotas de los abogados hace que sea imposible seguir prestando el servicio, por lo que a partir de enero se podría paralizar por completo. De momento, la asistencia se resentirá dentro de un sistema que cada vez presenta más deficiencias y que, con la reciente Ley de Tasas, se ha convertido en el nuevo azote de los bolsillos de los ciudadanos.

Lo que hasta ahora no era más que una simple amenaza se puede tornar muy pronto en realidad si la Junta de Andalucía no cumple sus compromisos con los abogados jerezanos. Tras una concurrida asamblea a la que asistieron más de 100 letrados, los profesionales que ejercen el turno de oficio han decidido lanzar un ultimátum a la administración autonómica para que les abone todos los atrasos: es decir, lo correspondiente al año vigente. El plazo, como ha explicado el decano del Colegio de Abogados, Marcos Camacho, expira el viernes. Si antes del día 1 no han cobrado, restringirán el servicio de tal forma que solo asistirán a los ciudadanos un día a la semana, frente a los cinco laborables de la actualidad.

“Si la Junta no responde al comunicado que vamos a remitirle -argumentó el decano-, adecuaremos la prestación del servicio a los fondos recibidos, por lo que asistiremos solo un día o unas horas. Hay que recordar que no nos han pagado nada en todo el año”. El montante total de la deuda supera el millón de euros, lo que a juicio de los interesados justifica esta medida e incluso una más drástica que no dudarán en adoptar si el 15 de enero persisten los impagos. “Si en esa fecha seguimos sin cobrar, estaremos imposibilitados para prestar el servicio”. O, lo que es lo mismo, los jerezanos se quedarán sin justicia gratuita nada más empiece el año.

Camacho quiso puntualizar, no obstante, que los letrados garantizarán la asistencia al detenido, “paguen o no paguen”. En el resto de los casos, los ciudadanos sin recursos o con presupuesto limitado se verán despojados del derecho de tutela judicial efectiva. “El ambiente entre los compañeros está muy caldeado -justificaba el titular del Colegio-. De hecho, hemos llegado a un acuerdo intermedio porque había algunos que querían tomar decisiones más drásticas. La verdad es que a nosotros nos duele no asistir a todos los ciudadanos”. Aunque el peor de los escenarios no llegue a cumplirse, el simple hecho de que los abogados del turno de oficio reduzcan a un día el servicio implicará que se ralenticen los procesos hasta el punto de que la mera designación de letrado suponga una espera de seis meses, cuando lo habitual es que no supere los 30 días.

Hasta 1.200 euros tendrá que abonar el ciudadano para interponer recursos en los juzgados que hasta ahora eran gratis. Una obligación creada en el marco de la nueva Ley de Tasas del ministro Gallardón, que ha indignado no solo al usuario de a pie sino también a la abogacía. Como han confirmado desde el Colegio de Abogados de Jerez, los letrados se sumarán a las movilizaciones emprendidas a nivel nacional y el próximo lunes se concentrarán a las doce del mediodía frente a los juzgados. Bajo el lema ‘No a las tasas, Justicia para todos’, los profesionales exigirán la retirada de unas tasas que a su juicio tendrán un efecto disuasorio para los ciudadanos. Es decir, como explicó el decano jerezano Marcos Camacho, “muchas personas renunciarán a recurrir pero no porque no lleven razón, sino simple y llanamente porque no tengan dinero para ello”.

Según los letrados, la medida supone una vulneración del derecho de defensa y pretende reducir los costes de la Justicia gratuita a costa de los pequeños y medianos despachos de abogados, que son los que más se resentirán con el pago de estas tasas. Como ejemplo, mencionan la incoherencia que supone el hecho de que para impugnar una multa de tráfico de 100 euros, el interesado deba pagar un canon de 200. El sector considera, por tanto, que las tasas deben tender a cubrir el coste del servicio o actividad que constituya su hecho imponible que, en este caso, es el funcionamiento de la Administración de Justicia y “no el sistema de asistencia jurídica gratuita”.

En la actualidad, apuntan a que el llamado turno de oficio da servicio a más de un millón de ciudadanos sin recursos en todo el país y apenas supone el 6,5% del gasto en Justicia de las administraciones públicas, cerca de 250 millones de euros de un total de 3.837 millones que han gastado el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial. Por todo ello, están convencidos de que la nueva ley perjudica no solo a sus bolsillos sino también a los de los ciudadanos, y han presentado alegaciones en el Congreso con el fin de que se paralice la aplicación de la norma y el sistema siga siendo ‘justo’ y con todas las garantías.

Un mes es lo que le da de plazo el Colegio de Abogados de Jerez a la Junta de Andalucía para que dé marcha atrás en su decisión de reducir las tarifas del turno de oficio un 10%. En una asamblea celebrada entre los letrados, el decano Marcos Camacho les informó sobre la situación que se les presenta a raíz de la orden aprobada por el Gobierno andaluz que ha conllevado, como ya anunciara este medio, que los abogados del servicio de justicia gratuita comiencen a rascarse el bolsillo y asumir los costes de los procedimientos. Una coyuntura por la que, como incidió el decano, la asistencia se verá mermada y ello lógicamente perjudicará al ciudadano.

“La única conclusión a la que hemos llegado es que la Junta tiene que meditar – argumentó Camacho-. Se ha tomado una decisión sin tener en cuenta el informe negativo de los Colegios de Abogados, que consideramos que hay otras fórmulas para ahorrar que no pasen por el recorte del turno de oficio. Por ello exigiremos que se retire la orden”. Dentro de un mes, los letrados volverán a verse las caras y si la administración no ha cedido en sus pretensiones cortarán por lo sano y eliminarán el servicio del turno de oficio. Lo que aún no está claro es si se tratara de paros parciales o definitivos, pero lo cierto es que terminarán con una actividad que hoy por hoy no les sale rentable.

Por otro lado, no hay que olvidar que aún se les debe parte de sus gastos en infraestructuras del pasado año y todos los honorarios del corriente, por lo que la situación es aún más insostenible. “Se tienen que poner al día con los pagos, pero tampoco existe un compromiso firme, por lo que nosotros no garantizamos la absoluta permanencia del servicio”. Si ello finalmente sucediera y se suspendiera el turno de oficio, a pesar de que se mantuvieran los servicios mínimos, miles de jerezanos se quedarían sin la asistencia de un abogado gratuito y el sistema garantista quedaría seriamente dañado.