Casi un 42% de la población activa de Cádiz está en paro. Lo dicen los últimos datos de la EPA, que no solo arrojaban que la tasa de desempleo en la provincia era la más alta, sino también que 234.600 personas no encuentran un trabajo en ella.

Ese el principal motivo que han esgrimido los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, para convocar la manifestación del Primero de Mayo que ha recorrido las calles de la capital como acto central en la provincia, y a la que han acudido varios centenares de jerezanos en los cuatro autobuses fletados por las centrales, en tren o en sus vehículos particulares. En total, en la protesta que ha partido ya pasadas las 12.15 de la mañana de la plaza de España y ha avanzado hasta la Subdelegación del Gobierno en Puerta Tierra han participado unas 10.000 personas según los sindicatos convocantes; un dato que se rebaja a apenas 2.000 personas si se le pregunta a la Policía Nacional.

Han sido, en definitiva, miles de voces que se han alzado pidiendo soluciones para el paro, reprochando los recortes “que nos están asfixiando más”, o criticando que “se pague la deuda de los bancos con los fondos de sanidad y educación”. Además de las grandes centrales sindicales también han estado buena parte de las minoritarias; representantes de colectivos como Attac, Asociación Pro Derechos Humanos, Izquierda Anticapitalista o la Plataforma Social de Cádiz; así como integrantes de colectivos en lucha como las trabajadores de la ayuda a domicilio en Jerez (Acasa) con cuatro nóminas sin cobrar o los de las ambulancias de la provincia.

En la cabecera, los representantes sindicales encabezados por los secretarios generales de CC OO y UGT en Cádiz, Dolores Rodríguez y Salvador Mera, que portaban una pancarta con el lema ‘No tienen límite. 1 de Mayo. Lucha por tus derechos‘. Estos no solo han tenido duras palabras para los recortes y para la ausencia de soluciones a la lacra del paro, sino que han alertado de que se avecinan “más recortes, ajustes y reformas, más pérdida de derechos sociales y laborales”. En concreto, Rodríguez se refirió a la prestación por desempleo que puede sufrir otro tijeretazo. “En un momento en el que hace tanta falta es cuando menos se apuesta por ello, y por eso quieren acortar el tiempo de desempleo”, dijo antes de recordar que también están en peligro los convenios colectivos.

Por todo ello, reclamaron que la gente se eche a la calle, a que diga “basta ya” porque “es más necesario que nunca que se movilicen y peleen. No podemos conformarnos con los 426 euros”.

También se refirieron al reclamado pacto de Estado por el empleo, y apuntaron que trabajarán de la mano de todas las partes para que “se toque y se palpe”.

El gobierno local ha aprobado hoy en solitario y en un pleno extraordinario la revisión del plan de ajuste municipal para que el Ayuntamiento se pueda acoger a una ampliación del plan de pago a proveedores para poder abonar 289 facturas por valor de 32 millones de euros.

Todos los partidos de la oposición han votado en contra de esta revisión ante la que el delegado de Economía, Enrique Espinosa, ha querido lanzar el mensaje tranquilizador de que “no incluye nuevas medidas con respecto al plan de ajuste aprobado en marzo de 2012″. Es decir, que no habrá más recortes.

Hay que recordar que esta revisión es uno de los requisitos exigidos por el Gobierno central para que las administraciones puedan acogerse a los nuevos créditos ICO. Por eso, Espinosa no ha dudado en apuntar hoy que “estamos hablando de pagar 32 millones de euros a proveedores por deudas que están vencidas y no pagadas. Deudas que se corresponden con gobiernos anteriores y que en algunos casos se remontan a tiempos inmemoriales como los tres millones de euros correspondientes a una factura de Jerez 2002”.

Frente a eso, la oposición en bloque ha mostrado su disconformidad con la revisión y, en general, con el plan de ajuste, como ya hicieran hace un año. Así, el edil y portavoz de IU, Joaquín del Valle, ha insistido en que estas medidas “no son más que un paso más en el modelo ideológico del PP que busca reducir los servicios públicos y no tanto racionalizar o equilibrar las cuentas”. “Eso tendrá consecuencias negativas en el presente y en el futuro”, ha apuntado Del Valle antes de añadir que “cada paso pone en evidencia el fracaso de la política económica del PP. Lo único bueno es que ya solo quedan dos años de legislatura”.

Por su parte, la edil del Foro, Rocío Montero, ha denunciado que en este segundo bloque de facturas que se acogerán a los créditos ICO solo el 1,61% se va a destinar al pago a proveedores, ya que el resto serán para pagar a los bancos. Además, ha reprochado que este movimiento “es otra nueva operación de endeudamiento, y estamos a favor de pagar a los proveedores, pero no a cualquier precio y con intereses”. Montero también cuestionó cómo va a ser capaz de afrontar el gobierno del PP el pago de esta deuda cuando hoy por hoy “no han sido capaces de afrontar la actual, cuyos primeros plazos no se han abonado”.

En cuanto al portavoz del PSOE, Francisco Lebrero, ha insistido en el rechazo de su partido a estas medidas de ajuste que cargan sobre los trabajadores públicos la deuda municipal y que “solo es una patada hacia adelante a la que no sabemos cómo se hará frente luego”.

A este respecto, el delegado de Economía ha afirmado no entender “que no se quiera pagar a los proveedores por los servicios que ya han prestado al Ayuntamiento lo que permite garantizar la continuidad de las pymes y los puestos de trabajo”. Ante eso, el edil de IU le recordaba que “no se vota si pagar o no a proveedores, si no los medidas”.

Espinosa le ha respondido al Foro que “este pago a proveedores va destinado a pagar deuda comercial y en ningún caso deuda financiera. El hecho de que se pague a los bancos es porque los proveedores han endosado sus deudas con el Ayuntamiento y los bancos han anticipado ese dinero”.

Por último, por si quedaban dudas, al final de la escasa media hora de sesión plenaria, el delegado ha dejado claro que “independientemente del pago a proveedores este Ayuntamiento tenía que realizar un plan de ajuste ante la desastrosa situación económica que tenía”.

La Marea Verde jerezana, una de las más activas de la provincia, ha seguido este jueves su defensa de la educación pública con una caravana de coches que ha recorrido durante la tarde gran parte de la ciudad. Medio centenar de vehículos han participado en la iniciativa, a la que se han sumado también representantes de otros puntos de la provincia.

Leer noticia completa

El tercer teniente de alcalde y delegado de Economía, Enrique Espinosa, ha presidido la reunión de la comisión de seguimiento del plan de ajuste municipal, al que han asistido los representantes de PSOE, Foro Ciudadano e Izquierda Unida. Se trata de la primera reunión de la comisión de seguimiento que se celebra este año, tras ser aprobado por el Pleno el calendario de reuniones periódicas para 2013.

Espinosa ha destacado que “debemos ser conscientes de la dificultad de alcanzar el objetivo de ahorro expuesto en el plan, pero, pese a ello, continuamos y continuaremos adoptando las medidas necesarias tendentes a acercarnos lo máximo posible a dicho objetivo, garantizando unos servicios de calidad a los ciudadanos”.

Ha informado a los miembros de la oposición de las medidas de ahorro en ingresos y gastos, en términos anuales y la valoración del ahorro a 31 de diciembre del ejercicio 2012: “Durante el pasado año se adoptaron medidas que en términos anuales supusieron un ahorro de 24,5 millones. Para este año 2013 se han adoptado otras medidas de ingreso que suponen 10,7 millones de euros, por lo que el Presupuesto de 2013 recoge un ahorro de 35,2 millones de euros”.

Enrique Espinosa ha aclarado igualmente que el ahorro generado durante 2012 ha sido de 8,32 millones de euros, ya que las medidas adoptadas no entraron en vigor el 1 de enero de ese año, sino que se fueron ejecutando a lo largo del mismo. Así en cuanto a gastos de Personal, las diferentes medidas adoptadas suponen un ahorro de casi 16 millones de euros, mientras que el ahorro durante 2012 fue superior a los 4 millones de euros, ya que, por ejemplo, la RPT entró en vigor en noviembre y el expediente de regulación de empleo se realizó en octubre.

Y en cuanto a los gastos en bienes corrientes y servicios, el ahorro anual previsto para 2013 es de 18,4 millones, mientras que en 2012 fue de 5,2 millones, debido igualmente a que las diferentes medidas se ejecutaron a lo largo del año.

Espinosa aclara, por tanto que “el año pasado el ahorro fue de 8,32 millones, pero ya para este año supondrán un ahorro de 24,5 millones de euros ya que las medidas estarán ejecutadas desde el 1 de enero”.

A este ahorro previsto hay que sumar los ingresos que se obtendrán por la actualización al IPC de los diversos impuestos, tasas y precios públicos que supondrán 5,7 millones de euros así como la reducción del importe de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos para el ejercicio 2013 en cerca de 5 millones de euros. Por tanto, el Presupuesto recoge un ahorro de 35,2 millones de euros para este año.

El delegado ha adelantado igualmente que “a este ahorro está previsto que se añaden los provenientes de los contratos de suministro y mantenimiento eléctrico, mantenimiento semafórico, rentings, seguros, ascensores, máquinas fotocopiadoras o extintores así como la reducción de la subvención al déficit del transporte urbano”. Sólo con la adjudicación del contrato de suministro y mantenimiento eléctrico prevista para las próximas semanas y la reducción de la subvención al transporte urbano se espera un ahorro de 3 millones de euros.

Se sienten un colectivo “maltratado” por la administración pública. Ya sea regional o central, ninguna de ellas se escapa a las críticas del funcionariado que afronta estos malos tiempos con pesimismo y con múltiples críticas desde todos los ámbitos. Así, profesionales de la sanidad, la educación y la Agencia Tributaria, entre otros, se han concentrado en la Plaza de las Marinas para protestar por su situación laboral y reivindicar que la administración les restituya algunos de los derechos que consideran usurpados. Como explicó el delegado de CSIF en Hacienda, Juan del Río, los funcionarios no solo están siendo víctimas de brutales recortes económicos sino también de prestaciones y personal.

“Se amortizan muchos puestos, se jubilan trabajadores y no se sustituyen esas plazas. En la Agencia Tributaria, por ejemplo, eran 27.000 los funcionarios cuando se creó y ya vamos por 21.000″. Una llamativa reducción que repercute en la asistencia que se presta al ciudadano, muy resentida en cuestiones como el asesoramiento para realizar la declaración de la renta, que este año empezará 15 días más tarde con lo que serán muchos los solicitantes que tengan que renunciar a ese servicio. Todo ello conlleva, además, una sobrecarga de trabajo difícil de asumir y con las lógicas consecuencias, puesto que la resolución de la renta está demorándose hasta cuatro meses y aún son muchos los ciudadanos que no han recibido lo que se les adeuda del ejercicio anterior.

Junto a ello, Del Río mencionó la falta de modernización de los sistemas de trabajo, las largas listas de espera en sanidad y el déficit de camas, así como los recortes sufridos en educación que perjudican al alumnado. “Lo que pedimos es que se potencie el que se sustituyan las bajas del funcionariado y no se nos sobrecargue de trabajo. Bastante tenemos con las reducciones económicas; lo que no puede ser es que nos sintamos maltratados por la administración”.

La Plataforma Andaluza en defensa del sistema público de servicios sociales y dependencia se ha presentado hoy en el Campus de Jerez en un acto en el que han leído un manifiesto con sus principales demandas y objetivos. Este nuevo 0rganismo coge impulso tras la aprobación del último decreto ley del gobierno estatal, que ha aplicado recortes por valor de más de 2.000 millones de euros y que dejará, según han denunciado sus representantes, “a más de 330.000 personas sin atención a la dependencia en 2013″.

El bloqueo que está sufriendo la ley nacida en 2007 está provocando que no se esté cumpliendo siquiera la tasa de reposición, es decir, cubrir las bajas por fallecimiento por nuevos beneficiarios. “Se ha rebajado un 15% la ayuda a los cuidadores, se ha suprimido su cotización a la Seguridad Social, se han reducido los grados de dependencia de seis a tres, por lo que muchos usuarios ahora se quedan fuera”, ha explicado el portavoz en la provincia de Cádiz, Rafael Lobo. Reclaman, entre otras medidas, la cobertura de la tasa de reposición, respuesta a las personas que están en el largo proceso de espera de la ley, liquidar deudas con las empresas e instituciones que prestan los servicios e implantar planes epeciales de empleo en los municipios relacionados con este sector.

Por su parte, el coordinador andaluz, José Miguel Delgado, ha hecho hincapié en la importancia del sector socio-sanitario para salir de la crisis, un ámbito capaz de crear 5.000 puestos de trabajo con una inversión de 167 millones de euros de los que 111 revierten a las arcas públicas. “Andalucía creía desde el principio en la Ley de Dependencia y había creado una estructura fuerte por lo que el recorte de 214 millones de euros ha sido un sablazo”, ha indicado. Las medidas aprobadas por decreto el pasado verano, a su juicio, “van contra la dignidad de los cuidadores”. Uno de los primeros efectos del ajuste es que la demora en las valoraciones de los solicitantes, que puede prolongarse hasta un año.

“Solo en Andalucía se han reducido en más de 28.000 las ayudas de emergencia, atenciones para personas que caen en la exclusión social”, ha explicado Delgado, que ha resumido el objetivo de la nueva plataforma en “la defensa de las personas usuarias de los servicios sociales porque estamos en una situación de emergencia social”.

La plataforma cuenta con el apoyo del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Cádiz, así como del resto de provincias andaluzas, ya que “todos debemos remar en el mismo sentido”, ha dicho Rocío Luque como portavoz. Solo en la provincia de Cádiz, el personal de servicios sociales se ha reducido en un 25%.

“El aeropuerto de Jerez va lentamente a la agonía”, ha asegurado la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista y diputada Mamen Sánchez, quien ha denunciado que “tras la reducción de vuelos y del horario de operaciones, los recortes del Gobierno del PP van a dejar el aeropuerto sin servicio de información al pasajero desde  el próximo 31 de diciembre”. Según ha denunciado, las tres empleadas que desarrollan este servicio serán despedidas ese día, a pesar de que la empresa subcontratada no cumple su contrato hasta diciembre de 2013. Por este motivo, ha instado a AENA a que “recapacite, porque los pasajeros merecen seguir recibiendo una información adecuada”.

En este sentido, los diputados socialistas Mamen Sánchez y Francisco González Cabaña han trasladado al Gobierno su preocupación ante la incertidumbre que vive el personal del aeropuerto de Jerez.  “Desgraciadamente, se va a cumplir lo que dijimos hace unos meses: que la reducción de vuelos del aeropuerto iba a tener como consecuencia la reducción del horario operativo del mismo y, por consiguiente, la reducción del personal”, ha dicho Mamen Sánchez.

Los diputados socialistas han podido saber que ya han sido despedidas cinco trabajadoras de una contrata de limpieza, como consecuencia de que Iberia Express no limpia sus aviones cuando hacen escala en Jerez. Y han sido conocedores también del temor de los empleados de la terminal a que peligren otros puestos de trabajo de la contrata de servicio de seguridad y de vigilancia y atención al parking.

PREGUNTA POR LOS MOTIVOS

A tenor de esta situación, los diputados socialistas van a preguntar al Gobierno de la nación por los motivos de estos despidos si, como se ha planteado, la reducción del horario planteada para el aeropuerto tendrá carácter transitorio y finalizará el próximo mes de marzo. “Por este motivo queremos conocer también si los trabajadores que han perdido o que vayan a perder su empleo por esta circunstancia van a tener garantías de que volverán a ser contratados tan pronto como las instalaciones vuelvan a recuperar su anterior horario operativo”, ha dicho.

En cualquier caso, el PSOE va a instar a AENA a “desarrollar una estrategia de negociación con los representantes de los trabajadores que lleve al mantenimiento de los puestos de trabajo”. Para ello se planteará que “durante  los meses de baja actividad en el aeropuerto, fundamentalmente los de enero y febrero, esos empleados puedan aprovechar para recibir formación o para desarrollar otro tipo de actividad que les posibilite la relación directa con la empresa”.

“Es un desastre que toda la política del Gobierno del PP se traduzca en recortes y en echar a trabajadores a la calle”, ha lamentado Mamen Sánchez, quien ha concluido destacando la “casualidad de que la mejor oferta para hacerse cargo de la gestión de las duty-free (las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos) haya sido la presentada por una empresa de Rafael Arias Salgado, quien precisamente fue ministro de Fomento del Gobierno de Aznar”.

Jueces, fiscales, secretarios, abogados, personal de administración… Todos ellos harán frente común el miércoles en los juzgados jerezanos de Tomás García-Figueras para protestar por lo que consideran “tropelías” contra el sistema como la nueva Ley de Tasas. Es la primera vez que la comisión interasociativa que reúne a los primeros se alía con la Plataforma de Justicia de Andalucía que representa al funcionariado, con el fin de reivindicar unos derechos que comparten todos. Como argumentan desde la citada plataforma, los profesionales “no pueden permanecer impasibles” ante una serie de medidas que ponen en peligro no solo sus puestos de trabajo sino también todo el sistema de garantías jurídicas.

En concreto, los perjudicados aluden a la “devastadora” Ley de Tasas, por la que se obliga al ciudadano a pagar unas tarifas “abusivas” para interponer recursos hasta ahora gratuitos, o la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que a su juicio les impone unas condiciones laborales “pésimas”. Junto a ello, aluden a la bajada de las retribuciones, la carencia de medios y de financiación, la falta de oposiciones, el despilfarro y la escasa modernización del sistema. Todo un rosario de argumentos que han llevado a los diversos colectivos a unir sus fuerzas en defensa del servicio público de Justicia, con un calendario de movilizaciones que arranca ya con una recogida de firmas en todos los partidos judiciales de la provincia.

Junto a ello, el miércoles 12 está prevista una multitudinaria concentración a las puertas de los juzgados de la avenida Tomás García-Figueras, que será llevada a cabo de manera simultánea en otras zonas cercanas como Cádiz y Algeciras. Otra de las protestas se producirá el próximo dia 20 en forma de apagón informático, que se realizará a las 12.00 horas en la red de los órganos judiciales de toda España. El calendario de movilizaciones tendrá su cita más importante el día 19, cuando una manifestación estatal culminará en el Ministerio de Justicia, con la entrega de todas las firmas recabadas.

Escribo esta carta en nombre de las personas a las que atiendo y para las que trabajo, en su mayoría dependientes.

Están destruyendo logros por los que hemos luchado durante años y habíamos logrado conseguir, como la Ley de Dependencia. Los dependientes ya tienen suficiente pena y sus cuidadores, por regla general, suficiente fortaleza, dedicación, esfuerzo… Que, en una pequeñísima medida, se había podido compensar y con ello hacerles sentir que su trabajo era tenido en cuenta a nivel de ayuda. Ahora y con la inspección que están haciendo, las calificaciones de grado 3 pasan a ser de grado 1, por lo tanto sin derecho a acceder ni a centros de día, ni a residencias, ni a tener una atención suficiente a domicilio… Es curioso y llamativo que todos los dependientes de Salud Mental hayan mejorado hasta tal punto, o en su lugar no se calificó bien al principio, o también puede ser una manera de negarles en la práctica los recursos que por Ley les corresponden. Yo les aseguro a todos ustedes, aunque muchos ya lo sepan, que la carga emocional, física y de toda índole que supone cuidar de un dependiente no está pagada con nada y la irresponsable y frívola decisión de ir desposeyendo de ayudas a los que la necesitan me enfurece.

Me enfurece ver las caras tan tranquilas y los corazones, que adivino son de corcho, al firmar este tipo de recortes. Me enfurecen sus risas, mientras pisotean a los más necesitados. Me enfurece que se deje en manos de desaprensivos el cuidado de los débiles porque no los ven. Sé lo difícil que es ponerse en el pellejo de los otros, tener empatía, pero también sé porque lo veo que esa palabra no está en el diccionario de quienes nos gobiernan. Ante la desgracia y la enfermedad, cada vez más presente en la sociedad, es preciso poner ternura, comprensión, agrado, educación, sosiego, dedicación… Algo que hacemos diariamente los profesionales, porque estamos en contacto con ellos. Sería preciso que les tocara a los gobernantes para que, visto y sufrido en sus propias carnes, a lo mejor recapacitaran. Pero creo, señores, que tampoco, porque las penas con pan son menos.

CRISTINA ROSALES FONTCUBERTA. Psicoterapeuta y Trabajadora Social Psiquiátrica.

A los recortes sociales, económicos, laborales y de todo tipo a los que están siendo sometidos los ciudadanos se une ahora un nuevo tijeretazo que sufrirán los jerezanos a partir del día de hoy. En esta ocasión, no se trata de una iniciativa del gobierno sino de un colectivo castigado por los impagos cuya decisión repercutirá de forma directa en la ciudadanía: la justicia gratuita limitará su asistencia a un solo día a la semana, motivado por la falta de cobro de los letrados del turno de oficio. Los miércoles son los días elegidos por el Colegio de Abogados de Jerez para la atención a los usuarios, frente a los cinco días a la semana que han tenido las puertas abiertas hasta el momento. Las consecuencias son claras: si la designación de abogado se solía producir como mucho en un mes, ahora rozará los seis.

Así lo ha confirmado el decano del Colegio, Marcos Camacho, informando de que en un año se han asignado para este servicio unos 7.000 profesionales; si todo sigue igual, la cifra se reducirá hasta los 1.400. Los perjudicados, como resulta habitual en estos casos, son los demandantes con menos recursos, las personas cuyos ingresos no rebasan el doble del Iprem (fijado en unos 14.000 euros). Todos sus procedimientos que carezcan de plazos estrictos pasarán directamente al limbo de los miles y miles de asuntos pendientes, a la espera de que se designe un letrado para ellos. Los únicos que contarán con ventajas serán los procesos judiciales en los que haya detenidos; en estos casos, el Colegio tendrá la obligación de asistir de manera inmediata al perjudicado.

Cónyuges en proceso de divorcio; perjudicados por despedidos laborales en demanda de un reingreso o de una compensación económica o incluso mujeres maltratadas, si no se ha detenido a sus parejas, se pondrán a la cola y tendrán que hacerse a la idea de que sus procedimientos tardarán meses si no años, si no pueden permitirse un abogado de pago. En la calle, las reacciones no se han hecho esperar y los jerezanos han mostrado su contrariedad ante una circunstancia que les perjudica y que no tiene visos de mejora a corto plazo.  “Me parece muy mal, porque hay mucha gente que lo está pasando fatal -apostilla Miguel, de profesión camarero-. Hay mujeres maltratadas, por ejemplo, que se van a pensar más si denunciar porque no tendrán dinero para pagarlo”.

En la misma línea se ha expresado Manolo Rodríguez, jubilado, aprovechando para apostillar que “tampoco se pueden pagar precios abusivos”. Otros, sin embargo, se han mostrado condescendientes con los letrados argumentando que “habrá que ponerse en el lugar de los que sufren los impagos”, como justifica José Miguel, de profesión frutero. “A mí me parece que en este país se ha abusado mucho del servicio de justicia -apunta Manuel Cabrera, ingeniero técnico agrícola-. Habría que ser más selectivo y poner un pleito por lo verdaderamente urgente, ya que la justicia la pagamos todos”.

En la actualidad, la Junta de Andalucía acaba de abonar el 75% de las guardias del turno del oficio del presente año, pero aún queda pendiente ese 25% restante más todos los gastos de infraestructura. Según Camacho, todo ello unido a la bajada en un 10% de las cuotas de los abogados hace que sea imposible seguir prestando el servicio, por lo que a partir de enero se podría paralizar por completo. De momento, la asistencia se resentirá dentro de un sistema que cada vez presenta más deficiencias y que, con la reciente Ley de Tasas, se ha convertido en el nuevo azote de los bolsillos de los ciudadanos.