La Audiencia Provincial ha desestimado, finalmente, la petición de las defensas para que se archive la causa contra la ex alcaldesa Pilar Sánchez y otras seis personas por el conocido como ‘caso de los asesores’ y decida seguir adelante con el juicio que se suspendió este lunes para estudiar el mencionado requerimiento. Considera que la acusación está legitimada, aunque apunta que entiende que no están claras las calificaciones de los delitos en el escrito de la misma y ha reclamado al abogado del ex alcalde Pedro Pacheco que haga las rectificaciones oportunas. Será entonces cuando el Tribunal decida cuándo reanudar el juicio.

Volverán a sentarse en el banquillo de los acusados, por tanto, la ex alcaldesa Pilar Sánchez y otras seis personas que en su día fueron contratadas bajo su mandato. Cabe recordar que el juicio debería haber empezado este lunes, pero se suspendió después de que se planteasen únicamente las cuestiones previas. Así se decidió para que el tribunal deliberase sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas y decidiese si, como solicitaban las mismas, el juicio se anulase o sigue adelante.

Las defensas habían planteado cuatro cuestiones previas y calificaron el caso de “juicio político”. Así, el abogado de Pilar Sánchez, Juan Pedro Cosano, a cuyos planteamientos se sumaron los letrados de los demás imputados, aludía a dilaciones indebidas y a la prescripción de los delitos de falsedad. También consideraban que el denunciante, el ex alcalde Pedro Pacheco, no estaba legitimado para personarse como acusación popular, razón que consideraban más que suficiente para que se archive apelando a la ‘doctrina Botín’. Cabe apuntar que ésta cuestiona la posibilidad de celebrar juicio si no hay una acusación pública, y en esta caso no lo han hecho ni la Fiscalía ni el Ayuntamiento de Jerez. A este respecto, el abogado de Pacheco, Manuel Hortas, defendía que en los delitos planteados como prevaricación y malversación contra la administración pública existe una “afección al ciudadano”. La última cuestión argumentada por las defensas para solicitar la anulación del juicio era que se crea “indefensión” a los imputados debido al escrito de calificación planteado.

La Fiscalía sólo había considerado este último aspecto, reconociendo que el escrito de calificación es “un puzle difícil de entender” en el que “no sabemos qué delitos se imputan a cada uno”. Y fue tras esta consideración del fiscal cuando el tribunal decidió, este pasado lunes por la mañana, retirarse a deliberar y suspender el juicio hasta este martes.

José Castro, Senén Bezanilla y Francisco Gallardo se van. El Xerez CD no deja sufrir bajas en el frente tormentoso de su devenir y en las últimas horas las dimisiones se han producido en el consejo de administración, donde tres cargos importantes han decidido dejar sus funciones en el club. Leer noticia completa

La situación económica del Xerez CD comienza a ser inviable, aunque dentro del club continúan buscando excusas. El martes Javier Tebas reconoció en Canal Sur Radio que el dinero correspondiente a la ayuda por el descenso del Xerez estaba “embargado” y la respuesta la ha tenido por parte de Francisco Gallardo, abogado de Energy y secretario del consejo de administración de la entidad azulina. Leer noticia completa

Fin a la etapa de Javier Tebas como abogado del concurso de acreedores del Xerez Club Deportivo. El actual presidente de la Liga de Fútbol Profesional abandona este cargo que venía desempeñando en la entidad azulina y a partir de ahora la persona designada para continuar con ese proceso es el abogado César Adeva Cortés, de Madrid, colegiado número 75737. 

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“Fue a buscarla porque estaba sola, aprovechando que no había nadie, con total alevosía”. Ésta es la razón fundamental por la que el abogado de la familia de Miriam Tamayo, Marcos Rodríguez, ha decidido solicitar para Germán. J. G. un presunto delito de asesinato, argumentando que de forma premeditada persiguió a la víctima y la abordó cuando se dirigía a la fiesta de fin de curso de la Escuela de Hostelería, para asestarle presuntamente varias puñaladas hasta acabar con su vida. Así, por el momento lo que tiene claro el letrado es el agravante de alevosía, a la espera del informe forense que determinará cómo murió exactamente la joven y cuántas puñaladas recibió, en función de lo que también podría alegar el agravante de ensañamiento. Si finalmente se tienen en cuenta estas dos circunstancias, el procesado podría enfrentarse a una pena de hasta 25 años de prisión. Leer noticia completa

Foro Ciudadano ha anunciado que preguntará al gobierno municipal del Partido Popular por el procedimiento exhaustivo que se ha seguido en las últimas semanas para la contratación “sin publicidad alguna” de un asesor jurídico en la Empresa Municipal de Suelo, Emusujesa. En este sentido, la organización política exigirá también explicaciones a los populares en el seno del consejo de administración, “ya que del contrato del abogado Juan Pedro Cosano, histórico del PP jerezano, ni tan siquiera ha habido comunicación previa a los consejeros de los diferentes grupos políticos con representación en la corporación y en esta sociedad municipal”. Del mismo modo, instan al PP a que aclare cuánto va a costar este ‘fichaje’ al erario público, pese a que como recuerdan el Ayuntamiento dispone de un nutrido gabinete jurídico compuesto por numerosos letrados. “Y también deberá precisar qué ha ocurrido con la resolución del contrato de Manuel Montaño Monge, anterior asesor jurídico externo que igualmente sin publicidad ni comunicación alguna al consejo de administración contrató Emusujesa”.

Según la agrupación política, Cosano fue presidente del Partido Popular de Jerez, candidato a la Alcaldía a principios de los 90 y concejal de la oposición por ese mismo partido, teniendo precisamente a Pedro Pacheco como su mayor adversario y enfrentándose a él en montajes judiciales que perdió, como el famoso caso de Sherryworld entre finales de los 90 y principios de 2000. “Con estos antecedentes, Foro Ciudadano no se extraña lo más mínimo de que la actual alcaldesa, María José García-Pelayo, decidiese prescindir del anterior letrado externo de Emusujesa, el señor Montaño, y haya colocado por la gatera de esta sociedad municipal al mencionado Cosano para que ejerciera la acusación particular en el caso de dos contrataciones perfectamente legales efectuadas al amparo del pacto político PSOE-PSA entre los años 2005 y 2007, como así ha vuelto a quedar demostrado durante la pasada semana”.

Con todo ello, concluyen que en el juicio celebrado esta semana en la Audiencia Provincial no se ha defendido en ningún caso el interés del Ayuntamiento, sino que lo que se ha tratado por parte del PP es de “desprestigiar y dañar públicamente la imagen del señor Pedro Pacheco y tratar de apartarle a toda costa de su carrera política ante la amenaza de que pudiera ser nuevamente candidato a la Alcaldía con opciones en 2015″. Pese a todo ello,desde Foro expresan su “más absoluta confianza en la Justicia” y su convencimiento de que cualquier posible hecho dudoso que hubiese habido que aclarar en los tribunales, ha quedado lo suficientemente dilucidado.

Los abogados jerezanos tienen por fin algo que celebrar, puesto que la Junta de Andalucía ya se ha puesto al día en los pagos del turno de oficio. Con el abono de lo relativo al tercer trimestre de 2012, la administración ha cumplido puesto que aún estaría en plazo para liquidar el cuarto trimestre del año. Algo que no ocurre con los gastos de infraestructuras, sin embargo, ya que como ha recordado el decano del Colegio de Abogados, Marcos Camacho, todavía deben la mitad de 2012 y lo correspondiente al ejercicio vigente. Una cantidad que rondaría los 90.000 euros. Pese a ello, el decano ha reconocido que el último abono supone un soplo de aire fresco para los interesados, que se plantean incluso volver a ampliar el turno de oficio que había quedado drásticamente reducido por la falta de fondos. Leer noticia completa

El Partido Popular de Jerez afirma que la política de recortes que está llevando a cabo el gobierno del bipartito andaluz PSOE-IU puede acabar con la asistencia jurídica gratuita. El motivo -según denuncian los populares- es la asfixia económica, vía impagos y recortes retributivos, a los 225 abogados y procuradores que prestan servicios en el Turno de Oficio en Jerez.

Según el PP, el gobierno andaluz comunicó a finales de julio a los Colegios Profesionales que culmina una Orden para eliminar los baremo de retribución, por lo que se prevé incrementar los servicios, pero reducir las compensaciones hasta un 18%. Los populares explican que la Junta “aprovechó el mes de agosto” para imponer su criterio, intentando evitar que los profesionales pudieran acceder al trámite de audiencia.

Para el PP, “son argucias del consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, para imponer a los abogados y procuradores que prestan servicios de asistencia jurídica gratuita en el Turno de Oficio y en el Turno de Guardia, una serie de modificaciones en las retribuciones que supondrían prácticamente el desmantelamiento de estos servicios”.

Plazo insuficiente

Concretamente, la Junta elaboró esta orden a finales de julio y la trasladó a los profesionales a tres días hábiles del inicio del periodo de inactividad del mes de agosto. En este sentido, el PP destaca que el plazo que ha dado la Junta para evaluar el informe es de siete días, algo que “vulnera la normativa” recogida en la Ley 6/2006 de 24 de octubre, que establece con claridad que el plazo no debe ser inferior a quince días, lo que, a juicio de los populares, provoca la nulidad de la Orden.

El PP explica, asimismo, que esta reducción retributiva, que en algunos casos llega al 18% –el 10% de recorte directo más el 8% a consecuencia de la no actualización del IPC en los últimos años-, se ha planteado sin haber saldado la deuda que la Junta mantiene con los Colegios de Abogados y profesionales que prestan estos servicios, ya que “aún deben el 50% de los gastos de infraestructuras de 2011, el 50% del cuarto trimestre del pasado año, así como tampoco se ha liquidado ningún servicio correspondiente al ejercicio de 2012″

Por último, el PP considera irresponsable que, en lugar de buscar otros mecanismos de contención y corrección del gasto, ese incremento de servicios lo asuman sólo los profesionales que los prestan, en lugar de asumirlos la Administración obligada a prestarlos.