Pedro Pacheco no recurrirá finalmente la sentencia que absuelve a la también ex alcaldesa Pilar Sánchez de un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación tras el juicio por el conocido como ‘caso de los asesores’ que acogió la Audiencia Provincial el pasado mes de enero y en el que él ejercía la acusación popular.

Así, al menos, lo ha indicado su abogado, Manuel Hortas, quien ha añadido que tampoco se recurrirá las absoluciones de los otros seis imputados en la causa -cinco contratados como asesores y un técnico del Servicio Municipal de Inserción Laboral (Serjil)-. Cabe recordar a este respecto que precisamente este viernes cumplía el plazo para presentar recurso, por lo que no cabe ya una marcha atrás en esta decisión y, por lo tanto, el proceso judicial queda ya definitivamente cerrado.

Recordar, asimismo, que la sentencia en cuestión consideraba que no puede acusarse de prevaricación a Pilar Sánchez por la contratación de asesores cuando era alcaldesa de Jerez, ya que para ello debería haber incurrido en “ilegalidades severas y dolorosas”, algo que afirma que no está probado que ocurriera en ningún caso.

El ex alcalde Pedro Pacheco interpuso la denuncia la denuncia después de que Pilar Sánchez pusiera en conocimiento de la Fiscalía los pagos con cargo al Consistorio realizados a dos militantes del PSA presuntamente contratados como asesores, causa ésta por la que ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión, aunque Pacheco se encuentra a la espera del pronunciamento del  Tribunal Supremo al recurso presentado.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha valorado este viernes (un día después de que se conociese) la sentencia absolutoria de la que fuera primera edil en la pasad legislatura, la socialista Pilar Sánchez, en el conocido como ‘caso asesores’, en la que también son absueltos el resto de acusados. Así, ha señalado que, aunque se alegra de la resolución judicial, una cuestión es la absolución jurídica y otra bien distinta la cuestión moral. “Tiene la absolución jurídica, pero no la moral”, ha dicho exactamente.

Como cabía esperar, la respuesta por parte del PSOE no se ha hecho esperar. Y ha llegado en boca de la secretaria de Organización de la Ejecutiva provincial, Araceli Maese. Ha lamentado que “la primera autoridad de Jerez se haya pronunciado en esos términos, “despreciando y cuestionando una sentencia judicial por el mero hecho de que no le agrada una resolución que ha dejado claro que Pilar Sánchez ha sido víctima de una vil campaña de desprestigio personal extendida también al PSOE de Jerez y que ha causado mucho daño”.

Maese ha criticado además que “García-Pelayo solo vea la paja en el ojo ajeno y no la viga enorme que tiene en su propio ojo, ya que es toda una inmoralidad que ella misma enchufara en el Ayuntamiento al marido de la candidata a la Alcaldía de Sanlúcar, Ana Mestre, y después lo salvara de los despidos que se produjeron como consecuencia del ERE aplicado”.

Así, la dirigente del PSOE recuerda que ni la alcaldesa de Jerez, ni el PP han dado aún explicaciones ante este inmoral hecho de “que primero enchufara a la pareja de Mestre en el año 2003 cuando se produjeron 307 contrataciones bajo el mandato del PP-PSA y después, este trabajador municipal tuviera el privilegio de ser protegido y salvado de los 260 despidos que se produjeron hace año y medio en el Consistorio”.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial ha absuelto a la ex alcaldesa Pilar Sánchez de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación por los que fue juzgada el pasado mes de enero en el conocido como ’caso de los asesores’. La sentencia también absuelve a los otros cinco acusados, los supuestos enchufados y un técnico del Servicio Jerezano de Inserción Laboral (Serjil) que habría intervenido en la selección de tres de ellos.

Cabe recordar que la acusación popular, ejercida por el también ex alcalde jerezano Pedro Pacheco, rebajó durante el juicio su petición de pena para Pilar Sánchez de los 23 años y ocho meses iniciales a cinco años de prisión y diez de inhabilitación. También retiró el delito de falsedad documental para todos los imputados.

La acusación se basaba en que Sánchez se pudo aprovechar de su calidad de alcaldesa para contratar a asesores y personal de confianza mediante decretos de Alcaldía y sin tener en cuenta los requisitos de publicidad o convocatoria pública entre los años 2005 y 2011.

Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) en el plazo de cinco días desde su notificación.

PILAR SÁNCHEZ, CONTENTA

La reacción de Pilar Sánchez no se ha hecho espera y ya ha declarado estar “contenta” tras conocer la sentencia. Ha asegurado también que “se ha hecho justicia”. “Lo triste es que se haya tenido que llegar hasta donde se ha llegado”, ha apostillado.

“No todo vale. No vale utilizar la justicia para hacer daño a los políticos y a los partidos”, ha concluido.

Quinta renuncia en lo que va de mandato en las filas del Grupo Municipal Socialista. Y esta vez, de una edil que ya había sustituido a otra con la legislatura iniciada. Se trata de Margarida Ledo. Tras una mañana plagada de rumores al respecto, REPORTEROS JEREZ ha podido saber que ha trasladado a su partido su decisión de dejar el Ayuntamiento, aunque, en principio, no sería hasta este miércoles cuando presente el escrito de renuncia en el Registro municipal. Parece ser que la misma responde a motivos personales, aunque las fuentes consultadas no se han extendido en más detalles al respecto.

Cabe recordar que Ledo ocupó el 30 de noviembre de 2012 el lugar dejado por la ex alcaldesa Pilar Sánchez tras la renuncia de ésta. El siguiente en marcharse, el 25 de octubre de 2013, fue Juan Pedro Crisol, cuyo lugar lo ocupó José Manuel Jiménez. Después dejó el Consistorio la actual secretaria general de los socialistas jerezanos, Miriam Alconchel, tras ser nombrada delegada territorial de Sanidad de la Junta de Andalucía, y fue reemplazada por Abraham Granadino. La última renuncia, hace apenas unas semanas, fue la del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Francisco Lebrero.

Está por ver todavía quién ocupará el lugar de este último, una cuestión que aún no ha resuelto el partido. La siguiente en la lista que concurrió a las elecciones municipales es María del Carmen Martínez, aunque en el partido no creen que vaya a aceptar. De ser así, sería Luis Flor quien lo hiciese y José Antonio Díaz el de Margarida Ledo. Pero esto último, como se ha apuntado, son cuestiones pendientes de resolver.

Después de un tiempo guardando silencio, Pedro Pacheco ha comparecido este lunes en rueda de prensa. Y tenía muchas cuestiones sobre las que hablar, sobre todo las que hacen referencia a los numerosos frentes judiciales que tiene que afrontar y el juicio contra la alcaldesa Pilar Sánchez por una denuncia presentada precisamente por él. También se esperaba que se pronunciase sobre su futuro en la política. Por lo tanto, no es de extrañar que hubiese una notable expectación para saber qué es lo que decía el ex alcalde, quien ha optado por comparecer ante los medios en un conocido hotel de la ciudad en lugar de en la sede del partido al que sigue perteneciendo y supuestamente liderando, Foro Ciudadano de Jerez.

Pacheco ha advertido que no le van a “echar de la política” y ha anunciado que no recurrirá las “falsas” imputaciones en las tres causas judiciales pendientes por las que tendrá que ir a juicio relacionadas con la venta de la antigua estación de autobuses de Jerez, los Huertos de Ocio y las obras de la Casa de la Hermandad del Rocío. La razón, según ha dicho, acelerar los procesos para poder demostrar los antes posible su “inocencia” en todos los casos reseñados.

Ha asegurado que todo responde a una campaña de “cacería” y “captura” contra su persona, situándola en 2007, cuando al socialista Pilar Sánchez era alcaldesa y presentó contra él “una batería de denuncias” por los casos mencionados y que en 2011 se vio “avivada” por la actual alcaldesa, la popular María José García-Pelayo. También ha mostrado su “asombro por la inquina personal de cierto fiscal” encargado de la instrucción de los casos, la cual ha calificado de “disparatada” tras reprocharle también su “inestimable colaboración” con Sánchez en las distintas denuncias interpuestas. Pese a todo, ha mostrado su plena confianza en la justicia.

LOS CASOS

Sobre el ‘caso de la estación de autobuses’ en el que está imputado por prevaricación y fraude a la Administración ha señalado que él no formaba parte del Consejo de la Empresa Municipal de Suelo (Emusujesa) que se celebró en 2004 para aprobar el expediente de valoración de las instalaciones por 1,7 millones y que después se solicitó al Ayuntamiento. Posteriormente, ha explicado que el Consistorio decidió desafectar estas dependencias en dos plenos, y acordó posteriormente con Emusujesa que el 50 por ciento de la plusvalía sería para el Ayuntamiento y el otro 50 por ciento restante para la sociedad municipal, adjudicándose a la “mejor oferta” en el consejo de 20 de enero de 2006.

En dicho consejo, “en el que ya sí formo yo parte”, ha detallado que se adjudicó finalmente por 2,7 millones y se acordó repartir ese millón de euros superior al valor inicial entre el Ayuntamiento y Emusujesa, según lo ratificado en Pleno, y ha precisado que fue Pilar Sánchez quien en un convenio urbanístico posterior “modificó las condiciones urbanísticas” de dicha estación.

Sobre la causa de los Huertos de Ocio por el se desalojaron a sus “ocupantes” y por la que también será procesado, ha calificado de “disparate” que se esté investigando una permuta que él firmó en 2003 y que fue rectificada por posteriores consejos de administración de Urbanismo.

Respecto a las obras de la Casa de la Hermandad del Rocío, ha asegurado “no saber qué hay más” cuando él fue “el que ha ido a dar explicaciones de este asunto al juez”.

Cabe recordar que, además de los casos reseñados, se está a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de Pedro Pacheco contra la sentencia que le condena a cuatro años y medio de prisión por delitos continuados de malversación de caudales públicos por la contratación de dos asesores.

El juicio contra la ex alcaldesa Pilar Sánchez por el conocido como ‘caso de los asesores’ ha quedado visto para sentencia. Y lo ha hecho con sorpresa en su última jornada: la acusación popular que ejerce el ex alcalde jerezano Pedro Pacheco ha modificado la petición de penas, que pasan de los 23 años y ocho meses iniciales a cinco años de prisión por malversación de caudales públicos y diez de inhabilitación por prevaricación. Asimismo, retira el delito de falsedad documental para todos los imputados. Las defensas, por su parte, han solicitado que Pacheco se haga cargo de los costes del procedimiento por su “mala fe”.

Para las cinco personas supuestamente ‘enchufadas’ que también figuran en la causa, la acusación pide cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público y dos años y seis meses de cárcel como cooperadores necesarios de los delitos antes indicados. Para el técnico del Servicio Jerezano de Inserción Laboral (Serjil) que habría participado en la preselección de tres de ellos, pide cuatro años y tres meses de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación.

Pilar Sánchez, por su parte, ha aprovechado la última jornada para acusar a Pacheco de actuar contra ella “por venganza y rencor” y haber hecho “un uso indebido, grosero y obsceno del sistema judicial”. También ha dicho que confía “absolutamente” en que la justicia pueda resarcirla a ella y a su familia de “todo el sufrimiento y el daño personal y profesional” que se le ha generado a causa de este procedimiento. Se expresó así ante el tribunal después de que las partes presentaran sus conclusiones finales en el juicio.

La exalcaldesa socialista de Jerez y actual directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales de la Consejería de Educación, Pilar Sánchez, declaró este martes durante el juicio del ‘caso asesores’ que “jamás se pactaban contratos en el ámbito de la Alcaldía”, pues llegaban a su mesa “hechos y supervisados”, con “la propuesta hecha con su consignación presupuestaria y dando fe de que estaban ajustados a derecho”.

Durante una hora de declaración, Sánchez, que está acusada de un delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental por cinco presuntos casos de ‘enchufismo’ en la contratación de asesores y personal de confianza, negó cualquier relación “de amistad o personal” con los cinco contratados, que también se sientan en el banquillo de los acusados junto a un técnico del Serjil -agencia de colocación dependiente del Ayuntamiento- que participó en la preselección de tres de los cinco contratos.

La exalcaldesa, que no ha contestado a las preguntas de la acusación popular que ejerce el también exalcalde jerezano Pedro Pacheco, dejó claro que no intervino “de ninguna manera en ningún proceso de selección” y que cuando los contratos llegaban a su mesa comprobaba que tuvieran consignación presupuestaria por parte de la Intervención y el visto bueno del secretario general del Ayuntamiento.

Asimismo, Sánchez insistió en que “no llamé nunca ni a ningún técnico ni a ningún delegado para contratar a nadie” y recordó que en 2005, cuando llegó a la Alcaldía -hasta 2007 gobernó en coalición con Pacheco por el pacto PSOE-PSA- “cada tres o seis meses tenía que dar continuidad a 500 contratos de personal eventual de la anterior etapa de la persona que me acusa”.

En este sentido, defendió que las firmas diarias de contrataciones en su mesa eran “numerosísimas” y que “no tenía que dudar que aquello no estuviese ajustado a la ley” ni “nunca tuve un informe en contra” que le advirtiera de lo contrario, ya que “si lo hubiera visto no hubiera firmado”.

Respecto a los dos contratos de “alta dirección” para personal de confianza firmados en 2005 y 2006 para Francisco Gil y Rosario Cano -también imputados por esta causa-, la exalcaldesa aseguró que ambos tenían “toda la capacidad y la solvencia” para desarrollar su trabajo y que ambos eran funcionarios (de otras administraciones públicas) y, por tanto, “no contraté a ningún parado para venir al Ayuntamiento”.

Sobre los tres contratos laborales suscritos a través de una preselección en el Serjil, aseguró que tanto la que luego sería la exdelegada municipal de Medio Ambiente África Becerra, contratada en este caso como “técnico de Medio Ambiente”, como Rubén Pérez, contratado como delineante, ambos imputados y militantes del PSOE, formaban parte de “otra familia” del PSOE ”con otras sensibilidades”.

Respecto al tercero, el de Dolores Caravaca, también procesada, explicó que “no era una persona significativa en el partido” y precisó que no tenía con ella una “relación personal”.

En la vista de este martes, que se reanudó con la declaración de Sánchez al mediodía después de que el tribunal rechazara las cuestiones previas de las defensas tras varios recesos, declararon también cuatro de los otros seis imputados, entre ellos José María Martínez, el técnico municipal del Serjil que participó en la preselección de los contratos y firmó los expedientes “por orden de la jefa de departamento”.

En este sentido, negó que recibiera “presiones” para realizar sus funciones de preselección y aseguró que la única relación “profesional” que mantenía entonces era con su superiora, descartando que hubiera ejercido cualquier función como “directivo” ni percibiera un “sobresueldo” por su cometido.

La vista se ha reanudado este miércoles con la declaración de los dos imputados pendientes de declarar ante el tribunal, Francisco Gil y Rosario Cano, quienes se beneficiaron de contratos de alta dirección, y los testigos, entre los que estaba citado el exalcalde Pedro Pacheco. Sin embargo, Pacheco no ha declarado porque tanto defensa como acusación (su propio abogado) han renunciado a ello

La Audiencia Provincial ha desestimado, finalmente, la petición de las defensas para que se archive la causa contra la ex alcaldesa Pilar Sánchez y otras seis personas por el conocido como ‘caso de los asesores’ y decida seguir adelante con el juicio que se suspendió este lunes para estudiar el mencionado requerimiento. Considera que la acusación está legitimada, aunque apunta que entiende que no están claras las calificaciones de los delitos en el escrito de la misma y ha reclamado al abogado del ex alcalde Pedro Pacheco que haga las rectificaciones oportunas. Será entonces cuando el Tribunal decida cuándo reanudar el juicio.

Volverán a sentarse en el banquillo de los acusados, por tanto, la ex alcaldesa Pilar Sánchez y otras seis personas que en su día fueron contratadas bajo su mandato. Cabe recordar que el juicio debería haber empezado este lunes, pero se suspendió después de que se planteasen únicamente las cuestiones previas. Así se decidió para que el tribunal deliberase sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas y decidiese si, como solicitaban las mismas, el juicio se anulase o sigue adelante.

Las defensas habían planteado cuatro cuestiones previas y calificaron el caso de “juicio político”. Así, el abogado de Pilar Sánchez, Juan Pedro Cosano, a cuyos planteamientos se sumaron los letrados de los demás imputados, aludía a dilaciones indebidas y a la prescripción de los delitos de falsedad. También consideraban que el denunciante, el ex alcalde Pedro Pacheco, no estaba legitimado para personarse como acusación popular, razón que consideraban más que suficiente para que se archive apelando a la ‘doctrina Botín’. Cabe apuntar que ésta cuestiona la posibilidad de celebrar juicio si no hay una acusación pública, y en esta caso no lo han hecho ni la Fiscalía ni el Ayuntamiento de Jerez. A este respecto, el abogado de Pacheco, Manuel Hortas, defendía que en los delitos planteados como prevaricación y malversación contra la administración pública existe una “afección al ciudadano”. La última cuestión argumentada por las defensas para solicitar la anulación del juicio era que se crea “indefensión” a los imputados debido al escrito de calificación planteado.

La Fiscalía sólo había considerado este último aspecto, reconociendo que el escrito de calificación es “un puzle difícil de entender” en el que “no sabemos qué delitos se imputan a cada uno”. Y fue tras esta consideración del fiscal cuando el tribunal decidió, este pasado lunes por la mañana, retirarse a deliberar y suspender el juicio hasta este martes.

Este lunes comienza en la Audiencia Provincial el juicio contra la ex alcaldesa socialista de Jerez y actual directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales de la Consejería de Educación, Pilar Sánchez, por el conocido como ‘caso de los asesores’. Será procesada por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos por cinco presuntos casos de ‘enchufismo’ en la contratación de asesores y personal de confianza.

La acusación particular, ejercida por el ex alcalde Pedro Pacheco, solicita 23 años y ocho meses de prisión, al entender que se aprovechó de “su calidad de alcaldesa” para contratar a asesores y personal de confianza “mediante decretos de Alcaldía” y “sin tener en cuenta los requisitos obligados” de publicidad, convocatoria pública, ni recurso o posibilidad de integrar a personal procedente de las bolsa de trabajo en el periodo comprendido entre 2005 y 2011″.

La apertura de la causa contra Sánchez se remonta a 2011, cuando en respuesta a la denuncia de ésta última ante la Fiscalía Anticorrupción por el ‘caso asesores’ por el que Pacheco ha sido condenado, el ex alcalde la denunció por la contratación de más de una treintena de personas, de las que el juez ha cuestionado finalmente la legalidad de cinco.

PACHECO DECLARARÁ EL MIÉRCOLES

En este sentido, está previsto que el ex alcalde Pedro Pacheco declare como testigo este próximo miércoles, mientras que este lunes, además de Sánchez, lo harán el resto de imputados, entre los que se encuentran algunos supuestos beneficiarios de esas contrataciones como Francisco Gil, Dolores Caravaca, Rubén Pérez o Rosario Cano, y la ex concejal socialista África Becerra. Para ellos, la acusación reclama en algunos casos penas de cuatro años de prisión y en otros inhabilitaciones para el desempeño de cargos públicos.

El secretario local del PA en Jerez y candidato a la Alcaldía, Santiago Casal, ha dicho que “el PSOE debe actuar y cesar a Pilar Sánchez de su cargo en la Consejería” tras conocer la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de solicitar contra a la ex alcaldesa de Jerez 7 años de prisión y 17 de inhabilitación absoluta por “presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, fraude a la Administración en concurso medial con una malversación en el denominado ‘caso PTA’, por el cual la exregidora ordenó presuntamente que se falsearan informes para que una empresa del sector sanitario, Tinsa (Tecnología Innovación Sanitaria) se instalara en un parque de carácter agroindustrial” en condiciones muy ventajosas con subvenciones irregulares.

Casal considera que este hecho “es otra razón más que suficiente para que la ex alcaldesa sea cesada en el cargo que ocupa como directora de Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía”.

El candidato andalucista recordó que “ya cuando tuvimos conocimiento de ese nombramiento denunciamos la forma en que el PSOE ‘premiaba’ la nefasta gestión de la que fuera alcaldesa de Jerez y que dejó Jerez en el caos económico y social”.

“Los andalucistas fuimos muy críticos con la gestión del PSOE y de Pilar Sánchez, y denunciamos su política errónea y el tiempo nos sigue dando la razón”. Hay que recordar que fuimos los andalucistas quienes pusimos en conocimiento de la fiscalía anticorrupción los presuntos delitos que ahora se les imputan a Sánchez y Lebrero.

Casal explicó que “algunos frutos de su mandato fueron la contratación de 21 asesores que tenía un coste anual de más de 1,5 millones de euros; el aumento de 14.000 a 30.000 parados; obras sin ejecutar y desvíos de fondos del Plan E, problemas de pago a la plantilla municipal y a las concesionarias municipales, entre otros muchos”.

El PA de Jerez también pide que “el concejal socialista Francisco Lebrero debe dimitir”, tras conocerse que el ministerio fiscal también pide cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por 8 años para el portavoz municipal del PSOE por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la Administración en concurso medial con un presunto delito de malversación, de los que es acusado.