El Ayuntamiento ha aprobado el inicio del expediente de contratación de las obras de demolición de dos edificios que albergan 48 viviendas y un edificio destinado a quiosco en la calle Salvador Mairena en la barriada de El Portal. Cabe recordar que el Consistorio desalojó hace ya un año a los vecinos de las viviendas correspondientes ante el riesgo de derrumbe existente. Los vecinos llevan denunciado desde entonces el peligro que suponían estas viviendas por la caída de cascotes y los numerosos actos vandálicos como robos, incendios y destrucción de tabiques que ponían en peligro la estabilidad de los edificios, y por ello exigían su derribo urgente.

El presupuesto previsto para la realización de esta actuación asciende a 63.891 euros y cuenta con un plazo de ejecución de dos meses. La superficie construida total a demoler es de 3.600 metros cuadrados, siendo el volumen total de 12.069 metros cúbicos.

El delegado de Urbanismo y Movilidad, Agustín Muñoz, explica que “era necesario proceder a la contratación de estas obras que consisten en la demolición de estas edificaciones ya que no reúnen las condiciones de habitabilidad suficientes y su estado no permite la rehabilitación”.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, inaugura el martes a las 9 horas la I Jornada Técnica del Patrimonio de Jerez, que está organizada por el Ayuntamiento y la Empresa Municipal del Suelo (Emusujesa) y que tendrá lugar en la Sala Compañía. El Consistorio jerezano es consciente del enorme valor simbólico como referente del casco histórico de la ciudad, que encierra un patrimonio cultural de gran valor, y por ello ha organizado unas jornadas en las que se darán cita profesionales de reconocido prestigio internacional en el mundo de la gestión patrimonial, así como agentes locales implicados en este ámbito. Leer noticia completa

El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Urbanismo, ha otorgado en lo que va de año 272 licencias de apertura de establecimientos destinados a distintas actividades económicas industriales, comerciales, de restauración y de servicios varios. Algo más de un centenar, 116 de estos permisos se concedieron a sociedades y otros 158 a empresas cuyo titular es un autónomo.

Según los datos aportados por la propia delegación, el 51% de estas 272  concesiones,  139, son licencias exprés, es decir están reguladas por la Ordenanza Municipal del procedimiento de tramitación de licencias mediante actuaciones urbanísticas comunicadas, que posibilita la apertura de negocios en el mismo momento en que se solicitan, con el fin de dinamizar e impulsar el comercio minorista de la ciudad.

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Pocos han sido los jerezanos que han podido cruzar los muros del Monasterio de La Cartuja y adentrarse en un monumento fundamental de nuestro patrimonio y considerado Bien de Interés Cultural. El Ayuntamiento pretende darle una vuelta de tuerca a esta circunstancia y estudia la posibilidad de abrirlo de manera parcial durante algunos meses de verano, con el fin de que tanto vecinos de la zona como turistas puedan disfrutar de este enclave. Así lo han confirmado a este medio fuentes de solvencia, explicando que la pelota se encuentra en el tejado de las hermanas de Belén que son las que deberán otorgar el consentimiento definitivo a la iniciativa. Ellas serán quienes decidan qué partes del monasterio podrán mostrarse y cuáles no, respetando siempre su régimen de clausura.

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La alcaldesa, María José García-Pelayo, junto con el primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, presentaron en la Hacienda Vistahermosa de Bodegas Luis Pérez el Plan Especial de Desarrollo de actividades en la zona de viñas, ante cerca de 200 personas vinculadas a los sectores del enoturismo y la viticultura.

Como ya hiciera el pasado mes de abril ante los sectores turístico, de hostelería y del comercio, la alcaldesa ha explicado que este Plan Especial constituye una primera fase del  Plan de Promoción y Desarrollo del Viñedo de Jerez, un proyecto prioritario para el gobierno municipal con el que se pretende relanzar la zona de viñas y convertirla en algo parecido a la Toscana italiana o a los viñedos californianos.

En el acto celebrado hoy han estado presentes cooperativistas de Jerez, miembros de las organizaciones de Asaja, Aecovi, COAG y Fedejerez, así como representantes de los Consejos Reguladores del Vino y del Brandy; representantes de la Mesa del Turismo y las mesas sectoriales del Enoturismo, Ecuestre, Congresos, Autónomos y Restauración y Hoteles. También han asistido emprendedores que han mostrado interés por desarrollar  actividades relacionadas con el turismo rural o la viticultura.

La alcaldesa ha recordado que “nuestro objetivo no es solo conservar la Campiña, sino además, propiciar a su vez el desarrollo económico y turístico de la zona, ofreciendo una oferta amplia y variada de servicios que la conviertan en un motor de generación de riqueza y empleo”.

Así, ha adelantado que “ya estamos trabajando para aprobar cuanto antes este Plan Especial que va a servir de paraguas legal a las iniciativas que pongamos en marcha para poner en valor nuestro paisaje de viñas tan característico.  Ya no estamos hablando en abstracto. Ya sabemos por el Plan Especial que en la zona de viñedos podemos rehabilitar casas rurales que se encuentran en mal estado, bodegas e industrias vinculadas al viñedo,  actuaciones de rehabilitación en edificios para ventas, restaurantes, mostos u hoteles. Y, por eso, ponemos a disposición de la iniciativa privada esta herramienta clave para que agilizar y facilitar los trámites”, ha señalado la alcaldesa.

El Plan Especial

Por su parte, el primer teniente de alcalde ha explicado que este Plan Especial de Desarrollo de Actividades en la zona de viñas permitirá regular, desarrollar y agilizar usos y actividades en la zona de viñedos, conforme a la legislación vigente. Los objetivos del Plan son, según se ha subrayado, definir las actividades que, en cumplimiento de la LOUA, y de acuerdo con el PGOU, pueden ser consideradas como de interés público en la zona de las viñas; establecer las condiciones que deberán cumplir las actividades que se consideren de interés público a la vez que elimina la necesidad de redactar planes de actuación individualizados que ralentizarían el desarrollo de los proyectos.

El Plan Especial ya está elaborado por parte de los técnicos de Urbanismo y se está elaborando el Estudio de Impacto Ambiental, una vez esté terminado, el Plan se aprobará por parte de la Junta de Gobierno Local de forma inicial, siendo el Pleno el que deberá aprobarlo de forma definitiva, después de que se obtengan los informes favorables de las administraciones competentes.

Tal y como ha expuesto Antonio Saldaña, se considerarán actividades de interés público las viviendas vinculadas al sector primario, que podrán ser autorizadas en los espacios contemplados en el Plan Especial y conforme a una serie de requisitos; las bodegas e industrias vinculadas al viñedo, los equipamientos vinculados al medio rural como los centros ecuestres, las granjas escuelas y equipamientos sanitarios, religiosos y educativos. Así como instalaciones hoteleras y hosteleras como rehabilitación de ventas, restaurantes, hoteles o mostos.

El portavoz de Foro Ciudadano de Jerez, Raúl Ramírez, ha criticado las explicaciones “vagas y poco consistentes” que ha ofrecido el gobierno municipal en relación a “un caso tan grave” como el que esta organización política ha puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal. “Una negligencia y una injusticia manifiesta frente a otros empresarios y autónomos de la ciudad que sigue sin respuesta convincente por parte de los responsables del PP, que sí suelen recurrir a la pataleta y a la descalificación cuando se les fiscaliza al milímetro una gestión más que dudosa”, ha remarcado Ramírez.

Se refiere a una denuncia que tiene su origen en varios expedientes de carácter administrativo que pesan sobre el centro privado de educación infantil Saint Thomas School (anteriormente denominado Highlands), pero sin que conste en los expedientes cambio de titularidad alguno) por carecer de licencia de apertura y licencias de obras en su actual emplazamiento de la avenida Medina Sidonia (carretera Cartuja). En este sentido, ha lamentado Ramírez, “la reacción del gobierno local ante unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la Ordenación del Territorio y contra la Administración Pública ha sido ambigua, contradictoria y poco convincente”.

Y ha basado esta afirmación en el hecho de que “no tiene sentido alguno que conste un escrito del pasado 9 de abril para adoptar la medida consistente en el cese inmediato de la actividad del centro de educación infantil; posteriormente, el 15 de abril, se decretase nuevamente la caducidad del expediente; y ahora diga el gobierno local del PP que, primero, aquel expediente sigue vivo pendiente de alegaciones y, al tiempo, se ha incoado uno nuevo”. “¿A quién pretenden engañar? El PP lleva haciendo la vista gorda con este asunto prácticamente desde que accedió al gobierno local por no sé sabe qué presiones, pero esto es algo de enorme gravedad ya que estamos hablando de unas instalaciones sin licencia de apertura ni de obras donde se imparten clases a niños pequeños”. Por cierto, ha incidido, “¿cuándo nos va a dar explicaciones la señora alcaldesa de por qué no se han abonado los 50.161 euros de multa (a la derecha, el documento correspondiente) que pesan sobre el centro independientemente de quien lo gestionase al principio o lo esté gestionando ahora?”. Como recoge el escrito denuncia, el pasado 8 de abril, un informe de la inspección urbanística comprueba que la actividad se sigue ejerciendo en el centro infantil. Por ello, un día más tarde, el 9 de abril y mediante escrito del delegado de Urbanismo, se comunica al titular del centro infantil que se va a dar traslado al órgano competente para que, en ejercicio de la función de policía administrativa, “se adopte la medida de policía consistente en el cese inmediato de actividad de centro infantil por carecer de la correspondiente licencia de apertura para su ejercicio”. Sin embargo, “y sorprendentemente, el pasado 15 de abril, hace apenas mes y medio, se notifica al interesado el decreto del delegado de Urbanismo en el cual se declara nuevamente la caducidad del expediente ADM-URB-SANAP.2012/21”.

Del mismo modo, y pese a que nada se ha explicado en relación a por qué no se ha abonado la sanción de 50.161 euros por carecer de licencia de obra mayor, Foro Ciudadano también insiste en que el PP debe aclarar por qué se abrieron dos nuevos expedientes al centro por carecer de licencia de obra mayor y pese a que se levantó actas de inspección por las mencionadas infracciones el 14 de marzo de 2012 y el pasado 10 de abril, “no hay constancia de que se hayan llevado a cabo más actuaciones”. Se da la circunstancia, como así ha incidido Ramírez, que en paralelo a estos hechos el gobierno local del PP firmó el pasado 2 de marzo un convenio con los mismos propietarios del colegio que presenta las irregularidades para la cesión gratuita de una parcela de equipamiento público de unos 20.000 metros cuadrados frente a Chapín.

En este sentido, y dado que es visible que las obras en dicho suelo privilegiado de la ciudad ya han comenzado, el portavoz de esta formación también ha anunciado que Foro Ciudadano va a preguntar a la alcaldesa “si por parte de Nuevo Saint Thomas School SL, la sociedad que recientemente se ha constituido, se ha presentado proyecto de edificación para obtener la licencia de obras en la nueva parcela”. En todo este asunto, ha remarcado, “tenemos muy claro, y así se pone en evidencia en la documentación, que los servicios técnicos de Urbanismo han hecho perfectamente su trabajo y han instruido bien los expedientes, por lo que aquí lo que cabe es depurar la naturaleza de las decisiones políticas”.

En última instancia, Ramírez ha asegurado que “Foro Ciudadano, como así consta, lleva meses trabajando en este asunto ante las irregularidades graves detectadas y el haberlo puesto ahora en conocimiento de la Justicia no corresponde a ninguna reacción más allá de la servir al interés general por mucho que pretenda intoxicar la derecha. Llevamos preguntando por este tema desde el pasado mes de marzo y a la vista de que el PP ha dado la callada por respuesta decidimos acudir a Fiscalía para que determine las responsabilidades que pudiera haber ante estos hechos descritos”.

El Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal del Suelo, Emusujesa, y la Universidad de Sevilla, a través de la Fundación de Investigación (FIUS), han suscrito un convenio de colaboración para que alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura realicen un proyecto de investigación y evaluación de propuestas de intervención urbanística integral sobre el centro histórico de Jerez.

El vicepresidente de Emusujesa, Antonio Saldaña, ha explicado que este convenio de colaboración se engloba en el marco de las estrategias de regeneración del centro histórico de la ciudad en las que viene trabajando el Ayuntamiento desde hace meses. Tal y como adelantó la alcaldesa, María José García-Pelayo, el pasado lunes en la presentación del balance de gestión de los dos primeros años de legislatura, a mediados de junio se va a constituir una Mesa del Centro Histórico en la que se expondrán estas estrategias y se plantearán propuestas para revitalizar el centro de la ciudad.

El proyecto de investigación en el que van a trabajar los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura comprenderá tres fases: una primera de toma y recogida de datos; la segunda de análisis y evaluación de los mismos, y una tercera de realización y evaluación de propuestas de intervención.

Este proyecto será coordinado por el profesor González de Boado por parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y por Fernando Núñez, gerente de Emusujesa. El periodo de ejecución del proyecto de investigación se cifra en diecisiete meses y culminará con la presentación de los resultados y la publicación del mismo.

La antena de la barriada de La Pita colocada de forma ilegal en una vivienda de la calle Don ha escrito un capítulo más en su historia. Después de que los vecinos denunciaran su instalación al Ayuntamiento y este confirmara que no debía estar ahí, vuelven los problemas, esta vez con la retirada. El pasado 20 de marzo comenzó el proceso de desmontaje de la antena, de grandes dimensiones, y todos los vecinos se felicitaron por haberlo conseguido tras denuncias y concentraciones.

Pero los trabajos se paralizaron y mientras tanto el dispositivo electromagnético sigue en la azotea, a la vista de todos, como explican desde Solidaridad. “A esta Federación se nos informa, por parte del propietario de la vivienda donde se encuentra la antena, que la compañía de telefonía dice que no la quita porque tiene que pedir un permiso para que entre un camión con una grúa para bajar el equipo. Valiente cinismo y cara dura tienen estos señores, ¿pidieron permiso para el camión grúa que subió la antena y sus componentes?”, se preguntan con evidente indignación.

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La Asociación de Fabricantes y Venta de Pan de la provincia de Cádiz se ha puesto manos a la obra para intentar frenar la proliferación de puntos de venta que no cumplen las normativas exigidas. Se venden barras y bollos en gasolineras, fruterías, videoclubs y otros locales -se dio el caso hace dos años de una pajarería- donde utilizan este producto de consumo diario como gancho. Por eso, presentaron el pasado mes de marzo hasta medio centenar de denuncias a Urbanismo (por el tema de las licenias) y a Sanidad para que se realicen las inspecciones pertinentes en locales de la ciudad.

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El delegado de Urbanismo y Movilidad, Agustín Muñoz, y el delegado de Participación y Coordinación de Distritos, José Galvín, han mantenido un encuentro con los presidentes de las asociaciones de vecinos de La Pita y El Pinar, para informarles sobre las gestiones que se están haciendo desde Urbanismo en relación a la instalación de una antena de telefonía móvil en la barriada de La Pita.

Durante dicha reunión, Agustín Muñoz les ha informado que desde Urbanismo se ha actuado “con la máxima celeridad” para dar una solución a esta problemática, por lo que un día después de recibir la denuncia (se registró el día 12 de este mes), el miércoles 13 se trasladó al lugar el servicio de inspección de Urbanismo para verificar la instalación de la antena, la cual comprueba que ésta se había instalado sobre la cubierta de un edificio en construcción, situado en la calle Don 13.

El delegado de Urbanismo ha explicado a los representantes vecinales que no se han concedido autorizaciones o licencias municipales para la instalación de la citada antena, por lo que se van a iniciar los trámites para incoar los correspondientes expedientes de restitución de la legalidad y sancionador.