La pasada noche fue como se esperaba: complicada. Y es que la contratación por parte del Ayuntamiento de una empresa externa para retirar la basura mientras la plantilla de Urbaser está de huelga indignó a los trabajadores y ha provocado un rosario de acontecimientos que hoy probablemente acaben en los tribunales y hasta en el Congreso de los Diputados.
Por su parte, los trabajadores de la concesionaria se fueron a la sede de Urbaser a las 6 para garantizar los servicios mínimos, como todos los días, y llamaron al director de la concesionaria y este también les confirmó la contratación de la empresa externa.
Ahí empezó la peor parte, una vez que los servicios mínimos salieron, y entonces llegó la Policía Nacional con varios furgones que cortaron la calle, sitiaron a los trabajadores y los mantuvieron retenidos hasta las 9 de la mañana, según ellos mismos relatan. “Parecíamos delincuentes, terroristas, nos pidieron los DNI y nos los retiraron físicamente”, se quejan, al tiempo que recuerdan que si intentábamos salir nos pedían hasta el número de matrícula del coche”.
Además de este “abuso” contra sus derechos como ciudadanos, desde el comité de empresa han denunciado hoy que sospechan que la empresa “esquirola” ha estado realizando su trabajo si que hayan podido vigilarlo y denunciarlo. Eso mismo lo pudieron comprobar ellos mismos horas más tarde, sobre las 12 de la mañana, cuando se descubrió a máquinas excavadoras y vehículos no regulados recogiendo basura en distintos barrios de la ciudad, y siendo escoltados en todo momento por la Policía Nacional.
Algunos vecinos han relatado incluso que han tomado fotos de estos hechos, y que recibieron amenazas de la Policía por estar captando imágenes.
PRUEBAS GRÁFICAS
Pese a todo, el comité recabó sus pruebas gráficas, tomó las matrículas de los camiones “esquiroles” y hoy mismo han ido al juzgado para presentar la correspondiente denuncia no solo por la vulneración del derecho a huelga, sino también porque “con esta actituación el Ayuntamiento se pasa por el forro la sentencia sobre servicios mínimos del TSJA. Porque los servicios se están cumpliendo, no hay estado de emergencia, y no pueden hacer lo que están haciendo”, han recalcado hoy los líderes de CC OO y UGT, Rafael Tejada y Pedro Alemán.
Por su parte, el presidente del comité, Juan Manuel Cazalla, ha apuntado hoy que “hemos colaborado desde el principio con la Policía, no hemos creado disturbios ni vamos a caer ahora en la provocación, pero los servicios mínimos se están cumpliendo y ahora vamos a ir a que el juez nos dé la razón”.
Desde el comité también se han preguntado “dónde se están llevando los residuos, quién paga por este servicio y asume la responsabilidad, y qué se va a hacer ante esta indefensión”.
Algo parecido han denunciado desde la oposición. No en vano, representantes del PSOE como Mamen Sánchez, Miriam Alconchel o Francisco Lebrero, y de IU como el parlamentario Ignacio García, han comparecido hoy junto a los empleados para mostrar su rechazo.
Así, la diputada Sánchez ha dejado claro que van a llevar al Congreso una petición de comparecencia del ministro del Interior para que explique las razones de esta actuación policial “fuera de toda lógica”. También han recordado que Tragsa, la empresa que ha realizado los trabajos es una empresa participada por el Ministerio de Medio Ambiente, de Miguel Arias Cañete, por lo que van a pedir las correspondientes explicaciones en el mismo foro.
También García ha condenado la inexplicable “retención” por parte de la Policía Nacional de los empleados y la “injustificada identificación masiva efectuada, que cabe situar en los aledaños de la coacción. ”





















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