La pasada madrugada del 24 de octubre se produjo un ataque a la sede de la Unión Local del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de Jerez, según ha denunciado este mismo a través de un comunicado. Señala, textualmente que “algún grupúsculo de nazis y fascistas ha llevado a cabo unas pintadas de esvásticas en las paredes de la sede y han destrozado la placa informativa de la entrada”.

Lógicamente, condena este “atentado” contra su sede y afirma que supone “una gravísima amenaza contra nuestros afiliados y afiliadas y contra nuestra actividad sindical y social en la ciudad que no vamos a permitir”. “Además, es un hecho de exaltación del nazismo y del odio al diferente que no estamos dispuestos a tolerar”, apostilla al respecto.

Anuncia acciones legales pertinentes, asegurando que denunciará estos actos antes las autoridades judiciales y ante los medios de comunicación. “No podemos dejar ni un solo espacio en nuestra ciudad a los fascistas y nazis”, sentencia.

El 12 de noviembre está marcado en rojo en el calendario de la Asociación de Mujeres por la Igualdad y el Progreso, de la barriada de Torresoto. Este colectivo lleva años dirimiendo un conflicto ya enquistado con la asociación de vecinos del barrio por el uso del local de la plaza Hermana María Dolores. La reciente sentencia le da la razón a los denunciantes y la ejecución provisional dicta que las mujeres deben abandonar las instalaciones antes de la fatídica fecha, aunque ya está en trámite un nuevo recurso.

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El Ayuntamiento de El Bosque informa de la denuncia presentada por el uso indebido de los sistemas del Consistorio para presuntamente obtener datos laborales y personales de un trabajador municipal sin autorización. El pasado 30 de septiembre, la alcaldesa de El Bosque, Inmaculada Gil, como máxima responsable del Ayuntamiento, denunció la supuesta vulneración de la Ley de Protección de Datos personales, al tener conocimiento de la existencia de una carpeta con documentos e información varia de carácter personal referente a un trabajador del Ayuntamiento.

Entre la documentación aparecida, junto a nóminas y asientos contables de gastos del trabajador, destaca la existencia de un informe de la vida laboral del mismo, al cual se habría accedido desde el Ayuntamiento sin autorización por parte del trabajador. Añadir además que junto al informe de vida laboral aparece grapado un documento con más datos del trabajador, procedente de una asesoría laboral local de la que es cliente. Cabe señalar que el Ayuntamiento de El Bosque está autorizado por la Tesorería General de la Seguridad Social a solicitar informes de la vida laboral de sus trabajadores, siempre de conformidad con las obligaciones que establece la Orden del 3 de abril de 1995 y con la correspondiente autorización del interesado. Los hechos denunciados se produjeron cuando la concejal no adscrita, Verónica Trujillano, ostentaba la responsabilidad en el Área de Personal.

Inmaculada Gil afirma que “es mi deber, como alcaldesa y máxima responsable del Ayuntamiento de El Bosque, presentar denuncia de lo ocurrido con el fin de depurar responsabilidades ante la posible vulneración de la Ley de Protección de Datos de carácter personal, considerando que se ha utilizado indebidamente al Ayuntamiento, y, en caso de denuncia por parte del trabajador ante la Agencia Nacional de Protección de Datos y consiguiente sanción, se pueda actuar sobre el presunto responsable de los hechos denunciados”.

Aunque no se ha tenido que lamentar daños personales, el susto esta pasada madrugada del miércoles fue considerable en el Tabanco El Duque, en la calle Juan de Dios Lacoste. La causa, el derrumbe del tejado. Y, por lo visto, lo que queda del mismo, junto con el muro, amenaza con derrumbarse hacia la calle. Lo asegura el presidente de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico, Alejandro González Morillo, quien añade que lo peor es que “nadie hace nada”.

El propio González Morillo afirma que en el incidente se han perdido arcos y columnas de un edificio del siglo XVIII. Y apunta al respecto que “el Ayuntamiento dijo hace meses que se iba a restaurar el edificio urgentemente, pero ahí está cayéndose y convirtiéndose en una muy seria amenaza para la seguridad”. “Está claro que es un delito contra el patrimonio totalmente execrable”, concluye.

Tirón de orejas de Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de Jerez. Ha sido, de nuevo, tras una denuncia de la Agrupación de Técnicos Municipales, que parece no estar dispuesta a pasarle ni una del actual gobierno local. La propia entidad de empleados del Consistorio lo ha hecho público. Y lo explica de la siguiente manera.

Recuerda que requirió en múltiples ocasiones la constitución del Comité de Seguridad y Salud, tanto verbalmente como por escrito, concretamente el pasado 24 de abril. Añade que, “al no obtener ninguna respuesta y siendo prioritario para este sindicato la seguridad y salud de los trabajadores municipales”, se vio obligado a denunciar ante la Inspección Provincial de Trabajo “el grave incumplimiento, pese a ser preceptivo por la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales”.

Este jueves obtuvo respuesta a esa denuncia. La propia Inspección de Trabajo le informaba de que el 26 de julio compareció el Ayuntamiento en las Oficinas de la Inspección y se le requirió  cumplimiento de inmediato de la convocatoria y reunión periódica.

REUNIÓN

La ATMJ señala igualmente que el pasado viernes pasado se convoco el Comité de Seguridad y Salud, aunque afirma que el Ayuntamiento “en ningún momento hizo referencia al requerimiento de la Inspección de Trabajo”.

Considera que “con estas actuaciones, el gobierno municipal está demostrando que la legalidad solo existe a partir de que se lo ordenen, tal como ocurrió con la jornada partida, donde también, a instancias de nuestra denuncia, tuvo que cambiar su imposición de trabajar por las tardes”. “Esta es su forma de actuar: no cumplo la ley hasta que me obliguen”, sentencia la ATMJ.

FACUA Cádiz y Solidaridad consideran inaceptable e injustificado el envío por parte de la empresa suministradora del agua en Jerez (Aquajerez) de notificaciones a los usuarios por las que se les ha requerido el pago inmediato de recibos supuestamente impagados. En dichas notificaciones se emplaza a los usuarios a hacer efectivo el pago en menos de 30 días, con la advertencia de que, no hacerlo, la empresa iniciará contra ellos “los trámites oportunos para el cobro de los mismo de acuerdo a la normativa vigente”. En la mayoría de los casos, tal y como han reconocido posteriormente tanto el Ayuntamiento como la propia empresa, se trata de usuarios que tienen domiciliado el pago de dichos recibos y que no los han abonado por fallo en la gestión del cobro totalmente ajenos a su voluntad, y que la suministradora achaca a las entidades bancarias.

El envío de dichas comunicaciones ha generado la lógica alarma entre los usuarios que, además, cuando haciendo caso de las indicaciones de la empresa se han dirigido a ésta para abonar sus recibos, se han visto a obligados a soportar largas esperas, dado que no dispone de un número adecuado de empleados para atenderles. FACUA Cádiz y Solidaridad consideran que la empresa ha amenazado injustificadamente a los a los usuarios, sobre los que ha hecho recaer un problema ajeno a los mismo y propio de su gestión, como es el cobro de los recibos domiciliados, y consideran que, en cualquier caso, dicho problema se podría haber resuelto sin tener que recurrir al envío de dichas notificaciones.

Aunque la empresa niega que su intención fuera la de amenazar a los usuarios con el posible corte del suministro, consumidores y vecinos recuerdan que, ante la falta de pago, las únicas actuaciones posibles por parte de la empresa consisten en dicha interrupción y en la reclamación judicial del pago de la supuesta deuda, por lo que consideran que la notificación de la empresa sí puede ser entendida como una amenaza de corte, y que Aquajerez ha sido plenamente consciente del efecto que las notificaciones iban a causar en los usuarios, valiéndose de este ardid para acelerar el pago de los recibos por parte de los usuarios y con ello de la resolución del problema del cobro de recibos domiciliados.

A su vez, Solidaridad y FACUA Cádiz lamenta la pasividad mostrada por el Ayuntamiento de Jerez, que además de no censurar la actuación de la empresa ha intentado justificarla. Ambas organizaciones recuerda que, en relación con la privatización de esta empresa, los responsables municipales reiteraron que ello no afectaría a los usuarios ni supondría una merma de la calidad del servicio, lo que, a juicio de estas entidades, ha quedado en entredicho pocos meses después de la venta de la empresa.

Actuaciones y recomendaciones a los usuarios

En los próximos días, FACUA Cádiz y Solidaridad van a dirigirse por escrito a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, a la que van a reclamar, como responsable de la prestación de este servicio, que exija a la empresa la paralización del envío de estas notificaciones.

Por su parte, FACUA Cádiz va a denunciar estos hechos ante la Junta de Andalucía, concretamente, ante las Consejerías de Relaciones Institucionales y Administración Local (competente en materia de consumo) y Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (competente en materia de Industria). FACUA Cádiz va a solicitar que no se autorice ningún corte de suministro de agua solicitado por la Aquajerez hasta que no se aclare esta situación. Atendiendo a la normativa vigente, la suministradora debe informar previamente a la Junta de Andalucía de los cortes de suministro a los usuarios, pudiendo ser éstos desautorizados, tal y como, en este caso, va a reclamar la Asociación de Consumidores.

FACUA Cádiz y Solidaridad recomiendan a los usuarios a los que, por causas ajenas a su voluntad, no se les haya cobrado algún recibo, a denunciar a la empresa si continúan recibiendo las notificaciones. A tal efecto, van a poner a disposición de los usuarios modelos para la presentación de dichas denuncias.

Agentes de la Policía Local realizaron dos detenciones durante el pasado fin de semana por presuntos delitos contra la normativa vigente en materia de Seguridad Vial. La primera intervención de ellas tuvo lugar en la tarde del pasado viernes cuando en la calle Cepa un turismo había colisionado con varios de los vehículos allí estacionados, así como en los alrededores, dándose a la fuga.  Posteriormente lograron localizar al vehículo que presuntamente causó la colisión múltiple cuando circulaba por la calle Federico García Lorca. Tras contactar con el conductor, identificado como M.R.G., se observó que presentaba evidentes síntomas de estar bajo los efectos de intoxicación etílica, algo que confirmó la posterior prueba de alcoholemia.

En cuanto a la segunda detención, agentes de la Policía Local de servicio en la calle Miguel de Unamuno observaron cómo un turismo entraba en la explanada golpeando levemente a dos peatones que se encontraban próxima a la vía e intentando marcharse seguidamente. No obstante fue interceptado de inmediato por los agentes. Las dos personas heridas con carácter leve fueron trasladadas en ambulancia al Hospital de la Seguridad Social donde fueron atendidas.

Las reacciones no se hicieron esperar tras el anuncio del Ayuntamiento de no dejar jugar al Xerez CD los partidos oficiales en Chapín. El presidente del cuadro azulino, Ricardo García, señalaba que le parece una “decisión totalmente errónea”. Muy molesto por esa decisión, el empresario sevillano señalaba que era “otro numerito más al que el Ayuntamiento colabora” y que  las formas no eran “las más adecuadas”, declarando que a su juicio “esto es una zancadilla más para que el Xerez se muera”.

Por todo ello, posteriormente anunció que el Xerez CD llevaría al Ayuntamiento ante los tribunales por una posible “prevaricación”. Sin embargo, días después parece que las posturas del club azulino parece que no son tan radicales y esta tarde han emitido un comunicado en el que matizan que esas acciones judiciales se van a suspender provisional y temporalmente, ya que la próxima semana se van a reunir con el Ayuntamiento para buscar “una salida consensuada a la situación” para que “la normalidad impere en las relaciones entre ambas instituciones”.

COMUNICADO OFICIAL DEL XEREZ CD

El pasado Viernes 23, un día después a la rueda de prensa ofrecida por el Ayuntamiento de Jerez, ha contactado telefónicamente con el Xerez CD.  En el curso de la conversación se han puesto de manifiesto el reconocimiento del Ayuntamiento a que la decisión de impedir al Club el uso de las instalaciones de Chapín supone una medida extrema, basada en causas justificadas a juicio del Consistorio, pero que supone a la postre un importante perjuicio para los intereses del Club, sus seguidores y la sociedad jerezana.

Se tiene prevista una reunión en los próximos días entre ambas partes, Ayuntamiento y Club, a fin de buscar una salida consensuada a la situación, buscando en todo caso que la normalidad impere en las relaciones entre ambas instituciones.

Las acciones judiciales que ha anunciado Xerez SAD van a quedar provisional y temporalmente en suspenso mientras se agota la vía de negociación entre las partes.   Ello no impide que, en caso de no alcanzarse un acuerdo satisfactorio, se den curso a tales acciones y a cuantas medidas resulten necesarias en defensa de los intereses del Club y sus asociados.

En el Centro de Educación Infantil y Primaria Pío XII están tristemente acostumbrados a que de vez en cuando alguien salte un pequeño muro situado en el exterior del edificio y se adentre en el colegio, para simplemente ‘pasear’ por sus instalaciones o cometer alguna trastada. De hecho, la fachada ha sido objeto de grafitis en innumerables ocasiones, pero no ha sido hasta ahora cuando el asunto ha adquirido un cariz tan grave que el director del centro, Marcos Serralvo, se ha visto obligado a acudir a la Comisaría. Como ha explicado él mismo a este medio, hace una semana el portero se percató de que unos desaprensivos habían vuelto a entrar en el colegio y habían llenado los pasillos, baños y paredes interiores de pintadas obscenas, llegando incluso a dañar grifos y otras infraestructuras.  Leer noticia completa

Mucho se ha hablado de la razón por la que el Xerez no ha recibido la ayuda económica de la LFP tras el descenso de categoría. Francisco Gallardo, abogado de Energy, denunciaba ciertas “irregularidades” por parte de la Liga y la AFE, pero lo cierto es que, con la ley por delante, Energy tiene las de perder. Leer noticia completa