Más de 3.830 jóvenes andaluces en paro han solicitado ya el Bono de Empleo Joven de la Junta, una ayuda de 4.800 euros para facilitar su acceso a un contrato de trabajo incluida en el Decreto-ley de medidas de creación de empleo y fomento del emprendimiento aprobado por el gobierno andaluz el pasado mes de mayo. Así lo ha anunciado el secretario general de Empleo de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio González Marín, durante un encuentro con un grupo de egresados universitarios y de Formación Profesional, así como ante una representación de emprendedores y empresarios del territorio.

Este programa, con un presupuesto inicial de 15 millones de euros en el periodo 2013-2014 y una previsión de 3.125 beneficiarios, pretende facilitar a los jóvenes un empleo en la actividad en la que poseen su titulación, a través de esta ayuda económica que se hará efectiva cuando formalicen el contrato de trabajo, y que cobrará la entidad empleadora (empresa cualquiera que sea su forma jurídica, autónomo, entidad privada sin ánimo de lucro).

El secretario general de Empleo ha explicado que el plazo para solicitar esta ayuda culmina el próximo 1 de julio y ha recordado que, hasta el momento, el SAE ha recibido ya la solicitud por parte de 3.834 jóvenes, de ellos 544 pertenecientes a la provincia de Cádiz.

El Bono de Empleo Joven se dirige a titulados universitarios, de Formación Profesional de grado medio o superior y graduados en Educación Secundaria Obligatoria procedentes del Programa Segunda Oportunidad Educativa. Se trata de una ayuda de 4.800 euros para menores de 35 años, distribuida en 12 mensualidades de 400 euros y que se hará efectiva cuando se formalice un contrato laboral por un periodo mínimo de 12 meses a jornada completa. No obstante, si la persona beneficiaría viese extinguida su relación laboral por causas ajenas a ella misma, conserva el derecho a la ayuda si formaliza otro contrato de trabajo en el plazo de tres meses, y seguiría teniendo derecho al Bono hasta completar los 12 meses de su duración.

La solicitud puede realizarse tanto en la dirección www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, como de forma presencial en el registro general del Servicio Andaluz de Empleo o en las direcciones provinciales de la Agencia. Asimismo, los distintos pasos administrativos de la solicitud (requerimientos de subsanación, trámite de audiencia, resolución del procedimiento, publicidad de las concesiones) podrán consultarse en la Oficina Virtual de Empleo del SAE.

Entre los requisitos para acceder el Bono, se requiere que en los tres años anteriores a la fecha final del plazo de solicitud (1 de julio de 2013) se esté en disposición de un título universitario (licenciatura, diplomatura, grados asimilables o títulos equivalentes de música, danza, arte dramático o diseño); un título de técnico o técnico superior en Formación Profesional o en artes plásticas y diseño o enseñanzas deportivas; o un titulo de Educación Secundaria Obligatoria obtenido a través del Programa de Segunda Oportunidad Educativa.

La norma excluye aquellas contrataciones en las que el empleador, o los cargos directivos o miembros de los órganos de administración de las entidades interesadas, tengan con la persona aspirante a la ayuda una relación de parentesco hasta el segundo grado, tanto de consaguinidad como de afinidad, y sus análogas en el caso de las uniones de hecho. También quedan fuera del ámbito de la prestación los contratos realizados a través de empresas de trabajo temporal.

Entre la documentación que deberán presentar los solicitantes están los certificados del expediente académico que acrediten las asignaturas superadas y la nota media del mismo; el certificado de empadronamiento (la ayuda está dirigida solo a aquellos que tengan su vecindad administrativa en Andalucía); libro de familia y certificado acreditativo si pertenece a uno de los colectivos calificados como preferentes (desempleado sin prestación económica y con cargas familiares; personas con discapacidad igual o superior al 33%; jóvenes procedentes de instituciones de protección y reforma, víctimas de violencia de género y víctimas de actos terroristas y sus familiares en primer grado de consaguinidad o afinidad).

Los beneficiarios tendrán de plazo hasta el 20 de noviembre de 2013 para formalizar su contratación laboral. Entre los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para conceder el Bono puntúan en un 40% los procedentes del expediente académico; en un 20% la pertenencia a un colectivo preferente; en un 20% si el solicitante reside en un municipio incluido en las Zonas de Especial Atención para el Empleo y en un 20% su antigüedad como demandante de empleo

Mezclar fútbol y política no ha sido habitualmente una buena idea. De sobra es sabido que el fenómeno futbolísitico ha servido para que minorías oprimidas ideológicamente  tomaran voz a costa del deporte rey. En Inglatera la corriente ‘Hooligan’ tuvo en sus inicios unas bases más políticas que deportivas, y así podríamos viajar desde España hasta Italia, pasando por Grecia o Rusia. Leer noticia completa

El colectivo de prejubilados tras el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la bodega Williams & Humbert van a tener que volver a echarse a la calle después de que todas las gestiones realizadas con la entidad bancaria La Caixa y con el gobierno andaluz no hayan servido para conseguir que se les abonen los retrasos.

Por eso, tras una asamblea celebrada ayer, los afectados por dicha situación han anunciado que “se ven obligados a tomar las medidas reivindicativas pertinentes, con la misma intensidad y directamente proporcional a la gravedad del problema, que suponen a fecha de Junio, el cúmulo de seis meses sin percibir los honorarios y con el agravante de que los afectados tienen que asumir las cuotas a la Seguridad Social dando cumplimiento a lo acordado en el convenio especial del propio ERE”. Es decir, que ellos tienen que seguir abonando importantes cantidades aunque en sus cuentas no hayan cobrado ni un céntimo en este tiempo.

Por ese motivo hoy mismo han llevado a cabo una movilización en la sede del grupo municipal del PSOE de Jerez, donde han tratado de encerrarse. Finalmente han conseguido forzar una reunión con la secretaria general del partido en la ciudad, Miriam Alconchel, y el portavoz municipal, Francisco Lebrero, para exponerles su situación y pedirles que recuerden a la administración sus compromisos.

Y es que estos extrabajadores de la bodega reiteran su denuncia del incumplimiento de los plazos para la resolución del proceso de la renovación de las pólizas con Vida-Caixa. Además, se quejan de que desde la administración habían realizado promesas que no se han cumplido, en concreto en una reunión celebrada el pasado 25 de abril con el director general de trabajo, Francisco Javier Castro, en la que se comprometió a dar una resolución positiva con un plazo máximo de 30 días. Tras el retraso transcurrido, “volvimos a ponernos en contacto con el personal técnico de la Junta de Andalucía y no hemos recibido respuesta alguna que no conlleve más retraso, derivando la responsabilidad sobre William M Mercer (empresa a la que se le adjudica la auditoría de las pólizas)”, explican los afectados.

En esta situación, solo les queda el camino de retomar las protestas al tiempo que piden al al consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, que “asuma las responsabilidades que les compete en esta materia, tomando cartas en el asunto de carácter urgente al amparo del decreto aprobado en octubre de 2012, dando cobertura y cumplimiento para llevar a buen puerto la finalización del citado Expediente de Regulación de Empleo”.

La delegada de Medio Ambiente y Deportes, Felisa Rosado, envió el pasado viernes a la Oficina de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) una carta instándole a que, de forma inminente, proceda  a la limpieza, mantenimiento y cierre de los solares de su propiedad en nuestro término municipal, que en la actualidad se encuentran totalmente abandonados y denunciados por los vecinos  colindantes. Esta empresa cuenta en nuestra ciudad con ocho solares que en total suman 31.159 metros cuadrados.

Por otro lado, debido a las abundantes lluvias de esta primavera, la dirección técnica conjunta de limpieza viaria y recogida de residuos ha programado una actuación especial, que ya se ha iniciado, para eliminar la mayor parte de la maleza y hierbas que han proliferado a causa de las mencionadas lluvias en solares municipales y zonas públicas.

Felisa Rosado pone de manifiesto que con la puesta en marcha de este dispositivo se ha realizado “un importante esfuerzo, a sabiendas de que es lo mejor para la ciudadanía”. Asimismo, realiza un llamamiento a EPSA para que, igual que el Ayuntamiento ha efectuado un esfuerzo, hagan lo mismo y lleven a cabo  la limpieza de  los suyos.

Respecto a los solares propiedad de EPSA, desde la Delegación de Medio Ambiente se ha llevado a cabo una inspección técnica  pudiéndose comprobar “la falta de limpieza, mal estado, suciedad (escombros, residuos orgánicos, arbustos, matorrales, pasto seco, etc…) en los mismos, así como la presencia de roedores”.  “Ante el posible riesgo de incendios y por la insalubridad”, la Delegación ha decidido instar por escrito a la citada empresa pública a que mantenga sus solares limpios de escombros y materias orgánicas, vallados y desratizados y que éstos reúnan las condiciones de seguridad adecuadas, a la mayor brevedad posible, de conformidad con los artículos 6, 17 y 18 (Títulos II y III) de la Ordenanza  Municipal de Protección del Medio Ambiente, en concordancia con la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Decreto 60/2010 que aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

ACTUACIÓN MUNICIPAL

Por otra parte, la actuación especial municipal para eliminar la mayor parte de la maleza y hierbas, cuenta con dos equipos para el desbroce de alcorques, zonas terrizas y acerado y un segundo equipo para el desbroce de parcelas municipales.

Los dos primeros están compuestos, cada uno de ellos, por cuatro desbrozadoras y una brigada de recogida, formada por dos operarios. Asimismo, ambos equipos estarán apoyados por una barredora de viales para la limpieza de las zonas desbrozadas. El tercer equipo lo componen un tractor y dos desbrozadoras. La recogida de los restos la efectuará una brigada.

Habrá que ver cómo afecta el tirón de orejas a los integrantes del pleno del Consejo Regulador, pero mientras tanto lo que es seguro es que se está trabajando el informe técnico con el que se pretenden delimitar a la perfección las características diferenciales entre el fino y la manzanilla, más allá de la zona de crianza, para que no haya que excluir a Sanlúcar de su envejecimiento.

Hay que recordar que tampoco este estudio es una petición nueva, ya que cuando hace seis años surgió por primera vez esta polémica el entonces consejero de Agricultura, Martín Soler, anunció que la propia administración autonómica ya estaba trabajando en la Estación Enológica de Jerez para “caracterizar las diferencias que hay entre los dos caldos, lo que permitirá que su envejecimiento se mantenga en Sanlúcar».

Según dijo entonces el consejero, para las bodegas sanluqueñas había tres años de seguridad por delante -una normativa comunitaria daba de margen hasta 2010, un plazo superado con creces-, “tras lo cual tienen el compromiso de la Consejería de que se van a buscar los elementos técnicos para que, mientras ellos quieran, se pueda criar fino en Sanlúcar».

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Jerez ha denunciado en una rueda de prensa que los bancos están dejando de pagar algunos impuestos de las viviendas que pasan a titularidad de las entidades financieras tras un desahucio. Según han explicado, en numerosos casos, los inmuebles siguen a nombre de los primeros propietarios y que por ello las entidades financieras están dejando de cumplir con el pago de los impuestos y tasas correspondientes a las diferentes administraciones,  locales, autonómicas y central.

La plataforma ha explicado que, así, los bancos no pagan, por ejemplo, el Impuesto de Transmisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía (ITPJ). Apunta que el mismo es el que deben abonar “cuando desahucian a una familia para poder registrarla a su nombre, y denuncia que muchas entidades financieras no lo hacen: “No registran la finca en cuestión y esperan cuatro años para que prescriba y no tener que pagar el impuesto, un impuesto que, dicho sea de paso, nos benéfica a todos”.

Han ofrecido la rueda de prensa tras una reunión con Mamen Sánchez, diputada y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, quien se ha comprometido a trasladar este asunto al Congreso.

Tras la rueda de prensa, los representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se han dirigido a las oficinas de la Delegación de Hacienda de la Junta de Andalucía, donde han registrado informes de dos casos en Jerez de familias que han sido desahuciadas y, por tanto, no son propietarias de las viviendas en cuestión. La razón, precisamente que sospechan que no se ha abonado al reseñado Impuesto de Transmisión de Patrimonio, abono que deben realizar los bancos correspondientes.

Niños de nueve colegios jerezanos se benefician desde este pasado lunes de las tres comidas al día gratis incluidas en el decreto de solidaridad y garantía alimentaria que ha puesto en marcha el gobierno andaluz. Además de almorzar en el comedor, estos menores se llevan a casa una bolsa que incluye la merienda de ese día y el desayuno de la jornada siguiente.

En general, esas bolsas -que se les reparten al salir del comedor- incluyen un brick de leche o batido, una pieza de pan envasada, algo de chacina también envasada, una fruta y un paquete de galletas para esas dos comidas. De momento, la medida ha empezado en los colegios ubicados en zonas de transformación social y se extenderá a otros centros donde se detecten necesidades el próximo curso. En Jerez esas áreas son la Zona Norte (San Benito y Las Torres) y la Zona Sur. Algunos de estos colegios tienen hasta 100 alumnos incluidos en este nuevo programa. En toda Andalucía son 11.000 los niños que disponen de este recurso desde esta misma semana.

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El Servicio Municipal de Aguas de Jerez (en manos de la empresa Aqualia) ha emitido hoy un comunicado para informar a todos sus clientes que desde el 1 de mayo es de obligada aplicación la subida de la cuota variable del Canon Autonómico de Depuración de la Junta de Andalucía en toda la región.

Es decir, que habrá una ligera subida de la factura que, como recalcan desde la concesionaria, “está establecida por Ley por la Junta de Andalucía, ya que este impuesto es ajeno a la propia empresa suministradora y al Ayuntamiento de Jerez, y por tanto no tiene nada que ver con el cambio en el modelo de gestión del Servicio Municipal de Aguas“.

Eso supondrá un aumento aproximado de la factura que puede variar entre los 10 y los 31 céntimos de media al mes, más el IVA. Así, para una familia de dos miembros, tomando como referencia un consumo de 143 litros por habitante y día, que es la media andaluza que establece el Instituto Nacional de Estadística (INE), se aplicará un importe adicional de 10 céntimos, en una familia de tres miembros bajo el mismo supuesto será de 18 céntimos, y para una de cuatro miembros de 31 céntimos.

Tal como ha explicado la empresa, este impuesto autonómico, que se viene aplicando desde 2011 a todos los andaluces, consta de una cuota fija de un euro al mes por vivienda, importe que permanece igual, y una cuota variable en función del consumo de agua que el cliente realice. La aplicación de esta cuota variable se viene haciendo de forma progresiva cada año hasta que en 2015 se llegue al 100% de la tarifa final establecida por la Junta de Andalucía. De esta manera, desde el 1 de mayo de 2012  hasta el 30 de abril de 2013 se venía aplicando el 45% de esta tarifa, y desde el pasado 1 de mayo está siendo el 60%.

Desde Aqualia también han insistido en que a pesar de que en la factura de agua aparece bajo titularidad de Aquajerez S.L., “este canon constituye un impuesto de la Junta de Andalucía, al que están obligados todos los usuarios de agua de las redes de abastecimiento, sean estos domésticos o industriales. Y toda entidad suministradora, sea esta pública, mixta o privada, está obligada por la Ley de Aguas de Andalucía a aplicar y recaudar el canon para ingresarlo en su totalidad a la Junta de Andalucía de forma semestral”.

Unas 900 familias jerezanas esperan a día de hoy la resolución de sus solicitudes para recibir el salario social, un trámite que se puede tramitar desde el Ayuntamiento (también desde la administración autonómica) y que resuelve la Junta de Andalucía. “Si la Junta no tardara hasta 15 meses en responder, no habría lista de espera”, asegura la delegada de Políticas Sociales, Isabel Paredes. Según ha explicado en rueda de prensa, “quedan expedientes por resolver del año 2012″.

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La alcaldesa, María José García-Pelayo, acompañada de la delegada Bienestar Social y Salud, Isabel Paredes, ha presidido la firma de tres convenios de colaboración con las entidades Asociación Sinfonía Mediación, Mediante y Asociación ADR-Promedia Mediadores de Conflictos para la aplicación de la mediación familiar en el municipio. El Ayuntamiento de Jerez quiere, de esta manera, ofrecer y fomentar el acceso a programas y servicios de mediación familiar de forma gratuita, en el ámbito de los servicios sociales, como un recurso eficaz para resolver conflictos, reforzar las relaciones familiares y sociales, y asegurar la protección integral de los menores. Por parte de las asociaciones han suscrito el convenio Mónica Botas González, presidenta de Sinfonía Mediación; Josefina Benítez Duarte, presidenta de Mediante, e Isabel Gómez Chacón, vicepresidenta de la Asociación ADR-Promedia Mediadores de Conflicto.

La firma de estos convenios fue acordada en Junta de Gobierno el pasado 12 de abril. Cabe recordar que el Pleno del 25 de octubre de 2011 aprobó una propuesta en la que se  instaba a la Junta de Andalucía a que activase el servicio de mediación posibilitando su acceso a las familias que cuentan con escasos recursos. La delegada ha recordado el importante retraso que registra Jerez y Andalucía en la implantación de este servicio a pesar de contar con una Ley de Mediación: “Llevamos diez años de retraso respecto a otras comunidades autónomas. Nos parece primordial contar en Jerez con centros de mediación familiar públicos o al menos subvencionados por la Junta de Andalucía”.

Este servicio de mediación permitirá intervenir en conflictos intrafamiliares. Isabel Paredes ha añadido que “somos una ciudad con una alta conflictividad social y familiar. Según datos del propio CGPJ se producen el 30 por ciento de todos casos de confrontación familiar que se producen en la provincia. Creemos, por tanto, que es sumamente necesario este servicio de mediación”.

El Ayuntamiento quiere coordinarse con otras instituciones y sumar esfuerzos para dar una respuesta acorde a las necesidades, no sólo de menores, sino también desde todos los ámbitos. “Ahora se crearán mesas de seguimiento para coordinarnos con otras instituciones y unir y sumar esfuerzos en todas las parcelas que afectan a los menores; para ir todos de la mano a la hora de dar respuestas”.

En el convenio, que tiene una vigencia de dos años, el Ayuntamiento se compromete a facilitar a las asociaciones firmantes el uso de sus instalaciones (Centros de Servicios Sociales) para intervenir con los casos derivados. “No sólo cedemos las salas sino que contribuimos a crear cultura de mediación”, ha afirmado la delegada. También el Consistorio colaborará en la organización de las jornadas formativas e informativas y demás actuaciones, que las asociaciones realicen en el marco del convenio, para lo que pondrá a su disposición instalaciones, personal técnico municipal, y  medios de difusión necesario.

Las asociaciones, por su parte, gracias a este convenio intervendrán gratuitamente con aquellas familias que los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento les deriven con equipos multidisciplinares formados por un trabajador social, un  psicólogo y un abogado. Asimismo, las asociaciones organizarán jornadas formativas e informativas y otras actuaciones, dirigidas a la población en general y a colectivos específicos, para dar a conocer la mediación familiar.

Josefina Benítez ha señalado que es fundamental que la ciudadanía de Jerez sepa que hay otras formas de resolver los conflictos que no sea por medio de la vía judicial sino por la mediación. “Con este convenio se hace un impulso grande desde la Delegación de Bienestar Social para que se pueda contar con este servicio”. Mónica Botas ha subrayado que gracias al convenio los ciudadanos de Jerez van a poder tener a  su alcance de un servicio de mediación y que las partes puedan resolver los “conflictos de manera pacífica, desde una perspectiva global, que significa  gestionar adecuadamente las emociones  y facilitar la comunicación; desde la mediación se pretende que la comunicación sea sana. Pero sobre todo, que cale en la sociedad la cultura de la paz, no podemos judicializar todos y cada uno los asuntos en los que nos vemos inmersos”.