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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca denuncia que muchos bancos no pagan los impuestos de las viviendas desahuciadas


La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Jerez ha denunciado en una rueda de prensa que los bancos están dejando de pagar algunos impuestos de las viviendas que pasan a titularidad de las entidades financieras tras un desahucio. Según han explicado, en numerosos casos, los inmuebles siguen a nombre de los primeros propietarios y que por ello las entidades financieras están dejando de cumplir con el pago de los impuestos y tasas correspondientes a las diferentes administraciones,  locales, autonómicas y central.

La plataforma ha explicado que, así, los bancos no pagan, por ejemplo, el Impuesto de Transmisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía (ITPJ). Apunta que el mismo es el que deben abonar “cuando desahucian a una familia para poder registrarla a su nombre, y denuncia que muchas entidades financieras no lo hacen: “No registran la finca en cuestión y esperan cuatro años para que prescriba y no tener que pagar el impuesto, un impuesto que, dicho sea de paso, nos benéfica a todos”.

Han ofrecido la rueda de prensa tras una reunión con Mamen Sánchez, diputada y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, quien se ha comprometido a trasladar este asunto al Congreso.

Tras la rueda de prensa, los representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se han dirigido a las oficinas de la Delegación de Hacienda de la Junta de Andalucía, donde han registrado informes de dos casos en Jerez de familias que han sido desahuciadas y, por tanto, no son propietarias de las viviendas en cuestión. La razón, precisamente que sospechan que no se ha abonado al reseñado Impuesto de Transmisión de Patrimonio, abono que deben realizar los bancos correspondientes.

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El Gobierno central negociará esta semana con varios bancos la refinanciación de deuda del Ayuntamiento de Jerez


El secretario de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda, Antonio Beteta, y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (PP), lo anunciaron a principios del pasado mes de abril: una reestructuración de la deuda financiera del Ayuntamiento jerezano, por un importe total de 111 millones de euros, correspondientes a la deuda a corto plazo vencida y a largo plazo. Y ahora ha llegado el momento de negociarla con entidades bancarias.

Según anunció la primera edil en los micrófonos de Radio Jerez y han confirmado fuentes municipales a REPORTEROS JEREZ, la negociación correspondiente con diferentes entidades bancarias será esta semana en Madrid. Correrá a cargo del propio Gobierno central, que aprovechará para negociar otros acuerdos para otros municipios.

En abril, Beteta ya señaló que se trata de ”una medida más de apoyo del Gobierno de España” al Ayuntamiento de Jerez tras demostrar el “estricto cumplimiento” de su Plan de Ajuste y la “seriedad y el rigor” en la gestión económica del actual gobierno local. También dejó claro que la iniciativa se engloba en un paquete de medidas concretas especiales para Jerez que se irán aplicando a lo largo del año, ya que el Gobierno es “consciente de la especial situación en Jerez y de su Ayuntamiento”.

La medida, sin embargo, no tardó en recibir las críticas del principal partido de la oposición, el PSOE. La diputada y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, la jerezana Mamen Sánchez, señaló poco después del anuncio de Beteta y García-Pelayo que se trataba de dar oxígeno al Ayuntamiento de Jerez para los dos próximos años, “pero se le endosa la asfixia económica y financiera al siguiente gobierno municipal, que deberá pagar todo lo que se debe en ocho años, en vez de en diez”.

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Las familias desahuciadas en situación de “especial vulnerabilidad” podrán optar al Fondo Social de Viviendas


La alcaldesa, María José García-Pelayo, acompañada de la delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, ha presidido una primera reunión de coordinación de las instituciones firmantes del convenio para la creación de un Fondo Social de Viviendas, impulsado por el Gobierno central y suscrito con la Federación de Municipios y Provincias, la Plataforma del Tercer Sector y 33 entidades de crédito; un encuentro que supone, además, la entrada en funcionamiento de este convenio en Jerez tras fijarse un protocolo de actuación.

El mismo establece que podrán acceder a estas viviendas las personas que hayan sido desalojadas de su primera vivienda a partir del 1 de enero de 2008 y que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad social. Estas personas desahuciadas presentarán su solicitud a la entidad de crédito correspondiente, que darán prioridad a aquellas situaciones de mayor necesidad o riesgo social. A continuación, las entidades financieras solicitarán a los Servicios Sociales un informe de valoración de la situación y el riesgo social de los solicitantes. También los Servicios Sociales podrán trasladar a las entidades financieras peticiones de usuarios que cumplan los requisitos.

La alcaldesa se ha mostrado satisfecha con esta primera reunión de coordinación y ha expresado su agradecimiento a las entidades financieras firmantes del convenio “porque significa una clara apuesta por la labor social. Las entidades financieras han puesto su sensibilidad encima de la mesa con estas 44 viviendas; y nos ha trasladado que trabajan siempre con la voluntad de impedir que el ciudadano pierda la vivienda. Fuimos los segundos en acogernos a este convenio y ya podemos decir que el Fondo Social funciona en Jerez”, ha subrayado.

Las personas podrán acceder a estas viviendas durante dos años, y un año más prorrogable, mediante un alquiler social, de entre 150 y 400 euros, dependiendo de las rentas que tengan estas familias. En ningún caso lo que se pague de alquiler nunca podrá absorber el 30 por ciento de los ingresos que tenga la familia.

REQUISITOS

El Ayuntamiento, desde que acordó suscribir este convenio por acuerdo de Pleno del 22 de febrero, esperaba su puesta en marcha porque “hay un problema grave en Jerez, como en el resto de España, de muchas familias que no pueden pagar sus viviendas y se quedan en la calle”, según ha señalado la primera edil. Ahora estas familias podrán acceder a una vivienda si cumplen requisitos como que: el desalojo se produjo a partir del día 1 de enero de 2008; que el conjunto de los ingresos mensuales de los miembros de su unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (1.597 euros conforme al Iprem actual); que ninguno de los miembros de la unidad familiar disponga de vivienda en propiedad; que se encuentre en un supuesto de especial vulnerabilidad como familia numerosa, unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo de una unidad familiar de la que forme parte, al menos, un menor de tres años o que en la unidad familiar en la que exista alguna víctima de violencia de género, entre otros. “Estamos hablando de personas que se encuentran en una situación complicada, que podemos calificar de exclusión; entendemos que se trata de un alivio transitorio, de tres años, pero que les va a facilitar la vida”, ha añadido.

Este primer encuentro ha servido para fijar el protocolo de trabajo entre el Ayuntamiento y las entidades financieras con el objetivo de que se cumpla la normativa; de que haya transparencia e información en el procedimiento y en tercer algo que es lo más importante, “que sean las personas que más lo necesiten las que accedan a estas viviendas”, ha enfatizado la alcaldesa.

La alcaldesa ha matizado que junto a esta iniciativa, el gobierno municipal que preside ha adoptado otras medidas de apoyo a las familias más vulnerables. “Emuvijesa no ha realizado ningún desahucio ni ha abierto expedientes para desahucios desde que gobierna el PP; los expedientes iniciados corresponden al anterior gobierno”, ha explicado. Además el nuevo Gobierno municipal  ha aprobado también el Reglamento de Viviendas de Emergencia social, que se han incrementado de 4 a 20 viviendas, “de modo que aquellas personas que se quedan en la calle, si cumple los requisitos del reglamento, tengan un techo con carácter inmediata”.

Asimismo, García-Pelayo ha recordado la ampliación de la Casa de Acogida a familias monoparentales y las partidas específicas para atender a personas con dificultades, con una dotación de 100.000 euros en 2012 y de 150.000 en 2013 para ayudar a las familias con dificultades en el pago de sus alquileres. “Por tanto, hemos puesto en manos de los ciudadanos una batería de medidas en materia de vivienda para las familias que más lo necesitan”, ha afirmado.

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