La batalla judicial contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado en el Ayuntamiento de Jerez ya se ha iniciado después de que el sindicato mayoritario en la plantilla municipal, la CGT, haya presentado esta mañana en Sevilla ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la primera de las demandas colectivas contra este proceso.

Según han explicado fuentes jurídicas de este sindicato, la demanda insiste en que no existe causalidad entre los despidos y las razones económicas esgrimidas por el gobierno local, ya que los criterios que recogía la nueva reforma laboral y que justificaban los ERE en el caso de las empresas privadas no se pueden aplicar en el caso de la administración.

El documento presentado hoy en Sevilla también habla de irregularidades recabadas a lo largo del proceso, no solo por la mala fe durante el periodo de negociación, sino también por la falta de información entregada a los representantes de los trabajadores en las consultas y por no haber dado ni siquiera un plazo oficial de alegaciones. Y se centra también en la arbitrariedad, falta de imparcialidad y subjetividad de los criterios aplicados para seleccionar a los afectados por la medida.

Ahora se abre un plazo de dos meses para esta demanda y, además, en caso de que sea admitida por el TSJA se paralizará el proceso que tiene cada uno  los 260 afectados por lo despidos para presentar su demanda individual.

El grupo municipal Foro Ciudadano de Jerez volverá a registrar por tercera vez en poco más de un año de legislatura una proposición encaminada a que la alcaldesa convoque una sesión extraordinaria de pleno para debatir acerca del estado de la ciudad, según lo establecido en el artículo 99 del vigente Reglamento Orgánico Municipal y al amparo de lo que dispone la Ley de Municipios de Gran Población. Asegura a través de un comunicado que “la gravísima situación que atraviesa Jerez, con 33.000 desempleados y sin visos de rebajar esta dramática cifra, y su Ayuntamiento, que desgraciadamente se mantiene colapsado sin remisión y con la prestación de servicios públicos esenciales siempre en el alambre por las huelgas y la conflictividad sociolaboral, exige y justifica con creces una convocatoria que no se celebra desde hace más de dos años”.

A partir de lo anterior, y tras la insistencia de esta organización política, Foro Ciudadano recuerda a la alcaldesa, María José García-Pelayo, que se comprometió en mayo pasado a celebrar esta sesión extraordinaria a comienzos del presente mes de septiembre, “coincidiendo con el inicio del curso político”. “Pero comprobamos con desagradable sorpresa que de momento no han dado señales de vida desde la Alcaldía, por lo que no sabemos si se están haciendo los despistados para no afrontar este debate o que piensan que no nos vamos a acordar de todos y cada uno de sus compromisos”, apunta el mismo comunicado de la formación liderada por Pedro Pacheco.

El objetivo de esta sesión, según entiende Foro Ciudadano, “también debe ser que de una vez este equipo de gobierno cumpla con las palabras de la alcaldesa en su sesión de investidura, cuando juró y perjuró que dialogaría con todos y tendería la mano a la oposición”. “Consideramos que es absolutamente necesario que el gobierno local atienda y escuche las propuestas que desde la oposición hemos venido poniendo en marcha, como es el caso del Plan Operativo Local de Empleo 2012-2015 que el Foro presentó públicamente y en reuniones con agentes sociales y económicos; el Pacto Social por Jerez; y el plan de marketing y recuperación de la ‘marca Jerez’”, apostilla Foro Ciudadano.

Propone celebrar antes de que concluya el presente mes de septiembre un pleno extraordinario “en el que se analice el estado actual de la ciudad, en qué estrategias se está trabajando para combatir la lacra del paro y cuál es el proyecto y las soluciones a corto y medio plazo que tiene el gobierno municipal para emprender la recuperación de un municipio atascado por la crisis y la manifiesta incapacidad de sus actuales gobernantes, con una imagen exterior sumamente dañada y con unos servicios a la ciudadanía que se encuentran en la incertidumbre e inestabilidad más absoluta. Por desgracia, venimos reclamando este debate desde hace un año y poco o nada ha cambiado en Jerez: al revés, el PP ha creado más problemas y más paro gracias a su ERE político y de ajusticiamiento en el Ayuntamiento”, tal como señala textualmente en su escrito.

“Es la chapuza de las chapuzas”. De esta forma valoró esta mañana el concejal del PSOE Juan Pedro Crisol el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ya ejecutado en el Ayuntamiento de Jerez y del que dijo que que está plagado de “irregularidades” por lo que está convencidos de que “tiene todas las papeletas para que lo tumben los tribunales”.

Lo curioso es que de lo que echó mano precisamente el concejal para hacer este análisis es el informe emitido por la Inspección de Trabajo sobre el ERE, del que dijo que es un “traje a medida” porque lo ha realizado por un organismo que depende del Ministerio de Trabajo, pero que a su juicio, y pese a lo que defendió el PP, también es “demoledor” poniendo de relieve los puntos flacos del ERE.

Por ejemplo, Crisol denunció que en el informe  se desprende que “no existe, antes de tomar la decisión de rescindir los 260 contratos, el convenio especial con la Seguridad Social que exige la Ley para aquellos trabajadores con más de 59 años  cuando el despido colectivo afecta a más de 50 trabajadores” y que tampoco existe “el plan de recolocación externa que exige la Ley, con carácter previo a ejecutar el despido”. El edil socialista apuntó que “ya hay dos elementos esenciales que exige la ley que no existen en el ERE”.

Eso sin olvidar, como puso de relieve este medio, que el informe también advierte que “no ha habido criterios objetivos para la selección del personal afectado por el ERE y que, por tanto, no ha habido fundamentación jurídica para ver quién sale o quién no sale y que, a su juicio, han echado a los peores pero no hay fundamento que lo justifique”. De hecho, recalcó es la Inspección de Trabajo quien argumenta que los criterios de selección  deben ser “objetivos y razonables y, por tanto, basarse en circunstancias no subjetivas”.

Según Crisol, “el PP pagará caro esta chapuza, es decir, más bien la vamos a pagar todos los jerezanos porque mucho nos tememos que nos va a costar una millonada en indemnizaciones si es que prosperan las demandas colectivas e individuales que dicen que van a presentar los afectados”.

Por su parte, el sindicato mayoritario en el Ayuntamiento, CGT, ya ha anunciado que será el lunes cuando presente la demanda colectiva contra el ERE. En el documento, que será interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, plantea que el expediente es inconstitucional porque no se pueden aplicar en una administración local los criterios de eficacia económica que rigen para empresas privadas.

Pero es que además, como ya han denunciado diferentes colectivos, denuncian que la aplicación del ERE ha puesto en peligro la prestación de algunos servicios públicos.

En la demanda, el sindicato mayoritario también señala que no hay causa para llevar a cabo los despidos en el personal laboral del Ayuntamiento, y tampoco se olvida de reflejar que el gobierno ha actuado con mala fe negociadora “al no tener en cuenta las propuestas de la comisión negociadora”.

RESPUESTA DEL PP

Por su parte, este mismo sábado, el PP ha respondido. Y lo ha hecho nuevamente culpando a Pacheco y al PSOE de ser los repsonsables principales de la actual situación económica del Ayuntamiento. Considera “indignante” que tanto los socialistas como el exalcalde salgan continuamente a atacar al gobierno municipal por llevar a cabo un ERE en la plantilla municipal, que “es consecuencia directa de la mala gestión y el derroche de las etapas de gobierno de Pacheco y del PSOE”.

Para los populares, estos grupos de la oposición “no tienen legitimidad alguna para criticar esta medida dolorosa pero al mismo tiempo necesaria para sacar adelante el Ayuntamiento y, por tanto, a la ciudad”.

Desde el PP se entiende que PSOE y Pacheco “van de nuevo de la mano porque a ninguno les interesa que en el Ayuntamiento de Jerez se ponga orden y se acabe con el caos que ellos generaron cuando gobernaron, así como se empeñan en sabotear todos los pasos que da García-Pelayo y su equipo hacia la recuperación socioeconómica de Jerez”. En este sentido, los populares afirman que “la deslealtad de PSOE y de Pacheco hacia los jerezanos es total y evidente”.

Por ello, para el PP “es vergonzoso que PSOE y Pacheco estén utilizando el ERE y a los trabajadores afectados para tapar el mal que ambos partidos originaron, permitiendo que la plantilla municipal llegara a estar sobredimensionada y sumida en el caos, tal y como refleja el Informe de la Inspección de Trabajo, que los señala como criterios objetivos que avalan el ERE del Ayuntamiento de Jerez”.

Los populares piden a PSOE y a Pacheco que “dejen de intentan confundir a los ciudadanos tergiversando el Informe de la Inspección de Trabajo, porque éste es muy claro y no deja lugar a dudas. El informe considera que existen causas económicas probadas, que ha existido voluntad de diálogo por parte del representante legal del Ayuntamiento y que los criterios de designación han sido objetivos y razonables”.

“Y es que una ciudad como Jerez, que obtiene 80 millones de ingresos a través de los impuestos, no puede permitirse pagar 110 millones de euros a la plantilla municipal”, concluye.

Los polémicos pluses de la plantilla del Ayuntamiento de Jerez, ésos que incluyen ejemplos como el premio de asistencia por acudir al puesto de trabajo, el plus de transporte aunque vivas a dos casas del trabajo o el plus de nupcialidad, ya son historia.

Así lo ha anunciado esta mañana la alcaldesa, María José García-Pelayo, que ha explicado que la Junta Local de Gobierno ha decidido dejar en suspenso el convenio colectivo del Consistorio para renegociar el nuevo y de paso eliminar todas esas gratificaciones, que al año suman la cifra de 15 millones de euros anuales.

Tal como ha recalcado la primera edil, algunos de estos pluses se van a dejar en suspenso desde el 15 de octubre, que es cuando entra también en vigor la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada definitivamente hoy. Algunos de estos pagos que se eliminarán dentro de un mes son los que se abonaban cada trimestre (marzo, junio, septiembre y diciembre), el muy polémico plus de asistencia, el plus de pantalla y muchos otros más que gravaban la nómina de la plantilla municipal.

Hay otra tanda de pluses que se eliminan antes, desde hoy mismo, y ya no aparecerán en la próxima nómina. Es el caso de lo que la primera edil ha calificado como “privilegios” y que tienen que ver con la ayuda para los dientes, para las gafas, para aparatos auditivo, la ayuda escolar, etc.

También se borran de un plumazo los pagos al plan de pensiones y al seguro de vida, lo que implicará que haya un ahorro en el pago a la Seguridad Social de casi tres millones de euros.

Algo parecido pasará con las productividades, ese complemento salarial que tenía un coste para las arcas públicas de 2,5 millones al año, al que la propia alcaldesa se ha referido hoy como prebenda “política” y que ahora irá como complemento específico para el trabajador según la RPT. Además, solo se darán si el presupuesto anual lo ha contemplado “y no siempre tiene que hacerlo”, ha dicho la alcaldesa, que también ha apuntado que habrá un reglamento para otorgarlas con criterios y un procedimiento claro.

Respecto a la Relación de Puestos de Trabajo, García-Pelayo ha recalcado que viene a reordenar la estructura municipal y a “acabar con el dedazo” en la administración. A todos los efectos, esta RPT lo que hace es homogeneizar de forma lineal a los trabajadores municipales y adecuar sus tareas y salarios a un puesto concreto que permitirá también corregir arbitrariedades salariales. Eso quiere decir que algunos verán rebajar considerablemente su sueldo, mientras que otros que hasta ahora no lo habían hecho podrán optar en un concurso de méritos a un cargo acorde con su titulación.

Según el gobierno, la RPT también descarga y “abarata” la estructura municipal al reducir en un tercio la estructura de mando, que pasa de 231 jefes de área a 158.

En definitiva, el ejecutivo ha querido hoy dar un paso más en su plan de ahorro en el capítulo de personal, y con la eliminación de estos pluses y la aplicación de la RPT recorta nada menos que 12,6 millones en total los costes para el Ayuntamiento, que se suman a los 9,7 millones que se ahorrará cada año con la salida de 260 empleados por el ERE.

Mientras el Ayuntamiento intenta salvar los muebles y evitar su expulsión del Consorcio de Bomberos, la plantilla continúa apostada a las puertas del parque en un campamento improvisado que no levantará hasta el cobro de las nóminas. Pese al deseo municipal, sin embargo, parece que de momento el expediente con el que el ente provincial le dará el pasaporte sigue su curso. En contra de lo esperado, los funcionarios se han mostrado a favor de la escisión del Consorcio argumentando que sin la intermediación de éste se ahorrará más dinero público y ello saneará las cuentas y permitirá el pago de los salarios en tiempo y forma.

Ahora, el personal del parque ha dado un paso más en su argumentación elaborando un informe que refrenda su postura y en el que, entre otras cosas, se aporta un dato revelador: el Ayuntamiento destina 4.382.431 euros a una serie de gastos del Consorcio que, según los bomberos, no repercuten en la seguridad ciudadana. Desglosada, esta cantidad corresponde por una parte a lo aportado para empresas externas (sala de emergencias, gabinete jurídico, gabinete de comunicación y formación variada) cifrado en 1.754.000 euros, y por otra a las retribuciones de un personal que los funcionarios consideran duplicado y que alcanza la friolera de 2.628.430,61 euros.En este caso se trata de una amplia gama de profesionales que abarca administrativos, técnicos y altos cargos, incluido el presidente.

La explicación de los impulsores del informe es sencilla: el Ayuntamiento ya dispone de todo ese personal y esos servicios anteriormente mencionados en plantilla; la alcaldesa, incluso, podría hacer las veces de presidente por lo que con ello se ahorraría toda esa cantidad que, a juicio de los funcionarios, esta repercutiendo “inútilmente” en el bolsillo de los jerezanos. “Creemos que esto es malgastar el dinero público -afirman-. Al final, lo que pagan los contribuyentes se invierte en la estructura de Cádiz y en los amiguetes de los que han puesto a ciertos cargos ahí. Si se invirtieran bien esas cantidades, Jerez podría tener hasta 100 bomberos”.

En la actualidad el parque cuenta con 63 efectivos pero, como refleja el documento, la administración local está pagando al Consorcio como si la plantilla constara de 38 personas más, gastándose algo más de 4 millones de euros anuales en retribuciones. Unos sueldos que también denuncian que están inflados en algunos casos, existiendo unas diferencias descomunales entre un puesto y otro y sin tener en cuenta quiénes son los que realmente se juegan la vida en la calle. Así, un bombero raso cobra 1.650, 58 euros mientras que un subinspector llega a percibir 3.225, 54 y un intendente de zona (que no acude a apagar fuegos) 4.391,59 euros.

Entre el agravio comparativo y lo que tachan de “despilfarro absoluto” a tenor de los números, los bomberos están dispuestos a poner el informe sobre la mesa de quien haga falta y lograr que la expulsión se haga efectiva para que la falta de intermediarios pueda redundar en una mejora del servicio. En el caso de que Jerez acabe fuera del Consorcio, habrá que tener fe en que el Consistorio pueda afrontar estas nuevas nóminas.

Mientras los bomberos del parque de Jerez continúan acampados a las puertas del recinto y sigue la huelga de brazos caídos, el Ayuntamiento de Jerez sale al paso de la situación asegurando que el problema de impagos es “coyuntural” y expresando su oposición a desvincularse del Consorcio Provincial de Bomberos. A través de un comunicado, el gobierno local ha informado de que el viernes se reunirá con la junta de personal de la plantilla para trasladarle las “gestiones” que se están llevando a cabo para solucionar el problema actual.

Como se recordará, el Consorcio ha dejado de pagar las nóminas a los funcionarios debido a lo que le adeuda el Consistorio jerezano, que supera la cifra de 7 millones de euros. En el caso de otros ayuntamientos morosos como los de La Línea, Los Barrios o Puerto Real, el abono de los salarios ha sido posible finalmente gracias al servicio de recaudación de Diputación; Jerez, sin embargo, está fuera de este servicio y por tanto su plantilla se ha quedado sin cobrar. Es por ello que el ente provincial ha iniciado el proceso de expulsión de estas cuatro ciudades, algo que comenzó ayer y que en principio parece irreversible.

Por tanto, aunque el ejecutivo local reitere su voluntad de no desvincularse del Consorcio, lo cierto es que el asunto ya está en trámites como confirmaron fuentes del organismo provincial y poco tiene el Ayuntamiento que decir al respecto. Cuando el proceso culmine, será la administración local la que deba hacerse cargo de las nóminas, algo que apoyan los propios bomberos que ven en la intermediación del Consorcio un impedimento para el abono de los salarios en tiempo y forma.

La alcaldesa, por su parte, ha explicado en el comunicado que la situación es puntual y “no estructural, debido a que se han tenido que pagar las indemnizaciones a los afectados por el ERE municipal“. A pesar de todas estas explicaciones, los funcionarios tienen pensado mantener las protestas en tanto en cuanto no cobren sus sueldos y la situacón se normalice.

Solo ha pasado un día desde que empezó el colegio y los rumores de una nueva huelga de limpieza ya se han hecho realidad. Las 200 trabajadoras de la empresa concesionaria, Respuestas Auxiliares, han decidido hoy de forma mayoritaria convocar paros entre el 25 y el 28 de septiembre si no han cobrado antes la nómina pendiente del mes de agosto. Desde el comité de empresa aseguran que “nos espera un curso muy crudo, que los padres lo sepan”.

Casi 16.00 alumnos de los niveles de Educación Infantil y Primaria (es decir, de entre 3 y 12 años) de los colegios públicos jerezanos serán los afectados si, finalmente, llega la sangre al río. Todavía quedan muchos días para que el conflicto se solucione aunque en anteriores ocasiones sí que se llegaron a desarrollar los paros.

Cuatro días de huelga de limpieza (de martes a viernes) pueden suponer, como ocurrió el pasado curso, el cierre preventivo por insalubridad de los colegios más afectados, que suelen ser los que atienden a mayor número de alumnos. Esta orden suele llegar por medio de inspecciones sanitarias en los centros. “Nuestros hijos también tienen que comer y septiembre es un mes de muchos gastos con la vuelta al cole”, aseguran con evidente malestar las trabajadoras, que aseguran que se dirigirán a las asociaciones de madres y padres de alumnos para explicarles la situación.

Al parecer, la propia delegada de Educación, Lidia Menacho, les ha comunicado que “no habrá dinero hasta finales de mes” por lo que el sueldo no se podrá cobrar hasta entonces, como mínimo. Según el comité, “la prioridad es pagar los finiquitos del ERE municipal y no hay dinero para nosotras”.

800 euros de salario y 800.000 de deuda

El salario medio de los trabajadores, en su mayoría mujeres, es de 800 euros. La empresa, que presta el servicio solo desde el pasado mes de abril (desde la marcha de Limasa) acumula ya 800.000 euros por cobrar de las arcas municipales, según fuentes del comité. Respuestas Auxiliares es una compañía media, que ha podido ir afrontando los salarios de las trabajadoras en meses anteriores pero que, según las mismas fuentes, “ya no puede más”. La plantilla también se queja de que “se ha contratado a 15 eventuales menos por lo que hemos empezado el curso en precario”.

Esta empresa se encargó de la concesión del serivicio de limpieza en colegios y dependencias municipales por un periodo provisional de tres meses que finalmente se ha visto alargado otros tres más ante la falta de nuevas ofertas. De momento, no hay noticias sobre la postura de la compañía sobre su continuidad en la ciudad.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, se ha reunido esta mañana con el nuevo viceconsejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, Antonio Roldán, y con el delegado Territorial en Cádiz, Manuel Cárdenas, para seguir trabajando de la mano en la celebración del próximo Mundial de Motociclismo. García-Pelayo ha explicado que “este es un encuentro más de los numerosos contactos que se están manteniendo, tanto con la Junta como con Dorna, de cara a cerrar el Mundial de Motos del próximo año”.

La alcaldesa ha valorado de forma positiva esta nueva reunión de trabajo, en la que han estado presentes además el primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, el delegado de Turismo, Cultura y Fiestas, Antonio Real, y el gerente de Cirjesa, Juan Baquero. La reunión de hoy se ha producido tras el encuentro mantenido este verano, en Sevilla, a tres bandas con el nuevo consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez, y el consejero delegado de Dorna, Carmelo Ezpeleta.

La reunión ha servido para reafirmar el compromiso de ambas administraciones con el Gran Premio, quedando pendiente una próxima reunión, que se celebrará la semana que viene en Sevilla, para cerrar la aportación que finalmente hará la Junta de Andalucía. El objetivo de este nuevo encuentro es cerrar el calendario para los próximos cuatro años y garantizar así la continuidad del Gran Premio, según ha explicado la alcaldesa al término de la cita.

La regidora ha destacado también el esfuerzo que se está haciendo para que el circuito de Jerez se convierta en un revulsivo económico para la ciudad poniendo en marcha un plan de viabilidad con el  que se espera generar ingresos que permitan la autofinanciación del circuito y que genere beneficios para la ciudad . En este sentido, ha comentado que el objetivo “es cerrar el concurso de acreedores, ya que gracias a los préstamos ICO se ha podido pagar a FCC 10 millones de euros de la deuda que mantenía Cirjesa por el impago de las obras que se hicieron en el circuito durante la etapa del ex alcalde Pedro Pacheco”.

La Diputación de Cádiz acometerá obras de gran envergadura en el CEIP Torrecera, necesarias para que este centro pueda acoger a sus alumnos con normalidad, “ante la falta de actuación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, administración a la que compete la resolución de los importantes problemas que afectan a este colegio de la zona rural de Jerez”, explicó el Ayuntamiento a través de un comunicado.

Las delegadas de Participación, Juventud y Educación, Lidia Menacho, y de Medio Rural, Susana Sánchez Toro, así como el vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Bernardo Villar visitaron la pasada semana el centro para informar a la dirección del centro y al AMPA sobre las obras que van a acometerse.

Las responsables municipales explicaron que “el Ayuntamiento, conociendo los desperfectos y problemas que presentaban el CEIP Torrecera, sobre todo en cuanto a las humedades que manifiesta, llevaba un año buscando fondos para acometer una reforma que eliminara estos graves desperfectos, ante el olvido o irresponsabilidad de la Junta de Andalucía, que no ha contemplado actuaciones en este colegio, pese a estar ante obras de gran envergadura que son de su competencia”.

Lidia Menacho y Susana Sánchez Toro aseguraron también que “la preocupación mostrada por el AMPA del centro ha provocado que la alcaldesa pidiera a la Diputación Provincial que contemplara entre las obras Profea las reparaciones necesarias para garantizar las reparaciones”.

Las obras del CEIP Torrecera se incluyen en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (Profea) y consistirán en  el adecentamiento de los revestimientos (enfoscado y pintura), comprobación y arreglo de mallas impermeabilizantes para protegerlo de la humedad, protección de unos pretiles peligrosos y  comprobación y sellado de las juntas de los cerramientos. El importe de la inversión asciende a 72.404 euros, de los que  51.717 se destinarán a mano de obra y 20.687 a materiales. La fecha de inicio de los trabajos será en los primeros días de octubre.

Las arcas municipales o, lo que es lo mismo, los contribuyentes jerezanos desembolsarán un total de 5.353.978,71 euros a los 260 trabajadores incluidos en el ERE municipal que dejarán de ocupar sus cargos a partir del 12 de septiembre. El pasado jueves, los damnificados comenzaron a recibir sus cartas de despido y los correspondientes cheques con las indemnizaciones. Las cantidades exactas de todas ellas vienen detalladas en un documento aprobado el pasado 30 de agosto en la Junta de Gobierno Local, por el que se declara la extinción de los contratos de trabajo de todos estos empleados, con nombres y apellidos, y al que Reporteros Jerez ha tenido acceso.

Aunque la cuantía global ya había trascendido, resulta curioso desglosar el escrito y comprobar que la cifra más alta son los 76.409,56 euros que percibirá un trabajador que se ha llevado algo más de 19 años en el Ayuntamiento. Como contraste, destacan los 2.098,68  euros que recibirá la persona con la indemnización más baja, por tres años trabajados. La fecha de antigüedad de cada uno de los perjudicados viene detallada en el documento, junto con el salario por día que han venido cobrando todo este tiempo. Como es obvio, el abanico de años dedicados al empleo municipal es amplio, pero el caso de un perjudicado resalta sobre todos los demás: se trata de un trabajador que llevaba contratado en el Ayuntamiento desde 1969, y acumula por tanto 43 años de antigüedad.

Resulta llamativo si se tiene en cuenta que el gobierno excluyó finalmente de la lista inicial a 13 empleados, al encontrarse próximos a la edad de jubilación. La indemnización para esta persona supera los 29.000 euros. Otro apunte merece la cifra relativa al salario percibido por día, que oscila entre 28,50 euros y 212,25, aunque no se especifica la categoría a la que pertenecen los afectados.

Por lo demás, el escrito incide en las causas económicas que han motivado esta controvertida decisión de los populares, argumentando que el Consistorio se encuentra en “una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente que le impide financiar los servicios públicos correspondientes, y en una situación de importante desfase entre sus ingresos y sus gastos”. Como recuerda el ejecutivo en su informe, en los tres últimos años el resultado presupuestario fue negativo (-28.706.308 euros; -16.799.712,24 y -22.117.997,06), al igual que el remanente de tesorería, lo que incapacita al Ayuntamiento para saldar sus deudas y por tanto obtener liquidez.

Si a ello se añaden otras consideraciones como que el gasto en personal ha sido el más alto de los registrados, con un porcentaje de casi el 36% del total, el gobierno concluye con que tal coyuntura es insostenible y la única salida pasa por la extinción de contratos de trabajo.