Un respaldo sin medias tintas. Eso es lo que el gobierno municipal considera que ha recibido hoy al conocerse que la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz ha emitido un informe en el que da el visto bueno a la actuación municipal en la aplicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Así, según ha explicado el portavoz del ejecutivo de María José García-Pelayo, Antonio Saldaña, “el informe avala tanto en el fondo como en las formas el procedimiento realizado en el ERE por la consultora Deloitte, representante legal del Ayuntamiento”.

No en vano, el contenido del informe repasa y avala con su opinión favorable tres aspectos fundamentales: las causas motivadoras del ERE; el desarrollo del procedimiento y el periodo de consultas y los criterios de designación de los trabajadores afectados.

De estas conclusiones emitidas por la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha dicho Saldaña que es “un informe realizado por una entidad independiente y ajena a las partes que respalda completamente el procedimiento realizado por Deloitte”. No en vano, el texto llega a referirse a la seriedad con la que ha trabajado el ejecutivo local, la voluntad de diálogo y la determinación en trabajar por solucionar los problemas de la ciudad.

En el caso concreto de las causas económicas que justificaron el ERE, el informe dice que “se entiende que la situación económica negativa de la empresa afecta directamente a la financiación de los servicios públicos correspondientes, con las consecuencias que ello podría tener sobre dichos servicios en relación al aseguramiento y mantenimiento de los mismos”. Pero incluso va más allá y, como ha destacado Saldaña, considera que además “concurrirían otro tipo de causas de carácter organizativo”.

La Inspección de Trabajo afirma que sí ha existido voluntad de diálogo por parte del representante legal del Ayuntamiento, Deloitte, así como del gobierno municipal. “En consecuencia, al entender de los abajo firmantes, puede hablarse de buena fe en la negociación, ha existido un mínimo de negociación entre las partes, habiéndose planteado las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias”, dice literalmente.

Saldaña también ha explicado que el informe respalda incluso los criterios objetivos aplicados a la hora de designar a los trabajadores afectados por la medida. Y es que el documento recogido hoy mismo por el gobierno local dice a las claras que se ha articulado “un sistema notoriamente documentado, razonable y objetivo a la hora de determinar el número de extinciones que se han de llevar”. Es decir, como ha hecho hincapié Saldaña, “se entiende que la edad es un criterio objetivo y fácilmente determinable, y se deduce la misma objetividad de los criterios de ponderación (formación, experiencia, polivalencia, etc.)”.

Claro que una lectura en profundidad y detallada del texto también deja muy claro que los inspectores no dudan en afirmar que no pueden validar cada uno de los 260 expedientes aplicados porque no tiene documentación por escrito al respecto. En concreto, dice el informe que “no es menos cierto que al no existir documento alguno que lo sustente y acredite, no podemos determinar con precisión si su aplicación a cada caso particular ha sido efectivamente objetiva, tratándose de una cuestión de prueba, circunstancia ésta que a nuestro entender deberá ser sustanciada a título particular por cada uno de los trabajadores afectados ante la jurisdicción del orden social”.

Por este motivo, Saldaña ha dicho hoy en su comparencia que todo lo argumentado “no es óbice para que a título individual las personas afectadas puedan ejercer las acciones judiciales que consideren oportunas en la jurisdicción social, el Ayuntamiento acatará las decisiones judiciales que se determinen de estas acciones judiciales emprendidas a título personal por los trabajadores afectados por el ERE”, si bien ha añadido que “en este caso el gobierno se verá en la obligación de tomar las decisiones oportunas para ajustar los costes por el bien de la ciudad y de los jerezanos”.

El portavoz municipal también ha tenido hoy palabras para los incidentes ocurridos anoche en el Consistorio, cuando varios manifestantes aporrearon el coche de la alcaldesa y la insultaron. Según Saldaña, “la alcaldesa no estuvo en ningún momento retenida, sino que estuvo en estas instalaciones trabajando”. También ha afirmado que la Policía, con la ayuda de las cámaras de seguridad de la plaza de la Asunción, ya está investigando quiénes intervinieron en los incidentes más violentos, y que se va a presentar la correspondiente denuncia.

Se esperaba que la reunión entre el Xerez y el Ayuntamiento programada para este mediodía sirviera para que los representantes del Consistorio dieran un paso al frente y pusieran encima de la mesa del Deportivo al menos un borrador del convenio municipal, pero nada más lejos de la realidad. El encuentro ha sido simplemente una toma de contacto y ni mucho menos una reunión de trabajo.

La delegada de Medio Ambiente y Deportes, Felisa Rosado, a instado a Rafael Mateos, presidente del Xerez, y Francisco Javier López Ballesteros, directo general azulino, a que sean ellos quines propongan algunas ideas para comenzar a redactar el convenio. De hecho, está previsto que la próxima semana se reúnan de nuevo para una puesta en común.

Parece que en el Deportivo ahora mismo no están en contra de tener que afrontar una contraprestación económica por ocupar las oficinas y las instalaciones deportivas totalmente equipadas. Es más entienden y están dispuestos a pagar por los gastos de luz, agua y personal que generan.

Además, ya está confirmado que los equipos de la cantera xerecista podrán jugar sus partidos en Jerez (se repartirán entre La Granja y La Canaleja). Logro que en gran medida hay que apuntárselo a las gestiones de Jacobo Moreno y Miguel Ángel Rondán.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha solicitado una reunión al delegado territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, Manuel Cárdenas, para impulsar la creación inminente de una Mesa de Coordinación “contra el intrusismo en el sector del Taxi”. Con esta propuesta se quiere contribuir a dar una solución a la situación del sector, “con el que se está trabajando de la mano desde el inicio de la legislatura”, según afirman desde el Ayuntamiento.

Cabe destacar que la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi, en aras de combatir esta práctica ilegal, ha venido reclamando la creación de una mesa de coordinación entre la Junta de Andalucía y las administraciones locales “para que se tomen las medidas necesarias contra el intrusismo en el sector de manera coordinada”.

Más controles

Como explica el concejal responsable del Plan de Movilidad, Agustín Muñoz, el Ayuntamiento “ha atendido la petición realizada por la asociación de autónomos del Taxi, Tele-Taxi, en la lucha contra el intrusismo. Ello ha supuesto que desde el Ayuntamiento durante los meses estivales se hayan incrementado los controles en las entradas y salidas al Aeropuerto de Jerez. Somos sensibles a esta problemática y estamos en todo momento en contacto con el colectivo de taxistas para erradicar esta práctica”.

En este sentido, el delegado de Personal, Seguridad y Movilidad, detalla que “desde el 1 de enero hasta el 3 de septiembre del año en curso se han revisado a través de la Policía Local los contratos de recogida de viajeros de 1.104 taxis y se han remitido cuatro informes a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía por posibles irregularidades”.

Caras largas e incluso algún que otro llanto han vuelto a repetirse hoy en las distintas áreas municipales, cuando los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo han comenzado a recibir las cartas de despedido y los cheques con las correspondientes indemnizaciones. Aunque el ‘palo’ ya lo habían sufrido hace unas semanas al enterarse de la inclusión de sus nombres en la lista ‘negra’, muchos de ellos no han dejado por eso de angustiarse al tener en sus manos la prueba irrefutable de su desdicha. En la citada misiva, entre otras cosas, se les notifica como ya adelantó este medio que el próximo 12 de septiembre dejarán de prestar sus servicios en el Ayuntamiento.

Trrabajadores y representantes sindicales han confirmado este punto, confesando que aunque mantenían un atisbo de esperanza tienen claro ya que “esto no se va a parar”. Hoy es un día doblemente triste, además, después de que ayer se hiciera efectivo el inicio del procedimiento de despido de más de un centenar de personas pertenecientes a las plantillas de las empresas municipales. Un proceso que se antoja a los sindicatos totalmente opaco, en la línea del llevado a cabo en el Consistorio, puesto que no se han especificado fechas y número de perjudicados ni, lo que es más importante, se han trasladado los criterios a seguir a la hora de confeccionar la temida lista.

En este sentido, desde CGT y UGT se preguntan qué ocurrirá en el caso de organismos como Jereyssa y Emuvijesa, que lejos de presentar déficits alcanzan incluso superávits, por lo que el requisito de pérdidas económicas o escasa rentabilidad no estaría justificado. De momento, los representantes de los trabajadores se muestran cautos a la espera de que comience a trascender información sobre el procedimiento abierto nuevamente por Deloitte. Hasta que no se notifiquen los despidos, no obstante, no podrá ponerse en marcha esa denuncia colectiva que las organizaciones sindicales pretenden hacer llegar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, contra el ERE municipal y los recortes de personal en estas empresas.

Lo que sí puede iniciarse desde hoy mismo son las denuncias individuales que cada perjudicado por el Expediente de Regulación de Empleo tiene la opción de interponer en los juzgados de lo Social, una vez que ya han comenzado a recibir las primeras notificaciones.

En cuanto al pago de nóminas, por otro lado, los empleados municipales se mantienen a la espera de cobrar la del mes de agosto; desde CGT tampoco son muy optimistas a ese respecto, ya que aseguran que el propio delegado de Recursos, Javier Durá, desconoce cuándo se harán los ingresos. El concejal se ha comprometido, no obstante, a que a partir de octubre se regularicen los pagos.

Imposible determinar en estos momentos cuándo cobrará la plantilla municipal su nómina de agosto. Al menos eso es lo que se desprende de una nota informativa interna que el comité de empresa del Ayuntamiento ha remitido a los trabajadores y a la que ha tenido acceso Reporteros Jerez. En la misma se dice que acaba de recibir una llamada telefónica del delegado de Recursos Humanos, Javier Durá, en la que, según afirma textualmente, les comunica lo siguiente: “La nómina de este mes se va a retrasar bastante, no garantizando cuándo se pagará, ni siquiera si cobraremos antes de final de mes”.

Sigue explicando en el escrito que “al parecer, la prioridad es el pago de las indemnizaciones por los despidos y la liquidación, por ello todos los ingresos que existan se dedicarán a ello, y solo cuando se completen empezarán a pagar las nóminas”.

Evidentemente, esto no ha sentado nada bien al grueso de la plantilla municipal, pero, aunque todavía no se han producido reacciones oficiales, se impone la resignación. Sobre todo teniendo en cuenta el proceso de ERE en el que se encuentra inmerso en estos momentos el Consistorio.

Fuentes del gobierno local reconocían ayer a este medio que, efectivamente, se va a producir un retraso en el abono de las nóminas, pero que esperan ponerse al día lo antes posible, “a más tardar en octubre”, mes en el que confían poder “volver a la normalidad” al tratarse de fecha de cobro de impuestos municipales. Apostillan que, sin embargo, ates se irán realizando pagos a cuenta a medida que se tengan ingresos. Y recuerdan que la ley obliga a priorizar los pagos de indemnizaciones cuando se tramita un ERE.

Esta mañana ha tenido lugar otra protesta a las puertas del Ayuntamiento. Medio centenar de trabajadores han protagonizado una sonora acción reivindicativa que se ha prolongado durante aproximadamente media hora. Por otro lado, los sindicatos han explicado que han dado instrucciones a los empleados municipales para que permanezcan en sus puestos de trabajo ante la inminente entrega de las cartas de despido a los 260 afectados por el ERE.

Cabe recordar, asimismo, que hoy está previsto que se celebren los consejos de administración de las distintas empresas municipales para acordar el inicio de los expedientes de regulación de empleo en cada una de ellas. La alcaldesa, María José García-Pelayo, ya dijo el pasado viernes que el gobierno municipal se reunirá con cada uno de los comités para decidir cómo se llevará a cabo el proceso.

No hay que olvidar que existen muchas dudas por saber si el ERE que afectará a otros 90 empleados públicos se aplicará por igual a todas las empresas o si solo lo hará en aquellas que sean deficitarias y presenten pérdidas (Aguas de Jerez y Jereyssa están en mejor situación), que serán los argumentos principales que se pongan sobre la mesa para justificar esta medida. En el caso de Onda Jerez, su plantilla tendrá que esperar aún para conocer el desenlace de un proceso que se alarga ya casi un año.

El Expediente de Regulación de Empleo puesto en marcha por el gobierno municipal en el Ayuntamiento le pasará factura al equipo de María José García-Pelayo. Así de claro lo tiene el líder de Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, que no ha dudado en vaticinar que el ERE será “la puntilla” para el ejecutivo local. El exalcalde ha comparecido ante los medios para hablar del inicio del curso político, que augura mucho peor que los últimos si se tienen en cuenta no solo la aplicación del Expediente de Regulación, sino también medidas como la subida del IVA o de las tasas del agua. Una coyuntura que, a su juicio, ha provocado que la alcaldesa “carezca de rumbo definido” y esté dejando Jerez “a la deriva”.

Pacheco se ha detenido especialmente en el ERE municipal, sobre el que como ha denunciado se ciernen al menos una decena de “mentiras”. Entre ellas, ha mencionado la incoherencia de que mientras el Ayuntamiento asegura que no hay dinero para los trabajadores se aumenten los sueldos de los policías locales, o que se empeñen en “manchar la trayectoria” de otros gobiernos acusándolos de enchufismo cuando los populares siguen manteniendo las situaciones” irregulares” y de “privilegios” de muchos empleados. Asimismo, ha subrayado que aunque reprochan a sindicatos y plantilla que no quieran negociar, son ellos los que rechazan el diálogo y se alejan de los criterios de objetividad con los que supuestamente se ha llevado a cabo el ERE, ya que “han sido los concejales y técnicos municipales los que han hecho la famosa lista de nombres formada por personas molestas o de criterios distintos a los suyos”.

En cuanto a otros asuntos de interés municipal, Pacheco también se ha referido a los más de dos millones de euros que habrán de pagar los jerezanos porque “el Ayuntamiento haya asumido demagógicamente servicios como el de los autobuses, lo que imposibilita además que puedan cobrar los trabajadores de la plantilla municipal. Solo cobran los que hacen ruido”. Por último, ha acusado al gobierno de García-Pelayo de falta de transparencia, argumentando que se han llevado a cabo gestiones de máximo interés en agosto, como la aprobación de la concesión de los autobuses urbanos, con el fin de dilatar el proceso de alegaciones de la oposición. “Son cachorros de Franco, que todo lo hacía en esta época, con nocturnidad y agosticidad”, sentencia.

El PP no ha tardado en reaccionar y, a través de un comunicado, ha respondido a Pacheco. Asegura que se “ha vuelto de vacaciones con los deberes sin hacer, con un absoluto desconocimiento de los asuntos que afectan a los ciudadanos, y se ha presentado ante la opinión pública con elmismo discurso repetitivo y vacío”. Le pide que “no confunda a los jerezanos con sus mentiras” y le instan a que “haga propuestas serias para reparar el daño que le ha hecho a la ciudad”. Y añade que lo único que está demostrando es que “es un político fracasado, que ya no tiene nada que ofrecer a la ciudad, tan solo malos recuerdos, y, eso sí, un buen número de noticias relacionadas con el banquillo de los acusados, donde tendrá que rendir cuentas ante la Justicia por varios delitos cometidos desde la función pública que ejerció durante años”, apostillando que se trata de “un personaje que ya significa poco para la ciudad”.

El proceso de ajuste de la plantilla dependiente del Ayuntamiento continúa. Así lo dejó claro la alcaldesa tras la Junta de Gobierno Local del pasado viernes, cuando aclaró que es esta semana cuando está previsto que se celebren los consejos de administración de las distintas empresas municipales para acordar el inicio de los expedientes de regulación de empleo en cada una de ellas. La cita será el miércoles, y la primera edil dijo que el gobierno municipal se reunirá con cada uno de los comités para decidir cómo se llevará a cabo el proceso.

No hay que olvidar que existen muchas dudas por saber si el ERE que afectará a otros 90 empleados públicos se aplicará por igual a todas las empresas o si solo lo hará en aquellas que sean deficitarias y presenten pérdidas (Aguas de Jerez y Jereyssa están en mejor situación), que serán los argumentos principales que se pongan sobre la mesa para justificar esta medida. En el caso de Onda Jerez, su plantilla tendrá que esperar aún un par de semanas más para conocer el desenlace de un proceso que se alarga ya casi un año.

García-Pelayo también tuvo palabras para los representantes del comité de empresa del Ayuntamiento y de la oposición respecto a la última rebaja del número de afectados por el ERE municipal, que ha dejado la cifra final en 260 empleados que perderán su puesto de trabajo frente a los 273 que finalmente se habían pactado. “Nos parece extremadamente grave que parece que a los sindicatos lo que les molesta es que se haya rebajado el número de personas afectados por el ERE a pesar de que este gobierno municipal les ha dicho en numerosas ocasiones que tendía la mano para mejorar el expediente“, enfatizó.

La regidora negó igualmente que se haya recibido ningún informe por parte de la Inspección de Trabajo “ya que en todo caso sería un informe no vinculante, pero aún así no hemos recibido ningún tipo de comunicación por parte de la Inspección. Durante meses hemos tenido la mano tendida y solo hemos recibido insultos y ni una sola propuesta para mejorar el ERE”.

En este sentido, García-Pelayo reprochó que el viernes “la ciudad ha aparecido llena de pintadas dirigidas contra algunos miembros del equipo de gobierno. Hemos decidido denunciar estos hechos ante la Policía Nacional ya que entendemos las movilizaciones pero también creemos que no se deben traspasar ciertas barreras y consentir las amenazas que se realizan en dichas pintadas”.

La última reunión de agosto del gobierno de María José García-Pelayo llegó cargada de asuntos. Uno de los más importantes asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes fue la decisión de denunciar el convenio que mantiene el Ayuntamiento con la Junta de Andalucía para el servicio de ayuda a domicilio, que tiene vigencia hasta el próximo 3 de diciembre.

La regidora ha dejado claro que “han sido los continuos retrasos en el pago de la transferencia de la Junta de Andalucía para este servicio lo que ha impedido que las empresas opten a la adjudicación de la ayuda a domicilio. Todas nos dicen lo mismo, que podrían hacer frente al retraso del dinero que tiene que poner el Ayuntamiento, unos 100.000 euros, pero no al de la Junta de Andalucía, que supone más de 400.000 euros”. En este sentido, la primera edil ha informado de que se ha prorrogado la concesión del servicio a Acasa por el plazo de otro mes, agradeciendo tanto la predisposición de la empresa como el trabajo de los técnicos de la delegación de Bienestar Social para llegar a este acuerdo.

García-Pelayo no ha querido dejar las cosas ahí, y por eso ha recalcado que “la Junta de Andalucía es la única administración competente en el servicio de ayuda a domicilio y que los ayuntamientos deben colaborar para la prestación del mismo. Hasta ahora es un servicio que se ha endosado a los ayuntamientos cuando es la Junta la que no está garantizando el servicio con sus continuos retrasos“.

La regidora se ha reunido con el comité de empresa de Acasa, que junto a la plantilla ya baraja nuevas movilizaciones por los impagos de varias de las nóminas, para informarles directamente de la decisión acordada por la Junta de Gobierno Local. A ellas y la opinión pública les ha explicado que el Consistorio quiere seguir colaborando en la prestación del servicio, pero no se puede hacer cargo ”del retraso continuo de las transferencias de la Junta”.

Por todo lo anterior, la alcaldesa ha sido tajante al afirmar que “solo admitiremos un acuerdo con la Junta que garantice el pago, los plazos y las transferencias del dinero con tomas de razón. Y en este sentido pondremos toda la carne en el asador durante los próximos 3 meses para conseguir firmar un nuevo convenio”.