Usuarios del centro de salud de Las Delicias han denunciado la reducción de la plantilla de Pediatría a la mitad desde hace al menos una semana y hasta después de las fiestas, de forma que se han anulado las consultas programadas y solo se atiende por urgencias tanto por la mañana como por la tarde.

Al parecer, ni en la página de Intersas ni en el teléfono de Salud Responde dan las citas previas habituales para pediatría en este centro jerezano, donde ya hay reclamaciones formales por esta situación. Así, los pacientes tienen que acudir en persona al mostrador de información del propio ambulatorio para obtener una cita.

Desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) han explicado a Reporteros Jerez que los dos pediatras ausentes están disfrutando de sus días de vacaciones legales y que “la asistencia está asegurada con un pediatra por la mañana y otro por la tarde”. Aunque “no hay agenda programada” se va a atender a todos los menores tanto por urgencias como a demanda. “Asimismo, tal como establece el Plan de Alta Frecuentación, en el momento en que haya una eventualidad o una elevada afluencia de pacientes en Las Delicias, se reforzaría esa asistencia”, han indicado.

Estos usuarios aseguran, igualmente, que los dos médicos ahora ausentes regresarán al trabajo tras las fiestas pero “con contratos al 75% de la jornada y no al 100%”, como otros muchos trabajadores sanitarios. Señalan, además, que “los pediatras que están en las consultas están saturados de trabajo”. Hay que tener en cuenta también que estamos en una época del año muy propicia para los resfriados, gripes, bronquitis y otras patologías respiratorias habituales entre los más pequeños.

Por otro lado, cabe recordar que los centros de salud de la ciudad pondrán en marcha el plan de vacaciones de Navidad desde este viernes 21 hasta el 8 de enero. El sistema solo deja actividad programada por la mañana mientras que por la tarde se atienden urgencias.

José María Bellido y Luis Suárez llevan desde principios de semana acudiendo cada mañana a las oficinas que tiene la empresa Brassica en el Praque Tecnológico Agroindustrial de Jerez (PTA). Pero no lo hacen para trabajar. Ya les gustaría. Llegan a las nueve y permanecen junto a la entrada principal hasta poco ates de comer. Y aseguran que seguirán haciéndolo hasta que consigan lo que buscan.

Lo que buscan es simplemente que les paguen lo que la empresa les adeuda. En el caso de Bellido son dos mensualidades, lo correspondiente a todo el tiempo que estuvo trabajando para Brassica, según él mismo asegura. En el de Suárez, algo más. Él tuvo algo más de ‘suerte’. Cuenta que empezó a trabajar allá por el mes de marzo y los primeros meses cobró en fecha. “Los problemas empezaron en julio, con el primer retraso”, asegura. A partir de entonces, nada, hasta acumular las tres mensualidades que, según dice, le adeudan.

Ninguno de ellos forman parte de la plantilla de la empresa. Quizá por eso no dudan en acudir cada mañana allí. “No tenemos nada que perder y estamos ya desesperados”, cuentan. Pero, pese a ello, apuntan que no son los unicos afectados por los impagos. Ni mucho menos: “Aquí en Jerez nos han dicho ex compañeros que también les deben, pero deben tener miedo de protestar. Y seguro que hay muchos más en España”.

No les falta razón respecto a esto último. La prensa se ha hecho eco en las últimas semanas de protestas de trabajadores de Brassica en otros puntos de la geografía nacional como Granada y Aragón. Los casos son muy similares a los de Bellido y Suárez.

Ambos relatan que marcharon a trabajar a Getafe cuando fueron contratados por la empresa para el “empaquetado de bandejas de comida para Renfe”. El desplazamiento y el alojamieno corrió de su cuenta, por lo que, tal como aseguran, “todo esto nos ha acabado costando dinero”. En el caso de Bellido se da la circunstancia de que su pareja también trabajaba para Brassica. Ahora, ninguno de ellos tiene empleo ni cobra prestación por desempleo, por lo que necesitan el dinero “con urgencia”.

LA EMPRESA

Brassica Group, que ha recibido importates ayudas públicas, se vende en su propia web como un grupo “de capital cien por cien español” de alimentación especializado en catering de empresas yen servicios especializados de alimentación. Presente en diferentes puntos de España, asegura qe cuenta con más de 250 centros de trabajo, donde trabaja para “unos 50.000 usuarios”. Entre sus divisiones se encuentran atención domiciliaria, empresas, hospitales, hoteles, residencias, colegios (da servicio de comedor escolar a alrededor de una treintena de Cádiz, además de en otras provincias)… Y también presume de colaborar con el Ministeriod e Defensa, a través, por ejemplo, de la gestión integral de las cocinas y comedores de acuartelamientos y bases militares “dentro y fuera de España”; incluso en “misiones de alto riesgo”.

Cerró 2011 con una facturación de 28 millones de euros y preveía cerrar 2012 con una de 41 millones “en contratos ya formalizados”, según reza en la misma web.

PRECEDENTES Y EL CASO ZONA FRANCA

Como consejero delegado de la compañía figura Manuel García Gallardo, un viejo conocido de la abogacía que figura como imputado en el denominado caso Quality Food. En el mismo también está como imputado Miguel Osuna, ex delegado de la mencionada Zona Franca, por posible malversación de caudales públicos.

Cabe reseñar a este respecto que Quality Food destituyó en el año 2004 al entonces presidente de la compañía, el mismo Manuel García Gallardo, ahora consejero delegado de Bressica Group. Según se recoge en diferentes medios de comunicación, la decisión estuvo provocada por presuntas irregularidades con la desaparición de 2,7 millones de euros y la presunta existencia de una caja B para pagos de comisiones, hechos que dieron lugar a denuncias de la Zona Franca.

La Abogacía del Estado ha afirmado haber encontrado pruebas ahora de que el Osuna “participó en el delito” y que fue, de hecho, “el responsable principal”.

Reporteros Jerez ha ofrecido a Manuel García Gallardo la posibilidad de que ofreciese su versión de la denuncia de los trabajadores, pero éste declinó amablemente la invitación a través de un trabajador alegando que estaba reunido. El periodista dejó a éste un teléfono de contacto, pero hasta el momento no ha recibido ninguna llamada.

La Guardia Civil, en colaboración con la Inspección de Trabajo, ha llevado a cabo una importante operación contra el fraude a la Tesorería y a la Seguridad Social con la identificación de nada menos que 116 personas, a las que se investigará con posterioridad para comprobar si han estado trabajando en situación irregular. Como han confirmado fuentes de la Benemérita, la intervención se ha realizado en la empresa Mercajerez y sus alrededores, en el polígono industrial de El Portal, a raíz de un compromiso adquirido el pasado mes de noviembre con la Subdelegación del Gobierno, para incentivar los controles en este sentido.

Los agentes han centrado su objetivo en mayoristas y transportistas del sector de la alimentación, ante la sospecha de que tengan empleados sin contrato o trabajando al mismo tiempo que cobran la prestación por desempleo. La operación ha dado sus frutos, puesto que además de la identificación de las personas anteriormente citadas, se han inspeccionado 33 vehículos de transporte de mercancías perecederas y se han impuesto diversas sanciones a varios conductores que no llevaban encima la documentación que exige la ley en estos casos. El siguiente paso será el de investigar a las empresas en cuestión, que tendrán que justificar ante la Inspección todo lo relativo a estos trabajadores y su situación laboral.

Como han recordado desde la Guardia Civil, además de la correspondiente sanción administrativa todos los que hayan trabajado mientras cobraban el paro estarán obligados a devolver las ayudas, que recibieron de manera ilegal. Esta operación es una de las tantas que el Cuerpo tiene pensado organizar con el fin de prevenir y evitar que este tipo de fraude se siga propagando por toda la provincia.

Alrededor de 300 docentes se han concentrado hoy en la rotonda del Minotauro para protestar contra los recortes en educación. El movimiento conocido como Marea Verde ha hecho oír sus reivindicaciones en el último de los actos previstos antes de que termine el primer trimestre escolar.”Queremos llamar la atención a las administraciones central y autonómica. Estamos en contra de la mercantilización de la educación de la nueva ley y en contra de los recortes. A la Junta le recriminamos la pérdida de 4.500 puestos de trabajo de interinos. No solo es un problema corporativo sino que repercute en los desdobles, en el aumento de las ratios, en que hay profesores más cargados de horas y se hacen menos actividades extraescolares por falta de personal”, asegura el portavoz del colectivo en Jerez, Carlos Vera.

“Esto no es una crisis, es una estafa para desmantelar el estado del bienestar”, explica la profesora del IES La Granja, Magdalena Bello. “No se puede recortar de educación porque es el futuro de la sociedad”, insiste. En su centro educativo “se han perdido 12 puestos de trabajo y, en consecuencia, no hay desdobles en asignaturas como lengua e inglés y se han cargado proyectos y planes educativos”.

María Liébana es una profesora interina que ha sufrido los recortes en el sector aunque, afortunadamente, se ha podido incorporar al IES Caballero Bonald en el mes de noviembre. “Es la primera vez en los últimos cuatro años que ha empezado el curso y yo estaba en paro. Hay compañeros con tres años de experiencia que están en su casa”, asegura.

Pero no solo los docentes están movilizados sino que los alumnos empiezan ya a secundar las protestas. Es el caso de Salvador Ballesteros, del IES Romero Vargas, que ha acudido a la protesta junto a sus profesores porque “es excesivo el abuso que está sufriendo la enseñanza pública”. La Marea Verde también ha contado con el apoyo de la Federación de Vecinos Solidaridad, desde donde aseguran que “Rajoy tiene que dar marcha atrás en los recortes de educación y sanidad”.

Esta protesta se ha hecho durante el último de los tres paros parciales que se han llevado a cabo, principalmente, en los institutos, y que cada vez tienen una mayor repercusión. Esta tarde la Marea Verde se reúne en asamblea provincial en un colegio de la capital gaditana donde tienen previsto un encierro. Allí decidirán nuevas medidas de protesta y acciones reivindicativas.

Los juzgados de Tomás García-Figueras han registrado un intenso movimiento desde el mediodía por la protesta en la que, por vez primera, han unido fuerzas los jueces, fiscales, abogados, secretarios y el resto del funcionariado con el fin de reivindicar un sistema judicial “digno” para profesionales y ciudadanos. Juntos, pero no revueltos, puesto que si bien el lema de la concentración llamaba a la unidad “contra el ataque a la independencia judicial”, los magistrados han querido hacer un aparte para desvincularse del resto, dejando claro que cada colectivo se mueve por sus propios intereses.

Así, el juez decano, Juan José Parra, ha querido puntualizar que, como ya publicara Reporteros Jerez, los profesionales que representa no son contrarios a una Ley de Tasas como tal, puesto que para descongestionar el nivel de litigiosidad sí se hace necesaria la imposición de una tarifa a la hora de interponer recursos. Sin embargo, los magistrados abogan por unas tasas “disuasorias” de cantidades que nada tienen que ver con los 1.200 euros que se han de pagar en algunos casos. Además de ello, Parra ha recordado las reivindicaciones de los jueces como la retirada de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la autonomía presupuestaria del Consejo y la Fiscalía, el aumento de la planta con jueces y fiscales o la determinación de la carga de trabajo.

La plataforma que aglutina a los diversos sindicatos del funcionariado público del sistema judicial, por su parte, sí ha puesto el acento en la “naturaleza abusiva y perturbadora” de la Ley de Tasas, mostrando su oposición a la privatización del Registro Civil, la falta de financiación y medios materiales y humanos y la ausencia de modernización de los juzgados. Esta plataforma ha iniciado una recogida de firmas contra todo ello, incluyendo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que culminará el 19 de enero con la entrega de las rúbricas en el Ministerio de Justicia, junto con un apagón informático que tendrá lugar en toda la red nacional el 20 de diciembre.

El decano del Colegio de Abogados, Marcos Camacho, ha estado presente en la concentración y ha abogado por la unidad de todos los colectivos contra lo que considera una “degradación” del sistema por parte del ministro Gallardón, adalid de unas reformas que han indignado a todos por igual. Aunque reconoce que cada grupo profesional ha resultado perjudicado de una manera específica, ha insistido en la necesidad de hacer un frente común argumentando que “hoy no es el día para las reivindicaciones de cada uno”.

El Gran Premio de España de Motociclismo en el Circuito de Jerez tiene garantizada su celebración los próximos tres años gracias al acuerdo de colaboración a tres bandas que han rubricado hoy en el trazado jerezano el Ayuntamiento de Jerez, a través de su alcaldesa y presidenta de Cirjesa, María José García-Pelayo, el consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía,  Rafael Rodríguez, y Carmelo Ezpeleta, consejero delegado de Dorna Sport, empresa propietaria de los derechos comerciales y de explotación del Campeonato del Mundo de MotoGP, por el cual y gracias a la renovación de este convenio, el Circuito de Jerez se garantiza seguir organizando el Gran Premio de España en el próximo trienio. Leer noticia completa

Pisar la plaza del Ayuntamiento de Guadalcacín con una cámara basta para que vecinos de esta pedanía jerezanase lancen a denunciar la situación que padecen. Se agolpan alrededor del periodista para expresar su malestar por la discriminación que consideran que sufren por parte del ayuntamiento matriz de Jerez. Que hubiese varias dependencias municipales sin suministro eléctrico durate una semana, entre ellas el propio Consistorio, ha sido la gota que ha colmado el vaso de su paciencia. La consecuencia en este último caso es que éste se haya visto obligado a dejar de atender a los ciudadanos, ya que no podía hacerlo al carecer de luz y, en consecuencia, teléfono, fax, internet, calefacción… El único trámite que llevaba a cabo su alcaldesa, Nieves Mendoza, y los ocho trabajadores con los que cuenta es disculparse ante los que acuden allí y explicarles su situación.

La paciencia de Nieves Mendoza también se ha agotado por completo. Este mismo martes por la mañana aseguraba que presentaría una denuncia (contencioso) contra el Ayuntamiento de Jerez por la deuda de casi tres millones de euros que mantiene con la pedanía. Lo hacía poco antes de reunirse con responsables del Consistorio matriz. “No nos queda otra, estamos ya hartos”, afirmaba. Y anunciaba también que movilizaría a la ciudadanía para protestar por la situación, que dice que “ya es insostenible”. Cabe recordar a este respecto que Guadalcacín cuenta actualmente con más de 5.000 habitantes.

Sin embargo, tras el mencionado encuentro, el Ayuntamiento jerezano hizo público un comunicado en el que el primer teniente de alcalde de Presidencia, Antonio Saldaña, y la delegada de Medio Rural, Susana Sánchez, aseguraban que habían informado a los presidentes de las Entidades Locales Autónomas (pedanías) sobre las gestiones que se están realizando para que se restablezca el suministro eléctrico en las dependencias afectadas por los cortes de luz. De hecho, tras el encuentro, que se ha celebrado a petición de las entidades locales, Susana Sánchez confirmaba el restablecimiento de la corriente eléctrica en el Ayuntamiento de Guadalcacín. La delegada ha insistido en que se sigue trabajando para que poco a poco se puedan ir recuperando la luz en todas dependencias. En este sentido, ha comentado que se sigue en negociaciones con Endesa para que acepte la propuesta del Ayuntamiento.

AMARGA REALIDAD

En cualquier caso, la realidad a día de hoy es cuanto menos llamativa: el Ayuntamiento de Guadalcacín ha estado sin suministro eléctrico más de una semana después de que Endesa cortase la luz de esas instalaciones y del pabellón cubierto polideportivo. Y que lo hiciese “sin previo aviso”, tal como asegura su alcaldesa, Nieves Mendoza.

La edil de la pedanía explicaba horas antes que, tras el largo puente festivo, las instalaciones municipales de la entidad local se mantenían en las mismas circunstancias, dado que, “como era de esperar, el Ayuntamiento de Jerez no ha emitido ningún pago más de la transferencia mensual a Guadalcacín, de la que sólo abonó 33.000 euros y, por lo tanto, desde aquí no se ha podido satisfacer parte de la deuda con Sevillana”.

Precisamente por ello, cinco de los siete alcaldes de las ELAs, los de Estella, Torrecera, El Torno, Nueva Jarilla y Guadalcacín acudieron este pasado lunes al Ayuntamiento de Jerez con el objetivo de que les recibieran y de escuchar la intención expresada públicamente por el consistorio jerezano de asumir la deuda de las entidades locales con Endesa. Pero fue una reunión que no se ha producido y que finalmente tuvo lugar este martes por la mañana.

La alcaldesa de Guadalcacín había asegurado antes que “no se va a saldar ninguna deuda hasta que el Ayuntamiento de Jerez no nos ingrese la transferencia correspondiente a este mes, que asciende a cerca de 100.000 euros. Antes de pagar a Endesa sigue estando la nómina, y las pagas extras de los empleados a los que corresponde y los pequeños proveedores”.

Por ese motivo se habia colocado un cartel en el balcón consistorial explicando la situación a los vecinos y vecinas de la entidad local. En él puede leerse “El Ayuntamiento de Jerez no cumple con sus pagos. Consecuencia: a nuestro ayuntamiento le cortan el suministro eléctrico perjudicando nuestro trabajo”.

Como ya explicó su alcaldesa, Nieves Mendoza, hace unos días, le resultaba imposible “pagar a Sevillana y dejar a los trabajadores sin cobrar”. Por ese motivo, se había acometido en primer lugar el pago de las nóminas. “Es lo que hemos priorizado”, aseguraba. Y lo ha hecho “con la transferencia de sólo 33.000 euros que nos ha hecho el Ayuntamiento de Jerez de los 131.000 que debía”.

A las nueve y media de la noche del lunes diversas calles del centro y sus alrededores se quedaron completamente a oscuras por un apagón que duró aproximadamente tres horas. Así lo han confirmado fuentes de Endesa, explicando que unos 3.500 jerezanos se vieron afectados por una avería originada en un cable subterráneo de la subestación eléctrica de Santo Domingo, lo que provocó cortes de luz en calles como Sevilla, Cádiz, Paúl y La Merced, y en barriadas cercanas al centro como La Constancia y La Plata.

La compañía logró restaurar el suministro casi en un 85% una hora después, quedando completamente subsanada la avería a las doce y media. El servicio de Emergencias del 112, por su parte, recibió en esa franja horaria casi una veintena de llamadas alertando del apagón sufrido en las zonas mencionadas. Por fortuna, no se produjeron incidentes destacables ya que los avisos resultaron meramente informativos, para alertar de la oscuridad en las calles.

Una circunstancia que hace recordar lo ocurrido el pasado mes de octubre, cuando prácticamente toda la ciudad pasó una noche entera a oscuras por una avería de envergadura que afectó incluso a otras poblaciones cercanas de la Sierra y la provincia de Sevilla. En aquella ocasión sí se registró algún incidente de importancia, como el atraco del que fue víctima un ciudadano en San Joaquín, donde un desaprensivo aprovechó la oscuridad total para amedrentarlo y robarle lo que llevaba encima.

La parlamentaria del Partido Popular, Ana Mestre, se ha desplazado a Jerez para poner de manifiesto lo que a su juicio constituye una “falta de compromiso total con la ciudad” por parte de la Junta, en referencia a los presupuestos de ésta para 2013. Como ha explicado, las partidas reflejan una “falta de transparencia” y, lo que es peor, obvian una serie de necesidades imprescindibles para los jerezanos. Por ello, su grupo ha trasladado una serie de enmiendas que se traducen en 71 millones de euros para la provincia, 20 solo en infrastructura, lo que repercute de manera directa en este municipio. En concreto, ha desglosado su propuesta aludiendo a proyectos “imprescindibles” como el de la Ronda Sur, con 2,3 millones de euros, o el arreglo de la carretera de La Barca.

A nivel provincial, las enmiendas de los populares incluyen la dotación de 13 millones para las corporaciones locales, de los que 5,5 van destinados directamente al fomento del empleo, poniendo el acento en el femenino y las ayudas a los autónomos y emprendedores más jóvenes. En el caso de servicios específicos para Jerez, el PP vuelve a pedir la construcción de la Ciudad de la Justicia con 200.000 euros así como la terminación del edificio de Radioterapia del Hospital, de los centros de salud sur y este, la ampliación de los de La Granja y Madre de Dios y la construcción del ambulatorio de la zona norte.

Otros de los proyectos recogidos en las enmiendas y que los populares consideran prioritarios es la recuperación del río Guadalete y la presa y la depuradora de El Portal, presupuestado en un millón de euros, y un plan de modernización y explotación agraria con 400.000 euros para toda la provincia. Todo ello se complementa con un plan de impulso turístico de 2 millones de euros, otra partida destinada a fondos de emergencia social y un plan para los más desfavorecidos.

Esta vez sí, Pedro Pacheco ha querido referirse públicamente al proceso judicial abierto tras la querella que él mismo presentó contra la anterior alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, por la posible contratación irregular de asesores municipales. Lo ha hecho después de que la jueza que lleva el caso haya ordenado que se abra juicio oral y pida 21 años de prisión para ella, pese a que la Fiscalía haya dicho que no encuentra indicios de delito. Y el actual líder de Foro Ciudadano ha elegido Reporteros Jerez para hacerlo.

En el siguiente vídeo habla sobre ello. Considera “correcta” la actuación de la jueza, pero critica duramente la de la Fiscalía, que, tal como recuerda, pidió para él 17 años de prisión por la contratación de dos asesores cuando estaba al frente del área de Urbanismo del Ayuntamiento, “cuando eran dos personas de mi estricta confianza y que fueron contratadas en función de la Ley de Régimen Local”. Asegura al respecto que en su momento “deberá responder por ello ante la sociedad, porque es una decisión que no se entiende”.

¿Qué espera del juicio contra Pilar Sánchez? “Veremos reflejado uno de los peores periodos de la ciudad”. “El problema no es que haya contratado a una serie de asesores, sino que contrató a todo el que le dio la gana y que lo hizo manipulando y falseando un servicio público, en este caso el de empleo (Serjil), y eso es más grave”.

Tal como se puede comprobar en el vídeo, recuerda que los contratados durante el gobierno municipal de Pilar Sánchez eran “personas de la ejecutiva local del PSOE”. Y augura que “habrá un juicio oral en el que se visualizará la gestión tan nefasta de la señora Pilar Sánchez, una especie de noche negra de los tiempos”.