Tras las últimas actuaciones de ciertos partidos políticos contra la Reforma de la Administración Local, aprobada por el Gobierno de España, en relación a la repercusión de la misma para las Entidades Locales Autónomas de Jerez, el Partido Popular de Jerez insiste en que las ELAs se mantienen y, además, la reforma garantiza su financiación. La secretaria general del Partido Popular de Jerez, Lidia Menacho, ha manifestado a este respecto que “la Ley supone un revulsivo en la garantía de la financiación de los servicios que prestan y un avance importante, por lo que se desmontan las críticas del PSOE y otros partidos afines que lo único que pretenden es manejar a su antojo en los pueblos de la zona rural de Jerez”.
Menacho ha afirmado además que los intereses electoralistas de estos partidos políticos intentan manipular a los vecinos con mensajes que faltan a la verdad. Por ello, ha vuelto a explicar que la reforma no desmantela las ELAs para que no haya lugar a dudas. Asimismo, la dirigente del PP local ha señalado que la Reforma Local va a potenciar y reforzar el papel del Ayuntamiento de Jerez y lo va a dotar de mayor estabilidad económica, garantizando que situaciones de caos económico como la que sufrió el Ayuntamiento tras el paso de los socialistas, no se vuelvan a producir.
Menacho ha comentado también que esta Ley va a ser muy beneficiosa para todo Jerez, el urbano y el rural, “ya que va a permitir al Ayuntamiento de la ciudad prestar los servicios públicos de manera más eficaz, paliando los problemas con los que la alcaldesa, María José García-Pelayo, se ha enfrentado desde que llegó a la alcaldía, por culpa de la nefasta gestión de los gobernantes anteriores”. La responsable popular ha destacado igualmente la importancia y el calado que esta reforma va a tener para el Ayuntamiento de Jerez, en lo referente a las competencias delegadas ya que, en el caso de la ciudad, son muchos los servicios sociales que se prestan como competencias impropias. A este respecto, ha detallado que la Ley va a permitir que se garantice la financiación de estos servicios, de manera que, si la Junta de Andalucía no paga, como es el caso de Jerez, el Gobierno de la Nación retendrá de los fondos propios de la administración autonómica el dinero y se lo transferirá directamente a los ayuntamientos.