El Consejo local de UPyD en Jerez pide a Pedro Pacheco y José López, a través de un comunicado, que renuncien de forma inmediata a sus actas de concejales en el Ayuntamiento -en el caso de López también a su acta como Diputado provincial- “por responsabilidad política y respeto a los ciudadanos,  tras conocerse la sentencia que les condena a ingresar en prisión por los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos”, en referencia al conocido como ‘caso de los Asesores’.

El portavoz de UPyD en Jerez, Francisco J. Espinosa, considera “inaceptable e indecente que  ambos ediles de Foro Ciudadano se aferren a su cargo, sigan representando a los jerezanos y continúen viviendo del erario público a pesar de la resolución judicial”.

Por ello, Espinosa ha insistido en que “UPyD es el único partido que exige que los imputados no puedan formar parte de las listas electorales y defiende que los responsables políticos renuncien a sus cargos públicos si se demuestra que han cometido delitos contra la administración”.

Ante la negativa de Foro Ciudadano de exigir responsabilidades a sus respectivos representantes condenados, Espinosa ha destacado que “esta decisión pone de manifiesto la necesidad de que UPyD irrumpa en el Ayuntamiento de Jerez para regenerar la administración local y hacer política en beneficio de los jerezanos por encima de los intereses partidistas y las estructuras de poder que los viejos partidos se empeñan en mantener a toda costa”.

El día de resaca judicial de lo que muchos consideran ya una sentencia ejemplarizante contra Pedro Pacheco ha estado plagado de reacciones, empezando por la de la alcaldesa, María José García-Pelayo. Aunque en un primer momento se ha remitido a lo declarado ayer por el portavoz de su gobierno, Antonio Saldaña, la primera regidora no ha podido evitar soltar algunas perlitas al respecto insistiendo en la ‘muerte política’ del exalcalde. “La historia no ha terminado bien para él, su final político es éste y yo pediría que hubiera un respeto importante para Jerez. Es una sentencia muy grave, y no queremos que contamine a la ciudad con sus consecuencias. Lo que hace falta es que miremos hacia adelante y Jerez pase página definitivamente”.

En lo que respecta a la intención del líder de Foro Ciudadano de continuar en la vida pública, García-Pelayo ha querido mantenerse al margen asegurando que “se trata de una decisión personal”, si bien ha apostillado que “cualquiera sabe por dónde puede salir este señor”.  La secretaria local del PSOE, Miriam Alconchel, se ha mostrado más tibia a la hora de pronunciarse subrayando únicamente el “respeto a los fallos judiciales y a un sistema que tiene todas las garantías”. En esta línea, ha mostrado una vez más su “respeto a las decisiones personales y de partido”, en alusiones al futuro político de Pacheco, pidiendo que “este asunto no logre enturbiar la vida política”. En lo que sí ha entrado algo más al trapo ha sido en las comparaciones y paralelismos que se pudieran establecer entre el ‘caso de los Asesores’ por el que ha sido condenado el exalcalde y el otro por el que sentará en el banquillo la antigua regidora socialista, Pilar Sánchez.

Así, ha resaltado que “son casos entre los que no hay similitudes sino deferencias y ello se demostrará. En el caso de Sánchez, el fiscal pide el sobreseimiento y eso es algo que lo tenemos que poner en valor, porque no se ha posicionado de la misma manera en uno que en otro”. El secretario local del PA en Jerez, Santiago Casal, se ha manifestado de forma más drástica pidiendo la dimisión “inmediata” de Pedro Pacheco y José López de todos sus cargos públicos para que “se centren en su defensa”. Como ha argumentado el andalucista, “moralmente, personas condenadas no pueden estar representando a la ciudadanía en un pleno municipal. Un mandato popular no es una patente de corso para hacer lo que venga en gana con las administraciones públicas y sus recursos humanos, materiales y económicos”, ha sentenciado.

“DIMITIR SERÍA COMO DAR LA RAZÓN A LOS QUE ESTÁN EJERCIENDO EL ACOSO”

La coordinadora de Foro Ciudadano, por su parte, ha enviado un comunicado informando de su decisión unánime de avalar la continuidad en sus cargos del concejal del Ayuntamiento de Jerez, Pedro Pacheco, y del edil de esta misma corporación y diputado provincial, José López, “ante el brutal atropello y el linchamiento judicial sin precedentes que están sufriendo”. Como ha recalcado la formación, la sentencia no es firme y “a todas luces desproporcionada”, insistiendo como ya hicieran los propios protagonistas en que todo deriva “del juicio político en el que se han visto inmersos a raíz de una acusación falsa por dos contrataciones perfectamente legales”. Por ello y porque entienden que el fallo es “absolutamente exagerado y desmedido”, el máximo órgano de decisión del partido considera que las dimisiones de ambos políticos electos serían como “dar la razón gratuitamente a quienes están ejerciendo la vil práctica del acoso y derribo para eliminarlos de un plumazo de la vida política activa”.

En el mismo comunicado, desde el Foro aprovechan para anunciar la incorporación en sus filas de Raúl Ramírez Dorantes, que de esta forma regresa a la vida política activa y que pasará a ser el portavoz de la organización. Abogado de profesión, Ramírez fue delegado municipal y concejal del Ayuntamiento de Jerez entre 2000 y 2011, y ha ejercido responsabilidades políticas en diferentes ámbitos de la vida municipal, como las delegaciones de Seguridad y Movilidad, Participación Ciudadana y Deportes. 

El primer teniente de alcaldesa, Antonio Saldaña, ha sido el encargado de transmitir hoy las consideraciones del gobierno local sobre la sentencia judicial que condena a Pedro Pacheco. El popular no ha tenido pelos en la lengua y siempre manteniendo “el respeto por la Justicia” ha cargado contra alguien a quien ya de antemano supone muerto políticamente, a pesar de que el líder del Foro ha mostrado su intención de seguir batallando en la vida pública.

“Lamentamos que alguien que ha sido alcalde tantos años y ahora concejal termine su vida política de esta forma- ha sentenciado-. Esto no es bueno para Jerez. Se le condena por delitos muy graves y por haber utilizado el dinero público, que como recalcamos es de todos los jerezanos, para un beneficio personal”. Es por eso que el ejecutivo lo único que pide ahora a Pacheco es que “respete a la ciudad y su condena no la pague con ésta, ya que está en deuda con los jerezanos. Lo que hace falta es honestidad, ilusión y trabajar por el futuro de la ciudad”, apostilla.

Tocado, aunque asegura que no hundido, se ha mostrado Pedro Pacheco tras conocer el fallo judicial que le condena a cuatro años y medio de cárcel y ocho de inhabilitación por el ‘caso de los Asesores’. En una rueda de prensa en la que se le ha visto visiblemente afectado, el exalcalde se ha comparado con condenados en otros casos de enorme trascendencia pública para demostrar la “tremenda injusticia” que con él se ha cometido. “Qué curioso que algunos tengamos que demostrar nuestra inocencia, mientras a otros los desimputan. Quieren cargar en mí todos los casos de este país. Al parecer soy Bárcenas, Gürtel, Urdangarín y Matas”.

En esta línea de erigirse en víctima del sistema, ha aludido incluso a la pena de Ortega Cano de dos años y medio de cárcel por homicidio involuntario, la del asesino de Marta del Castillo (20 años) o la de Isabel Pantoja por blanqueo de capitales (dos años), asegurando que está padeciendo “una persecución y una estrategia intolerable de acoso y derribo”. Así, queda meridianamente clara su frontal oposición a la sentencia, que ha reconocido haberle cogido por sorpresa y causado la más absoluta “estupefacción”, por lo que no dudará en recurrir “semejante disparate” ante el Tribunal Supremo para conseguir la absolución.

“Como mucho habré incurrido en un error administrativo, pero jamás en un acto punible. Esto es un atropello contra mi honorabilidad y la de mis compañeros, por lo que seguiremos luchando pese a quien pese”. En alusiones a su futuro político, el líder de Foro Ciudadano ha confesado que tiene “más ganas que nunca” de seguir en la batalla, por lo que descarta por completo la dimisión aunque recuerda que “las actas pertenecen a los partidos y no a las personas”, por lo que su agrupación política tendrá que pronunciarse en las próximas horas. “Todo partió de una denuncia falsa basada en informes falsos hechos por técnicos bajo coacción, como ellos mismos reconocieron en el juicio. Aquí subyace un deseo de acabar con Pacheco, pero necesitarán mucho más para borrarme del mapa”. 

José López, que ha comparecido junto a Pacheco, también ha transmitido sus ganas de seguir al frente de la vida política a pesar de su condena de dos años y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación. Además, ha aprovechado para mandar un aviso a navegantes advirtiendo que desde Foro están “dispuestos a plantear en los juzgados todas las cuestiones que no se resuelvan en el Ayuntamiento”, adelantando que “anunciaremos a personalidades de Jerez que se sumarán a nosotros, porque a esto le sacaremos punta política”.

El caso del conocido como ‘el estafador del seguro’ fue de los más sonados en 2009, cuando Carlos B. N. fue detenido y trasladado a prisión por una presunta estafa. La enorme cantidad de perjudicados (82) y del dinero defraudado dio relevancia a un procedimiento que ha culminado con una condena de 8 años de prisión para el principal acusado, y una absolución para el que fue juzgado como presunto colaborador de éste. Además, deberá afrontar en solitario el pago de indemnizaciones que en su totalidad superan los 2 millones de euros. Así lo ha decidido la titular de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Jerez, Lourdes Marín, que absuelve a su vez a la aseguradora AXA de cualquier tipo de responsabilidad civil. En el fallo, al que este medio ha tenido acceso, la jueza relata cómo el condenado era agente de seguros de British Life en 1997 cuando pasó a desarrollar esta actividad para AXA, a través de la entidad mediadora Asegur.

En concreto, su compromiso con la nueva compañía se centraba en un periodo de formación mínimo de tres años, durante el que debía ejercer las funciones de gestión de contratación tanto de seguros como de otros productos de ahorro e inversión. En ese tiempo llegó a conseguir una importante cartera de clientes, hasta que en junio de 2000 expiró su contrato al no haber alcanzado los objetivos mínimos exigidos por la compañía. No obstante, como existían pólizas aún pendientes de vencimiento la baja no se hizo efectiva hasta un año después. En enero de 1999, sin embargo, Carlos B. N. inició una relación profesional con Guardian Glass Express a pesar de que esta aseguradora le requería exclusividad, y sin notificárselo tampoco a AXA. A partir del año 2004 es cuando el condenado comienza a realizar contratos utilizando su consolidada cartera de clientes “con la intención de obtener un beneficio injusto”.

Lo concertado se correspondía con productos ofertados por ambas aseguradoras, a las que nunca dio curso de sus actividades llegando incluso a identificarse como agente de AXA y a presentar impresos oficiales de la entidad “para dar mayor credibilidad”. Con el fin de ganar la confianza de los supuestos beneficiarios, el procesado llegó a participar en varios contratos reales con las mencionadas compañías, limitándose a entregar la solicitud de los clientes mientras que éstos realizaban la correspondiente transferencia a la empresa, que emitía entonces la póliza . En los contratos fraudulentos, por contra, las cantidades eran entregadas en metálico y en algunas ocasiones ni siquiera llegaron los interesados a recibir una póliza ni información del producto. En muchos de los casos el agente regalaba pequeños electrodomésticos o televisores al cliente, dándose la circunstancia de que éste debía abonarlos y luego pasarle una factura que él nunca terminó de pagar.

Por todo este entramado de engaños, los perjudicados abonaron diversas cantidades que en algunos casos rozan los 180.000 euros, con lo que han quedado en difícil situación económica o han perdido la mayor parte de sus ahorros, como pone de relieve la propia jueza. Un delito continuado de estafa en concurso con otro continuado de falsedad documental por los que Carlos B. N. ha sido condenado a 8 años de prisión y una multa de 200 euros diarios durante 15 meses. Además, deberá restablecer a cada perjudicado las cantidades que éstos abonaron con la suma de los intereses devengados, lo que como ya se ha mencionado supera los 2 millones de euros. En cuanto a su presunto colaborador, la magistrada lo absuelve al entender que se limitó a facilitar una cuenta en la que el condenado iba dejando los depósitos sin conocer el origen ilícito del dinero. De igual modo absuelve a la aseguradora AXA, representada en el procedimiento por el bufete de abogados Campoamor, al entender que no tomó parte en la actividad fraudulenta y por tanto no debe hacer frente a ningún tipo de responsabilidad civil.

Lo ha adelantado Canal Sur en su informativo. La trabajadora del departamento de pescadería de Hipercor que fue despedida tras comerse cinco cigalas para  “probar probar su correcta salazón” deberá ser indemnizada con 20.000 euros.

Cabe recordar que la empresa despidió a la trabajadora tras lo visto por las cámaras de seguridad. Sin embargo, ésta, representada por el abogado Francisco Cabral, lo denunció por considerar que se trataba de un despido improcedente.

Según ha explicado el propio Cabral, la cadena de supermercados dio marcha atrás poco antes del inicio del juicio en el Juzgado de lo Social número 3 y admitió la improcedencia del despido, acordando la indemnización mencionada, aunque no la readmisión.

Pese a todo, la afectada ha declarado a este medio que está “más que satisfecha”. “Querían darme solo 4.500 euros alegando un despido disciplinario, y al final van a tener que pagarme 20.000 euros. Estoy muy contenta”, apunta Luisa Reyes, que reconoce que “no hemos peleado por la readmisión porque yo ya no quería más polémica y, sobre todo, porque ya no me apetecía volver a trabajar en ese sitio”.

Reyes lamenta que sus 12 años de trabajo para Hipercor “terminaran con este mal trago, tachándome de ladrona, y con un despido por una tontería y agarrándose al primer motivo que pudieron para echarme”. Y es que, según cuenta la exempleada, “me dijeron a la cara que tenían que despedir a una veintena de compañeros antes de Navidad, y por eso se agarraron a los de las cigalas”.

Doce fueron los años que Luisa Reyes trabajó en la pescadería del hipermercado. Esa dilatada carrera como pescadera se vio truncada el pasado 17 de octubre, cuando fue despedida por haberse comido presuntamente cinco cigalas. Como entonces contó a REPORTEROS JEREZ, el citado día se encontraba con su compañera realizando sus labores habituales, que incluían el probar la mercancía para comprobar el punto de sal o de cocción, cuando un inesperado suceso torció de forma determinante los acontecimientos.

“Estábamos cociendo el marisco y probándolo, como hacíamos siempre, para ver cómo habían salido de sal y cocción. Mira que a mí no me hace gracia el marisco, pero consideraba que era algo que tenía que hacer. La cosa es que las cámaras de seguridad nos grabaron a mi compañera y a mí y la dirección del centro se sirvió de ello para despedirnos, acusándonos de habernos comido cinco cigalas. Ni siquiera el número es cierto, probamos una o dos”. Como insiste Luisa, se trata de una práctica habitual por la que jamás les habían llamado la atención; tanto es así que asegura que su jefe directo de pescadería se “llevó las manos a la cabeza” cuando le anunciaron los despidos.

“Nunca tuvimos ningún problema con eso. En todo caso, si lo hubiéramos hecho mal nos deberían haber amonestado pero nunca despedido. Cuando fuimos a protestar, nos dijeron que la cosa está muy mala y que sobraban 25 personas, por lo que nos tememos que esto haya sido una excusa para quitarnos de enmedio”, añadía.

“Lo que yo busco es la readmisión y volver a mi trabajo. Después de 12 años aquello es como una familia, tengo compañeros que hasta lloraron cuando se enteraron de que nos habían despedido. Yo no he cogido la indemnización ni he firmado nada, lo que quiero es trabajar”. Para colmo, afirmaba que cuando le finiquitaron le adjuntaron una carta de recomendación en la que alaban los servicios prestados, lo que según ella es un completo sinsentido.

Un joven jerezano sufrió en 2008 un accidente laboral que le ha traído secuelas de por vida. Ahora, la Sección Octava de la Audiencia Provincial ha estimado solo parcialmente el recurso interpuesto por Generali España como aseguradora de MC Mutual contra la sentencia dictada el pasado año, condenándole a pagar 81.235,26 euros más intereses. Como ha explicado el abogado del demandante, José Luis Ortiz, los hechos se remontan al viernes 1 de febrero del citado año cuando J. A. A. A., de 29 años, sufrió una caída accidental desde el andamio en el que estaba trabajando a unos cuatro metros de altura, lo que le produjo una fractura en el pie. “El problema es que como la fractura era cerrada solo se veía el hematoma y, además de la fractura, los huesos al astillarse le produjeron el seccionamiento y corte de algunas venas”. Leer noticia completa

Aunque ya no quedaban dudas al respecto, los afectados por el ERE municipal han sido informados de manera oficial de que el TSJA ya tiene en sus manos la comunicación del Ayuntamiento en la que transmite su decisión de optar por indemnizar y no por readmitir a las 260 personas despedidas. Así lo han sabido esta misma mañana, como ha confirmado a este medio Antonio Ortega, que representa al Colectivo de Trabajadores Progresistas en el procedimiento. Según el letrado, la administración local emitió el correspondiente escrito el 2 de abril junto con su petición de aclaración, antes de saber por tanto si finalmente la sentencia debía hacerse extensiva o no a la totalidad de los perjudicados, como así ha sido. Como explica Ortega, el Consistorio se pronunció trasladando su intención de indemnizar porque si no lo hubiera hecho, una vez transcurrido el plazo impuesto por el Alto Tribunal automáticamente se hubiera visto obligado a readmitir a los despedidos. Leer noticia completa

Una mujer divorciada y su hija de doce años se enfrentan este lunes a la amenaza de un desahucio, y allí, en el bloque 11 de la barriada de La Vid, están citados a los 11 de la mañana todos los ciudadanos que quieran acercarse para tratar de evitarlo en una nueva movilización de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Jerez (PAH).

Así, para intentar frenar este nuevo desahucio, los integrantes de esta plataforma van a concentrarse en el lugar desde primeras horas de la mañana. A la protesta también van a acudir representantes de los partidos políticos, según cuenta el portavoz de la PAH de Jerez, Lorenzo Barba.

Tal como narran, no ha habido forma de llegar a una solución dialogada con la juez que emititó el auto, a la que le han presentado hasta cuatro escritos que no ha aceptado. De hecho, hasta el viernes al mediodía el lanzamiento seguía señalado, y solo les había instado a esperar para ver si había alguna novedad por la carta que le han remitido al banco donde tiene la hipoteca esta familia.

El portavoz de la PAH de Jerez recalca que en este caso la deuda de propietaria ronda los 70.000 euros, y es que hace un año que dejó de pagar la hipoteca ya que su ex marido no le pasa manutención y con la prestación de 400 euros no puede hacer frente más que al pago de luz y agua.

Además, Barba insiste en que existen cláusulas abusivas, por eso lamenta que la jueza no haya atendido sus escritos ni haya tenido en cuenta la última sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo que permite a un juez parar un desahucio cuando se dan esas circunstancias.

La secretaria general del PSOE-A de Jerez y portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Miriam Alconchel, ha advertido en rueda de prensa del “elevado coste” que va a suponer para las arcas municipales el recurso que el gobierno municipal va a presentar al Tribunal Supremo contra la sentencia del ERE y ha acusado a la alcaldesa, María José García-Pelayo, de “derrochar dinero público para dilatar un proceso ilegal y arbitrario”.

Ha asegurado que, con este recurso, la alcaldesa “vuelve a dar una patada adelante y juega a la confusión y al despiste, aunque  lo más grave es que está jugando con los sentimientos de los trabajadores afectados por el ERE, prolongando su sufrimiento y el de sus familias”. Ha denunciado, no obstante,  que la alcaldesa “siga  en sus trece para consumar los despidos de un ERE que el Alto Tribunal Andaluz ha dicho que es  no ajustado a derecho y arbitrario”, por lo que ha insistido que el Grupo Municipal Socialista va a seguir “defendiendo la readmisión de los trabajadores despedidos”.

Al respecto, Alconchel ha explicado que “la sentencia es lo bastante explícita y deja abierta la vía a dos opciones: la readmisión o la indemnización”. Pero, ante todo, ha señalado que “el fallo judicial está cargado de argumentos que podrían certificar la nulidad de un procedimiento al asegurar que se actuó con mala fe y que los despidos se hicieron de forma arbitraria, sin criterio, sin tener en cuenta su formación, sin cualificación, ni antigüedad y sin tener en cuenta su experiencia”.

“El TSJA -añadió- ha tumbado el ERE por arbitrario y eso supone que se ha reconocido que todos los argumentos esgrimidos por los trabajadores, los sindicatos y los partidos de la oposición tenían un sustento real y que era una decisión que carecía de la más mínima objetividad y  razón de ser. Pero no sólo lo dice el TSJA, sino que el informe de la Inspección de Trabajo de septiembre de 2012 dejó claro que faltaba documentación que acreditara la aplicación objetiva de los criterios del ERE”. Por ello, ha lamentado que el PP  y la alcaldesa, “en lugar de de dar marcha atrás ante la contundencia del fallo del TSJA, anuncie que van a seguir adelante con el ERE y que no van a readmitir a los trabajadores”.

“Con dinero público  -denunció-  el gobierno del PP y de la señora Pelayo han llevado a cabo una actuación no ajustada a derecho, un ajuste de cuentas con la plantilla, poniendo en la calle a quien le ha dado la gana. Con dinero público se ha disfrazado esta artimaña y se ha pagado con el dinero de todos los jerezanos a empresas externas para aplicar un ERE”.

De hecho, Alconchel ha explicado que se ha destinado casi 55.000 euros a Deloitte por el ERE, casi 64.000 a una consultoría por el plan de recolocación y casi 6.000 mil por el informe pericial, a lo que hay que sumar  lo que costará  la defensa jurídica que, según las consultas realizadas por el Grupo Municipal Socialista, podrían elevarse a un cuarto de millón de euros.

Al coste económico, Alconchel dijo que hay que añadir la repercusión que ha tenido en la prestación de servicios públicos por la falta de personal. “Los jerezanos han seguido pagando sus impuestos, pero no han podido disfrutar de los servicios públicos, porque el personal que los prestaba estaba en la calle. Y ahora le van a pedir también a los jerezanos que paguen las millonarias indemnizaciones, cuando un tribunal ha dicho claramente que se trata de unos despidos arbitrarios”, aseguró.