Los hijos de José María Pemán han presentado conjuntamente  ante el Juzgado de Instrucción de Jerez de la Frontera querella criminal por “presuntos delitos de calumnias y/o injurias” contra la concejala de IU en el Ayuntamiento de Jerez, Ana Fernández de Coza, quien en el Pleno celebrado el pasado 30 de Julio y en el curso del debate sobre la retirada del busto de José María Pemán instalado en el Teatro Villamarta, acusó públicamente al citado escritor gaditano de ser ” fascista, misógino y asesino” y así literalmente se recogió en los medios de comunicación. Leer noticia completa

El primer teniente de alcalde y portavoz del gobierno local, Antonio Saldaña, ante el archivo de la querella que presentó Urbanos Amarillos contra miembros del  gobierno local y técnicos municipales por supuestas irregularidades en la intervención municipal del Servicio de Autobuses Urbanos ha manifestado que “la verdad, la lógica y el sentido común ha ganado y ha imperado con el archivo de esta causa. También ha ganado Jerez y sus ciudadanos, pues todas las decisiones que se han tomado se han hecho pensando en el interés general de la ciudad”. “Con ello se demuestra también que esta querella estaba siendo utilizada por la empresa para presionar en el proceso de liquidación del contrato, por eso desde el primer día hemos estado tranquilos, porque, como hemos mantenido en todo momento, no tenía ningún tipo de fundamento”. 

Junto a Saldaña han comparecido el segundo teniente de Alcalde y delegado de Personal y Seguridad, Javier Durá; el tercer teniente de Alcalde y delegado de Economía, Enrique Espinosa y el delegado de Urbanismo y Movilidad, Agustín Muñoz, quienes se han sumado a la valoración realizada por el portavoz municipal.

Saldaña ha agradecido a los delegados y en especial a Agustín Muñoz, así como a los trabajadores del servicio, a los miembros de la Mesa de Movilidad y a los técnicos municipales “su gran trabajo y esfuerzo para dotar de la estabilidad necesaria al servicio de Autobuses Urbanos para que éste se pudiera prestar en la ciudad, un servicio básico para Jerez y que, como Gobierno local, estamos obligados a cumplir”.

En este sentido, el primer teniente de Alcalde ha añadido que “la verdad y la honestidad sólo tienen un camino. La justicia ha archivado una querella que no tenía fundamento ya que la empresa se ha servido de ella para presionar en el contexto de una negociación y que ha tenido una repercusión en los medios alejada del fundamento lógico”.

En cuanto a los delitos descritos en la querella que ha sido archivada, Saldaña ha explicado que “uno a uno el auto rebate los delitos que pretendidamente nos atribuían y uno a uno los deja sin argumentos. Incluso el informe del fiscal es más duro con la propia empresa Urbanos Amarillos”.

De esta manera, Antonio Saldaña ha culpado “directamente al PSOE, a Susana Díaz y a sus compañeros en la provincia de haber utilizado esta querella para comparar este caso con el de Griñán y Chaves. Mientras que ellos van a los tribunales para dar explicaciones sobre su mal uso del dinero público, nosotros hemos ido a dar explicaciones sobre la defensa de los servicios públicos, hemos ido a explicar qué hemos hecho para salvar un servicio público básico para la ciudad de Jerez y para explicar que todas las decisiones valientes que ha tomado este Gobierno se han hecho conforme a derecho, con sus informes técnicos correspondientes y avalados incluso por el TSJA en cuanto al “secuestro” de los Autobuses Urbanos”, ha señalado Saldaña.

En cuanto a la supuesta “prevaricación”, el auto del juez es taxativo a la hora de evidenciar que todas las decisiones de la Junta de Gobierno Local se han adoptado con sus informes técnicos y jurídicos correspondientes. En el caso del “secuestro”, el auto recuerda que el propio TSJA afirmó que tal decisión fue ajustada a derecho.

En cuanto al supuesto delito de “apropiación indebida” de vehículos de la flota, el mismo auto afirma que el Ayuntamiento ha actuado correctamente puesto que tiene la obligación, por ley, de seguir prestando el servicio y, por lo tanto, los autobuses adscritos al mismo deben seguir prestándolo, con independencia de que al término del proceso de liquidación haya que llegar a un acuerdo. “En este caso el auto hasta ridiculiza a Urbanos Amarillos por el planteamiento que realizan al respecto porque lo que hizo el Ayuntamiento era precisamente lo que tenía que hacer”, ha expresado Saldaña.

En el caso de las supuestas “coacciones” y de la “administración desleal”, el auto no aprecia ilícito penal dándose la circunstancia de que “cuando precisamente el servicio de Autobuses Urbanos ha estado mejor ha sido cuando la gestión ha sido municipal, primero con el “secuestro” y luego con la gestión directa”.

Mención especial merece la acusación de un supuesto delito de “estafa” ya que Urbanos Amarillos “hace referencia a que el Ayuntamiento le ocultó información a la propia empresa cuando firmó el contrato de forma maliciosa por no informar de la situación económica del Ayuntamiento. Dice el auto del juez que “la concesionaria era perfectamente conocedora del servicio de transporte, sus dificultades, el alto coste de la remuneración de los trabajadores y una mala situación del servicio, por lo que no puede ser calificada tal situación de imprevisible para la concesionaria”.

Además, según ha recalcado Saldaña, en el auto del Fiscal se dice también que dicho contrato se firmó en mayo de 2011, en vísperas de las pasadas elecciones municipales y por un gobierno de distinto signo, es decir, en Junta de Gobierno Local con Pilar Sánchez y el PSOE como gobierno en la ciudad. “Por lo tanto, en cualquier caso, si la empresa se siente estafada por ello, deben pedir explicaciones a la Junta de Gobierno Local del anterior gobierno”, ha subrayado.

“El juez y el fiscal dice que no existe esa estafa porque ellos conocían los pliegos y la situación económica del Ayuntamiento y que, si en cualquier caso se sintieran estafados, deberían pedir explicaciones al anterior Gobierno. Es una evidencia del sinsentido de esta querella. Es más, Urbanos Amarillos en ningún caso llama a declarar por ello a ningún miembro del Gobierno anterior, lo que es sintomático”, ha señalado.

El auto del juez también hace referencia a que la resolución del contrato contaba y cuenta con un dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, “solicitado por este Gobierno con carácter previo para que avalase las decisiones que se iban tomando al respecto de poder municipalizar la gestión de los Autobuses Urbanos”, ha añadido Saldaña.

El Gobierno municipal considera que la nueva querella de Urbanos Amarillos sobre la compra de autobuses durante la época del PSOE es “un paso más para intentar presionar al Ayuntamiento en el proceso de resolución del contrato con la propia empresa y en función del cual el Ayuntamiento está llevando la gestión directa del servicio, cumpliendo con la ley”.

Esta nueva querella se suma a la que fue desmentida en noviembre pasado por el Ejecutivo con la declaración de la alcaldesa en los juzgados, a los que se trasladó una copiosa documentación sobre el proceso de “secuestro” del servicio en mayo de 2012 y el proceso de resolución de contrato con Urbanos Amarillos.

De igual modo, el Gobierno local “considera que estamos ante un caso de deslealtad flagrante en el proceso de negociación con la empresa, ya que la última reunión al respecto se produjo el pasado 4 de febrero en el propio Ayuntamiento. Es más, antes de este encuentro hubo sobre diez reuniones entre representantes de la empresa y del Ayuntamiento en el marco de tal negociación. Incluso esta nueva querella parece tener tintes políticos porque, como todo el mundo sabe, Urbanos Amarillos fue la empresa contratada por el PSOE para asumir días antes de las elecciones municipales que perdió en 2011”.

SE CONFÍA EN EL ARCHIVO DE LA QUERELLA “POR NO TENER FUNDAMENTO”

La empresa concesionaria Urbanos Amarillos, que llegó de la mano del gobierno del PSOE en vísperas de las elecciones municipales de 2011 para asumir el servicio de manera definitiva tras hacerlo varios meses de manera provisional, “demostró desde el primer momento su incapacidad para gestionar el servicio de autobuses urbanos en la ciudad, provocando una situación caótica que derivó en la paralización del servicio, que es básico para la ciudadanía. Una paralización debido a las huelgas de los trabajadores ante los continuos impagos de Urbanos Amarillos”.

“Los jerezanos son conscientes, porque lo sufrieron, de cuánto daño hizo al servicio y a la propia ciudad esta concesión del servicio de autobuses a Urbanos Amarillos, que no tenía capacidad para asumir su gestión”, ha indicado el Gobierno local.Los responsables de Urbanos Amarillos “son los primeros en ser conscientes de que este Gobierno no ha cometido ningún delito. Esta nueva querella, al igual que la de noviembre, no tiene razón de ser ya que la resolución contractual y la asunción de la gestión del servicio están avaladas por un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, aparte de los informes de los técnicos municipales emitidos a lo largo de un procedimiento que se tramitó de forma escrupulosa, una documentación además que ya se trasladó al juez en noviembre”.

EL TSJA CONSIDERÓ EN NOVIEMBRE EL SECUESTRO AJUSTADO A DERECHO

Al igual que con respecto a la querella presentada en noviembre pasado por dos sociedades del grupo al que pertenece Urbanos Amarillos (empresas que avalaron la compra de los Volvos que presentó la entonces delegada del PSOE, María del Carmen Martínez el 7 de mayo de 2011) el Ejecutivo “confía en el archivo de esta nueva querella ya que tampoco tiene fundamento”.

Cabe recordar que “la Ley de Contratos de Sector Público y el Reglamento de las Corporaciones Locales permiten que, cuando el Ayuntamiento recupera un servicio, los bienes afectos al mismo se mantengan, siendo en el proceso de liquidación de la concesionaria, donde se hace la valoración correspondiente y se liquida lo que corresponda”.

Del mismo modo, el Ejecutivo ha subrayado que precisamente el 12 de noviembre pasado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía notificó una sentencia al Ayuntamiento que declaró definitivamente que el secuestro de la concesión es totalmente ajustado a derecho, y que se debió a incumplimientos acreditados de la concesionaria que determinaron que no se prestara el servicio público que tenía encomendado.

EL Gobierno municipal manifiesta su más “absoluta tranquilidad” ante lo que considera una querella “infundada” ya que en todo el proceso de resolución del contrato con la empresa Urbanos Amarillos y la asunción de la gestión directa del servicio  se está cumpliendo con la ley.

Ante la querella presentada por dos sociedades del grupo al que pertenece Urbanos Amarillos, empresas que avalaron la compra de los Volvos que presentó la entonces delegada del PSOE, María del Carmen Martínez el 7 de mayo de 2011, el Ejecutivo considera que se trata de “una querella que no tiene fundamento, por lo que se confía en el archivo de la misma”.

El Gobierno municipal expresa su más absoluta tranquilidad al respecto ya que “se ve que es una querella dirigida a presionar en el proceso de liquidación que se está llevando a cabo con la empresa Urbanos Amarillos tras rescatar el servicio”. De esta manera se entiende que “no tiene razón de ser ya que la resolución contractual y la asunción de la gestión del servicio están avaladas por un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, aparte de los informes de los técnicos municipales emitidos a lo largo de un procedimiento que se tramitó de forma escrupulosa.

Igualmente, “la Ley de Contratos de Sector Público y el Reglamento de las Corporaciones Locales permiten que, cuando el Ayuntamiento recupera un servicio, los bienes afectos al mismo se mantengan, siendo en el proceso de liquidación de la concesionaria, donde se hace la valoración correspondiente y se liquida lo que corresponda”.

Por tanto, se considera que “la querella no tiene fundamento alguno, ya que precisamente ahora se está en ese proceso de liquidación. Un proceso de liquidación que se está tratando de consensuar con Urbanos Amarillos, para lo cual se han mantenido hasta siete reuniones entre representantes de la empresa y del Ayuntamiento”.

El Gobierno Municipal, finalmente, pone de manifiesto que en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha notificado una sentencia que declara definitivamente que el secuestro de la concesión es totalmente ajustado a derecho, y que se debió a incumplimientos acreditados de la concesionaria que determinaron que no se prestara el servicio público que tenía encomendado.

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