La Policía ha descubierto y arrestado en Jerez a un varón de origen polaco sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención como presunto autor de varios delitos continuados de estafa, falsificación y fraude en su país de origen. Los agentes, especializados en localizar y detener a personas huidas o buscadas por la justicia en colaboración con los compañeros pertenecientes a la Brigada de Información de la Comisaría de Jerez, obtuvieron días atrás información sobre la posibilidad de que un experto en el fraude a comercios y empresas mediante la falsificación de tarjetas de crédito de origen polaco, se encontrara en Jerez y sobre el que las autoridades de Polonia habían identificado como un individuo reincidente y especialista en este tipo de delitos, emitiendo una Orden Europea Internacional de Detención y Extradición.

Experto en fraudes mediante la falsificación de tarjetas bancarias

El detenido, que responde a las iniciales de A.J.J., natural de Polonia de 50 años de edad, habría conseguido estafar a varias empresas y negocios de su país natal mediante la falsificación y uso de tarjetas bancarias de crédito, para acto seguido huir del país con la intención de continuar con sus acciones delictivas en otros países de la Unión Europea, las autoridades polacas interesaron la detención del mismo a través de Europol, entidad policial de ámbito europeo que trabaja con el objetivo de facilitar la cooperación y el intercambio de información entre las distintas policías y cuerpos de seguridad de todos los países de la Unión Europea.

Michal P., Darius J., Marek K. y Rau T. han sido absueltos del crimen del indigente polaco Alexander G., por el que habían permanecido en la cárcel desde febrero del pasado año. El calvario ha terminado para ellos, los tres primeros también polacos y el cuarto de origen alemán, después de que el jurado popular haya decretado el veredicto de inocencia ante la falta de pruebas concluyentes. Así lo ha confirmado una de las defensas personadas, informando de que solo uno de ellos, Michal P., ha sido condenado por una falta de lesiones ( cuya pena se reduce a una multa) infringidas sobre la víctima al hallar restos de sangre de ésta en sus ropas.

Por lo demás, el tribunal ha considerado que los argumentos esgrimidos por el fiscal, que pedía 20 años de cárcel para cada uno de ellos, no se sostenían. Ahora habrá que esperar la reacción de la Fiscalía, que como ha podido saber este medio es muy probable que recurra el veredicto. Así las cosas, tras el desarrollo del juicio lo único que ha quedado claro es que Alexander G. encontró la muerte la noche de autos tras ser asfixiado por una máquina compactadora de basuras, a donde previamente había sido arrojado aún con vida. Quién lo abandonó allí y si previamente fue apaleado o no hasta quedar inconsciente, de momento sigue siendo un misterio.

Y es que el testimonio de los forenses, que declararon que era imposible precisar si los golpes aparecidos en el cadáver se produjeron antes de que fuera arrojado al contenedor o después, ha podido ser determinante para el fallo junto con la ausencia de testigos que corroboraran lo sucedido. El fiscal, por su parte, aunque nunca dudó en señalar la autoría de los cuatro, tampoco pudo precisar si cada uno de ellos actuó de forma directa en el crimen o fue ‘simple’ cooperador necesario. En virtud de este dictamen, el juez decretará la inminente puesta en libertad de estas cuatro personas, que compartían techo con la víctima en una casa abandonada de la calle Lealas.

La segunda sesión del juicio por la muerte del indigente polaco arrojado al contenedor de basuras ha aportado algunos detalles más al caso, si bien siguen existiendo importantes lagunas en torno a lo que sucedió aquella fatídica noche. Tras la comparecencia de los cuatro procesados por el crimen, le ha tocado el turno a diversos testigos y agentes policiales que, a grandes rasgos, no han podido precisar la autoría exacta del asesinato. Los primeros en testificar fueron operarios y el director de la planta de reciclaje Las Calandrias, a donde fue a parar el cuerpo tras ser abandonado en el bidón.

Todos ellos se limitaron a explicar el funcionamiento de la recogida de residuos, aclarando que fue a alrededor de las siete de la mañana cuando los trabajadores del vertedero reconocieron entre la basura depositada unos restos humanos, que habían sido colocados allí por uno de los tres últimos camiones que habían finalizado su turno, procedentes de Jerez. “Yo estaba en una cinta transportadora y de repente vi una pierna. Me puse muy nervioso y llamé al director, que avisó a la Policía”, declaró uno de los empleados. Las defensas de los acusados intentaron sembrar la duda con respecto al origen del cadáver, argumentando que podría haber llegado a Las Calandrias procedente de otra de las localidades en las que la empresa recoge los residuos. El director, sin embargo, aseguródo que conocen los recorridos de cada vehículo, por lo que se puede certificar su procedencia.

Otro de los puntos en los que los letrados quisieron crear cierta confusión es en el tipo de basuras con las que se mezcló el cuerpo, insinuando que los golpes que sufrió la víctima previamente a ser arrojada al contenedor por una pelea podrían haber sido causados en el trayecto a la planta, por los impactos con los enseres. Tras ello le tocó el turno a un vecino supuestamente testigo de los hechos ocurridos en la noche del 21 de febrero de 2011, que tampoco aportó gran cosa. Así, identificó a dos de los acusados como residentes de la casa de la calle Lealas que todos compartían, pero reconoció que no ocurrió nada que llamara su atención aquel día, salvo que en un momento dado los que se encontraban en el inmueble “hablaron un poco más alto de lo normal”.

Lo más interesante de la jornada fueron los testimonios de los policías actuantes en el caso, que contaron cómo acudieron a Las Calandrias tras la llamada de los operarios y, al introducir las huellas de la víctima en su base de datos, comprobaron su identidad enterándose de que había sido detenida anteriormente en Elche en compañía de uno de los procesados, Michal P. Ello les llevó directamente a él, que se encontraba en el Hospital de Jerez por unas heridas en la cara. A pesar de que el sospechoso les negó saber nada del asesinato de Alexander G., asegurando que se había golpeado tras sufrir un ataque de epilepsia, la Policía puso en marcha un dispositivo de vigilancia que les condujo a los otros tres acusados, que acabaron siendo detenidos.

En la casa que compartían todos en la calle Lealas, los agentes encontraron restos de sangre en el exterior que les llevaron hasta el bidón de basuras en el que fue arrojado el cuerpo. Además, hallaron restos de sangre en las ropas guardadas de otro de los imputados, Darius J., si bien el resultado dio negativo en cuanto a posibles restos sanguíneos en el interior de la vivienda. En esta línea, los funcionarios interrogados calificaron de “sospechosa” y “rara” la actitud de tres de los acusados, todos ellos de nacionalidad polaca como la víctima, durante el seguimiento anterior a la detención. “Se mostraban nerviosos, hablando continuamente entre ellos y mirando a todos lados; incluso alguno fue a cambiarse de ropa y otro buscó una gorra, lo que nos pareció extraño”, sentenció uno de los agentes.

Poco ha dado de sí la primera sesión del juicio por el crimen del indigente polaco, que perdió la vida el pasado año tras recibir una paliza y ser abandonado en un contenedor de basura. La Sección Octava de la Audiencia Provincial ha acogido una vista en la que los cuatro procesados se han negado a responder a las preguntas del fiscal, limitándose a responder a las de las respectivas defensas con escuetos monosílabos. A grandes rasgos, sus intervenciones plagadas de contradicciones se pueden resumir en que ellos no discutieron con la víctima, Alexander G., ni le golpearon ni porsupuesto le arrojaron a ningún cubo donde se supone que encontró la muerte, mientras era trasladado por una máquina compactadora a la planta de reciclaje de Las Calandrias.

Como empezó recordando el fiscal, la fatídica noche del 21 de febrero de 2011 la víctima se encontraba con los tres acusados de su misma nacionalidad, Michal P., Darius J. y Marek K., consumiendo bebidas alcohólicas en compañía del cuarto procesado de origen alemán, Rau T. Un punto en el que todos los declarantes coinciden, si bien cada uno se refiere a franjas horarias distintas y existen lagunas en torno a si coincidieron los cinco en todo momento o hubo espacios en los que alguno desapareció de la casa de la calle Lealas en la que convivían en calidad de ‘okupas’.  Así, Marek por ejemplo aseguraba que a las tres de la mañana se fue a comprar tabaco y desconoce lo que sucedió entonces, afirmando que Michal no bebió con ellos esa noche a pesar de que el propio aludido lo reconoció, apuntando no obstante que se retiró temprano a dormir.

Por lo demás, poco aportaron los interrogados que se valieron de un traductor para responder a las cuestiones planteadas por sus letrados. El fiscal, aunque no pudo mantener un diálogo con ninguno de ellos sí aprovechó para trasladar las contradicciones en las que a su juicio han incurrido, aportando distintas versiones de lo sucedido aquella noche en sus respectivas declaraciones anteriores a la vista. Además, aludió a cuestiones importantes como el hecho de que la Policía encontrara restos biólogicos de la víctima en la camiseta de Darius e incluso sangre en su cazadora. Algo que quedó en el aire, al negarse a declarar el acusado.

Las defensas, por su parte, antes de que empezara el interrogatorio quisieron dirigirse al jurado popular argumentando que no existen pruebas suficientes para inculpar a sus representados, por lo que los cuatro pedirán la libre absolución. La Fiscalía, sin embargo, solicita 20 años de cárcel para cada uno por un presunto delito de asesinato. La segunda sesión del juicio será crucial, con el testimonio de un testigo y el de los policías que llevaron el caso, y que podrán certificar si realmente existen pruebas de peso o no para condenar a los procesados.

El próximo lunes, 17 de diciembre, es el día elegido para que comience la vista por el asesinato de Alexander G., un ciudadano polaco que ejercía la mendicidad en Jerez y cuyo cuerpo tras ser golpeado fue arrojado a un contenedor de basuras. En el banquillo se sentarán cuatro amigos de la víctima: Michal P., Dairus J., Marek K. y Rau T., los tres primeros polacos y el último alemán, a los que la Fiscalía imputa un presunto delito de asesinato. Los hechos, que conmocionaron a la ciudad, se produjeron el 21 de febrero del pasado año, cuando todos los citados anteriormente incluido Alexander se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la casa abandonada que compartían, ubicada en la calle Lealas.

Según la calificación del fiscal, en un momento dado se enfrascaron en una discusión por motivos que no han trascendido y los procesados comenzaron entonces a golpear a la víctima, provocándole múltiples heridas en la cabeza, la espalda, los brazos y las piernas. Este ataque hizo que perdiera el conocimiento, circunstancia que los otros aprovecharon para arrastrarlo y arrojarlo a un contenedor cercano. Al poco tiempo, apareció un camión que recogió la cuba para trasladarla a la planta de reciclaje de Las Calandrias. Según el forense, fue en ese traslado en el que Alexander perdió la vida, ya que su cuerpo sufrió diversas fracturas al estar expuesto al mecanismo compactador de la máquina.

El vehículo continuó su ruta habitual hasta llegar al vertedero, donde a primera hora de la mañana los operarios se percataron de que había restos humanos entre la basura. Por todo ello, el Ministerio Fiscal solicita 20 años de prisión para cada procesado, además de una indemnización de 108.846 euros para la mujer del fallecido y de 18.000 para sus padres. Los cuatro han permanecido en la cárcel desde que ocurrió el terrible suceso.

El 22 de febrero de 2011, a primera hora de la mañana, unos operarios de la planta de reciclaje Las Calandrias encontraron entre las basuras el cuerpo sin vida de un ser humano. La noticia conmocionó a la ciudad, y mucho más cuando trascendió que los restos pertenecían a un mendigo que había sido golpeado y posteriormente arrojado a un contenedor hasta aparecer en el vertedero. El próximo mes de diciembre se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Jerez cuatro amigos de la víctima, Alexander G., de origen polaco, acusados de un presunto delito de asesinato. Como ha podido saber Reporteros Jerez a través de la calificación del fiscal, el Ministerio solicitará para cada uno de ellos 20 años de prisión además de una indemnización de 108.846 euros para la mujer del fallecido y 18.000 para sus padres.

En el escrito se explica cómo la noche del 21 de febrero del pasado año los procesados, junto con la víctima, se encontraban en la casa abandonada que todos ellos compartían en la calle Lealas consumiento bebidas alcohólicas. Se trata de Michal P., Darius J., Marek K. y Rau T., los tres primeros de nacionalidad polaca y el cuarto alemana. En un momento dado, surgió una discusión por motivos desconocidos y los imputados, “con ánimo de causarle la muerte” golpearon presuntamente a Alexander en distintas ocasiones en la cabeza, la espalda, los brazos y las piernas provocándole múltiples heridas.

Esta violencia hizo que perdiera el conocimiento y a continuación, encontrándose sin consciencia y en estado ebrio, lo arrastraron hasta un contenedor de basuras donde lo arrojaron a sabiendas de que no podría salir de allí por sus propios medios. Al poco tiempo, llegó un camión de la basura a recoger el contenedor y su mecanismo compactador le causó fracturas costales que le produjeron la muerte. El vehículo continuó su ruta habitual, sin que los operarios se percataran de lo ocurrido, hasta que a primera hora de la mañana ya en Las Calandrias fueron hallados los restos por personal de la planta. Desde que ocurrieron los hechos, los cuatro se encuentran en prisión provisional.

Como ya se ha señalado, el fiscal les imputa un presunto delito de asesinato con el agravante de alevosía, para lo que pide 20 años de cárcel en concepto de autores, además de la indemnización correspondiente para la esposa y los progenitores de la víctima.