Madre Coraje cargó esta semana el contenedor número 300 que la ONGD envía a Perú desde su creación en 1991. El envío de estos 300 contenedores ha supuesto apoyar en 22 años a más de 500.000 personas con el envío de más de 5 millones de kilos de alimentos, medicamentos, jabón, material escolar, libros, ropa, material sanitario juguetes, etc… valorados en más de 44 millones de euros, el equivalente a 730 millones de las antiguas pesetas.

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Eran las tres de la mañana del viernes cuando la Sala de Emergencias del Parque de Bomberos recibió una llamada alertando de que se había producido un incendio en el MOPU. Varios efectivos corrieron al momento hacia el lugar en cuestión, descubriendo que se trataba de un contenedor quemado en la plaza Luis Parada, próxima al edificio conocido como el Titanic. Cuando los bomberos llegaron, vieron cómo varios vándalos comenzaban a tirarles piedras mientras intentaban sofocar el fuego.

La cosa lejos de mejorar fue a mayores, puesto que los individuos se subieron a una azotea y desde allí continuaron arrojando piedras. Así lo ha relatado a este medio Sergio Gómez, uno de los funcionarios que durante la intervención fue alcanzado por un proyectil y acabó en el suelo con daños en la zona pélbica. Mientras él se revolvía, sus compañeros llamaron a la Policía que según el afectado “no pudo hacer nada” al no conseguir acceder al edificio por la acción de los vándalos desde la azotea.

“Cuando llegamos estaban tirando piedras y aquello se volvió peligroso. A mí me alcanzaron y acabé tendido en el suelo, hasta que me llevaron con una inflamación al hospital“. Tras permanecer media hora en el centro sanitario, Sergio pudo volver a casa con un tratamiento y una prescripción que incluye el reposo. Desafortunadamente para los bomberos, no se trata de un caso aislado puesto que durante la última huelga de basuras fueron múltiples los ataques que sufrieron mientras intentaban sofocar incendios originados en contenedores.

“Cada vez que vamos allí nos apedrean -se lamenta-. Incluso alguna vez nos han tirado ladrillos. La Policía tampoco puede intervenir allí cuando va una patrulla, quizá la solución sería que del tirón manden dos patrullas cada vez que actuemos nosotros”. Lo que sí ha hecho Sergio es interponer la correspondiente denuncia en Comisaría, para que al menos se investiguen los hechos y se intente poner freno a esta ola de vandalismo que no cesa.

El juicio por la muerte del indigente polaco que fue arrojado al contenedor de basuras ha escrito su capítulo final con un alegato en el que el fiscal no ha dejado títere con cabeza y no ha hecho sino reafirmarse en su petición inicial de 20 años para cada uno de los cuatro procesados, por un presunto delito de asesinato. La última sesión ha comenzado con las pruebas periciales, y los forenses han testificado que Alexander G. falleció por el mecanismo compresor del camión compactador de basuras, que le provocó asfixia. No obstante, han existido ciertas lagunas en cuanto al resto de lesiones que presentaba el cuerpo, fundamentalmente las que originaron un edema cerebral a la víctima.

Así, las expertas han certificado que el finado tenía diversas contusiones en la cabeza, si bien no han podido garantizar que se produjeran antes de que fuera arrojado al bidón tras recibir una paliza, como ha sostenido siempre la Fiscalía. Lo único cierto, según las forenses, es que Alexander murió en el vehículo de basuras y que padeció lesiones con anterioridad a su fallecimiento, sin precisar si ello se produjo antes de ser abandonado en el contenedor o como consecuencia de los golpes sufridos ya en la maquinaria. El fiscal, sin embargo, desmontó la posibilidad de que el ciudadano polaco no hubiera sido apaleado antes de ser arrojado al cubo, argumentando que como ratificaron las especialistas la formación de un edema cerebral requiere de un tiempo, y en cuanto el camión de la basura recogió el cuerpo comenzó el mecanismo compresor, por lo que la lesión de la cabeza debía de haber sido provocada con anterioridad.

Otro de los forenses reconoció que no se pudieron hallar restos de ADN de los sospechosos en el trayecto de la casa que compartían en la calle Lealas hasta el contenedor de basuras de la calle Asta, donde fue abandonado el cuerpo, ni se pudo constatar que el rastro de sangre hallada perteneciera a la víctima. Por el contrario, certificó que en una cazadora de ésta se identificaron restos de sangre de uno de los procesados, Michal P., y que en otras prendas de otro de ellos, Darius J., se descubrieron también manchas de sangre tanto de él mismo como de Alexander, lo que sostendría la versión de la paliza. Sobre esto cimentó el fiscal un alegato intenso, durante el que se reafirmó en su petición inicial de 20 años de cárcel por presunto asesinato, justificándolo en la alevosía con la que los cuatro, en clara superioridad númerica, atacaron presuntamente a su compatriota y luego lo arrojaron al cubo de basuras, dejando que muriera.

“Todos de común acuerdo y aprovechando su indefensión, sobrevenida por el consumo de alcohol, le gopearon y arrojaron al contenedor. Hubo una relación directa entre la acción y la consecuencia final: si no le hubieran provocado las lesiones ni le hubieran abandonado, ahora estaría vivo. Por ello, incluso aunque se pusiera en duda su intención de matar, en el momento en que hicieron todo aquello asumieron esa posibilidad”. En cuanto a la autoría, aseguró que los cuatro tuvieron participación de una u otra forma en lo acontecido, destacando las numerosas contradicciones en las que han incurrido todos en sus múltiples declaraciones previas al juicio (cabe recordar que en éste se han negado a testificar).

PARALELISMO CON EL CASO DE MARILUZ CORTÉS

Uno de los golpes de efecto del alegato se produjo cuando el fiscal realizó un paralelismo entre el caso de Alexander y el de Mariluz Cortés, rememorando que ésta también fue arrojada viva al río después de ser golpeada. En ese caso el juez dictaminó una sentencia por asesinato, que fue ratificada por el Tribunal Supremo, haciendo alusión a esa “intencionalidad” de causar la muerte que se escondería tras la acción así como a la indefensión de la víctima, lo que constituye el agravante de alevosía. “A Alexander se le golpeó y arrojó a un contenedor, donde murió rodeado de basuras tras recibir otra serie de golpes de una máquina. Es una de las muertes más indignas que pueda haber”.

Las defensas, por su parte, insistieron en solicitar la libre absolución de cada uno de sus representados por falta de pruebas que los vincularan con el crimen. Uno de ellos, incluso, llegó a pedir la disolución del jurado al considerar que “no existe caso” posible. Ahora la cuestión queda en manos del jurado popular, que deberá emitir un veredicto tras lo que el juez habrá de dictar sentencia.

El próximo lunes, 17 de diciembre, es el día elegido para que comience la vista por el asesinato de Alexander G., un ciudadano polaco que ejercía la mendicidad en Jerez y cuyo cuerpo tras ser golpeado fue arrojado a un contenedor de basuras. En el banquillo se sentarán cuatro amigos de la víctima: Michal P., Dairus J., Marek K. y Rau T., los tres primeros polacos y el último alemán, a los que la Fiscalía imputa un presunto delito de asesinato. Los hechos, que conmocionaron a la ciudad, se produjeron el 21 de febrero del pasado año, cuando todos los citados anteriormente incluido Alexander se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la casa abandonada que compartían, ubicada en la calle Lealas.

Según la calificación del fiscal, en un momento dado se enfrascaron en una discusión por motivos que no han trascendido y los procesados comenzaron entonces a golpear a la víctima, provocándole múltiples heridas en la cabeza, la espalda, los brazos y las piernas. Este ataque hizo que perdiera el conocimiento, circunstancia que los otros aprovecharon para arrastrarlo y arrojarlo a un contenedor cercano. Al poco tiempo, apareció un camión que recogió la cuba para trasladarla a la planta de reciclaje de Las Calandrias. Según el forense, fue en ese traslado en el que Alexander perdió la vida, ya que su cuerpo sufrió diversas fracturas al estar expuesto al mecanismo compactador de la máquina.

El vehículo continuó su ruta habitual hasta llegar al vertedero, donde a primera hora de la mañana los operarios se percataron de que había restos humanos entre la basura. Por todo ello, el Ministerio Fiscal solicita 20 años de prisión para cada procesado, además de una indemnización de 108.846 euros para la mujer del fallecido y de 18.000 para sus padres. Los cuatro han permanecido en la cárcel desde que ocurrió el terrible suceso.