Sobre el papel adquirieron un paraíso que en la realidad resultó estar muy lejos de lo soñado. Los cuatro compradores de viviendas en los Altos de Croft que interpusieron una demanda contra la promotora, Rentas y Vitalicios, se verán las caras con ésta el próximo 12 de abril en el trámite de audiencia previa al juicio, que tendrá lugar en el Juzgado de Primera Instancia número 1. Así lo ha confirmado el letrado de los demandantes, Francisco Mauriño, explicando que una vez que se produzca la citada audiencia, en la que cada parte expone sus pruebas testificales y documentales, solo quedará el señalamiento de la vista. Como ya adelantara Reporteros Jerez, estas cuatro familias decidieron llevar a la promotora ante la Justicia el pasado año, cuando tras la entrega de llaves comprobaron que faltaban buena parte de los servicios por los que habían abonado una importante suma de dinero.

En concreto, los dueños habían llegado a desembolsar hasta 300.000 euros (aproximadamente la mitad del precio de los inmuebles) por un proyecto que incluía zonas verdes y equipamientos deportivos y de ocio. Cuando pudieron acceder a sus viviendas, descubrieron que de la diversas manzanas proyectadas solo se había construido una y únicamente con los pareados, rodeados de naves industriales que distan mucho de lo prometido. Según el letrado, la promotora se justificó en la “mala situación económica” existente asegurando que en un futuro se construiría lo pactado. En el año transcurrido, sin embargo, no ha habido un solo movimiento de urbanización de calles ni de levantamiento de las infraestructuras pendientes, a pesar de que la empresa logró alcanzar un acuerdo posterior con el Ayuntamiento por el que éste le permitía realizar por fases el proyecto.

Por todo ello, los perjudicados han decidido demandar a Rentas y Vitalicios por incumplimiento de contrato pidiendo en consecuencia la resolución del mismo y la devolución de las cantidades aportadas. “Consideramos que hubo publicidad engañosa y que no se han cumplido las condiciones ni de urbanización ni de equipamiento. En el dossier facilitado a los compradores se mencionaban una serie de cosas que no se han hecho realidad”. En tal documento, al que este medio ha tenido acceso, se menciona “un proyecto único, diferente y exclusivo, de carácter muy personal por su estilo y diseño… con amplias zonas verdes, club deportivo con pista de tenis y pádel en la mejor zona de Jerez”. Algo que los afectados consideran “un engaño”, a tenor de los resultados. Según Mauriño, la promotora por su parte también les acusa a ellos de haber incumplido el contrato, al no haber subrogado la hipoteca de la vivienda. El juez determinará la responsabilidad de cada uno y si los compradores podrán finalmente recuperar todo el dinero que invirtieron.

Un Juzgado de lo Penal de Cádiz acogerá mañana jueves el juicio contra un individuo, Juan Manuel G. B., acusado de haber convertido presuntamente su vivienda en un negocio de la droga. Junto a él, se sentarán en el banquillo José Manuel A. B., Sebastián B. I. y Miguel S. M., a los que se procesa por formar parte supuestamente de esa red de narcotráfico. Como consta en la calificación del fiscal, a la que este medio ha tenido acceso, todo partió de un control policial realizado en septiembre de 2010, por el que los agentes hallaron en un vehículo en el que viajaban dos de los acusados 215 gramos de hachís valorados en 1.126 euros.

A través de una investigación posterior, la Policía averiguó que esta sustancia había sido comprada presuntamente a los otros dos procesados, que según el fiscal se dedicaban a la venta de estupefacientes. Los agentes procedieron entonces al registro del domicilio de uno de ellos, Juan Manuel G. B., situado en la barriada San Cristóbal, comprobando que era allí donde supuestamente y de forma habitual se llevaba a cabo la actividad ilícita. Entre otros objetos, los funcionarios intervinieron en la citada parcela una balanza, 2.637 euros, una libreta con anotaciones, dos cuchillos y un rollo de film transparente, relacionando todo ello con la compraventa de droga, además de casi 9.000 gramos de hachís y tres plantas de marihuana, cuyo valor total en el mercado alcanza los 10.000 euros.

En el inmueble se incautaron también 39 cartuchos de balas de 9 milímetros, sin que constase licencia alguna para ello. A juicio del Ministerio Fiscal, los hechos constituyen un presunto delito contra la salud pública del que serían autores los cuatro procesados y para los que pide dos años de cárcel. Además, deberán afrontar multas que en dos de los casos rozan la cifra de 20.000 euros

La primera sesión del juicio contra el conocido como ‘estafador del seguro’ no decepcionó, ya que Carlos B. N. se explayó en argumentos y excusas reconociendo haber errado pero sin intención y sin haber obtenido un solo euro a cambio. “He tenido un comportamiento malo y negligente, pero jamás me he apropiado de ninguna cantidad de dinero ni he engañado a nadie”, comenzó su alocución el procesado, que respondió a todas y cada una de las preguntas del fiscal y de las acusaciones particulares presentándose como un agente de seguros muy demandado que en un momento dado se vio desbordado por los acontecimientos que a continuación se van a relatar.

Según el acusado, durante dos años estuvo ejerciendo su profesión en la compañía AXA, hasta que en 1999 fue contratado por otra dedicada a la misma actividad. Sin embargo, “por amistad y sin obtener nada a cambio” continuó con la cartera de clientes de la primera aseguradora, con el fin de ayudar a que se cumplieran objetivos. El problema, siempre según su versión, surgió cuando para saldar una deuda contraída de un millón de pesetas tomó esa cantidad de las pólizas de AXA, y a raíz de ahí “la bola fue tan grande y se creó tan rápido que no se pudo parar”. Es decir, una vez que ‘cogió prestado’ ese dinero comenzó a adelantar más cantidades para regalos de fidelización a clientes y otros ‘agujeros’ de tal manera que lo que empezó con un millón de euros alcanzó la cifra de 200, de cuyo destino final nunca más se supo.

“Mi intención jamás fue engañar a nadie -reiteró-. Yo no he cobrado nunca nada, lo que hacía era ir tapando agujeros. Vestía un santo para desvestir a otro”. Un comportamiento irresponsable pero desprovisto de dolo, que según él se llevó a cabo siempre bajo el conocimiento de la dirección de AXA, que ahora sin embargo se ha personado como acusación particular junto a las familias afectadas. “Reconozco que hubo algunas pólizas falsas- confesó-, pero siempre sobre la base de un documento verdadero que me proporcionaba la empresa”. En total, son unos 100 los perjudicados que perdieron parte de sus ahorros tras depositarlos en unas pólizas de inversión que nunca recuperaron.

Ahora, el principal acusado se enfrenta a 9 años de prisión por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental y simulación contractual. Junto a él se sienta en el banquillo un compañero al que se ha procesado por haberle facilitado una cuenta bancaria en la que ingresaba parte del dinero presuntamente defraudado. En este sentido, Carlos B. N. le ha eximido de toda responsabilidad asegurando que solo lo hizo como “un favor” y que esas cantidades fueron recuperadas por él mismo, responsable último de su destino.

El caso creó una gran expectación debido a la cantidad de personas afectadas, ya que alrededor de 100 familias perdieron buena parte de sus ahorros por haberse dejado engatusar presuntamente por un vendedor de pólizas postizo. Esta semana, la Audiencia Provincial de Jerez acoge el inicio de la celebración del juicio que arranca el martes y se podría prolongar varias semanas. En el banquillo de la Sección Octava se sentará Carlos B. N., acusado de un presunto delito continuado de falsedad en documento, otro continuado de estafa y otro de apropiación indebida. Un rosario de imputaciones para las que el fiscal solicita 9 años de prisión.

Como han informado fuentes del caso, el modus operandi del procesado se centraba supuestamente en la venta de pólizas de seguros de inversión falsas en nombre de la compañía AXA, que se ha personado como acusación particular en el procedimiento. Cuando los beneficiarios se dispusieron a retirar lo invertido, nunca pudieron recuperarlo. Las pérdidas de cada perjudicado oscilan entre los 2.000 y los 180.000 euros por persona, alcanzando una cifra global de más 2,5 millones. Ello provocó la ruina de un centenar de familias de Jerez y Rota, que ahora confían en que se haga justicia y el conocido como ‘estafador del seguro’ pague por lo que presuntamente ha hecho.

Junto a Carlos B. N., que permanece en prisión desde 2009 por esta causa, se sentará en el banquillo un colaborador suyo acusado de haberle facilitado una cuenta en la que ingresaba todo el botín que había ido estafando presuntamente a estas familias. El abultado número de perjudicados, junto a la cantidad de testigos llamados a declarar, hará que la vista se prolongue durante días e incluso semanas, aunque la sesión más importante será la primera de ellas, en la que declare el principal imputado.

Luisa P. E., sus hijos José Ramón y Antonio C. P. y su pareja José María C. N. se sientan hoy en el banquillo de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Jerez acusados de un presunto delito de estafa en concurso con otro de falsedad documental. Se trata de una familia a la que se imputa el haber creado una auténtica red delictiva por la que se dedicaban presuntamente a estafar a empresas, comprando artículos diversos con DNI de otras personas como aval. Como ha podido saber este medio, los procesados ya fueron juzgados y absueltos por una acusación similar y sobre ellos está pendiente la celebración de otro juicio por presunto fraude a la Seguridad Social.

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El recurso de casación interpuesto por el abogado de Josué T. S. no ha dado sus frutos, por lo que éste pasará los próximos siete años de su vida entre rejas por haber intentado matar a un primo suyo. El caso trascendió el 1 de enero de 2011, fecha en que la víctima se encontraba celebrando el Año Nuevo con su familia en una calle del barrio de Santiago y fue requerida por el condenado. Cuando éste se acercó, sin mediar palabra comenzó a golpearle como consta en la sentencia de la Audiencia Provincial, que ha sido ratificada por el Tribunal Supremo. En el momento en que el atacado intentó defenderse, su primo sacó un arma blanca y se la clavó en el costado izquierdo, dándose a la fuga.

El herido, por su parte, fue trasladado al hospital con un cuadro clínico grave, ya que el daño causado constituyó un riesgo vital para él, que permaneció hospitalizado 17 días. Por todo ello, el procesado fue condenado a siete años de prisión, por un delito de homicidio en grado de tentativa con el agravante de abuso de superioridad. Se da la circunstancia de que los testigos que prestaron declaración en el juicio incurrieron en reiteradas contradicciones con respecto a los testimonios que facilitaron durante la instrucción del procedimiento. Se trata de parientes del procesado y de la víctima, que por cierto renunció a una posible indemnización.

La mayoría de ellos se desdijeron de lo declarado en un primer momento, y es por eso que en la sentencia el juez interesaba que fueran sometidos a un nuevo interrogatorio, por si se pudieran depurar responsabilidades. Éste ha sido precisamente el principal argumento sobre el que la defensa cimentó el recurso de casación interpuesto, aludiendo entre otros a las incongruencias de los testigos. El Tribunal Supremo, ahora, ha dejado claro en su fallo que cuando un testimonio prestado en el juicio no se corresponde con el facilitado durante el sumario, el juez tiene la potestad suficiente para decidir cuál es la versión de los hechos más creíble.

Foro Ciudadano de Jerez ha expresado nuevamente su convencimiento de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) considerará nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha afectado a 260 trabajadores municipales y cuya vista oral tuvo lugar este viernes en Sevilla. Según esta organización política, y en consonancia con los sindicatos que han presentado la demanda colectiva ante el Alto Tribunal andaluz, “ha quedado demostrado y acreditado fehacientemente ante la Justicia que los despidos masivos tramitados por el PP, que ayer volvió a retratarse con su cara más despiadada ante la plantilla municipal y la opinión pública, están injustificados y han constituido una auténtica purga política”.

Apunta que la prueba de ambas cosas es que “ni ha habido causas económicas que avalen la decisión, pues el Ayuntamiento cerró el pasado año con superávit en el balance presupuestario ajustado; ni tampoco ha habido criterios objetivos al seleccionar la lista de afectados por una decisión sin precedentes en la historia democrática de la ciudad. Pero es que, por si fuera poco, la supuesta voluntad negociadora del gobierno local del PP impidió toda alternativa a los despidos pese a las propuestas que pusieron sobre la mesa sindicatos y oposición”, asegura en un comunicado.

Y añade que ”lo más cínico y nocivo de todo en este serial de despropósitos” es el hecho de que Foro Ciudadano haya comprobado y denunciado que “el gobierno local del PP despidió a 260 trabajadores municipales para conseguir supuestamente un ahorro de 10,3 millones, si bien en paralelo ha aumentado las retribuciones con la RPT del Ayuntamiento por importe de unos 12 millones; una vergonzosa realidad que se ha comprobado con la presentación del Presupuesto municipal para 2013″.

Al margen de lo anterior, desde Foro Ciudadano se insiste en reclamar al gobierno local del PP que cumpla “escrupulosamente” con sus obligaciones con la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento y sus empresas concesionarias, “que en muchos casos, como los de Onda Jerez, acumulan dos nóminas sin cobrar”.

El 20 de septiembre de 2008 ocurrió un trágico suceso por el que mañana viernes se sentará en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez Daniel G. D., acusado de atropellar a un peatón con resultado de muerte. Como figura en la calificación del fiscal, el conductor transitaba con un Ford Focus por Villamartín en una vía urbana cuya limitación está fijada en 20 kilómetros por hora según una ordenanza municipal, y en la que se encontraban dos pasos de peatones a escasa distancia el uno del otro. La cuestión es que el sujeto, y siempre según el fiscal, conducía a una velocidad media de 99.5 kilómetros por hora superando así ampliamente lo establecido en la citada ordenanza, e incluso en el Reglamento General de Circulación que estipula un máximo de 50 kilómetros por hora en ciudad.

A las 10.35 horas y a la altura de uno de los pasos de cebra, el conductor atropelló presuntamente a un peatón mientras circulaba a más de 100 kilómetros “sin ninguna precaución y sin la atención debida”, en una vía con buena luminosidad y sin obstáculos de ningún tipo. Cuando fue requerido por la Guardia Civil, se sometió a la preceptiva prueba de alcoholemia arrojando un resultado negativo. Sin embargo, dio positivo en consumo de cannabis y éxtasis lo que según el fiscal influyó en su conducción. La víctima, por su parte, falleció una hora después como consecuencia del golpe, cuya violencia fue tal que uno de sus zapatos apareció en la terraza del primer piso de un bar cercano.

Por todo ello, el Ministerio solicita cuatro años de prisión para el procesado, por un presunto delito de homicidio imprudente grave, en concurso con los delitos contra la seguridad vial y conducción temeraria, además de la privación de conducir vehículos a motor y ciclomotores durante seis años. Junto a ello, fija una indemnización de 78.628 euros para la viuda de la víctima, y 8.736 euros para cada uno de sus seis hijos.

No habrá más retrasos en la celebración del juicio por el ERE municipal en el Ayuntamiento de Jerez. El TSJA se puso en contacto con todas las partes implicadas para citarles este viernes, tal y como estaba previsto en un principio, y no dentro de un mes (el 8 de marzo), tal y como se anunció hace un par de días antes la existencia de un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Jerez por la no admisión de una prueba, a lo que se unía que tampoco se habían podido iniciar los trámites para estudiar otro recurso presentado por la Asociación Municipal de Técnicos de Jerez (ATMJ) por los mismos motivos. Ambos recursos se registraron a mediados de enero y el alto tribunal garantizó que finalmente estarían listos para hoy, por lo que no hay inconveniente en que se celebre la vista. El TSJA llamó uno a uno a todos los abogados de las partes para ver si estaban de acuerdo y estos aceptaron puesto que “el juicio está más que preparado porque las pruebas documentales las tiene el TSJA desde hace mucho tiempo”.

Hay que recordar que se trata del juicio por el despido de 260 empleados del Ayuntamiento de Jerez tras la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), con una demanda colectiva contra el Ayuntamiento de Jerez (CGT, CTP, CC OO y UGT de forma conjunta y la ATMJ). Ya se había aplazado en una ocasión porque la fecha inicial prevista era el pasado 23 de enero.

El juicio en Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el despido de 260 empleados del Ayuntamiento de Jerez tras la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ha vuelto a aplazarse al 8 de marzo a las 10 horas.

Como han confirmado a este medio fuentes de las centrales sindicales que han presentado la demanda colectiva contra el Ayuntamiento de Jerez (CGT, CTP, CC OO y UGT de forma conjunta y la ATMJ), el alto tribunal ha decidido volver a aplazar la vista, que debía ser este viernes 8 de febrero, por motivos muy similares a los que le llevó a suspender la primera fecha prevista para el pasado 23 de enero.

De esta forma, y según esas fuentes, la suspensión se debe a que a la sala no le ha dado tiempo a estudiar y resolver un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Jerez por la no admisión de una prueba, a lo que se une que tampoco se han podido iniciar los trámites para estudiar otro recurso presentado por la Asociación Municipal de Técnicos de Jerez (ATMJ) por los mismos motivos. Ambos recursos interpuestos por los letrados se registraron a mediados de enero.

Así las cosas, el TSJA ha decidido suspendar la vista prevista esta semana y dictar una nueva fecha para dentro de un mes, el 8 de marzo.