La sesión más tediosa hasta el momento del juicio por el ‘caso de los Asesores’ ha dejado sobre la mesa el vacío existente en cuanto a la contratación, cobro y actividades que realizaban José López y Manuel Cobacho dentro de las sociedades Speed Festival y Emusujesa. Diversos técnicos y personal de estas empresas han comparecido en la vista para corroborar la presencia de ambos en estos organismos y la existencia de reuniones en el marco de su papel como asesores, si bien nadie ha podido concretar qué se gestaba en las mismas, por qué en alguno de los casos no existía un contrato como tal, cuál era la razón para que se cobrara por estos trabajos antes de facturar o por qué no hay documentación que acredite ninguna labor al respecto. Uno de los testimonios más llamativos ha sido el de Antonio Fernández Vera, secretario del consejo de administración de Speed Festival, que ha sembrado la duda en torno a ciertos aspectos legales relacionados con la gestión de la empresa y ha señalado con un dedo casi ‘acusador’ a la exalcaldesa, Pilar Sánchez, y presidenta de ambas sociedades por aquel entonces.

“Speed Festival estaba sujeto a otra legislación, por lo que no hacían falta los requisitos de concurrencia ni publicidad a la hora de contratar”, ha justificado el antiguo secretario y colaborador cercano a Pacheco, reconociendo que algunos nombramientos no estaban sujetos a los acuerdos del consejo de administración por lo que nunca se llegó a levantar acta sobre ellos. Un punto que fue del todo rebatido por el abogado de la acusación particular, Juan Pedro Cosano, quien aseguró que “por Ley, en las sociedades mercantiles en las que participa una administración pública en al menos el 50% regirán los principios de publicidad y concurrencia”. Pero lo más destacado del testimonio de Fernández fueron sus alusiones directas a Pilar Sánchez, afirmando que durante el pacto “había una vigilancia recíproca sobre la actividad de cada parte”. “Entiendo francamente improbable, por no decir imposible, que la presidenta de la sociedad no estuviera al tanto de quién trabajaba allí ni lo que hacía. Ella despachaba continuamente con el gerente, y no tiene sentido que no tuviera conocimiento de nada”.

Otra de las comparecencias más esperadas fue la del miembro de la ejecutiva socialista Luis de Flor, que en su calidad  de coordinador de Servicios Turísticos entre 2005 y 2007 certificó una serie de reuniones de trabajo mantenidas con López como asesor de Speed Festival, con el fin de abordar la “planificación y la promoción turística” del parque de ocio. Sin embargo, a preguntas de Cosano Flor reconoció que todos estos encuentros se realizaron “en bares” y sin que se realizara informe alguno por escrito sobre ello. En la misma línea se expresó Antonio Junquera, antiguo director de Jerez Centro Comercial, que declaró haberse reunido a menudo con López como asesor de Emusujesa aunque no supo concretar su contenido.

VIAJES Y ENCUENTROS

En cuanto al resto de testigos, la primera en subir al estrado fue la secretaria de Pacheco y estrecha colaboradora Mari Paz Cañero, que al igual que otra secretaria y el jefe de ordenanzas de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo corroboró la presencia “continua” de los dos asesores en la GMU así como el mantenimiento de diversas reuniones con el entonces delegado. Unas reuniones de las que, una vez más, no se llevaron a cabo informes, actas o documentos de los que se desprenda su contenido. Cañero confirmó incluso que estas labores de asesoramiento requirieron de viajes fuera de Jerez, aunque declaró “no saber” quién pagaba esos desplazamientos. Igual de ‘desconocedora’ se mostró la secretara del gerente de Speed Festival, Julia Simo, que explicó que ella se limitaba a “preparar las órdenes de pago”, sin saber cómo es que muchas de las transferencias a López se produjeron antes de que se emitieran las facturas.

La segunda jornada del juicio por el ‘caso de los Asesores’ ha resultado igual de densa que la anterior, si bien los comparecientes han trasladado a la sala un mensaje meridianamente claro: la contratación de José López y Manuel Cobacho en Speed Festival y Emusujesa se realizó por orden directa de Pedro Pacheco sin concurso ni publicidad, sin contrato como tal en uno de los casos y sin que conste ningún soporte documental que avale una actividad al servicio de las dos sociedades durante ese periodo. Esto es a grandes rasgos lo declarado por los testigos que se han subido al estrado, empezando en orden de importancia por la ex alcaldesa Pilar Sánchez, que ostentaba el cargo de presidenta en ambas empresas municipales cuando Pacheco era vicepresidente en virtud del pacto de gobierno entre el PSOE y el PSA y se gestaron esas contrataciones.

A preguntas de la fiscal, lo primero que hizo Sánchez fue referirse a cómo se dio curso a estos contratos (dos de ellos en 2005 y un tercero en 2007), insistiendo en que según resolución de pleno del 18 de enero de 2005, tanto el número de asesores como sus retribuciones y nombramientos debían pasar por este órgano. Con posterioridad y siempre según la testigo, nunca se llevó a cabo resolución o acuerdo alguno que modificara el inicial, por lo que ninguna persona u órgano fuera del pleno estaba legitimado para este tipo de contrataciones. “Cuando se cesó a Pacheco en 2007 -contó Sánchez- se me pasaron a Alcaldía órdenes de transferencias bancarias a nombre de José López. Detectamos un documento extraño, indagamos y vimos con absoluta claridad que eran pagos sin contraprestación ni expediente de contratación, por lo que lo pusimos en manos de nuestra asesoría jurídica”. Según su relato, varios técnicos fueron interrogados a este respecto, “y ninguno dio respuesta ni supo decir qué servicio estaba prestando López”.

Otro de los requisitos que presuntamente tampoco se cumplieron fue el de informar de las contrataciones a los consejos de administración de las empresas, que según Sánchez desconocían cualquier tipo de movimiento al respecto, así como de publicarlas convenientemente en el Boletín Oficial de la Provincia. Felipe Meléndez, abogado de Pacheco, intentó desviar la atención poniendo el acento en los asesores municipales que había contratado Sánchez en su calidad de alcaldesa, algo que la jueza recordó que está siendo instruido en otra causa y por lo tanto no tenía lugar en ésta, e incluso equiparó la contratación del exdirector de Onda Jerez, Pedro Rollán, con las ahora juzgadas. “Hay cosas que no recuerdo, pero lo que sí puedo afirmar con rotundidad es que cualquier contrato que yo hice tuvo su tramitación adecuada -recalcó la exedil-. Mis asesores iban a su puesto de trabajo todos los días y actuaban conforme a lo que dice la Ley”. 

EJECUTAR ÓRDENES SIN CUESTIONAR

En lo que respecta al resto de los testigos, el gerente de Emusujesa, Miguel Ballesteros, fue el primero en declarar para ratificar que él recibió la orden de Pacheco de contratar a López y Cobacho y que no se planteó si se pudiera incurrir con ello en alguna irregularidad. “Mis funciones son ejecutar y no me corresponde cuestionar lo que se me está pidiendo”, subrayó. A preguntas de Juan Pedro Cosano, letrado del Ayuntamiento, reconoció que la contratación no cumplió con los requisitos de publicidad ni concurrencia ni en general con “las normas” que se deberían haber tenido en cuenta, en la misma línea del gerente siguiente de la citada sociedad, José Agüera, que sentenció que “la contratación de asesores es un mundo abierto”. En este sentido, ninguno de los interrogados supo responder a cómo pudieron darse órdenes de transferencia con anterioridad a la emisión de facturas a López, o por qué siguió cobrando como asesor de Pacheco a pesar de que éste acababa de ser cesado.

Dos de los técnicos interrogados con posterioridad reconocieron que, a instancias de Pilar Sánchez, realizaron un informe en el que se aludía a estas presuntas irregularidades en las contrataciones a pesar de que en algunos casos no tenían conocimiento al respecto. “No nos amenazaron para realizar el informe, pero desde luego no fue voluntario”, apostilló uno de ellos. Cayetano Gómez, gerente de Speed Festival por aquella época, declaró que más que existir un contrato para López lo que hubo fue “una carta, porque algo tenía que constar por escrito”, confesando que tampoco en esta ocasión se respetaron los principios de publicidad y concurrencia. Un cargo del que al final el que fuera mano derecha de Pacheco acabó cesado “verbalmente”, como también confirmó Agüera.

Después de todo este rosario de declaraciones, la vista continuará este miércoles con nuevas y esperadas comparecencias como la de la secretaria del exalcalde, Mari Paz Cañero.

Más de cinco horas de juicio dan para mucho, máxime si en el banquillo se sienta uno de los políticos más carismáticos y polémicos de esta ciudad. La primera sesión de la vista contra Pedro Pacheco, José López y Manuel Cobacho en el marco del ‘caso de los Asesores’ ha dejado frases para la posteridad que reflejan no solo la personalidad de los procesados, sino también dejan entrever cómo se hacían las cosas en el Ayuntamiento por aquellos años. La declaración del líder de Foro Ciudadano ha sido la última de la jornada pero la más esperada, y se puede resumir básicamente en que él tomaba una serie de decisiones “porque estaba legitimado” para ello, y a partir de ahí cualquier otra cuestión relativa a la gestión o pura “burocracia” se escapaba a su conocimiento. En respuesta a un corto y más bien descafeinado interrogatorio de la Fiscalía, Pacheco se ha explayado sobre el modo de contratación de los dos asesores puesto en tela de juicio, explicando que si bien es cierto que en general el pleno es el único órgano apto para nombrar y determinar el número de eventuales de confianza (asesores), en determinadas circunstancias ese acuerdo inicial puede dar lugar a otros posteriores que lo modifiquen.  Leer noticia completa

Uno de los casos de presunta corrupción política más mediáticos escribe a partir de este lunes su capítulo más importante con el inicio de un juicio en el que se sentará en el banquillo Pedro Pacheco, acompañado de José López y Manuel Cobacho. El conocido como ‘caso de los Asesores’ salió a la luz en 2009, a raíz de una denuncia interpuesta por la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, por unas presuntas contrataciones’a dedo’ realizadas por su antecesor en el cargo, a favor de los otros dos imputados en la causa. Tras varios años de instrucción, la Sección Octava de la Audiencia provincial acoge la primera sesión de la vista, en la que el líder de Foro Ciudadano se enfrenta a 17 años y 8 meses de cárcel por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.  Leer noticia completa

Sobre el papel adquirieron un paraíso que en la realidad resultó estar muy lejos de lo soñado. Los cuatro compradores de viviendas en los Altos de Croft que interpusieron una demanda contra la promotora, Rentas y Vitalicios, se verán las caras con ésta el próximo 12 de abril en el trámite de audiencia previa al juicio, que tendrá lugar en el Juzgado de Primera Instancia número 1. Así lo ha confirmado el letrado de los demandantes, Francisco Mauriño, explicando que una vez que se produzca la citada audiencia, en la que cada parte expone sus pruebas testificales y documentales, solo quedará el señalamiento de la vista. Como ya adelantara Reporteros Jerez, estas cuatro familias decidieron llevar a la promotora ante la Justicia el pasado año, cuando tras la entrega de llaves comprobaron que faltaban buena parte de los servicios por los que habían abonado una importante suma de dinero.

En concreto, los dueños habían llegado a desembolsar hasta 300.000 euros (aproximadamente la mitad del precio de los inmuebles) por un proyecto que incluía zonas verdes y equipamientos deportivos y de ocio. Cuando pudieron acceder a sus viviendas, descubrieron que de la diversas manzanas proyectadas solo se había construido una y únicamente con los pareados, rodeados de naves industriales que distan mucho de lo prometido. Según el letrado, la promotora se justificó en la “mala situación económica” existente asegurando que en un futuro se construiría lo pactado. En el año transcurrido, sin embargo, no ha habido un solo movimiento de urbanización de calles ni de levantamiento de las infraestructuras pendientes, a pesar de que la empresa logró alcanzar un acuerdo posterior con el Ayuntamiento por el que éste le permitía realizar por fases el proyecto.

Por todo ello, los perjudicados han decidido demandar a Rentas y Vitalicios por incumplimiento de contrato pidiendo en consecuencia la resolución del mismo y la devolución de las cantidades aportadas. “Consideramos que hubo publicidad engañosa y que no se han cumplido las condiciones ni de urbanización ni de equipamiento. En el dossier facilitado a los compradores se mencionaban una serie de cosas que no se han hecho realidad”. En tal documento, al que este medio ha tenido acceso, se menciona “un proyecto único, diferente y exclusivo, de carácter muy personal por su estilo y diseño… con amplias zonas verdes, club deportivo con pista de tenis y pádel en la mejor zona de Jerez”. Algo que los afectados consideran “un engaño”, a tenor de los resultados. Según Mauriño, la promotora por su parte también les acusa a ellos de haber incumplido el contrato, al no haber subrogado la hipoteca de la vivienda. El juez determinará la responsabilidad de cada uno y si los compradores podrán finalmente recuperar todo el dinero que invirtieron.

Un Juzgado de lo Penal de Cádiz acogerá mañana jueves el juicio contra un individuo, Juan Manuel G. B., acusado de haber convertido presuntamente su vivienda en un negocio de la droga. Junto a él, se sentarán en el banquillo José Manuel A. B., Sebastián B. I. y Miguel S. M., a los que se procesa por formar parte supuestamente de esa red de narcotráfico. Como consta en la calificación del fiscal, a la que este medio ha tenido acceso, todo partió de un control policial realizado en septiembre de 2010, por el que los agentes hallaron en un vehículo en el que viajaban dos de los acusados 215 gramos de hachís valorados en 1.126 euros.

A través de una investigación posterior, la Policía averiguó que esta sustancia había sido comprada presuntamente a los otros dos procesados, que según el fiscal se dedicaban a la venta de estupefacientes. Los agentes procedieron entonces al registro del domicilio de uno de ellos, Juan Manuel G. B., situado en la barriada San Cristóbal, comprobando que era allí donde supuestamente y de forma habitual se llevaba a cabo la actividad ilícita. Entre otros objetos, los funcionarios intervinieron en la citada parcela una balanza, 2.637 euros, una libreta con anotaciones, dos cuchillos y un rollo de film transparente, relacionando todo ello con la compraventa de droga, además de casi 9.000 gramos de hachís y tres plantas de marihuana, cuyo valor total en el mercado alcanza los 10.000 euros.

En el inmueble se incautaron también 39 cartuchos de balas de 9 milímetros, sin que constase licencia alguna para ello. A juicio del Ministerio Fiscal, los hechos constituyen un presunto delito contra la salud pública del que serían autores los cuatro procesados y para los que pide dos años de cárcel. Además, deberán afrontar multas que en dos de los casos rozan la cifra de 20.000 euros

La primera sesión del juicio contra el conocido como ‘estafador del seguro’ no decepcionó, ya que Carlos B. N. se explayó en argumentos y excusas reconociendo haber errado pero sin intención y sin haber obtenido un solo euro a cambio. “He tenido un comportamiento malo y negligente, pero jamás me he apropiado de ninguna cantidad de dinero ni he engañado a nadie”, comenzó su alocución el procesado, que respondió a todas y cada una de las preguntas del fiscal y de las acusaciones particulares presentándose como un agente de seguros muy demandado que en un momento dado se vio desbordado por los acontecimientos que a continuación se van a relatar.

Según el acusado, durante dos años estuvo ejerciendo su profesión en la compañía AXA, hasta que en 1999 fue contratado por otra dedicada a la misma actividad. Sin embargo, “por amistad y sin obtener nada a cambio” continuó con la cartera de clientes de la primera aseguradora, con el fin de ayudar a que se cumplieran objetivos. El problema, siempre según su versión, surgió cuando para saldar una deuda contraída de un millón de pesetas tomó esa cantidad de las pólizas de AXA, y a raíz de ahí “la bola fue tan grande y se creó tan rápido que no se pudo parar”. Es decir, una vez que ‘cogió prestado’ ese dinero comenzó a adelantar más cantidades para regalos de fidelización a clientes y otros ‘agujeros’ de tal manera que lo que empezó con un millón de euros alcanzó la cifra de 200, de cuyo destino final nunca más se supo.

“Mi intención jamás fue engañar a nadie -reiteró-. Yo no he cobrado nunca nada, lo que hacía era ir tapando agujeros. Vestía un santo para desvestir a otro”. Un comportamiento irresponsable pero desprovisto de dolo, que según él se llevó a cabo siempre bajo el conocimiento de la dirección de AXA, que ahora sin embargo se ha personado como acusación particular junto a las familias afectadas. “Reconozco que hubo algunas pólizas falsas- confesó-, pero siempre sobre la base de un documento verdadero que me proporcionaba la empresa”. En total, son unos 100 los perjudicados que perdieron parte de sus ahorros tras depositarlos en unas pólizas de inversión que nunca recuperaron.

Ahora, el principal acusado se enfrenta a 9 años de prisión por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental y simulación contractual. Junto a él se sienta en el banquillo un compañero al que se ha procesado por haberle facilitado una cuenta bancaria en la que ingresaba parte del dinero presuntamente defraudado. En este sentido, Carlos B. N. le ha eximido de toda responsabilidad asegurando que solo lo hizo como “un favor” y que esas cantidades fueron recuperadas por él mismo, responsable último de su destino.

El caso creó una gran expectación debido a la cantidad de personas afectadas, ya que alrededor de 100 familias perdieron buena parte de sus ahorros por haberse dejado engatusar presuntamente por un vendedor de pólizas postizo. Esta semana, la Audiencia Provincial de Jerez acoge el inicio de la celebración del juicio que arranca el martes y se podría prolongar varias semanas. En el banquillo de la Sección Octava se sentará Carlos B. N., acusado de un presunto delito continuado de falsedad en documento, otro continuado de estafa y otro de apropiación indebida. Un rosario de imputaciones para las que el fiscal solicita 9 años de prisión.

Como han informado fuentes del caso, el modus operandi del procesado se centraba supuestamente en la venta de pólizas de seguros de inversión falsas en nombre de la compañía AXA, que se ha personado como acusación particular en el procedimiento. Cuando los beneficiarios se dispusieron a retirar lo invertido, nunca pudieron recuperarlo. Las pérdidas de cada perjudicado oscilan entre los 2.000 y los 180.000 euros por persona, alcanzando una cifra global de más 2,5 millones. Ello provocó la ruina de un centenar de familias de Jerez y Rota, que ahora confían en que se haga justicia y el conocido como ‘estafador del seguro’ pague por lo que presuntamente ha hecho.

Junto a Carlos B. N., que permanece en prisión desde 2009 por esta causa, se sentará en el banquillo un colaborador suyo acusado de haberle facilitado una cuenta en la que ingresaba todo el botín que había ido estafando presuntamente a estas familias. El abultado número de perjudicados, junto a la cantidad de testigos llamados a declarar, hará que la vista se prolongue durante días e incluso semanas, aunque la sesión más importante será la primera de ellas, en la que declare el principal imputado.

Luisa P. E., sus hijos José Ramón y Antonio C. P. y su pareja José María C. N. se sientan hoy en el banquillo de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Jerez acusados de un presunto delito de estafa en concurso con otro de falsedad documental. Se trata de una familia a la que se imputa el haber creado una auténtica red delictiva por la que se dedicaban presuntamente a estafar a empresas, comprando artículos diversos con DNI de otras personas como aval. Como ha podido saber este medio, los procesados ya fueron juzgados y absueltos por una acusación similar y sobre ellos está pendiente la celebración de otro juicio por presunto fraude a la Seguridad Social.

Leer noticia completa

El recurso de casación interpuesto por el abogado de Josué T. S. no ha dado sus frutos, por lo que éste pasará los próximos siete años de su vida entre rejas por haber intentado matar a un primo suyo. El caso trascendió el 1 de enero de 2011, fecha en que la víctima se encontraba celebrando el Año Nuevo con su familia en una calle del barrio de Santiago y fue requerida por el condenado. Cuando éste se acercó, sin mediar palabra comenzó a golpearle como consta en la sentencia de la Audiencia Provincial, que ha sido ratificada por el Tribunal Supremo. En el momento en que el atacado intentó defenderse, su primo sacó un arma blanca y se la clavó en el costado izquierdo, dándose a la fuga.

El herido, por su parte, fue trasladado al hospital con un cuadro clínico grave, ya que el daño causado constituyó un riesgo vital para él, que permaneció hospitalizado 17 días. Por todo ello, el procesado fue condenado a siete años de prisión, por un delito de homicidio en grado de tentativa con el agravante de abuso de superioridad. Se da la circunstancia de que los testigos que prestaron declaración en el juicio incurrieron en reiteradas contradicciones con respecto a los testimonios que facilitaron durante la instrucción del procedimiento. Se trata de parientes del procesado y de la víctima, que por cierto renunció a una posible indemnización.

La mayoría de ellos se desdijeron de lo declarado en un primer momento, y es por eso que en la sentencia el juez interesaba que fueran sometidos a un nuevo interrogatorio, por si se pudieran depurar responsabilidades. Éste ha sido precisamente el principal argumento sobre el que la defensa cimentó el recurso de casación interpuesto, aludiendo entre otros a las incongruencias de los testigos. El Tribunal Supremo, ahora, ha dejado claro en su fallo que cuando un testimonio prestado en el juicio no se corresponde con el facilitado durante el sumario, el juez tiene la potestad suficiente para decidir cuál es la versión de los hechos más creíble.