Sobre el papel adquirieron un paraíso que en la realidad resultó estar muy lejos de lo soñado. Los cuatro compradores de viviendas en los Altos de Croft que interpusieron una demanda contra la promotora, Rentas y Vitalicios, se verán las caras con ésta el próximo 12 de abril en el trámite de audiencia previa al juicio, que tendrá lugar en el Juzgado de Primera Instancia número 1. Así lo ha confirmado el letrado de los demandantes, Francisco Mauriño, explicando que una vez que se produzca la citada audiencia, en la que cada parte expone sus pruebas testificales y documentales, solo quedará el señalamiento de la vista. Como ya adelantara Reporteros Jerez, estas cuatro familias decidieron llevar a la promotora ante la Justicia el pasado año, cuando tras la entrega de llaves comprobaron que faltaban buena parte de los servicios por los que habían abonado una importante suma de dinero.

En concreto, los dueños habían llegado a desembolsar hasta 300.000 euros (aproximadamente la mitad del precio de los inmuebles) por un proyecto que incluía zonas verdes y equipamientos deportivos y de ocio. Cuando pudieron acceder a sus viviendas, descubrieron que de la diversas manzanas proyectadas solo se había construido una y únicamente con los pareados, rodeados de naves industriales que distan mucho de lo prometido. Según el letrado, la promotora se justificó en la “mala situación económica” existente asegurando que en un futuro se construiría lo pactado. En el año transcurrido, sin embargo, no ha habido un solo movimiento de urbanización de calles ni de levantamiento de las infraestructuras pendientes, a pesar de que la empresa logró alcanzar un acuerdo posterior con el Ayuntamiento por el que éste le permitía realizar por fases el proyecto.

Por todo ello, los perjudicados han decidido demandar a Rentas y Vitalicios por incumplimiento de contrato pidiendo en consecuencia la resolución del mismo y la devolución de las cantidades aportadas. “Consideramos que hubo publicidad engañosa y que no se han cumplido las condiciones ni de urbanización ni de equipamiento. En el dossier facilitado a los compradores se mencionaban una serie de cosas que no se han hecho realidad”. En tal documento, al que este medio ha tenido acceso, se menciona “un proyecto único, diferente y exclusivo, de carácter muy personal por su estilo y diseño… con amplias zonas verdes, club deportivo con pista de tenis y pádel en la mejor zona de Jerez”. Algo que los afectados consideran “un engaño”, a tenor de los resultados. Según Mauriño, la promotora por su parte también les acusa a ellos de haber incumplido el contrato, al no haber subrogado la hipoteca de la vivienda. El juez determinará la responsabilidad de cada uno y si los compradores podrán finalmente recuperar todo el dinero que invirtieron.

“Éste es un proyecto único, diferente y exclusivo, de carácter muy personal por su estilo y diseño… con amplias zonas verdes, club deportivo con pista de tenis y pádel en la mejor zona de Jerez”. Así comienza el dossier presentado a los futuros compradores de una vivienda en los Altos de Croft, un residencial promocionado como el de más alto nivel de la ciudad y con servicios únicos al alcance de un selecto grupo de privilegiados. Los chalets pareados pueden alcanzar los 600.000 euros y se complementan, en teoría, con un equipamiento del que carecen el resto de urbanizaciones jerezanas y que es precisamente lo que aporta un carácter diferenciador a la promoción.

Sin embargo, esta teoría maravillosa ha comenzado a hacer aguas en la práctica a raíz de las denuncias realizadas por un grupo de compradores que están dispuestos a llevar el tema a los tribunales con el siguiente argumento: pagaron unas cantidades desorbitadas por unos servicios que brillan por su ausencia. Resultó demasiado bonito para ser cierto. Franciso Mauriño es el letrado encargado de la causa de estas familias, que se sienten estafadas por la promotora Rentas y Vitalicios S. L., que entregó las viviendas sin haber terminado la urbanización. Como explica el abogado, el plan parcial relativo a esos terrenos recogido en el PGOU exigía la entrega de los inmuebles una vez finalizadas las obras por completo, lo que incluía las calles y todo el exterior, donde también deberían haberse construido tras la oportuna cesión del suelo para uso público viviendas de VPO, zonas verdes, deportivas y de ocio.

Un solo paseo por los Altos de Croft basta para comprobar que no solo no se ha llevado a cabo lo mencionado, sino que aún existen varias naves industriales que debían haber sido derruidas. Aunque no se cumplió el plan parcial, al que este medio ha tenido acceso, antes de dar las viviendas la promotora solicitó un permiso al Ayuntamiento para fasear las obras y poder conseguir así la cédula de habitabilidad y entregar una parte, a pesar de no estar concluida la totalidad. La Delegación de Urbanismo, con Juan Pedro Crisol al frente por aquella época, dio luz verde a esta petición permitiendo que se facilitaran las llaves a los propietarios sin disponer del resto de servicios. Una circunstancia “completamente anómala”, según otras fuentes profesionales consultadas. La cuestión es que esas fases que se comprometieron a realizar para terminar el proyecto tampoco se están llevando a cabo, y el temor de los propietarios es que esas viviendas se queden “aisladas y abandonadas en mitad de una parcela”.

Como explica Mauriño, una vez que las quejas se han hecho llegar a la promotora ésta se ha comprometido a construir las pistas de pádel y tenis en un sector destinado a las viviendas de VPO, que han de levantarse por ley, lo que obviamente también constituiría una irregularidad. Todo un caos de planificación que hace desconfiar a estos dueños, que lo único que quieren es una rescisión de contrato y que les devuelvan lo invertido, porque no tienen aquello por lo que pagaron. Las fuentes profesionales consultadas van más allá y ponen el acento en la clara intención especulativa que desde un primer momento caracteriza el proceso, con la recalificación de unos terrenos que podrían haber sido utilizados para uso industrial y beneficio de todos los jerezanos y no residencial, favoreciendo a una promotora. Un solo ejemplo de los que habrá muchos. Solo la justicia dirá si con ello se han vulnerado no solo los intereses de todos los ciudadanos, sino también de los que compraron las viviendas.