El juicio contra la exalcaldesa Pilar Sánchez por pagar las nóminas en el Ayuntamiento con fondos del Plan E ha dado este martes un importante giro, que puede resultar determinante para la sentencia final del mismo. Ha sido con la declaración del interventor y el tesorero municipal, unos testimonios que han confirmado, tal como afirmaba el lunes la que fuera primera edil socialista, que la misma no hacía uso fondos de las cuentas restringidas de manera frecuente y que siempre existía la intención de devolverlo. 

Así, el interventor ha declarado que se recurría a esos fondos del Plan E para pagar los salarios de los trabajadores municipales “de manera puntual” y no habitualmente, por tanto. Ha añadido también que la que fuera alcaldesa la pasada legislatura tenía siempre la voluntad de reponer el dinero que sacaba. Ha apuntado que su cometido no era autorizar la operación, sino informar sobre el decreto del Estado que impide sacar dinero de cuentas restringidas “salvo una causa de fuerza mayor”, que cabe recordar que es lo que Pilar Sánchez argumentó en la primera sesión del juicio celebrada este pasado lunes.

Por su parte, el tesorero se ha pronunciado en la misma línea, confirmando que existía intención de reponer el dinero y ha señalado que las advertencia que él hacía eran de carácter administrativo, no penales. Ha asegurado, por tanto, que él no advirtió a Pilar Sánchez de podía estar cometiendo un delito al usar el dinero de cuentas restringidas para otros fines.

El juicio, en el que Pilar Sánchez se enfrenta a una pena de 3 años de prisión y una multa de más de 8 millones de euros, quedará previsiblemente visto para sentencia este miércoles, aunque, tras las declaraciones de este martes, parece que en estos momentos la absolución de la exalcaldesa está más cerca que la condena.

Primera de las tres jornadas previstas en el juicio por el denominado ‘caso del desvío de fondos’, que sienta a la ex alcaldesa Pilar Sánchez, y actual directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, en el banquillo acusada de un presunto delito de prevaricación y otro contra la Hacienda Pública por el supuesto desvío de 8,6 millones de euros del Plan E que habría destinado al pago de la nómina de la plantilla municipal o a las concesionarias en lugar de a aquellos fines para los que fueron concedidos. La expectación existente era lógica, ya que Sánchez afronta una petición de pena de prisión. 

La exalcaldesa socialista, que se ha acogido al derecho de no responder a las preguntas de la Abogacía del Estado y se ha limitado a contestar, durante aproximadamente dos horas, a las cuestiones formuladas por su abogado y la Fiscalía,  ha asegurado que en su momento trasladó a la directora general del Ministerio competente en una conversación telefónica que iba a utilizar fondos del Plan E para pagar la nómina a la plantilla municipal y que tenía preparado un plan de reposición conjunto.

También ha explicado que se constituyó un “comité de crisis formado por el interventor, tesoreros y miembros del gobierno local para buscar una solución a un problema puntual del Ayuntamiento”. Ha insistido en que “no hubo improvisación” y que ese comité de crisis consideró que “el pago de las nóminas a 3.000 familias era una necesidad y una causa de fuerza mayor”, lo cual también entiende que era su “obligación”. En este sentido, ha enfatizado que “nunca” ha visto a “ningún alcalde sentado en un banquillo por esto”.

También ha descartado que tuviera un informe jurídico que le prohibiera utilizar los fondos para pagar la nómina, tras asegurar que el Real Decreto en el que se regulaba las condiciones del Plan E contemplaba la necesidad de “reponer” alguna cantidad si era utilizaba para fines distintos a los concedidos “por causa de fuerza mayor”, como considera que era hacerlo para pagar la nómina a la plantilla “y no para una fiesta”, apostilla.

Cabe recordar que los hechos fueron denunciados por el actual gobierno local (PP) ante la Fiscalía Anticorrupción tras detectar al poco tiempo de tomar posesión, desfases que se elevaron a 8,6 millones, según ha apuntado Fiscalía. Pilar Sánchez se enfrenta a una petición de tres años de cárcel y al pago de una multa de más de ocho millones de euros.

Este lunes también ha declarado la actual alcaldesa, María José García-Pelayo, quien se ha ratificado en su denuncia, considerando que las cuentas restringidas ” no se deben tocar”. El primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, entre otros muchos, también ha sido citado como testigo.

El Real Betis Balompié ha pedido doce años de cárcel para el expresidente del Xerez CD Luis Oliver por delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales cuando ejerció como consejero delegado tras comprar sus acciones a Manuel Ruiz de Lopera. Leer noticia completa

Un nuevo frente judical se le aproxima a Joaquín Morales. El que fuera presidente y máximo acionista del club, así como Antonio Fernández Monterrubio, exdirector general del Xerez CD, tendrán en julio una cita con la justicia en Jerez. Leer noticia completa

“Contábamos un poco con que había cierto retraso con el nombramiento del auditor, y el juzgado se ha curado en salud para que haya tiempo a que termine dicha auditoría externa”. Desde ‘Salvemos al Xerez’ se han tomado con cierta resignación el retraso del juicio por la ampliación de capital que iba a sentar la próxima semana a Joaquín Morales en el banquillo del juzgado de lo Mercantil de Cádiz. Leer noticia completa

El juicio por la ampliación de capital presuntamente irregular que el Xerez CD SAD realizó en 2006 y en el que tenía que acudir Joaquín Morales ha sido aplazado hasta octubre por el juzgado de lo Mercantil de Cádiz. La cita, por tanto, no tendrá lugar este próximo 27 de mayo como estaba planificada ya que la parte demandante, la plataforma Salvemos al Xerez, aún no tiene en su poder el informe pericial que solicitó a una auditoría externa. Leer noticia completa

La Fiscalía ha pedido 18 años de cárcel por un presunto delito de asesinato para la ex pareja y padre del hijo de Miriam Tamayo, la última víctima mortal por violencia de género en Jerez, tras recibir al menos seis puñaladas el pasado 12 de junio en plena calle cuando se dirigía a un almuerzo de fin de curso con sus compañeros.  El fiscal ha pedido también una indemnización para el hijo de la víctima de 200.000 euros, 30.000 euros para los padres de la joven y 20.000 para cada una de las dos hermanas.

La acusación particular, por su parte, eleva a 20 años la pena de cárcel por un presunto delito de asesinato, y a casi 300.000 euros la cuantía de la indemnización para el hijo de la joven, manteniendo idénticas las de sus progenitores y hermanas y la orden de alejamiento.

Además, el abogado de los padres de la joven también ha incluido un presunto delito de amenazas graves, argumentando que desde la ruptura sentimental no paraba de “acosar y amenazar” a Miriam con mensajes de ‘WhatsApp’ en los que le decía “si no eres para mí, no serás para nadie”.

En este sentido, Rodríguez explica en su escrito que la víctima “nunca quiso denunciarle” porque al acusado, con el que había roto meses antes y que se encuentra en prisión preventiva desde el día siguiente al suceso, le constaban antecedentes penales con condenas suspendidas “y no quería perjudicarlo”.

Según el informe forense, la joven recibió al menos seis puñaladas con un cuchillo de unos 14 centímetros en “varios ataques”, considerando la cuchillada más grave y “mortal de necesidad” la que le atravesó el pericardio en su lado derecho.

Una vez presentados los escritos de las partes, el letrado de la acusación prevé que la celebración del juicio, que contará con juzgado popular, se desarrolle este mismo año en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial ha absuelto a la ex alcaldesa Pilar Sánchez de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación por los que fue juzgada el pasado mes de enero en el conocido como ’caso de los asesores’. La sentencia también absuelve a los otros cinco acusados, los supuestos enchufados y un técnico del Servicio Jerezano de Inserción Laboral (Serjil) que habría intervenido en la selección de tres de ellos.

Cabe recordar que la acusación popular, ejercida por el también ex alcalde jerezano Pedro Pacheco, rebajó durante el juicio su petición de pena para Pilar Sánchez de los 23 años y ocho meses iniciales a cinco años de prisión y diez de inhabilitación. También retiró el delito de falsedad documental para todos los imputados.

La acusación se basaba en que Sánchez se pudo aprovechar de su calidad de alcaldesa para contratar a asesores y personal de confianza mediante decretos de Alcaldía y sin tener en cuenta los requisitos de publicidad o convocatoria pública entre los años 2005 y 2011.

Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) en el plazo de cinco días desde su notificación.

PILAR SÁNCHEZ, CONTENTA

La reacción de Pilar Sánchez no se ha hecho espera y ya ha declarado estar “contenta” tras conocer la sentencia. Ha asegurado también que “se ha hecho justicia”. “Lo triste es que se haya tenido que llegar hasta donde se ha llegado”, ha apostillado.

“No todo vale. No vale utilizar la justicia para hacer daño a los políticos y a los partidos”, ha concluido.

El aspecto institucional del Xerez CD sigue siendo una nave a la deriva. En la jornada de hoy, los gestores de la entidad azulina han plantado a tres de los 17 trabajadores despedidos en la vista oral que tendría que haberse producido en los juzgados de Jerez. Leer noticia completa

La Consejería de Justicia e Interior ha concluido la renovación de los equipos de videograbación en 65 salas de vista de los juzgados de la provincia. Estos nuevos sistemas, cuya instalación ha contado con una inversión de 335.400 euros, mejoran la calidad y seguridad en el desarrollo de las vistas orales y facilitan el trabajo de los profesionales judiciales y las partes que participan en estos juicios. Ha supuesto el cambio de ordenadores, cámaras y micrófonos y la modificación de sistemas de captura de audio y vídeo, que han pasado de ser analógicos a digitales.

Además, los nuevos equipos instalados permiten una mayor calidad de las grabaciones, tanto de imagen como de sonido, así como el traslado de datos del Sistema Procesal Adriano a la vista. Asimismo, facilitan grabar sonido sin imagen, lo que aumenta la protección de determinadas víctimas o testigos en sus comparecencias en los juicios.

Ofrece, igualmente, la posibilidad de ordenar cronológicamente los procedimientos para facilitar de esta forma su acceso y posterior búsqueda. Toda esta renovación informática y tecnológica de los juzgados ha estado acompañada de una acción de formación a funcionarios, secretarios judiciales, jueces y magistrados, que han sido preparados para el adecuado manejo de estos sistemas.

El delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Fernando López Gil, ha puesto de manifiesto que “la implantación de estos nuevos equipos forma parte del esfuerzo que viene realizando la Junta para impulsar el desarrollo de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, un factor estratégico para avanzar en la modernización de este servicio público esencial para la ciudadanía”.

López Gil ha puesto de relieve también que estas mejoras informáticas y tecnológicas contribuyen a mejorar el funcionamiento de la Justicia  y permiten seguir dando pasos hacia una Justicia moderna, eficaz, sin papeles y más acorde con el siglo XXI.