La madrugada del 22 de noviembre de 1995 tuvo lugar el que puede considerarse, sin lugar a dudas, uno de los episodios más negros de la crónica de sucesos de Jerez: el terrible asesinato del joven Juan Holgado. Su corazón dejó de latir a causa de una treintena de cobardes puñaladas en la gasolinera de Martín Ferrador en la que trabajaba. Han pasado 17 años y todavía no hay culpables.

El caso copó horas de radio y televisión en todo el país, ocupó portadas de periódicos nacionales y sirvió de base para un libro y para una película. Durante todo este tiempo, la familia no se ha cansado de pedir justicia de todas las formas imaginables. Más allá de la mediática infiltración de su padre en los bajos fondos de Jerez para encontrar pruebas que incriminasen a los presuntos autores del asesinato (sobre la que giró el film dirigido por Benito Zambrano), ha protagonizado concentraciones de protesta, huelgas de hambre y hasta un plante a las puertas del Congreso de los Diputados. Todo, siempre, con un mismo objetivo: que se hiciese justicia. Pero no lo ha logrado.

La madre, Antonia Castro, se mantiene todavía firme en la consecución de ese objetivo. Y no duda en llamar a todas las puertas posibles para conseguirlo. Sin desfallecer, pese los altibajos, los cada vez menos apoyos que recibe, los problemas de salud y la realidad de una familia desestructurada por culpa de este caso. De hecho, y tras una complicada separación de su marido, Francisco Holgado, mantiene con éste continuos contenciosos en los juzgados, con órdenes de alejamiento incluidas.

PROTESTA

Este jueves ha estado a las puertas de los juzgados de Tomás García Figueras acompañada por un grupo de amigos, vecinos y el secretario local del PA, Santiago Casal. Se cumplían 17 años del asesinato de su hijo y han aprovechado para protagonizar un nuevo acto reivindicativo para exigir que no se cierre el caso. Cabe recordar a este respecto, que el delito correspondiente prescribe a los 20 años (es decir, dentro de tres) y Antonia Castro quiere se retome la investigación.

“No pienso quedarme quieta”, ha dicho. Lo tiene claro: “Llevo 17 años luchando y lo seguiré haciendo mientras me queden fuerzas. Mi fe en el que está arriba puede con todo. Haré lo que haga falta, iré donde sea, porque lo único que quiero es que se haga justicia con mi hijo y poder descansar en paz”.

El desfile de testigos que han comparecido en los juzgados en el marco del crimen del botellódromo ha finalizado con un sorprendente giro: una de las defensas de los dos acusados pedirá la libertad de su representado. Así lo han confirmado fuentes del caso a este medio, explicando que el letrado de Fernando M. R. considera que no existe ninguna prueba que vincule al joven directamente con el aseinato de Jairo G. M. Actualmente, tanto Fernando como el otro imputado, Jaime D. R., permanecen en prisión provisional por estos hechos ocurridos el pasado mes de julio.

Si el recurso que presentará próximamente la defensa prospera, el primero de ellos podría salir de prisión. Según el abogado, no existe ningun testigo de los 30 que han declarado que haya visto a Fernando proporcionarle la navaja a Jaime con la que éste presuntamente apuñaló a la víctima. Un arma en la que, además, tampoco se han obtenido huellas que puedan vincularlo con su utilización. Por ello, la defensa cree que su presunta implicación podría deberse solo a una “maniobra” del otro procesado con el fin de desviar atenciones sobre su persona.

En lo que respecta al presunto autor material, tras las testificales su abogado se reiterará en su alegato inicial argumentando que Jaime actuó en defensa propia, después de que fuera Jairo quien le atacara en primer término. Una vez que ha concluido esta fase, la documentación pertinente deberá ser remitida a la Audiencia Provincial y con ello finalizará la instrucción del procedimiento. Se estima que el juicio pueda celebrarse, como muy tarde, en el mes de marzo del año que viene.

Una decena de testigos del conocido como crimen del botellódromo ha comparecido en el Juzgado de Instrucción número 4 para ratificarse, básicamente, en lo declarado en la Comisaría cuando se produjeron los hechos el pasado verano. Como ha sabido este medio por fuentes del caso, todos ellos han reconocido encontrarse en el lugar en cuestión el día de autos y haber sido testigos de la pelea, si bien han asegurado desconocer a quién correspondía el arma utilizada y han negado haber visto directamente el apuñalamiento.

Como se recordará, Jairo G. M. perdió la vida  en la madrugada del 22 de julio tras una disputa con Jaime D. R. y Fernando M. R., los dos jóvenes que se sentarán en el banquillo acusados del crimen. Según el fiscal, fue Jaime quien empuñó el arma provocando las heridas mortales, pero los comparecientes no han podido confirmar ese punto. Aunque sí han corroborado que fue él quien empezó la pelea, no ha quedado claro a quién pertenecía la navaja y todos han asegurado que no vieron el momento de las puñaladas. Por tanto, la jornada no ha dado mucho más de sí a expensas de lo que declaren el resto de testigos, que comparecerán ante el juez los días 25 y 26 de octubre.

Como ya publicara Reporteros Jerez, el Ministerio fiscal ha tipificado los hechos expuestos como un presunto delito de asesinato con alevosía, al haberse utilizado un instrumento peligroso y de forma sorpresiva, algo que resulta compartido al cien por cien por la acusación particular. Una vez que se oigan los testimonios pendientes, deberá concretar la pena que solicitará para los dos presuntos causantes de la muerte de Jairo.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial acoge hoy la celebración del juicio por el que Raúl A. G., Ramón G. A. (sobrino del anterior) y Rafael P. V. se sientan en el banquillo acusados de intentar acabar con la vida de un conocido en un bar. Los hechos que se exponen se remontan al 29 de mayo de 2010, cuando a alrededor de las 23.30 horas los tres se encontraban en el disco-pub Atenas de la localidad de Bornos y mantuvieron una discusión con otro hombre. Así lo explica el fiscal en su calificación, a la que Reporteros Jerez ha tenido acceso, en la que manifiesta que la víctima (Raúl B. C.) salió en defensa de este último.

Después de eso los procesados se dirigieron a un bar cercano al domicilio de Raúl B. C. donde otro conocido, Francisco S. N., les advirtió de que no buscaran jaleo ante la presencia de niños pequeños. Los tres, según el fiscal, no se dieron por aludidos y fueron en busca de la víctima, que comenzó a gritar asegurando que le iban a matar. Entonces, “de común acuerdo y con ánimo de acabar con su vida” comenzaron a golpearle. Uno de ellos le intentó agredir con una llave fija en la cabeza alcanzándole la mejilla, mientras que otro le sacudió con un palo de béisbol en las costillas. El tercero de ellos aprovechó que su objetivo había caído al suelo para asestarle varias puñaladas hasta que Francisco S. N. logró arrebatarles el palo de béisbol y se marcharon en el vehículo de uno de ellos.

El agredido fue trasladado de inmediato por su amigo Francisco al centro de salud, desde donde tuvo que ser desplazado hasta el hospital al presentar un cuadro clínico grave. Allí estuvo ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos y tardó en curarse de todas sus lesiones 205 días. En concreto, sufrió una herida incisa en la mejilla y otra en el costado; fractura de dos costillas; erosiones y abrasiones en un codo y un hombro y un traumatismo craneo-encefálico leve. Todo ello le produjo, además de las secuelas físicas, un trastorno depresivo. Los procesados permanecen en prision por esta causa desde el 31 de mayo de 2010.

El fiscal considera a los tres imputados autores de un presunto delito de asesinato en grado de tentativa y pide para cada uno de ellos la pena de once años de prisión, así como la prohibición de acercarse a Raúl B. C. a menos de 200 metros durante diez años, junto con una cuantiosa indemnización.

El 22 de febrero de 2011, a primera hora de la mañana, unos operarios de la planta de reciclaje Las Calandrias encontraron entre las basuras el cuerpo sin vida de un ser humano. La noticia conmocionó a la ciudad, y mucho más cuando trascendió que los restos pertenecían a un mendigo que había sido golpeado y posteriormente arrojado a un contenedor hasta aparecer en el vertedero. El próximo mes de diciembre se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Jerez cuatro amigos de la víctima, Alexander G., de origen polaco, acusados de un presunto delito de asesinato. Como ha podido saber Reporteros Jerez a través de la calificación del fiscal, el Ministerio solicitará para cada uno de ellos 20 años de prisión además de una indemnización de 108.846 euros para la mujer del fallecido y 18.000 para sus padres.

En el escrito se explica cómo la noche del 21 de febrero del pasado año los procesados, junto con la víctima, se encontraban en la casa abandonada que todos ellos compartían en la calle Lealas consumiento bebidas alcohólicas. Se trata de Michal P., Darius J., Marek K. y Rau T., los tres primeros de nacionalidad polaca y el cuarto alemana. En un momento dado, surgió una discusión por motivos desconocidos y los imputados, “con ánimo de causarle la muerte” golpearon presuntamente a Alexander en distintas ocasiones en la cabeza, la espalda, los brazos y las piernas provocándole múltiples heridas.

Esta violencia hizo que perdiera el conocimiento y a continuación, encontrándose sin consciencia y en estado ebrio, lo arrastraron hasta un contenedor de basuras donde lo arrojaron a sabiendas de que no podría salir de allí por sus propios medios. Al poco tiempo, llegó un camión de la basura a recoger el contenedor y su mecanismo compactador le causó fracturas costales que le produjeron la muerte. El vehículo continuó su ruta habitual, sin que los operarios se percataran de lo ocurrido, hasta que a primera hora de la mañana ya en Las Calandrias fueron hallados los restos por personal de la planta. Desde que ocurrieron los hechos, los cuatro se encuentran en prisión provisional.

Como ya se ha señalado, el fiscal les imputa un presunto delito de asesinato con el agravante de alevosía, para lo que pide 20 años de cárcel en concepto de autores, además de la indemnización correspondiente para la esposa y los progenitores de la víctima.

El juicio contra Adrián S. F., acusado de la muerte de Francisco B. C. tras una disputa por una trituradora de marihuana, ha quedado visto para sentencia. Durante la jornada de ayer se escuchó el testimonio de los forenses, tras lo que las partes han expuesto sus conclusiones definitivas. En el caso de la acusación particular, ejercida por Álvaro Cosano, pocas novedades se han producido ya que el abogado ha reiterado su petición inicial de 20 años de cárcel por un presunto delito de asesinato. La Fiscalía, sin embargo, sí ha modificado su alegato pasando de 16 a 13 años de prisión por los atenuantes de confesión y drogadicción.

Ésta última ha sido una de las bazas de la abogada del imputado, que en todo momento ha cimentado su defensa en la adicción a los estupefacientes de Adrián y en su “difícil” infancia, solicitando entre 5 y 7 años de cárcel con la concurrencia de los atenuantes de obcecación, confesión del delito, problemas psíquicos y drogadicción. Cosano, por su parte, ha intentado deslegitimar el consumo de drogas como un atenuante del delito, justificándolo en los testimonios de los testigos que aseguraron que el joven “estaba normal” y “solo había consumido dos porros” cuando se produjeron los hechos.

Si todo se desarrolla por los cauces normales, esta semana el jurado popular tendrá listo el veredicto, tras lo que el juez deberá interponer en su caso la pena correspondiente.

El procesado por la muerte de Francisco C. B., el joven que perdió la vida hace dos años en la barriada rural de Las Tablas, ha declarado esta mañana en la Audiencia Provincial asegurando que no recuerda los hechos por los que el fiscal le imputa un presunto delito de asesinato. Según Adrián S. F., esa mañana su amigo y él habían coincidido en un taller en el que trabajaba un tercero, y allí fue donde se dejó olvidada la víctima la trituradora de marihuana que desencadenó el fatal desenlace. Según la versión del imputado, Francisco acudió por la noche a su casa a buscar el artefacto, con el que él se había quedado asegurando que le pertenecía, y comenzó a reclarmárselo desde el exterior entre “gritos y amenazas”.

“Ya no recuerdo nada más -ha declarado el acusado- , solo lo que se me aparece en sueños. Él está arriba mía y cuando se retira se levanta la camiseta y veo que está pinchado y tiene sangre”. El abogado de la acusación particular, Álvaro Cosano, se ha preocupado durante la vista de recordarle que en los juzgados e incluso ante la Policía se confesó autor del crimen; él, sin embargo, ha seguido en sus trece negando la mayor. Su letrada, por su parte, ha hecho especial hincapié en la supuesta adicción a las drogas de su defendido, que ha afirmado que consume desde los 9 años, así como en su entorno familiar desestructurado y violento.

Posteriormente, los dos amigos que fueron testigos directos del suceso han comparecido confirmando que Adrián asestó varias puñaladas a la víctima. Concretamente, han relatado cómo el acusado llamó a uno de ellos para que se llevara a Francisco de su casa cuando permanecía en el exterior increpándole, y se presentaron los dos al momento. Mientras el padre del imputado intentaba hacer entrar en razón al fallecido, según los dos testigos, su hijo apareció con el cuchillo oculto y de forma absolutamente sorpresiva se abalanzó sobre la víctima. Cuando se incorporó, observaron que llevaba un arma con la que le había herido.

Uno de ellos lo trasladó al hospital, donde no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Tras estos testimonios llegó el turno del padre de Adrían, que optó por no prestar declaración, tras lo que testificaron los padres del finado. Ambos poco pudieron aportar, salvo la confirmación de que su hijo no era amigo del presunto agresor, ya que solo lo conocían de vista, y que era un muchacho “tranquilo” al que no le gustaban los conflictos, como también corroboraron los otros dos testigos. A ello siguió el testimonio de los policías, que no hicieron sino reforzar la versión inicial de que el mismo Adrián les llamó para entregarse y contar lo ocurrido.

Aunque el procesado aseguró que Francisco siempre llevaba navaja, tanto sus padres como sus amigos han negado rotundamente este punto. Ése ha sido uno de los aspectos en los que ha incidido la letrada de la defensa, que durante los interrogatorios ha intentado en todo momento ‘contextualizar’ el crimen resaltando la situación personal y el tipo de vida de su defendido, con una infancia desgraciada y una juventud marcada por las drogas, en lo que claramente consituirá el punto fuerte de su defensa y su alegato final.

El conocido como clan de los Flores ha resultado ser una de las bandas criminales más sangrientas de los últimos tiempos. En su estela han dejado un sinfín de desgraciados sucesos por toda la provincia como el asesinato de la joven portorrealeña Tamara Leyton o el de Catalina Ruiz Pato, la mujer que fue atacada junto con su marido en su vivienda de la barriada rural Junta de los Ríos. Varios miembros de esta familia fueron condenados por ambos crímenes, junto con otros asesinatos, robos, homicidios y tenencia ilícita de armas; en conjunto, un número de delitos que rebasa la cuarentena.

Francisco Flores Nieto, Fernando Flores Nieto y Manuel Flores Valverde, concretamente, afrontan penas de cárcel que superan ampliamente los 200 años; sin embargo, la Audiencia Provincial de Cádiz fijó en su sentencia la limitación del cumplimiento efectivo de la condena en 20 años. Es decir, los Flores pasarán un máximo de 20 años en prisión, aunque hayan sido condenados a centenares de años más. Ahora, como ha sabido este medio por fuentes del caso, la Fiscalía ha recurrido este fallo judicial al Tribunal Supremo, con el objetivo de que esa condena efectiva se amplíe a 30 años.

En el escrito, al que Reporteros Jerez ha tenido acceso, el Ministerio reconoce que la limitación general de cárcel efectiva está establecida en 20 años en el Código Penal. No obstante, apunta a que existen excepciones por las que se puede ampliar a 30 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con penas superiores a 20 años, como es el caso. Así pues, considera que dada la gravedad de los hechos los Flores deberían pasar en prisión el máximo de tiempo que el sistema legal permita.

El joven Jairo Gómez Muñiz, de solo 17 años, perdió la vida la madrugada del pasado 22 de julio al recibir varias puñaladas en el botellódromo. Ahora, algo más de un mes después, el procedimiento judicial ha arrancado con la comparecencia que ha tenido lugar esta mañana en el Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez, y en la que se ha concretado la imputación de los hechos para que las partes soliciten las diligencias oportunas. Así pues, tras un agosto en el que los trámites han estado paralizados, se inicia formalmente la investigacion. En esta primera comparecencia, como han informado a este medio fuentes del caso, el fiscal ha trasladado su relato de los hechos, que arranca a las 01.30 horas del pasado 22 de julio, cuando los dos acusados (Jaime D. R. y Fernando M. R.) se encontraban en el botellódromo.

En el lugar en cuestión apareció Jairo y comenzó a discutir con Jaime por unos incidentes ocurridos durante la Feria. Llegó un momento en el que el joven fallecido golpeó en la cara a su interlocutor, siempre según la versión del fiscal, y entonces apareció Fernando y facilitó una navaja a Jaime. Este último fue el que presuntamente le asestó las cuatro puñaladas que resultaron mortales. El Ministerio tipifica estos hechos como un presunto delito de asesinato con alevosía, al haberse utilizado un instrumento peligroso y de forma sorpresiva. Algo que resulta compartido al cien por cien por la acusación particular.

En lo que se refiere a los abogados de los imputados, en el acto que se ha producido hoy el abogado de Jaime ha insistido en que su representado actuó en defensa propia, mientras que el de Fernando asegura que éste no tuvo participación alguna en la reyerta. La familia de la víctima, por otra parte, ha vuelto a pedir que el Ayuntamiento active un plan de seguridad en el botellódromo, para que se eviten este tipo de trágicos sucesos.