Hace ya casi una década que Javier Villanueva tuvo que sucumbir a la tortura y confesarse ante una cámara como el culpable del asesinato de una fiscal en Bolivia. Ahora, que los años de cárcel y sufrimiento ya han quedado atrás, el ‘Ciudadano Villanueva” vuelve a la pantalla. Esta vez, como protagonista de una película basada en el libro del periodista jerezano Salvador Gutiérrez.

Javier sufrió en Bolivia vejaciones, maltratos, torturas y una tremenda lucha contra el sistema de justicia por su falsa acusación, que Salvador Gutiérrez vivió y contó muy de cerca. De hecho, justo después del final feliz, el periodista jerezano publicó un libro que recogía la historia de este sevillano encarcelado en el país sudamericano. Ahora, un lustro después de su liberación, el suceso llega a las pantallas gracias a Canal Sur, que emitirá la tv movie este miércoles 2 de octubre a las 23:55 horas.

El conocido como caso Holgado es posiblemente el episodio de la crónica negra local más afamado dentro y fuera de las fronteras jerezanas. Hay que remontarse al 22 de noviembre de 1995, cuando, poco después de las cuatro de la madrugada, el joven de 26 años Juan Holgado moría víctima de una treintena de puñaladas en la gasolinera de Martín Ferrador en la que trabajaba. La brutalidad del asesinato le dio una dimensión superior al suceso, aunque fue todo lo que vino después multiplicó el eco mediático considerablemente: una cuestionada investigación policial, una instrucción judicial repleta de fallos, una ciudad que se echó a la calle para solidarizarse con la familia, unos padres que no se cansaban de pedir justicia de todas las formas imaginables… Leer noticia completa

“Fue a buscarla porque estaba sola, aprovechando que no había nadie, con total alevosía”. Ésta es la razón fundamental por la que el abogado de la familia de Miriam Tamayo, Marcos Rodríguez, ha decidido solicitar para Germán. J. G. un presunto delito de asesinato, argumentando que de forma premeditada persiguió a la víctima y la abordó cuando se dirigía a la fiesta de fin de curso de la Escuela de Hostelería, para asestarle presuntamente varias puñaladas hasta acabar con su vida. Así, por el momento lo que tiene claro el letrado es el agravante de alevosía, a la espera del informe forense que determinará cómo murió exactamente la joven y cuántas puñaladas recibió, en función de lo que también podría alegar el agravante de ensañamiento. Si finalmente se tienen en cuenta estas dos circunstancias, el procesado podría enfrentarse a una pena de hasta 25 años de prisión. Leer noticia completa

Monseñor José Mazuelos Pérez, obispo de Asidonia-Jerez, ha mostrado su repulsa por el asesinato de la joven Miriam Tamayo Rodríguez a quien, presuntamente, la violencia del padre de su hija le ha arrancado la vida en un suceso que ha llenado de dolor al entorno familiar, de amistad y vecinal más cercano pero también a todos cuantos, en la ciudad y fuera de ella, se unen contra la sinrazón y la barbarie.

El pastor asidonense hace votos para “que la Justicia terrena haga su trabajo mientras que el Señor, que padeció el sinsentido de la cruz, consuele a los seres queridos de la víctima que, con tanta impotencia, viven estos dolorosos momentos”.  “La esperanza cristiana en la vida eterna se convierte en estas circunstancias en alivio que nunca nos fallará”, señala el prelado.

Monseñor Mazuelos se suma a quienes abogan por la aplicación de las leyes vigentes para una efectiva respuesta a situaciones como ésta y señala que la concienciación de todos es fundamental para, sensibles a los problemas generados en las relaciones de pareja, se busquen salidas adecuadas desde el más rotundo rechazo de la violencia.

Por último, el Prelado pide al Señor por el agresor para que le ilumine su conciencia, reconozca el daño realizado y pueda encontrarse con la misericordia infinita de Dios.

Germán J. G., presunto autor del crimen de su expareja de 21 años, Miriam Tamayo, que murió el miércoles tras recibir varias puñaladas mortales en plena calle, fue trasladado a la cárcel de Puerto II a primera hora de la tarde de ayer desde el Juzgado de Violencia de Género. Así lo confirmaron fuentes de la investigación, corroborando que la jueza pocas horas después de escuchar su declaración decretó para él prisión provisional, a la espera de que se celebre el juicio. La autopsia de la joven fallecida, por otra parte, finalizó tras iniciarse el examen médico a las 8.45 horas en el Instituto Anatómico Forense de Cádiz, determinando que murió por varias puñaladas mortales de necesidad. Miriam será enterrada este viernes en el cementerio de Nuestra Señora de la Merced de Jerez, tras un responso que ta tenido lugar a las 9.00 horas en el Tanatorio de Jerez. Leer noticia completa

Ya queda menos para que la Sección Octava de la Audiencia Provincial acoja el juicio sobre uno de los crímenes que más ha impactado a los jerezanos en los últimos años. El conocido como ‘crimen del botellódromo’, por el que un menor de edad llamado Jairo perdió la vida a manos presuntamente de otros dos jóvenes ha escrito un nuevo capítulo con la calificación del fiscal y el escrito de acusación particular, por lo que se encuentra a la espera del señalamiento de la vista. En lo que respecta al Ministerio, no ha habido sorpresas ya que pide 15 años de cárcel para los dos procesados, por un presunto delito de asesinato. Asimismo, el fiscal solicita que indemnicen a la familia de la víctima con algo más de 102.000 euros.

El abogado de los padres de Jairo ha ido un poco más lejos pidiendo 17 años de prisión para cada uno de ellos (Jaime D. R. y Fernando R. M.) y fijando una indemnización de 250.000 euros a pagar no solo por los imputados, sino también por el Ayuntamiento como responsable civil de los hechos. Una cuestión que no deja de llamar la atención, a pesar de que el abogado de la acusación, Alfredo Velloso, ya dejó entrever en su día que tenía intención de involucrar al Consistorio al haber tenido lugar el suceso en el botellódromo, un espacio municipal que a su juicio debería estar más vigilado. Por lo demás, la relación de los hechos coincide en líneas generales en ambos escritos, a los que este medio ha tenido acceso.

El fatal desenlace se produjo en la madrugada del 22 de julio del pasado año, cuando según el fiscal los dos acusados se encontraban en la citada explanada  y se toparon con Jairo y un amigo suyo. Este último había tenido un desencuentro con Jaime D. R. durante la pasada Feria, lo que avivó una discusión entre ambos. En mitad de la conversación, el otro acusado, Fernando M. R. comenzó a exhibir una navaja “en actitud provocativa” mientras Jairo increpaba al otro por la reyerta que mantuvo unos meses atrás con su amigo. La discusión derivó en pelea, y la víctima le propinó un puñetazo a Jaime provocando un forcejeo que se agravó cuando Fernando se acercó para facilitarle la navaja.

Fue entonces cuando Jaime D. R. presuntamente le propinó cuatro puñaladas a Jairo “con claro ánimo de matar”: la primera de ellas le causó una herida punzante de escasa penetración, mientras que las dos siguientes le alcanzaron la cavidad abdominal dañándole el hígado. La mortal, sin embargo, fue la última, que la víctima recibió en la cavidad torácica llegándole hasta el corazón, lo que en cuestión de minutos le provocó la muerte.

El juicio por la muerte del indigente polaco que fue arrojado al contenedor de basuras ha escrito su capítulo final con un alegato en el que el fiscal no ha dejado títere con cabeza y no ha hecho sino reafirmarse en su petición inicial de 20 años para cada uno de los cuatro procesados, por un presunto delito de asesinato. La última sesión ha comenzado con las pruebas periciales, y los forenses han testificado que Alexander G. falleció por el mecanismo compresor del camión compactador de basuras, que le provocó asfixia. No obstante, han existido ciertas lagunas en cuanto al resto de lesiones que presentaba el cuerpo, fundamentalmente las que originaron un edema cerebral a la víctima.

Así, las expertas han certificado que el finado tenía diversas contusiones en la cabeza, si bien no han podido garantizar que se produjeran antes de que fuera arrojado al bidón tras recibir una paliza, como ha sostenido siempre la Fiscalía. Lo único cierto, según las forenses, es que Alexander murió en el vehículo de basuras y que padeció lesiones con anterioridad a su fallecimiento, sin precisar si ello se produjo antes de ser abandonado en el contenedor o como consecuencia de los golpes sufridos ya en la maquinaria. El fiscal, sin embargo, desmontó la posibilidad de que el ciudadano polaco no hubiera sido apaleado antes de ser arrojado al cubo, argumentando que como ratificaron las especialistas la formación de un edema cerebral requiere de un tiempo, y en cuanto el camión de la basura recogió el cuerpo comenzó el mecanismo compresor, por lo que la lesión de la cabeza debía de haber sido provocada con anterioridad.

Otro de los forenses reconoció que no se pudieron hallar restos de ADN de los sospechosos en el trayecto de la casa que compartían en la calle Lealas hasta el contenedor de basuras de la calle Asta, donde fue abandonado el cuerpo, ni se pudo constatar que el rastro de sangre hallada perteneciera a la víctima. Por el contrario, certificó que en una cazadora de ésta se identificaron restos de sangre de uno de los procesados, Michal P., y que en otras prendas de otro de ellos, Darius J., se descubrieron también manchas de sangre tanto de él mismo como de Alexander, lo que sostendría la versión de la paliza. Sobre esto cimentó el fiscal un alegato intenso, durante el que se reafirmó en su petición inicial de 20 años de cárcel por presunto asesinato, justificándolo en la alevosía con la que los cuatro, en clara superioridad númerica, atacaron presuntamente a su compatriota y luego lo arrojaron al cubo de basuras, dejando que muriera.

“Todos de común acuerdo y aprovechando su indefensión, sobrevenida por el consumo de alcohol, le gopearon y arrojaron al contenedor. Hubo una relación directa entre la acción y la consecuencia final: si no le hubieran provocado las lesiones ni le hubieran abandonado, ahora estaría vivo. Por ello, incluso aunque se pusiera en duda su intención de matar, en el momento en que hicieron todo aquello asumieron esa posibilidad”. En cuanto a la autoría, aseguró que los cuatro tuvieron participación de una u otra forma en lo acontecido, destacando las numerosas contradicciones en las que han incurrido todos en sus múltiples declaraciones previas al juicio (cabe recordar que en éste se han negado a testificar).

PARALELISMO CON EL CASO DE MARILUZ CORTÉS

Uno de los golpes de efecto del alegato se produjo cuando el fiscal realizó un paralelismo entre el caso de Alexander y el de Mariluz Cortés, rememorando que ésta también fue arrojada viva al río después de ser golpeada. En ese caso el juez dictaminó una sentencia por asesinato, que fue ratificada por el Tribunal Supremo, haciendo alusión a esa “intencionalidad” de causar la muerte que se escondería tras la acción así como a la indefensión de la víctima, lo que constituye el agravante de alevosía. “A Alexander se le golpeó y arrojó a un contenedor, donde murió rodeado de basuras tras recibir otra serie de golpes de una máquina. Es una de las muertes más indignas que pueda haber”.

Las defensas, por su parte, insistieron en solicitar la libre absolución de cada uno de sus representados por falta de pruebas que los vincularan con el crimen. Uno de ellos, incluso, llegó a pedir la disolución del jurado al considerar que “no existe caso” posible. Ahora la cuestión queda en manos del jurado popular, que deberá emitir un veredicto tras lo que el juez habrá de dictar sentencia.

La segunda sesión del juicio por la muerte del indigente polaco arrojado al contenedor de basuras ha aportado algunos detalles más al caso, si bien siguen existiendo importantes lagunas en torno a lo que sucedió aquella fatídica noche. Tras la comparecencia de los cuatro procesados por el crimen, le ha tocado el turno a diversos testigos y agentes policiales que, a grandes rasgos, no han podido precisar la autoría exacta del asesinato. Los primeros en testificar fueron operarios y el director de la planta de reciclaje Las Calandrias, a donde fue a parar el cuerpo tras ser abandonado en el bidón.

Todos ellos se limitaron a explicar el funcionamiento de la recogida de residuos, aclarando que fue a alrededor de las siete de la mañana cuando los trabajadores del vertedero reconocieron entre la basura depositada unos restos humanos, que habían sido colocados allí por uno de los tres últimos camiones que habían finalizado su turno, procedentes de Jerez. “Yo estaba en una cinta transportadora y de repente vi una pierna. Me puse muy nervioso y llamé al director, que avisó a la Policía”, declaró uno de los empleados. Las defensas de los acusados intentaron sembrar la duda con respecto al origen del cadáver, argumentando que podría haber llegado a Las Calandrias procedente de otra de las localidades en las que la empresa recoge los residuos. El director, sin embargo, aseguródo que conocen los recorridos de cada vehículo, por lo que se puede certificar su procedencia.

Otro de los puntos en los que los letrados quisieron crear cierta confusión es en el tipo de basuras con las que se mezcló el cuerpo, insinuando que los golpes que sufrió la víctima previamente a ser arrojada al contenedor por una pelea podrían haber sido causados en el trayecto a la planta, por los impactos con los enseres. Tras ello le tocó el turno a un vecino supuestamente testigo de los hechos ocurridos en la noche del 21 de febrero de 2011, que tampoco aportó gran cosa. Así, identificó a dos de los acusados como residentes de la casa de la calle Lealas que todos compartían, pero reconoció que no ocurrió nada que llamara su atención aquel día, salvo que en un momento dado los que se encontraban en el inmueble “hablaron un poco más alto de lo normal”.

Lo más interesante de la jornada fueron los testimonios de los policías actuantes en el caso, que contaron cómo acudieron a Las Calandrias tras la llamada de los operarios y, al introducir las huellas de la víctima en su base de datos, comprobaron su identidad enterándose de que había sido detenida anteriormente en Elche en compañía de uno de los procesados, Michal P. Ello les llevó directamente a él, que se encontraba en el Hospital de Jerez por unas heridas en la cara. A pesar de que el sospechoso les negó saber nada del asesinato de Alexander G., asegurando que se había golpeado tras sufrir un ataque de epilepsia, la Policía puso en marcha un dispositivo de vigilancia que les condujo a los otros tres acusados, que acabaron siendo detenidos.

En la casa que compartían todos en la calle Lealas, los agentes encontraron restos de sangre en el exterior que les llevaron hasta el bidón de basuras en el que fue arrojado el cuerpo. Además, hallaron restos de sangre en las ropas guardadas de otro de los imputados, Darius J., si bien el resultado dio negativo en cuanto a posibles restos sanguíneos en el interior de la vivienda. En esta línea, los funcionarios interrogados calificaron de “sospechosa” y “rara” la actitud de tres de los acusados, todos ellos de nacionalidad polaca como la víctima, durante el seguimiento anterior a la detención. “Se mostraban nerviosos, hablando continuamente entre ellos y mirando a todos lados; incluso alguno fue a cambiarse de ropa y otro buscó una gorra, lo que nos pareció extraño”, sentenció uno de los agentes.

Poco ha dado de sí la primera sesión del juicio por el crimen del indigente polaco, que perdió la vida el pasado año tras recibir una paliza y ser abandonado en un contenedor de basura. La Sección Octava de la Audiencia Provincial ha acogido una vista en la que los cuatro procesados se han negado a responder a las preguntas del fiscal, limitándose a responder a las de las respectivas defensas con escuetos monosílabos. A grandes rasgos, sus intervenciones plagadas de contradicciones se pueden resumir en que ellos no discutieron con la víctima, Alexander G., ni le golpearon ni porsupuesto le arrojaron a ningún cubo donde se supone que encontró la muerte, mientras era trasladado por una máquina compactadora a la planta de reciclaje de Las Calandrias.

Como empezó recordando el fiscal, la fatídica noche del 21 de febrero de 2011 la víctima se encontraba con los tres acusados de su misma nacionalidad, Michal P., Darius J. y Marek K., consumiendo bebidas alcohólicas en compañía del cuarto procesado de origen alemán, Rau T. Un punto en el que todos los declarantes coinciden, si bien cada uno se refiere a franjas horarias distintas y existen lagunas en torno a si coincidieron los cinco en todo momento o hubo espacios en los que alguno desapareció de la casa de la calle Lealas en la que convivían en calidad de ‘okupas’.  Así, Marek por ejemplo aseguraba que a las tres de la mañana se fue a comprar tabaco y desconoce lo que sucedió entonces, afirmando que Michal no bebió con ellos esa noche a pesar de que el propio aludido lo reconoció, apuntando no obstante que se retiró temprano a dormir.

Por lo demás, poco aportaron los interrogados que se valieron de un traductor para responder a las cuestiones planteadas por sus letrados. El fiscal, aunque no pudo mantener un diálogo con ninguno de ellos sí aprovechó para trasladar las contradicciones en las que a su juicio han incurrido, aportando distintas versiones de lo sucedido aquella noche en sus respectivas declaraciones anteriores a la vista. Además, aludió a cuestiones importantes como el hecho de que la Policía encontrara restos biólogicos de la víctima en la camiseta de Darius e incluso sangre en su cazadora. Algo que quedó en el aire, al negarse a declarar el acusado.

Las defensas, por su parte, antes de que empezara el interrogatorio quisieron dirigirse al jurado popular argumentando que no existen pruebas suficientes para inculpar a sus representados, por lo que los cuatro pedirán la libre absolución. La Fiscalía, sin embargo, solicita 20 años de cárcel para cada uno por un presunto delito de asesinato. La segunda sesión del juicio será crucial, con el testimonio de un testigo y el de los policías que llevaron el caso, y que podrán certificar si realmente existen pruebas de peso o no para condenar a los procesados.

El próximo lunes, 17 de diciembre, es el día elegido para que comience la vista por el asesinato de Alexander G., un ciudadano polaco que ejercía la mendicidad en Jerez y cuyo cuerpo tras ser golpeado fue arrojado a un contenedor de basuras. En el banquillo se sentarán cuatro amigos de la víctima: Michal P., Dairus J., Marek K. y Rau T., los tres primeros polacos y el último alemán, a los que la Fiscalía imputa un presunto delito de asesinato. Los hechos, que conmocionaron a la ciudad, se produjeron el 21 de febrero del pasado año, cuando todos los citados anteriormente incluido Alexander se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la casa abandonada que compartían, ubicada en la calle Lealas.

Según la calificación del fiscal, en un momento dado se enfrascaron en una discusión por motivos que no han trascendido y los procesados comenzaron entonces a golpear a la víctima, provocándole múltiples heridas en la cabeza, la espalda, los brazos y las piernas. Este ataque hizo que perdiera el conocimiento, circunstancia que los otros aprovecharon para arrastrarlo y arrojarlo a un contenedor cercano. Al poco tiempo, apareció un camión que recogió la cuba para trasladarla a la planta de reciclaje de Las Calandrias. Según el forense, fue en ese traslado en el que Alexander perdió la vida, ya que su cuerpo sufrió diversas fracturas al estar expuesto al mecanismo compactador de la máquina.

El vehículo continuó su ruta habitual hasta llegar al vertedero, donde a primera hora de la mañana los operarios se percataron de que había restos humanos entre la basura. Por todo ello, el Ministerio Fiscal solicita 20 años de prisión para cada procesado, además de una indemnización de 108.846 euros para la mujer del fallecido y de 18.000 para sus padres. Los cuatro han permanecido en la cárcel desde que ocurrió el terrible suceso.