El juicio por la muerte del indigente polaco que fue arrojado al contenedor de basuras ha escrito su capítulo final con un alegato en el que el fiscal no ha dejado títere con cabeza y no ha hecho sino reafirmarse en su petición inicial de 20 años para cada uno de los cuatro procesados, por un presunto delito de asesinato. La última sesión ha comenzado con las pruebas periciales, y los forenses han testificado que Alexander G. falleció por el mecanismo compresor del camión compactador de basuras, que le provocó asfixia. No obstante, han existido ciertas lagunas en cuanto al resto de lesiones que presentaba el cuerpo, fundamentalmente las que originaron un edema cerebral a la víctima.

Así, las expertas han certificado que el finado tenía diversas contusiones en la cabeza, si bien no han podido garantizar que se produjeran antes de que fuera arrojado al bidón tras recibir una paliza, como ha sostenido siempre la Fiscalía. Lo único cierto, según las forenses, es que Alexander murió en el vehículo de basuras y que padeció lesiones con anterioridad a su fallecimiento, sin precisar si ello se produjo antes de ser abandonado en el contenedor o como consecuencia de los golpes sufridos ya en la maquinaria. El fiscal, sin embargo, desmontó la posibilidad de que el ciudadano polaco no hubiera sido apaleado antes de ser arrojado al cubo, argumentando que como ratificaron las especialistas la formación de un edema cerebral requiere de un tiempo, y en cuanto el camión de la basura recogió el cuerpo comenzó el mecanismo compresor, por lo que la lesión de la cabeza debía de haber sido provocada con anterioridad.

Otro de los forenses reconoció que no se pudieron hallar restos de ADN de los sospechosos en el trayecto de la casa que compartían en la calle Lealas hasta el contenedor de basuras de la calle Asta, donde fue abandonado el cuerpo, ni se pudo constatar que el rastro de sangre hallada perteneciera a la víctima. Por el contrario, certificó que en una cazadora de ésta se identificaron restos de sangre de uno de los procesados, Michal P., y que en otras prendas de otro de ellos, Darius J., se descubrieron también manchas de sangre tanto de él mismo como de Alexander, lo que sostendría la versión de la paliza. Sobre esto cimentó el fiscal un alegato intenso, durante el que se reafirmó en su petición inicial de 20 años de cárcel por presunto asesinato, justificándolo en la alevosía con la que los cuatro, en clara superioridad númerica, atacaron presuntamente a su compatriota y luego lo arrojaron al cubo de basuras, dejando que muriera.

“Todos de común acuerdo y aprovechando su indefensión, sobrevenida por el consumo de alcohol, le gopearon y arrojaron al contenedor. Hubo una relación directa entre la acción y la consecuencia final: si no le hubieran provocado las lesiones ni le hubieran abandonado, ahora estaría vivo. Por ello, incluso aunque se pusiera en duda su intención de matar, en el momento en que hicieron todo aquello asumieron esa posibilidad”. En cuanto a la autoría, aseguró que los cuatro tuvieron participación de una u otra forma en lo acontecido, destacando las numerosas contradicciones en las que han incurrido todos en sus múltiples declaraciones previas al juicio (cabe recordar que en éste se han negado a testificar).

PARALELISMO CON EL CASO DE MARILUZ CORTÉS

Uno de los golpes de efecto del alegato se produjo cuando el fiscal realizó un paralelismo entre el caso de Alexander y el de Mariluz Cortés, rememorando que ésta también fue arrojada viva al río después de ser golpeada. En ese caso el juez dictaminó una sentencia por asesinato, que fue ratificada por el Tribunal Supremo, haciendo alusión a esa “intencionalidad” de causar la muerte que se escondería tras la acción así como a la indefensión de la víctima, lo que constituye el agravante de alevosía. “A Alexander se le golpeó y arrojó a un contenedor, donde murió rodeado de basuras tras recibir otra serie de golpes de una máquina. Es una de las muertes más indignas que pueda haber”.

Las defensas, por su parte, insistieron en solicitar la libre absolución de cada uno de sus representados por falta de pruebas que los vincularan con el crimen. Uno de ellos, incluso, llegó a pedir la disolución del jurado al considerar que “no existe caso” posible. Ahora la cuestión queda en manos del jurado popular, que deberá emitir un veredicto tras lo que el juez habrá de dictar sentencia.