La delegada de Medio Ambiente y Deportes, Felisa Rosado, ha manifestado, al tener conocimiento de la denuncia del PSOE indicando que el Ayuntamiento no paga desde hace cuatro meses a la planta de Las Calandrias, que  “este Ayuntamiento está al día en el pago”. “Vaya lío que se ha hecho su portavoz Luis Flor. Ha querido meter tantas cosas en el comunicado, de forma desesperada y sin informarse con anterioridad,  que al final ha metido la pata con datos falsos”, ha señalado la delegada.

Sobre la denuncia, la delegada municipal manifiesta que “tal y como publicaron los medios de comunicación el pasado 30 de diciembre tras las acusaciones realizadas por el Foro Ciudadano, la propia empresa concesionaria de la planta de tratamiento de residuos de Las Calandrías, Valoriza, aseguraba que el Ayuntamiento se encontraba entonces “al día” en los pagos, tal y como ya había señalado el gobierno municipal tras haber alcanzado un compromiso de pago con la empresa meses atrás”.

Felisa Rosado resalta que este tipo de informaciones lanzadas desde la oposición, ya sea desde el Foro o desde el PSOE,  “sólo generan intranquilidad y demuestran que no les importan la ciudad, solo les interesa crear un ambiente alarmista, mostrando un absoluto desconocimiento”.

La capacidad de respuestas que está teniendo el Ayuntamiento es lo que, en opinión de  Rosado, lo que está haciendo que “el Foro y el PSOE se tiren a la piscina sin agua y que se dediquen a crispar el ambiente y a poner en duda al ciudadano porque en el fondo saben que el gobierno que dirige María José García-Pelayo lo está habiendo bien, y parece que por sus actitudes, bastante bien”, señala Rosado.

“Está claro, que Luis Flor, que es quien realiza ahora la denuncia está  ausente”, señala Rosado, quien también manifiesta que  “cuando salió la contestación  de la empresa  debía estar de vacaciones. Es una pena que Foro y PSOE vayan de la mano y en sintonía sólo y exclusivamente para meter la pata, en vez de ir juntos y realizar críticas y acciones constructivas que beneficien a los ciudadanos y a la ciudad. Ya va siendo hora de que dejen de inventarse titulares y se pongan a ejercer una oposición constructiva y seria”.

Foro Ciudadano de Jerez elevará al pleno de la Diputación de este miércoles y al del Ayuntamiento del viernes de la próxima semana una proposición para que la planta de reciclaje y compostaje de Las Calandrias sea gestionada y explotada por la institución provincial. Una gestión similar a lo que ocurre con los consorcios de Bomberos y Transporte, y exactamente de la misma manera que sucede con el vertedero de Miramundo, que se subvenciona por la Diputación pero que “en cambio ni procesa ni trata el reciclado de los residuos que vierten los municipios”. Según ha explicado la diputada y concejala de Foro, Rocío Montero, poner en marcha esta propuesta supondría “garantizar el pago de los distintos ayuntamientos que deben verter sus residuos en Las Calandrias, una planta que se proyectó para que lo hicieran 25 localidades frente a las apenas cuatro que lo hacen hoy día”. “Puesto que Diputación cobra los impuestos de esos municipios, estas 25 poblaciones traerían sus residuos a la planta situada en Bolaños, éstos se reciclarían, y el complejo se haría rentable”. No hay que olvidar, en este sentido, que “el Ayuntamiento jerezano carga desde hace años con el desequilibrio económico de la concesión, que supera el millón de euros anual, pese a que la planta es de ámbito supramunicipal”.

El complejo medioambiental, ha recordado Rocío Montero, se construyó con la finalidad de recibir los residuos de todo el sector al que pertenece Jerez, según el Plan Director Provincial de Gestión de Residuos, comprendiendo toda la zona Norte de la Provincia de Cádiz, abarcando las comarcas de Jerez, costa Noroeste y comarca de la Sierra, además de El Puerto, afectando a una población total de 480.000 habitantes. “La triste realidad en todo este tiempo ha sido muy distinta, puesto que la planta de reciclaje y compostaje de Las Calandrias, gestionada desde sus comienzos y hasta la actualidad por Aguas Jerez (Ajemsa), recibe únicamente poco más del 20% de los residuos urbanos de la provincia pese a que estaba llamada a ser una instalación que aglutinara gran parte del servicio total para hacerla rentable”. “Esta situación no es solo negativa desde el punto de vista del impacto medioambiental, algo que han denunciado en múltiples ocasiones los colectivos ecologistas, sino que Las Calandrias presenta un desequilibro económico de la empresa que gestiona la planta que a la postre, una vez más, acaba repercutiendo sobre las espaldas de los jerezanos”, ha añadido.

Este desfase se explica en lo que ingresa realmente y lo que tendría que cobrar por la explotación, “algo que acaba soportando Ajemsa (en proceso de liquidación por cierto) pese al ámbito supramunicipal que debería regir la explotación”. “Hace dos años se planteó ya en el seno de la institución provincial la necesidad de elaborar un estudio técnico pero no se ha vuelto a saber nada, de ahí que Foro insista en la necesidad de dar un giro de 180 grados a un complejo infrautilizado totalmente”, ha mantenido Montero. A lo que ha añadido: “Esta infrautilización representa un aumento de la relación precio por tonelada tratada, produciéndose situaciones tan absurdas como que los camiones de residuos de algunos municipios recorran muchos kilómetros más de los necesarios, con el consiguiente aumento de los costes, en lugar de verter en Las Calandrias”. A todo esto, Foro ha vuelto a reclamar un compromiso firme de las administraciones por la estabilidad en el empleo de los trabajadores de la planta de Las Calandrias, que “llevan demasiados años ya soportando un clima permanente de inestabilidad e incertidumbre”.

La segunda sesión del juicio por la muerte del indigente polaco arrojado al contenedor de basuras ha aportado algunos detalles más al caso, si bien siguen existiendo importantes lagunas en torno a lo que sucedió aquella fatídica noche. Tras la comparecencia de los cuatro procesados por el crimen, le ha tocado el turno a diversos testigos y agentes policiales que, a grandes rasgos, no han podido precisar la autoría exacta del asesinato. Los primeros en testificar fueron operarios y el director de la planta de reciclaje Las Calandrias, a donde fue a parar el cuerpo tras ser abandonado en el bidón.

Todos ellos se limitaron a explicar el funcionamiento de la recogida de residuos, aclarando que fue a alrededor de las siete de la mañana cuando los trabajadores del vertedero reconocieron entre la basura depositada unos restos humanos, que habían sido colocados allí por uno de los tres últimos camiones que habían finalizado su turno, procedentes de Jerez. “Yo estaba en una cinta transportadora y de repente vi una pierna. Me puse muy nervioso y llamé al director, que avisó a la Policía”, declaró uno de los empleados. Las defensas de los acusados intentaron sembrar la duda con respecto al origen del cadáver, argumentando que podría haber llegado a Las Calandrias procedente de otra de las localidades en las que la empresa recoge los residuos. El director, sin embargo, aseguródo que conocen los recorridos de cada vehículo, por lo que se puede certificar su procedencia.

Otro de los puntos en los que los letrados quisieron crear cierta confusión es en el tipo de basuras con las que se mezcló el cuerpo, insinuando que los golpes que sufrió la víctima previamente a ser arrojada al contenedor por una pelea podrían haber sido causados en el trayecto a la planta, por los impactos con los enseres. Tras ello le tocó el turno a un vecino supuestamente testigo de los hechos ocurridos en la noche del 21 de febrero de 2011, que tampoco aportó gran cosa. Así, identificó a dos de los acusados como residentes de la casa de la calle Lealas que todos compartían, pero reconoció que no ocurrió nada que llamara su atención aquel día, salvo que en un momento dado los que se encontraban en el inmueble “hablaron un poco más alto de lo normal”.

Lo más interesante de la jornada fueron los testimonios de los policías actuantes en el caso, que contaron cómo acudieron a Las Calandrias tras la llamada de los operarios y, al introducir las huellas de la víctima en su base de datos, comprobaron su identidad enterándose de que había sido detenida anteriormente en Elche en compañía de uno de los procesados, Michal P. Ello les llevó directamente a él, que se encontraba en el Hospital de Jerez por unas heridas en la cara. A pesar de que el sospechoso les negó saber nada del asesinato de Alexander G., asegurando que se había golpeado tras sufrir un ataque de epilepsia, la Policía puso en marcha un dispositivo de vigilancia que les condujo a los otros tres acusados, que acabaron siendo detenidos.

En la casa que compartían todos en la calle Lealas, los agentes encontraron restos de sangre en el exterior que les llevaron hasta el bidón de basuras en el que fue arrojado el cuerpo. Además, hallaron restos de sangre en las ropas guardadas de otro de los imputados, Darius J., si bien el resultado dio negativo en cuanto a posibles restos sanguíneos en el interior de la vivienda. En esta línea, los funcionarios interrogados calificaron de “sospechosa” y “rara” la actitud de tres de los acusados, todos ellos de nacionalidad polaca como la víctima, durante el seguimiento anterior a la detención. “Se mostraban nerviosos, hablando continuamente entre ellos y mirando a todos lados; incluso alguno fue a cambiarse de ropa y otro buscó una gorra, lo que nos pareció extraño”, sentenció uno de los agentes.

Poco ha dado de sí la primera sesión del juicio por el crimen del indigente polaco, que perdió la vida el pasado año tras recibir una paliza y ser abandonado en un contenedor de basura. La Sección Octava de la Audiencia Provincial ha acogido una vista en la que los cuatro procesados se han negado a responder a las preguntas del fiscal, limitándose a responder a las de las respectivas defensas con escuetos monosílabos. A grandes rasgos, sus intervenciones plagadas de contradicciones se pueden resumir en que ellos no discutieron con la víctima, Alexander G., ni le golpearon ni porsupuesto le arrojaron a ningún cubo donde se supone que encontró la muerte, mientras era trasladado por una máquina compactadora a la planta de reciclaje de Las Calandrias.

Como empezó recordando el fiscal, la fatídica noche del 21 de febrero de 2011 la víctima se encontraba con los tres acusados de su misma nacionalidad, Michal P., Darius J. y Marek K., consumiendo bebidas alcohólicas en compañía del cuarto procesado de origen alemán, Rau T. Un punto en el que todos los declarantes coinciden, si bien cada uno se refiere a franjas horarias distintas y existen lagunas en torno a si coincidieron los cinco en todo momento o hubo espacios en los que alguno desapareció de la casa de la calle Lealas en la que convivían en calidad de ‘okupas’.  Así, Marek por ejemplo aseguraba que a las tres de la mañana se fue a comprar tabaco y desconoce lo que sucedió entonces, afirmando que Michal no bebió con ellos esa noche a pesar de que el propio aludido lo reconoció, apuntando no obstante que se retiró temprano a dormir.

Por lo demás, poco aportaron los interrogados que se valieron de un traductor para responder a las cuestiones planteadas por sus letrados. El fiscal, aunque no pudo mantener un diálogo con ninguno de ellos sí aprovechó para trasladar las contradicciones en las que a su juicio han incurrido, aportando distintas versiones de lo sucedido aquella noche en sus respectivas declaraciones anteriores a la vista. Además, aludió a cuestiones importantes como el hecho de que la Policía encontrara restos biólogicos de la víctima en la camiseta de Darius e incluso sangre en su cazadora. Algo que quedó en el aire, al negarse a declarar el acusado.

Las defensas, por su parte, antes de que empezara el interrogatorio quisieron dirigirse al jurado popular argumentando que no existen pruebas suficientes para inculpar a sus representados, por lo que los cuatro pedirán la libre absolución. La Fiscalía, sin embargo, solicita 20 años de cárcel para cada uno por un presunto delito de asesinato. La segunda sesión del juicio será crucial, con el testimonio de un testigo y el de los policías que llevaron el caso, y que podrán certificar si realmente existen pruebas de peso o no para condenar a los procesados.

El próximo lunes, 17 de diciembre, es el día elegido para que comience la vista por el asesinato de Alexander G., un ciudadano polaco que ejercía la mendicidad en Jerez y cuyo cuerpo tras ser golpeado fue arrojado a un contenedor de basuras. En el banquillo se sentarán cuatro amigos de la víctima: Michal P., Dairus J., Marek K. y Rau T., los tres primeros polacos y el último alemán, a los que la Fiscalía imputa un presunto delito de asesinato. Los hechos, que conmocionaron a la ciudad, se produjeron el 21 de febrero del pasado año, cuando todos los citados anteriormente incluido Alexander se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la casa abandonada que compartían, ubicada en la calle Lealas.

Según la calificación del fiscal, en un momento dado se enfrascaron en una discusión por motivos que no han trascendido y los procesados comenzaron entonces a golpear a la víctima, provocándole múltiples heridas en la cabeza, la espalda, los brazos y las piernas. Este ataque hizo que perdiera el conocimiento, circunstancia que los otros aprovecharon para arrastrarlo y arrojarlo a un contenedor cercano. Al poco tiempo, apareció un camión que recogió la cuba para trasladarla a la planta de reciclaje de Las Calandrias. Según el forense, fue en ese traslado en el que Alexander perdió la vida, ya que su cuerpo sufrió diversas fracturas al estar expuesto al mecanismo compactador de la máquina.

El vehículo continuó su ruta habitual hasta llegar al vertedero, donde a primera hora de la mañana los operarios se percataron de que había restos humanos entre la basura. Por todo ello, el Ministerio Fiscal solicita 20 años de prisión para cada procesado, además de una indemnización de 108.846 euros para la mujer del fallecido y de 18.000 para sus padres. Los cuatro han permanecido en la cárcel desde que ocurrió el terrible suceso.