La alcaldesa, María José García-Pelayo, y el primer teniente de Alcalde, Antonio Saldaña, han visitado la zona de El Chaparrito, en la Barca de la Florida, donde mantuvieron un encuentro con los vecinos y conocieron sus demandas en relación a la situación de irregularidad en la que se encuentran sus viviendas. A la visita asistieron el presidente de la Asociación de Vecinos San Miguel del Chaparrito, Juan Luis Vega Peña, y la presidenta del Chaparrito segundo, María José Carrasco.

En el transcurso de la visita, la alcaldesa y el primer teniente e Alcalde recorrieron la zona en compañía de los vecinos, que le trasladaron la necesidad de dar una solución a sus viviendas.

En ese sentido, la alcaldesa se comprometió con los vecinos a llevar a Pleno una propuesta de inicio de expediente de modificación del Plan General de Ordenación Urbana al objeto de clasificar como no suelo urbanizable la zona de El Chaparrito, que tendría que aprobar definitivamente la Junta de Andalucía.

El Chaparrito está clasificado en el PGOU como suelo urbano, una circunstancia que actualmente va en contra de los criterios de las últimas disposiciones legislativas autonómicas, ya que esta zona no reúne las condiciones urbanísticas necesarias para la clasificación de suelo que actualmente tiene.

Con esta modificación, tal y como explicó la alcaldesa, “se conseguiría que los servicios a implantar fueran acordes con la zona, que en absoluto tiene carácter urbano,  pudiendo así los vecinos asumir unos costes razonables”.

En el transcurso del encuentro, se explicó que el cambio de clasificación de suelo de urbano a no urbanizable sería el primer paso para solicitar a la Junta de Andalucía el inicio de expediente de declaración de El Chaparrito  como hábitat rural diseminado, lo que permitiría establecer una ordenación de este asentamiento rural, así como alcanzar la legalidad urbanística y adecuar el planeamiento a la realidad existente.

El Área de Infraestructuras está llevando a cabo una serie de arreglos en el acerado de la urbanización de La Marquesa, en respuesta a las peticiones realizadas por la Asociación de Vecinos en una reciente reunión con la alcaldesa, María José García-Pelayo, para dar un repaso a las actuaciones que el Ayuntamiento ha estado acometiendo en la zona.

Una de estas peticiones era la reforma de un tramo de acerado de la avenida de Arcos, en el que se acumulaba agua en días de lluvia que provocaba filtraciones en viviendas colindantes, por lo que desde Infraestructuras se ha realizado una intervención para subsanar estas deficiencias. Como explica la concejal de Infraestructuras, María José Rúa, “la actuación ha consistido en el levantamiento del tramo de acerado que presentaba el hundimiento para hacer una conexión a una zona de desagüe y colocar dos husillos nuevos para que el agua tenga por donde salir, con lo que se evitan nuevas filtraciones de agua”.

Asimismo, se ha atendido también otra de las demandas realizadas por los vecinos, como ha sido la ejecución de un rebaje de acerado con el que se pretende facilitar la entrada de vehículos de emergencia a las instalaciones polideportivas de la calle Laguna.

María José Rúa ha recordado también otros trabajos llevado a cabo  desde otras áreas municipales se han llevado a cabo otros trabajos de adecentamiento de la urbanización La Marquesa, como es el caso reparaciones de bacheo, reasfaltado de la zona aledaña de Piscinas Jerez, sustitución y colocación de nuevos rótulos de calles, reparaciones y puesta a punto de los Parques Infantiles de la zona, arreglos en acerado y alcorques, o trabajos de mantenimiento en el campo de futbol de Albero de la Marquesa.

El primer teniente de Alcalde y vicepresidente de Emuvijesa, Antonio Saldaña, y el delegado de Urbanismo, Agustín Muñoz, han formalizado 11 nuevas escrituras de transmisión de la propiedad de viviendas de Vallesequillo II a sus inquilinos, con lo que ya son 37 las escrituras formalizadas hasta la fecha.

Tal y como ha señalado el primer teniente de Alcalde, el Gobierno municipal “lleva más de dos años trabajando para dar una solución legal a la situación en que se encuentran estos vecinos, con los que hemos trabajado de la mano y en estrecha colaboración para buscar alternativas y soluciones”.

Antonio Saldaña ha explicado que este proceso que se está llevando a cabo responde al compromiso de la alcaldesa, María José García-Pelayo con estos vecinos de escriturar las viviendas en las mejores condiciones posibles, “ofreciéndoles una solución que ha sido fruto del consenso y el acuerdo con los vecinos, a los que se les reconoce que el alquiler que venían pagando se les ha detraído de la compra de la vivienda”.

La firma de estas escrituras es el resultado de más de dos años de trabajo continuo que se viene realizando con los vecinos, con quienes se han venido manteniendo contactos desde la Delegación de Urbanismo para tratar de encontrar una solución lo más satisfactoria posible.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el gasto y reconocimiento de las indemnizaciones resultantes del proyecto de reparcelación de la UE 2G1 El Pelirón, a los propietarios de las fincas incluidas en este ámbito de actuación. El pago de estas indemnizaciones, que realizará el Ayuntamiento de forma subsidiaria, es el paso previo para poder contratar las obras de demolición de las edificaciones en estado ruinoso de El Pelirón, que se llevarán a cabo, también de forma subsidiaria, dentro del Plan de Actuación 2014-2015. 

El derribo de estas edificaciones y la urbanización de los terrenos resultantes es una actuación considerada como prioritaria por el Gobierno municipal para el desarrollo urbanístico de la zona, la seguridad ciudadana y la calidad de vida de los vecinos, por lo que “hemos asumido el compromiso con estos vecinos de ir dando los pasos necesarios para responder a una demanda histórica”, ha explicado el delegado de Urbanismo, Agustín Muñoz.

En este sentido, con la propuesta acordada en el día de hoy se da cumplimiento a la resolución aprobaba el pasado 29 de octubre por la que se declaraba el incumplimiento de la obligación urbanística asumida por la Junta de Compensación de la UE 2G1 El Pelirón sobre la ejecución de la urbanización de los terrenos del ámbito, así como la ejecución subsidiaria de las citadas obras por parte del Ayuntamiento.

El siguiente paso, como ha explicado el delegado de Urbanismo, será iniciar el procedimiento de licitación de las obras, que según el proyecto aprobado el pasado mes de septiembre en Junta de Gobierno Local, consistirán en la demolición de las edificaciones existentes en las calles Ronda del Pelirón, Batalla de Majaceite y Batalla de Higueruela.

Posteriormente, y dando cumplimiento también a otro de los puntos incluidos en la citada resolución, se reclamará a esta Junta de Compensación la liquidación correspondiente a los costes generados por la demolición de los bloques.

Desde el Gobierno local se está tratando de agilizar en lo posible toda la tramitación para culminar este proceso, atendiendo en todo momento las demandas que iban llegando de los vecinos sobre el mal estado de las edificaciones.

En este sentido, el  Ayuntamiento llevó a cabo el pasado verano una actuación de urgencia que consistió en el tapiado de las distintas entradas de los edificios, que se encontraban abandonados desde hace años. Igualmente se procedió al desalojo de las 38 personas que vivían en las casas y locales abandonados y que eran en su mayoría de origen rumano. Desde la delegación de Bienestar Social, Igualdad y salud se intervino en coordinación con CEAIN y Red Madre y se incluyó en el proceso a una mediadora intercultural.

El delegado de Urbanismo, Agustín Muñoz, ha pedido a Mamen Sánchez que “se concentre ya en Jerez y se informe de las políticas que se están desarrollando en la ciudad para precisamente dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos”. Agustín Muñoz se pregunta “dónde estaba Mamen Sánchez cuando el Gobierno del PSOE de Pilar Sánchez tenía en marcha 90 expedientes de desahucio que fueron paralizados por el Gobierno de María José García-Pelayo”. Leer noticia completa

El presidente del PP de Cádiz y portavoz adjunto en el Parlamento andaluz, Antonio Sanz, ha reclamado a PSOE e IU “unidad de acción” para dar una “solución definitiva” a la regularización de viviendas en la zona rural de Jerez. Junto a la presidenta local del PP de Jerez y alcaldesa, María José García-Pelayo; el alcalde de La Barca, Alejandro López; diputados nacionales, autonómicos y provinciales; senadores y miembros de la Dirección Provincial, Sanz ha mantenido en el Ayuntamiento de La Barca de la Florida una reunión con los alcaldes y delegados de Alcaldía de las ELA, pedanías y barriadas rurales de Jerez, donde han abordado las necesidades de la zona rural y se han planteado soluciones para “dar respuesta a un derecho y ofrecer igualdad de oportunidades”. 

El dirigente popular ha explicado la iniciativa que el PP va a presentar al Parlamento andaluz, instando al Gobierno bipartito PSOE-IU de la Junta de Andalucía a que reconozca la ‘huella pecuaria’ para dar solución a una “demanda histórica” de los asentamientos en cañadas, vías pecuarias o descansaderos de la zona rural de Jerez.

Sanz incide en la situación de miles de familias de la zona rural de Jerez cuyas viviendas se ven afectadas por vías pecuarias y que necesitan de una regularización, incidiendo en que en muchos casos dichas viviendas ya existían “de antiguo” e incluso anteriores a la propia normativa.

“Son asentamientos históricos que deben ser reconocidos con toda legalidad, pues tienen derecho a su desarrollo, avance, a una igualdad de oportunidades”, agrega.

Ante el informe publicado por Cáritas relativo a la infravivienda en el centro histórico, el delegado de Urbanismo, Agustín Muñoz, ha explicado que “el Ayuntamiento no es ajeno a esta problemática histórica, que viene de 30 años atrás y de hecho viene trabajando desde la Mesa del Centro Histórico en propuestas y medidas para favorecer las condiciones de habitabilidad y la mejora estructural de las edificaciones en este ámbito”. Ha recordado que en la última sesión se presentó un análisis sobre el estado de las edificaciones particulares de la zona precisamente para poder asesorar a los propietarios que habitan en ellas o que tienen la vivienda en alquiler, sobre la posibilidad de acogerse al Programa de Transformación de Infravivienda que se incluirá en el Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación que la Junta tiene pendiente de aprobar. 

Por este motivo, el delegado de Urbanismo ha tendido la mano a Cáritas para trabajar de forma coordinada, y  trasladarle el trabajo que está haciendo la Mesa y el Ayuntamiento al respecto.

Agustín Muñoz ha subrayado que desde la Mesa del Centro Histórico se han debatido en varias ocasiones aspectos relacionados con el estado que presenta parte de la edificación residencial del centro histórico, por lo que se ha considerado uno de los objetivos prioritarios establecer acciones y medidas que vayan encaminadas a favorecer su recuperación.

En este sentido, el diagnostico sobre el estado actual de la edificación de la zona de intramuros ha permitido conocer aspectos como la habitabilidad de las fincas, así como sus características constructivas, condiciones de uso y posibles carencias funcionales. “El objetivo de este diagnóstico ha sido obtener toda la información necesaria de cada finca, que puede tener varias viviendas de particulares, para poder asesorar a los propietarios de las mismas sobre la posibilidad de acogerse al Programa de Transformación de Infravivienda que se recogerá en el Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de la Junta  de Andalucía, que aún no está aprobado y que desde el Ayuntamiento se considera de vital importancia”. Por ello, el delegado recuerda que en varias ocasiones se ha instado a la Junta a aprobar de forma urgente este plan.

Como ha explicado Agustín Muñoz, en esta primera fase de diagnóstico se han visitado y examinado un total de 947 fincas particulares de la zona de intramuros, cuyas viviendas en algunos casos están alquiladas, para determinar a priori, su nivel de conservación, uso y catalogación.

De estas visitas realizadas, se han detectado unas 140 fincas que pueden ser objeto de inclusión en el citado programa de la administración autonómica; actualmente, desde Emuvijesa se está ultimando la programación para comenzar una siguiente fase de visitas técnicas más exhaustivas a estas fincas, “siempre contando con el conocimiento y autorización de los propietarios de los inmuebles”.

La finalidad de esta medida, tal y como ha señalado Agustín Muñoz, “es culminar la redacción de un documento final para solicitar a la Consejería de Fomento y Vivienda la declaración de un área de Infravivienda, dentro de los programas que se establecerán en el Plan Marco de Vivienda que la Consejería tiene pendiente de aprobar”.

El Pleno ha aprobado inicialmente, con los votos favorables del Partido Popular e Izquierda Unida y PSOE y la abstención de Foro Ciudadano y del PSOE en cuatro de los puntos el proyecto de ordenanzas fiscales para 2015, que garantizan el compromiso del gobierno municipal de no subir los impuestos, tasas y precios públicos, manteniendo las bonificaciones y exenciones, siendo además generadoras de riqueza y creación de empleo.

El tercer teniente de alcalde y delegado de Economía, Enrique Espinosa, ha explicado “que este proyecto de ordenanzas no supone un incremento de la carga tributaria que tienen que soportar los ciudadanos, incluso en algunas de las ordenanzas supone una reducción de la misma. Las modificaciones suponen en la mayoría de los casos adaptación a la legislación y a la jurisprudencia actual, mejorando la gestión y la recaudación de los tributos y ofreciendo mayor seguridad jurídica a los contribuyentes”.

El ponente ha destacado igualmente que se mantiene la bonificación del 1,5% para el Plan Personalizado de Pago así como que en el impuesto de bienes inmuebles y plusvalías se ha recogido la previsión de actualización de los valores catastrales que va a suponer la reducción de dichos valores del 29 por ciento, que se acumula a la reducción del 27 por ciento que se produjo en 2014.

Para paliar en la medida de lo posible los efectos de estas medidas se han ajustado el tipo de gravamen del IBI y los coeficientes de las plusvalías para mantener unos ingresos similares en 2014, pero, a pesar de estos ajustes, la plusvalía tendrá una baja entre el 14 y el 20 por ciento. En cuanto al IBI, el delegado también ha aclarado que un 88 por ciento de las fincas de Jerez tendrán una pequeña bajada el próximo año.

La alcaldesa también ha aclarado “que estos valores catastrales no sólo sirven para calcular el padrón fiscal del IBI sino que sirven para calcular otros impuestos estatales y autonómicos y también para solicitar subvenciones o becas”.

García-Pelayo ha destacado que “en Jerez ya no existe catastrazo. Con esta segunda reducción de los valores, casi el 100 por cien de las viviendas de Jerez cumplen con lo establecido en la legislación y no superan el 50 por ciento del valor del mercado. Podemos decir, por tanto, que el catastrazo queda absorbido, un catastrazo que hay que recordar que implantó en la ciudad el gobierno municipal del partido socialista”.

Enrique Espinosa ha destacado, por otro lado, la rebaja de la tasa del agua y el alcantarillado de un 0,2 por ciento al adaptarse al IPC del mes de septiembre, cumpliendo lo establecido en el pliego de condiciones de la concesión del agua. Y ha explicado la implantación de una nueva tasa por los servicios de recogida y retirada de animales sueltos y abandonados en la vía pública por razones de seguridad y salubridad.

Anticipo de la PIE

El Pleno ha aprobado con los votos favorables del Partido Popular y en contra del resto de la oposición solicitar un anticipo de la PIE al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al amparo del Real Decreto Ley 8/2013, un anticipo que se ingresa en una cuenta restringida y que se destina a pagar el corriente del pago de la Seguridad Social y Hacienda y el préstamo del pago a los proveedores.

El tercer teniente de alcalde y delegado de Economía, Enrique Espinosa, ha explicado que este anticipo es el segundo plazo del que se solicitó en septiembre de 2013 cuando se acogió a algunas de las medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. La resolución del Ministerio fue favorable en marzo y entonces se solicitó un primer plazo del anticipo por un importe de 26 millones de euros y ahora se solicita el segundo plazo de este anticipo de 19,8 millones de euros. Ese Real Decreto permite a las entidades locales pedir anticipos y en este caso lo que se ha hecho es pedirlo en dos plazos en vez de una sola vez.

El delegado también ha explicado que hasta este momento se han pagado cerca de 12 millones de euros del fraccionamiento de la deuda tanto de Seguridad Social como Hacienda así como más de 9 millones de euros del corriente de Seguridad Social y 6 millones de Hacienda. En cuanto a los pagos financieros suman más de 2 millones de euros.

El ponente también ha aclarado que, aunque no sea necesario el informe de Intervención en el expediente de la petición del anticipo, en el transcurso del pleno se les ha facilitado a los miembros de la oposición para aclarar cualquier duda, porque dicho informe estaba hecho. Igualmente ha explicado que desde el mes de julio se han subsanado distintos problemas jurídicos y se va a producir la reducción del 25 por ciento para el pago a los proveedores, lo que supondrá dotar de mayor liquidez a la tesorería municipal.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha recordado que “este gobierno municipal está resolviendo la situación y que si sus partidos políticos nos hubieran dejado un ayuntamiento saneado no tendríamos que tomar este tipo de medidas. Una deuda de mil millones de euros no se resuelve en 4 años, dejar la deuda es muy fácil pero la deuda hay que pagarla, ordenarla y garantizar que esa deuda se va a pagar”.

“Por primera vez en 2013 se ha reducido la deuda, en muy poca cuantía, 8 millones de euros, pero ha roto la tendencia, porque la deuda con los gobiernos anteriores crecía al ritmo de 100 millones de euros anuales. Les pido que asuman su responsabilidad y no nos den lecciones de economía y ética”, ha asegurado la alcaldesa.

La regidora ha aclarado también que “sólo estamos pidiendo que nos den nuestro dinero no para hacer fiestas ni para contratar a nadie, sino para pagar las deudas que tenemos pendientes con el gobierno central. No estamos entrampando a las generaciones futuras porque las generaciones futuras ya estaban entrampadas con la deuda que les dejaron los gobiernos anteriores, nosotros garantizamos que se va a pagar la deuda con las fórmulas de pago que estamos pactando porque se está organizando el pago de esta deuda”.

Otros asuntos

Por otro lado, el Pleno ha aprobado el expediente de desahucio administrativo para el desalojo de la Asociación Deportiva, Asociación Tenis de Jerez, de las instalaciones deportivas sitas en Chapín.

La alcaldesa ha explicado que “traemos este asunto el Pleno para cumplir un mandato judicial, aunque no es un plato de gusto para nadie.  Estamos manteniendo reuniones tanto con los representantes de la Asociación como de los trabajadores para intentar garantizar que no se pierdan los puestos de trabajo y que se mantenga el espíritu de familia que tiene esta asociación, de tanto raigambre”.

La alcaldesa también ha explicado que este tema se remonta a la legislatura del partido socialista cuando se volvió a sacar a concurso la concesión de estas instalaciones y el nuevo adjudicatario impugnó el procedimiento. “Este tema lleva cinco años y es ahora cuando por mandato judicial hay que resolverlo, pero seguimos manteniendo reuniones con los implicados para alcanzar el mejor acuerdo posible”.

Se ha aprobado inicialmente también, con los votos favorables del Partido Popular e Izquierda Unida y la abstención del Foro Ciudadano y el PSOE la ordenanza municipal reguladora del comercio ambulante en el término municipal de Jerez.

Y se ha aprobado por unanimidad solicitar a la Junta de Andalucía que se amplíe la oferta de grados de ciclos formativos en Jerez de las ramas agraria, alimentaria y de informática y comunicación con la implantación de Grados como el Vitivinicultura, Producción Agroecológica, Producción de Aceites de oliva y vino y Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. Igualmente, la implantación de nuevos ciclos de formación profesional en la zona rural de Jerez.

Se solicita a la Junta que amplíe el número de plazas ofertas de Formación Profesional en nuestra ciudad para que nadie se quede fuera y sin la oportunidad de formarse en lo que quiere y que se complete los catálogos de las familias profesionales de Formación Profesional y que desarrolle y sobre todo que después oferte los distintos ciclos formativos que forman parte de los mismos.

Refuerzo de la Seguridad en la Zona Rural

El Pleno ha aprobado por unanimidad la intensificación de la presencia de la Policía Local en la zona rural de la ciudad. En este sentido, el segundo teniente de Alcalde y delegado de Personal y Seguridad, Javier Durá, ha recordado que “por primera vez la Policía Local ofrece servicio tanto en las barriadas rurales como en las ELAs con un total de 12.617 informes de actuaciones en lo que va de la presente legislatura”.

Durá ha informado a la corporación de un informe de la Policía Local en el ámbito rural en el que se recogen las 12.617 actuaciones desde junio de 2011 a septiembre de 2014. “El 90% de estos informes se refieren a la presencia de la Policía Local en los núcleos de población, lo que acredita la vigilancia y presencia diaria”.

En el citado periodo, según reflejan estos informes, se han llevando a cabo 106 actas por venta ambulante sin licencia; ha retirado 29 vehículos abandonados en la vía pública (iniciándose el expediente para su consideración como residuo sólido urbano y posterior retirada a centros de descontaminación); 161 controles conjuntos con la Guardia Civil y 19 denuncias por consumo de estupefacientes en la vía pública. “En absoluto se puede crear alarmismo al respecto de presunta inseguridad en la zona rural porque, como dicen los informes, el asunto más numeroso que aparece en este informe es el de la venta ambulante sin licencia”.

“Este Gobierno, a diferencia de los anteriores, ha reforzado la presencia de la Policía Local en la zona rural de tal manera que se da cobertura en todas las barriadas rurales además de las ELAs. Este operativo, que es eficaz y que está así valorado en la Mesa Rural de Seguridad por los representantes vecinales, comprende patrullaje de la Policía Local durante las 24 horas vigilando la zona, dos en cada turno de mañana y tarde, y una durante el turno de noche”.

Igualmente, el delegado ha subrayado la novedad que ha supuesto para poder constatar el trabajo de seguridad ciudadana en la zona la entrega por parte de los policías locales de “tarjetas de presencia” en comercios, asociaciones de vecinos y de distintos colectivos. Así, ha detallado Durá, desde junio de 2011 a septiembre de 2014, la Policía Local ha entregado 6.881 tarjetas de presencia en el ámbito rural durante las noches y madrugadas. En las mismas figuran unas recomendaciones básicas de seguridad y los datos de la unidad policial que ha prestado el servicio.

En cuanto a los efectivos, Javier Durá ha recordado que “este Gobierno local, a diferencia de los anteriores, ha apostado en tiempos de crisis por mejorar los medios de la Policía Local para el desarrollo de su trabajo. Hay que recordar la adquisición de dos vehículos todo-caminos exclusivos para la zona rural. Del mismo modo, la cobertura en la misma se desarrolla mediante dos vehículos radio-patrullas los días laborables, tanto en turno de mañana como de tarde, y uno los fines de semana. Con ello se consigue que todos los núcleos de población sean visitados diariamente sin que se produzcan jornadas sin vigilancia alguna. Es, por lo tanto, una presencia constante y permanente”.

En cuanto a las denominadas “Comandancias” que existían en Guadalcacín y en El Torno, el delegado ha explicado que “eran locales sin la dotación de infraestructura policial adecuada y, por lo tanto, no era operativo mantenerlas abiertas ya que ha sido y está siendo más eficaz este nuevo operativo de patrullaje continuo, constante y que llega a todos los puntos del ámbito rural”.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto municipal de demolición de las edificaciones existentes en la barriada El Pelirón, en las calles Ronda del Pelirón, Batalla de Majaceite y Batalla de Higueruela, que se llevará a cabo de forma subsidiaria incluido en el Plan de Actuación 2014-2015. El proyecto, que tiene un presupuesto de 68.768 euros, contempla la demolición de las fincas originarias situadas en la ronda del Pelirón, en la calle Batalla de Higueruela y en la calle Batalla de Majaceite  con una superficie construida total a demoler de 2.448,75 metros cuadrados. 

Hay que recordar que el Ayuntamiento procedió este verano a tapiar las distintas entradas de los edificios, que se encontraban abandonados desde hace años. Igualmente se procedió al desalojo de las 38 personas que vivían en las casas y locales abandonados y que eran en su mayoría de origen rumano. Un desalojo que se realizó sin incidentes ya que los servicios sociales del Ayuntamiento llevaban más de dos años trabajando con las personas que ocupaban estas edificaciones.

El delegado de Urbanismo y Movilidad, Agustín Muñoz, recuerda que “el derribo de estas edificaciones es un objetivo prioritario para el gobierno municipal así como la urbanización de los terrenos, cuyo proyecto se encuentra ya aprobado así como el de la reparcelación de la finca”.

La unidad de ejecución de El Pelirón se desarrolla por sistema de compensación, por lo que su puesta en marcha corresponde a la iniciativa privada, y son los propietarios interesados los que asumen la gestión urbanística de los suelos, constituidos en Junta de Compensación.  Entre sus obligaciones se encuentra la demolición de las edificaciones ya que se encuentran en estado de evidente abandono.

El Ayuntamiento ha hecho un requerimiento a la Junta de Compensación, cuyo propietario mayoritario es una sociedad participada por una entidad bancaria, para que lleve a cabo la demolición del bloque que se encuentra en estado ruinoso, y como paso previo a la urbanización de los terrenos. Finalmente, será el Ayuntamiento el que ejecute el proyecto de demolición de forma subsidiaria.

El derribo efectivo de los once primeros bloques de Cerrofruto ha comenzado este jueves por la mañana, después de los trabajos previos realizados en las últimas semanas. Estos trabajos fueron adjudicados en el mes de junio a la empresa Demoliciones Córdoba S.L. La obra tiene un plazo de ejecución de cuarenta y ocho días.

La Junta de Gobierno Local aprobó el 6 de junio la adjudicación de las obras del proyecto de reformado del primer desglosado del proyecto de demolición de la barriada de Cerrofruto a la empresa Demoliciones Córdoba S.L. En este primer desglosado se incluyen 11 bloques que se encuentran ubicados en las calles González de Mendoza y beato Diego de Cádiz y que supondrá la demolición de 110 viviendas.

Cabe recordar que el inicio del expediente de contratación para esta primera fase de derribo se aprobó a principios del pasado mes de mayo, una vez superados los últimos trámites legales relacionados con la autorización por parte de algunos propietarios para proceder al derribo de sus viviendas.

La demolición de estos primeros bloques se ha adjudicado a  Demoliciones Córdoba S.L. por un importe de 152.585,19 euros y la empresa tiene un plazo de ejecución de las obras de 48 días.

Cerrofruto cuenta con un total de veinte bloques que suman 200 viviendas. Una vez adjudicada la demolición de los primeros 11 bloques, la intención del gobierno municipal es continuar con el procedimiento en el más breve tiempo posible hasta completar la demolición de la totalidad de la barriada.