La Plataforma Andaluza en defensa del sistema público de servicios sociales y dependencia se ha presentado hoy en el Campus de Jerez en un acto en el que han leído un manifiesto con sus principales demandas y objetivos. Este nuevo 0rganismo coge impulso tras la aprobación del último decreto ley del gobierno estatal, que ha aplicado recortes por valor de más de 2.000 millones de euros y que dejará, según han denunciado sus representantes, “a más de 330.000 personas sin atención a la dependencia en 2013″.

El bloqueo que está sufriendo la ley nacida en 2007 está provocando que no se esté cumpliendo siquiera la tasa de reposición, es decir, cubrir las bajas por fallecimiento por nuevos beneficiarios. “Se ha rebajado un 15% la ayuda a los cuidadores, se ha suprimido su cotización a la Seguridad Social, se han reducido los grados de dependencia de seis a tres, por lo que muchos usuarios ahora se quedan fuera”, ha explicado el portavoz en la provincia de Cádiz, Rafael Lobo. Reclaman, entre otras medidas, la cobertura de la tasa de reposición, respuesta a las personas que están en el largo proceso de espera de la ley, liquidar deudas con las empresas e instituciones que prestan los servicios e implantar planes epeciales de empleo en los municipios relacionados con este sector.

Por su parte, el coordinador andaluz, José Miguel Delgado, ha hecho hincapié en la importancia del sector socio-sanitario para salir de la crisis, un ámbito capaz de crear 5.000 puestos de trabajo con una inversión de 167 millones de euros de los que 111 revierten a las arcas públicas. “Andalucía creía desde el principio en la Ley de Dependencia y había creado una estructura fuerte por lo que el recorte de 214 millones de euros ha sido un sablazo”, ha indicado. Las medidas aprobadas por decreto el pasado verano, a su juicio, “van contra la dignidad de los cuidadores”. Uno de los primeros efectos del ajuste es que la demora en las valoraciones de los solicitantes, que puede prolongarse hasta un año.

“Solo en Andalucía se han reducido en más de 28.000 las ayudas de emergencia, atenciones para personas que caen en la exclusión social”, ha explicado Delgado, que ha resumido el objetivo de la nueva plataforma en “la defensa de las personas usuarias de los servicios sociales porque estamos en una situación de emergencia social”.

La plataforma cuenta con el apoyo del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Cádiz, así como del resto de provincias andaluzas, ya que “todos debemos remar en el mismo sentido”, ha dicho Rocío Luque como portavoz. Solo en la provincia de Cádiz, el personal de servicios sociales se ha reducido en un 25%.

La plataforma contra la privatización de la gestión del agua sigue trabajando a la espera de que hoy se conozca si se ha presentado alguna empresa al concurso público en el segundo intento del Ayuntamiento. En el caso de que haya candidata, la plataforma llevará a cabo el recurso judicial contra la concesión con varios argumentos de peso. Uno de ellos es la titularidad del manantial de Tempul, que corresponde a la Junta de Andalucía.

“Aunque hay una concesión al Ayuntamiento de Jerez desde los años 60, las competencias son de la Junta”, explican desde la coordinadora. “El manantial tiene licencia para embotellar agua mineral por lo que, legalmente, una empresa privada podría montar una embotelladora para ganar dinero. Es aberrante”, explican. En el pliego esta circunstancia “no aparece por lo que hay un vacío legal”. Otra cuestión de peso del recurso es que no todos los municipios a los que les afecta -las siete pedanías- han aceptado la fórmula. Torrecera, Guadalcacín y Estella la rechazaron.

En el caso de que alguna empresa acepte las condiciones del segundo pliego, la plataforma pondría en marcha la maquinaria judicial. Para ello, emitirán “un bono solidario”, es decir, participaciones de 1 euro para poder correr con los gastos del recurso, de entorno a 1.500 euros.

Los miembros de la plataforma ciudadana recuerdan que en otras ciudades cercanas, como San Fernando o Huelva, las tarifas del agua han subido muy por encima del IPC tras la privatización. Indican también que “mientras que en Europa se están rescatando los servicios, en España se quieren privatizar. Es una alta traición al pueblo”.

 Jornadas ciudadanas

El Campus de Jerez será escenario este martes 15 de enero (a partir de las 18.00 horas) de las jornadas ‘El agua no es un negocio’, donde se presentará la iniciativa europea ‘El agua es un derecho humano’. Esta primera parte del acto contará con la presencia de especialistas como Luis Babiano (gerente de Aeopas y miembros del consejo científico de Attac), Jaime Morell (del consorcio de Aguas de Sevilla) y Fernando Antón (secretario general del sector nacional de Aguas de CC OO).

Otra mesa redonda abordará ‘Por qué y para qué privatizar la gestión del agua. La situación en la provincia de Cádiz’, donde se abordarán experiencias de otras localidades cercanas como Medina o Villamartín con esta fórmula de gestión privada. Participarán en ella miembros de diversos colectivos como la plataforma Apemsa no se vende (El Puerto), Ecologistas en Acción, Federación de Vecinos Solidaridad y Facua, entre otros.

Igual que hicieron la pasada semana los alumnos de Infantil y Primaria, los más de 16.200 estudiantes de Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación de Adultos vuelven hoy a clase. Y lo hacen en un inicio del curso marcado por los recortes, concretamente, en el apartado de personal de los institutos.

El mayor número de alumnos está en la enseñanza Secundaria, con 10.000 estudiantes. Los ciclos formativos de ciclo medio y superior (junto con las especialidades de Arte) superan en cantidad de alumnos al Bachillerato (3.270 frente a 2.736). Por último, este año cursarán enseñanza secundaria de adultos 205 personas.

Dos IES que estrenan Bachillerato

La principal novedad este año en Jerez es que dos institutos van a estrenar este curso Bachillerato. Se trata de los centros Fernando Savater y Fernando Quiñones. El primero de ellos ha celebrado especialmente la concesión de este nivel, ya que llevaba prácticamente diez años reclamando su implantación en el centro. En este caso, los alumnos se han podido matricular de las vías de Bachillerato de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales. La principal satisfacción del equipo docente y de los padres implicados en esta lucha desde hace años es la de poder continuar su programa desde 1º de ESO hasta que los estudiantes se marchan a la Universidad.

La situación de los dos centros es diferente ya que en el instituto de la avenida Nazaret hay espacio suficiente para la incorporación del nuevo nivel mientras que en el Fernando Quiñones ya tuvieron el año pasado que colocar aulas prefabricadas para absorber la creciente demanda de alumnos de la zona este.

Un 10% menos de plantilla

La plataforma de docentes andaluces por la educación pública calcula que cada centro perderá el 10% de la plantilla que tenía el año pasado, con lo que eso supone para ciertos servicios. En total, son más de 4.000 trabajadores interinos que están en el paro desde el 1 de septiembre. A esta situación hay que añadirle la paralización de las oposiciones de Secundaria. Representantes del colectivo aseguran que “es la primera vez que esto ocurre en la educación andaluza” y que, por el contrario de lo que pasa este año, “cada nuevo curso crecían las plantillas porque sigue creciendo la población y las necesidades”.

Inma Bancalero es una profesora jerezana que, tras años de experiencia en la educación privada, cubrió una sustitución el pasado curso en el IES San Severiano de Cádiz. “La esperanza es lo último que se pierde pero ya me estoy haciendo el cuerpo a que puede que no me llamen en todo el año”, explica. Tiene muy claro que “esta no es la manera de salir de la crisis. Hay que potenciar que la gente se forme”. Su experiencia concreta es de Formación Profesional, de la rama de imagen personal: “Yo lo pasaré mal porque no trabajo pero los alumnos saldrán a la calle sin conocer bien su profesión para enfrentarse al mundo laboral”, asegura convencida.