El Grupo Municipal Socialista ha presentado al Pleno una propuesta en contra de la aplicación de la Reforma de de la Administración Local que el PP quiere poner en marcha al considerar que hurta a los ayuntamientos las competencias en igualdad y prevención de la violencia de género. De hecho, esta reforma, que resta capacidad democrática y política a las corporaciones locales, supone un paso atrás sin precedentes porque imposibilita a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes ejercer por delegación de la Comunidad Autónoma la promoción de la igualdad de la mujer y  limita la autonomía local como la Administración que responde de forma más próxima a la ciudadanía.

La secretaria general del PSOE-A de Jerez y portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Miriam Alconchel, asegura que esta normativa “es un nuevo ejemplo de recortes de derechos seguida por el PP y . De hecho, aclara que al eliminar la maniobra de acción de los ayuntamientos en materia de género, “el PP desprecia la igualdad entre hombres y mujeres y las políticas de prevención de la violencia de género que tan necesarias son para educar a nuestros jóvenes en valores de igualdad, tolerancia y respeto”.  Abundando en los efectos que tendrá a aplicación de la Ley de Reforma local, la secretaria general advierte del desmantelamiento de todo el mapa de servicios de promoción de la mujer y contra la violencia de género que Andalucía ha construido durante 20 años con ayuntamientos y diputaciones. Además de fulminar los Centros Municipales de Información a la Mujer, fruto de la colaboración del Instituto Andaluz dela Mujer con los ayuntamientos. Estos centros, como se sabe, ofrecen información, atención y asesoramiento en políticas de igualdad y fomento de la participación, además de impulsar programas específicos de desarrollo personal, educativo y de salud,  orientación profesional y laboral y una atención integral a las víctimas de violencia. Esto supone una desprotección y un abandono a las mujeres que utilizan este recurso y que en el caso de Jerez ha sido utilizado por más de 200 mujeres en los que va de año en consultas relativas a violencia de género.

Se da la circunstancia también que con el planteamiento del Gobierno del PP se va a producir una discriminación entre ciudadanas de primera y de segunda case, ya que  muchas mujeres del ámbito rural no tendrán acceso a los mismos servicios y muchas no podrán desplazarse a las capitales de provincia para ser atendidas. Y, por último, esta reforma implica la pérdida de más empleos directos, especialmente de mujeres, y de subvenciones para la puesta en marcha de Centros Municipales de Información a la Mujer y Unidades de Empleo.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista defiende que las entidades locales deben seguir teniendo competencia en materia de igualdad de género y de prevención en materia de violencia de género para garantizar los derechos de las mujeres, y seguir manteniendo la colaboración con la Junta de Andalucía en dichas materias, al tiempo que reitera su petición para que el Gobierno retire la Ley de reforma local, por suponer un desmantelamiento de los servicios de promoción a la mujer que prestaban las corporaciones locales.

La diputada socialista Mamen Sánchez ha anunciado en rueda de prensa, acompañada por la secretaria general del PSOE-A de Jerez, Miriam Alconchel, que va a solicitar la comparecencia del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, para que aclare en el Congreso “cara a cara” cuáles son las medidas concretas que tiene previsto el Gobierno central para ayudar a salar la deuda del Ayuntamiento de Jerez, qué está pasando con los impagos del Plan de Proveedores y por qué no se llega a un acuerdo para rescatar la PIE.

Esta petición se produce después de que la diputada haya desvelado “la inconcreción y la falta de rigor” de las respuestas por parte del Gobierno a la batería de preguntas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, en la que se cuestionaba sobre las medidas económicas previstas a favor del Ayuntamiento, la posible reestructuración de la deuda financiera y la adopción de un paquete de “medidas especiales”. Al respecto, Mamen Sánchez aclaró que la respuesta ha sido que “en el caso de fundamentarse la adopción de medidas extraordinarias, nos remiten a la disposición adicional primera de Ley de Estabilidad Presupuestaria sobre mecanismos adiciones de financiación para las CCAA y Corporaciones Locales, por lo que en todos sus apartados nos hablan de medidas extraordinarias que llevan acompañadas planes de ajuste”. De igual forma, la diputada explicó que en otra respuesta  “demuestran que vinieron a Jerez – en referencia a la visita que realizó Antonio Beteta a la ciudad a primeros de abril-  sin tener medidas diseñadas, ya que admiten que hay definir el ámbito de aplicación de las mismas, definirlas, y en el supuesto de que fueran adoptadas deberían conllevar la necesaria aceptación de medidas de condicionalidad financiera y fiscal”.

Ante esta situación, la diputada pidió por último al PP un “esfuerzo compartido” con todos los grupos municipales, los agentes sociales y económicos “para trabajar juntos, porque el interés de la ciudad está por encima de cualquier proyecto político o partidista”.

Por su parte, la secretara general del PSOE-A de Jerez, Miriam Alconchel,  denunció la “opacidad” del Gobierno municipal en torno a la situación económica del Ayuntamiento, de la que tenemos  conocimiento por las intervenciones parlamentarias.  De hecho, aseguró que “no se está cumpliendo con el pago de los préstamos ICO, no se está cumpliendo con el Plan de Ajuste, no sabemos qué pasa con la retención de la PIE, con los pagos a la Seguridad Social, porqué sigue retenida, qué va a pasar si el Ayuntamiento se acoge a un tercer plan de pago a proveedores como ha anunciado y si  habrá nuevos planes de ajuste, más despidos, más venta de patrimonio o más recortes en servicios públicos”. Alconchel recordó que el PSOE ya advirtió que a partir de 2015, el Ayuntamiento va a pagar unos 87 millones de euros al año a los bancos, “lo que demuestra que las medidas especiales adoptadas por la alcaldesa son una patada hacia adelante a la deuda municipal para aplazar una situación que se agrava cada vez más debido a la nefasta gestión del PP”.

Por ello, incidió en que “pediremos explicaciones sobre cómo va la negociación con los bancos del supuesto plan de refinanciación de 111 millones que anunció la alcaldesa con Antonio Beteta y si el  Ayuntamiento se va a acoger a un nuevo plan de pago a proveedores sino es capaz de cumplir con los plazos exigidos del primer ICO”.

La secretaria de Política Social del PSOE y diputada socialista, Trinidad Jiménez, ha advertido en rueda de prensa en la sede del PSOE-A de Jerez, en la que ha estado acompañada por la secretaria general del PSOE jerezano, Miriam Alconchel, y de la diputada Mamen Sánchez, de las consecuencias “tan negativas” que va a tener el proyecto de Reforma de Régimen Local sobre la gestión de servicios sociales en los ayuntamientos, y ha mostrado su preocupación  sobre la posibilidad de que se apruebe una ley que “quiere acabar con la autonomía local y que pretende privatizar la gestión de los servicios sociales”. “Se trata -añadió- de dos cuestiones que son fundamentales para la convivencia de los ciudadanos, porque los ayuntamientos es una de las instituciones que la Constitución le otorga directamente la gestión de los servicios que pueden favorecer la vida y el desarrollo de las personas”.

La diputada socialista abundó en que con esta normativa “el Gobierno del PP pretende restar competencias a los ayuntamientos y cercenar los servicios públicos sociales  para dárselos  a las diputaciones, en el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes”. Al respecto, aclaró que el 90 por ciento de los ayuntamientos de España tienen menos de 20.000 habitantes, por lo que cuestionó “qué va a ocurrir con aquellos ciudadanos que viven en esos municipios, ya que no van a tener derecho a tener un ayuntamiento que se ocupe directamente de sus problemas, de la ayuda a domicilio, de las escuelas infantiles, de la gestión de los servicios a mujeres maltratadas, de la prevención de la violencia de género, centros de acogida, etc”. Por ello, Jiménez se preguntó “quién se va a ocupar de todos esos servicios, cómo lo van a hacer y si se va a perder empleo entre el personal que se dedica esos servicios”.

La diputada socialista  advirtió que “en el fondo las diputaciones se verán obligadas a contratar a una empresa privada para gestionar esos servicios”, por lo que aseguró que el PSOE está “enormemente preocupado” y es por ello por lo que se ha puesto en marcha una campaña para sensibilizar a todos los colectivos sociales y a la ciudadanía para evitar que está ley llegue a implantarse. “Es una ley que atenta contra la autonomía local, pero sobre todo contra la gestión directa de lo servicios públicos fundamentales para los ciudadanos”, apuntó.

Trinidad Jiménez concluyó en que “en este momento en que está en cuestión la labor de los políticos y que existe un descrédito muy  fuerte, lo más importante es poner en valor aquellos servicios públicos que nos permite directamente gestionar y serles útiles a los ciudadanos”. Así, incidió en que “si el Gobierno de Rajoy pretende quitarnos esa gestión directa, la distancia entre la ciudadanía y los políticos será aún mayor, por eso queremos evitar ese deterioro y frenar esa pérdida de confianza , porque queremos ponernos directamente a trabajar con la gente para recuperar esa capacidad de poder resolver los problemas de los ciudadanos”.

MIRIAM ALCONCHEL Y MAMEN SÁNCHEZ

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A de Jerez, Miriam Alconchel, ha hecho hincapié en el deterioro que supondría la aplicación de esta reforma en la prestación de los servicios sociales y ha reafirmado la defensa del PSOE en la autonomía municipal, “entendida como la capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida ciudadana, sin perjuicio de la necesaria coordinación de competencias entre administraciones, bajo los principios de calidad del servicio, proximidad y subsidiariedad y apuesta por  potenciar la Red Pública de Servicios Sociales de Atención Primaria, que ha demostrado a lo largo del tiempo su capacidad para llegar a quienes más lo necesitan, así como la eficiencia de su trabajo y la capacidad de generar empleo”.

La diputada socialista Mamen Sánchez, por último, ha denunciado el retroceso que están sufriendo las políticas sociales desde que gobierna el PP con continuos ajustes y recortes, a pesar del aumento de la demanda de los servicios sociales por parte de la ciudadanía. Sánchez criticó que “el PP no concibe que las políticas sociales vengan de las administraciones públicas, sino que piensan que tienen que venir de la beneficencia”.

La secretaria de Acción Ciudadana del PSOE-A, Clara Aguilera, ha presentado en Jerez la plataforma en red Andalucía en Acción y ha anunciado un plan de trabajo en coordinación con la dirección provincial para abrir las 55 sedes a la sociedad gaditana. Tanto con la plataforma de participación como con el plan de apertura de sedes, el PSOE pretende hacer “más permeable el partido, que las ideas, iniciativas o propuestas que fluyen en la sociedad, que circulan en redes sociales, puedan ser llevadas para su debate en las instituciones donde se toman decisiones, así como incluirlas en futuros programas electorales socialistas”.

Esta es la principal novedad que presenta la plataforma, con vocación de permanencia en el tiempo  y que se concibe como “una vía abierta a la participación sin cortapisas, ni veto previo, sin reticencias para que la ciudadanía pueda hablar y criticarnos si así lo considera”.

Aguilera ha criticado que “el presidente del Gobierno nos ha dicho este fin de semana que todo está mal pero que nos aguantemos, que tengamos confianza pero que aguantemos”. “A esas personas que están en paro prolongado, viendo en peligro su casa y con dificultades para las cuestiones más esenciales como es el comer, le piden paciencia que ellos saben lo que están haciendo, y si además te manifiestas y me molestas, te sanciono y te pongo una multa para que te encierres, no en tu casa que ya no tienes, sino debajo del puente”, ha reprochado.

Por el contrario, Aguilera emplaza a su partido, en línea con lo expresado por el presidente de la Junta y secretario general, Pepe Griñán, en el pasado comité provincial de Algeciras, “a abrir puertas”,  a través de la plataforma y con la apertura de las sedes, abrir el partido a la ciudadanía para que “puedan hablar, opinar y criticarnos también, porque estamos gobernando y somos conscientes de que, como servidores públicos, hacemos cosas y nos equivocamos, y hay que permitir a la ciudadanía expresar cuando no está a favor, la ciudadanía tiene motivos para la insatisfacción”.

Aguilera ha insistido en que “el objetivo es poner a disposición del pueblo y no únicamente del partido las 55 agrupaciones provinciales para que les sirva y no sean un único sitio de participación o reuniones de carácter interno de los militantes socialistas”. A su juicio, el partido tiene que abrirse más a la sociedad pero, sobre todo, dar soluciones como el decreto contra la exclusión social que el Gobierno andaluz va a aprobar mañana. “Una iniciativa muy novedosa en España pero, como ha dicho Griñán, necesitamos un gran acuerdo nacional”, ha planteado.

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A de Jerez, Miriam Alconchel, ha asegurado que con la Plataforma Andalucía en Acción, se pretende recabar las propuestas de los ciudadanos y abrir espacios de debate sobre los temas que preocupan a la ciudadanía. “Con esta iniciativa, queremos que los andaluces nos trasladen sus inquietudes, opinen y aporten su punto de vista sobre los temas que le preocupan para que estos asuntos se conviertan después en acciones de gobierno, a través de propuestas en las respectivas instituciones”.

El secretario de Política Municipal del PSOE de Cádiz, Francisco Menacho, ha anunciado el inicio de una campaña de recogida de firmas en pueblos y ciudades de la provincia en contra la reforma de la administración local planteada por el PP. Menacho ha advertido de que “aunque está teniendo mucha contestación dentro del PP, la reforma no está parada y va para adelante porque ya en el día de ayer pasó por el Consejo de Estado, de manera que el PP está cumpliendo su calendario y en próximos meses entrará en el Consejo de Ministros para elevar la nueva norma al Congreso”.

Menacho ha iniciado su comparecencia ante los medios, previa a la reunión que ha mantenido con los 11 secretarios generales de las Entidades Locales Autónomas (ELA) en la provincia, felicitando en nombre de la Ejecutiva provincial al escritor jerezano José Manuel Caballero Bonald por el premio Cervantes.

El dirigente socialista ha analizado el impacto de la reforma en una provincia como Cádiz que tiene el 25 por ciento de las ELA de Andalucía. Es decir, de las 48 que existen en el territorio andaluz, 11 se encuentran en la provincia gaditana. Y según ha apuntado, “en la disposición adicional séptima del borrador aparece recogido que se evaluarán los servicios y si no se prestan de manera adecuada, éstos pasarán al ayuntamiento matriz y desaparecerán las ELA automáticamente”. “La recogida puerta a puerta de firmas pretende mostrar al Gobierno el rechazo de los ciudadanos y ciudadanas en contra de la desaparición de sus pueblos”, ha explicado, recordando que todas las leyes, desde la Constitución tan evocada de 1812, recogen los principios de la autonomía municipal. En el caso de las ELA, argumenta Menacho, “algunas con muchos años de historia y a diez, quince o veinte kilómetros del ayuntamiento matriz, el objetivo siempre ha sido acercar los servicios a la ciudadanía”. La función de las ELA, a su juicio, ha sido además asentar poblaciones en su territorio e identificarse con él y la norma significaría su desaparición, que desaparezca su referente poblacional, una pérdida de identidad total.

Menacho ha criticado la “pérdida de autonomía y democracia total que se produce” y ha alertado de que “recortar en políticos es recortar en democracia porque existen políticos como corruptos en familias muy nobles, pero gracias a los políticos se toman decisiones malas como ésta o buenas como los decretos del Gobierno andaluz contra los desahucios y la exclusión social”.

Así, ha abundado en que “ninguna ELA podrá tener ningún servicio que no sea de los obligatorios, de manera que no podrá gestionar nada de Cultura, Deporte, ni dedicarse al empleo o vivienda”.

Ha reiterado que el PSOE se opondrá en todos los frentes: judicialmente con un recurso de inconstitucionalidad, políticamente en todas las instituciones y socialmente, movilizando a la ciudadanía.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Jerez, Miriam Alconchel, ha destacado las consecuencias directas sobre la vida de los jerezanos en las pedanías que traería consigo la aprobación de la reforma, ya que Jerez concentra el mayor número de ELA de la provincia, asegurando que al PSOE de Jerez le preocupa mucho lo que pueda pasar con estos núcleos de población.

La Asamblea Local del PSOE-A de Jerez, la primera que celebra la nueva Ejecutiva que lidera Miriam Alconchel, aprobó este sábado varias resoluciones en defensa del mantenimiento del empleo en el Ayuntamiento de Jerez,  contra la privatización de Ajemsa y contra la reforma local que el gobierno del PP va a poner en marcha para restar competencias y democracia a los ayuntamientos, además de una resolución de apoyo al Decreto aprobado por el gobierno andaluz sobre los desahucios, otra en apoyo de los antiguos trabajadores de Williams & Humbert  y sobre las obras de la carretera de La Barca.

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El portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y ex ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha advertido en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A de Jerez de la destrucción de empleo que ha supuesto la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno del PP. De hecho, ha destacado que el pasado año en la provincia de Cádiz, 261 empresas ejecutaron Expedientes de Regulación de Empleo que afectó a 5.000 trabajadores y sólo en Jerez se han visto afectadas por los EREs un millar de trabajadores de entre 80 y 90 empresas.

Achacó a la Reforma Laboral el aumento progresivo de los despidos en 2012, a pesar de que 2009 fue el peor año de la crisis. Al respecto, dijo que en 2012 cayó la afiliación a la Seguridad Social en 780.000 personas y la deuda pública en España ha subido más que nunca en democracia.

Respecto al ERE del Ayuntamiento de Jerez, el ex ministro de Trabajo lamentó las formas en las que se han tramitado los despidos y aseguró que “un despido improcedente”, tal y como ha declarado la sentencia del TSJA, es “un despido sin causa”. Afirmó que Jerez es “parte del laboratorio de las políticas del PP”  en todo lo que tiene que ver con el papel de las corporaciones locales y con la necesidad de reducir el tamaño  del sector público local. Por ello, emplazó al Gobierno central que permita ejecutar en los ayuntamientos la suspensión o reducción de jornada, como se está haciendo en las empresas privadas, para dar más capacidad y flexibilidad a las administraciones públicas.

“Hay que acabar –dijo- con esa discriminación y permitir una mayor flexibilidad a las administraciones públicas, para que el despido no sea la única salida” y optó en este sentido por las prejubilaciones que “no tienen ningún coste para la Seguridad Social, a pesar de que se nos quiere hacer creer lo contrario”.

De igual forma, defendió una moratoria frente al despido con un modelo similar al alemán, para que aquellas empresas que se comprometan a no despedir en un periodo de tres años puedan hacer EREs con suspensión de la jornada, en la cual el Estado pagara un tercio del salario, otro tercio la empresa y el trabajador redujera su jornada en otro tercio, de forma que la empresa pudiera mantener buena parte de sus plantillas. De esta forma, dijo que se evitaría el cierre de empresas que en España ha llegado a las 32.000 sólo en el año 2012.

El portavoz socialista alertó de que las perspectivas de empleo no son optimistas y reclamó que “ante un país que se desangra, con 6 millones de parados y sólo la mitad de ellos con prestaciones por desempleo, necesita también recuperar su política social que está siendo destruida con medidas alentadas por un gobierno que ha reducido las prestaciones de desempleo, los derechos de los trabajadores y que está reduciendo los derechos en el sistema de pensiones, de atención a la Dependencia, de becas y que está introduciendo un factor que impide el acceso a la sanidad”. “Este es el tipo de ajuste que nos está proporcionando un gobierno que actúa como un buen aprendiz de lo peor de la derecha europea”, apostilló.

Valeriano Gómez compareció en la rueda de prensa junto a la secretaria local el PSOE-A de Jerez, Miriam Alconchel, y la diputada socialista Mamen Sánchez. El portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista ha mantenido también un encuentro con los representantes sindicales de CCOO, UGT y CTP en la sede de los sindicatos de la plaza del Arenal y, posteriormente, se ha reunido con jóvenes empresarios en la sede del partido.

La secretaria general del PSOE-A de Jerez y portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Miriam Alconchel, ha advertido en rueda de prensa del “elevado coste” que va a suponer para las arcas municipales el recurso que el gobierno municipal va a presentar al Tribunal Supremo contra la sentencia del ERE y ha acusado a la alcaldesa, María José García-Pelayo, de “derrochar dinero público para dilatar un proceso ilegal y arbitrario”.

Ha asegurado que, con este recurso, la alcaldesa “vuelve a dar una patada adelante y juega a la confusión y al despiste, aunque  lo más grave es que está jugando con los sentimientos de los trabajadores afectados por el ERE, prolongando su sufrimiento y el de sus familias”. Ha denunciado, no obstante,  que la alcaldesa “siga  en sus trece para consumar los despidos de un ERE que el Alto Tribunal Andaluz ha dicho que es  no ajustado a derecho y arbitrario”, por lo que ha insistido que el Grupo Municipal Socialista va a seguir “defendiendo la readmisión de los trabajadores despedidos”.

Al respecto, Alconchel ha explicado que “la sentencia es lo bastante explícita y deja abierta la vía a dos opciones: la readmisión o la indemnización”. Pero, ante todo, ha señalado que “el fallo judicial está cargado de argumentos que podrían certificar la nulidad de un procedimiento al asegurar que se actuó con mala fe y que los despidos se hicieron de forma arbitraria, sin criterio, sin tener en cuenta su formación, sin cualificación, ni antigüedad y sin tener en cuenta su experiencia”.

“El TSJA -añadió- ha tumbado el ERE por arbitrario y eso supone que se ha reconocido que todos los argumentos esgrimidos por los trabajadores, los sindicatos y los partidos de la oposición tenían un sustento real y que era una decisión que carecía de la más mínima objetividad y  razón de ser. Pero no sólo lo dice el TSJA, sino que el informe de la Inspección de Trabajo de septiembre de 2012 dejó claro que faltaba documentación que acreditara la aplicación objetiva de los criterios del ERE”. Por ello, ha lamentado que el PP  y la alcaldesa, “en lugar de de dar marcha atrás ante la contundencia del fallo del TSJA, anuncie que van a seguir adelante con el ERE y que no van a readmitir a los trabajadores”.

“Con dinero público  -denunció-  el gobierno del PP y de la señora Pelayo han llevado a cabo una actuación no ajustada a derecho, un ajuste de cuentas con la plantilla, poniendo en la calle a quien le ha dado la gana. Con dinero público se ha disfrazado esta artimaña y se ha pagado con el dinero de todos los jerezanos a empresas externas para aplicar un ERE”.

De hecho, Alconchel ha explicado que se ha destinado casi 55.000 euros a Deloitte por el ERE, casi 64.000 a una consultoría por el plan de recolocación y casi 6.000 mil por el informe pericial, a lo que hay que sumar  lo que costará  la defensa jurídica que, según las consultas realizadas por el Grupo Municipal Socialista, podrían elevarse a un cuarto de millón de euros.

Al coste económico, Alconchel dijo que hay que añadir la repercusión que ha tenido en la prestación de servicios públicos por la falta de personal. “Los jerezanos han seguido pagando sus impuestos, pero no han podido disfrutar de los servicios públicos, porque el personal que los prestaba estaba en la calle. Y ahora le van a pedir también a los jerezanos que paguen las millonarias indemnizaciones, cuando un tribunal ha dicho claramente que se trata de unos despidos arbitrarios”, aseguró.

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Miriam Alconchel, ha presentado en rueda de prensa las propuestas que se elevarán al Pleno, entre las que destaca una iniciativa contra la ley de Reforma de la Administración Local que el Gobierno central quiere poner en marcha, “despreciando la autonomía municipal y bajo la excusa del ahorro económico”. Alconchel ha asegurado que la misma “no ahorra ni un solo céntimo, ni supone ninguna medida que permita bajar el déficit mientras conlleva la práctica desaparición de un buen número de municipios, por lo que se trata de una Ley que va contra la ciudadanía y la democracia local”.

La portavoz adjunta ha añadido que “bajo la excusa de la rentabilidad y el ahorro, el PP ha trazado una medida de carácter político que va a conllevar la aniquilación de los pequeños pueblos y la privatización de los servicios públicos, además de una perdida importante de puestos de trabajo en el sector público” y ha advertido que el desmantelamiento del sector público local “pondrá en peligro más de 250.000 empleos en España, 40.000 en Andalucía y en el caso de nuestra ciudad unos 200 puestos de trabajos de las empresas municipales”.

Ha valorado la incidencia que tendrá esta normativa en las Entidades Locales Autónomas y, de hecho, ha asegurado que “cuando el Gobierno redacte esta ley parece ignorar que los servicios públicos no se pueden valorar exclusivamente por criterios económicos sino también deben evaluarse, con carácter prioritario, por el beneficio social que comportan a los ciudadanos y, concretamente, a los vecinos de las pedanías de Jerez, ya que son las administraciones más próximas al ciudadano que prestan un servicio esencial que equipara los vecinos del medio urbano y rural” , por lo que ha alertado de que esta reforma supondría “la desaparición de las ELAs o su intervención”.

En lo que respecta a las grandes ciudades, Alconchel ha mantenido que la ley permite que se aumente el número de concejales que pueden optar a la liberación y también el número de asesores. “Estamos de acuerdo en que se racionalicen servicios, en que se modifiquen la financiación de los ayuntamientos y el sueldo de los cargos públicos, pero en Andalucía ya somos pioneros con el acuerdo que se concretó a través de la FAMP, donde se fijan los topes máximos para alcaldes y alcaldesas. Con esta ley el único ahorro que persigue el PP es la eliminación de los ayuntamientos”.

“Somos conscientes -ha matizado- de la necesidad de aplicar el rigor, la austeridad y la eficiencia en la administración de los recursos, pero en ningún caso, estos argumentos se pueden utilizar como coartada para suprimirlos o encarecer servicios públicos. En lugar de asegurar los servicios mínimos que deben prestar los ayuntamientos se hace que peligren seriamente”.

REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL

Por otro lado, Miriam Alconchel ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista va a exigir en el Pleno, a través de un ruego,  el cumplimiento del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), aprobado en 2009 por unanimidad de todos los grupos políticos de la Corporación Municipal.

Alconchel ha explicado que “la función del ROM es alcanzar los objetivos de agilidad, operatividad y eficacia, por lo que obliga a su cumplimiento  en el desarrollo de los Plenos, sin que ello  suponga en ningún caso que se coarte el debate de los grupos políticos representados en la Corporación”.

La portavoz adjunta ha denunciado que en este mandato municipal “hemos asistido a una alteración de funciones, formas y contenido del ROM” y ha insistido en que “el gobierno municipal del PP y la Presidencia están haciendo un uso discrecional de la aplicación del ROM que ha conllevado un interesado desarrollo de las sesiones de control, principalmente, lo que está restando dinamismo, agilidad, eficacia y operatividad a los debates plenarios hasta provocar el cansancio y el desinterés en la audiencia pública”.

La secretaria general del PSOE-A de Jerez, Miriam Alconchel, y la diputada socialista Mamen Sánchez han participado en un reparto de folletos informativos de la campaña que el PSOE de Andalucía está llevando a cabo con motivo de la celebración del próximo 28-F (Día de Andalucía). Bajo el lema Junt@s somos más fuertes, el PSOE realiza un llamamiento a la movilización social y a recuperar el espíritu reivindicativo y de lucha del pueblo andaluz, “en un momento en que es más necesario que nunca defender los valores y principios que diferencian a Andalucía como pueblo: la libertad, la solidaridad, la igualdad y la justicia social”.

El PSOE encara este 28-F con la intención de que se convierta en un punto de encuentro entre la ciudadanía, las organizaciones económicas, sociales y sindicales. Alconchel destacó que “es tiempo de sumar voluntades y esfuerzos, la política debe volver a ser palanca de cambio social y para ello, debemos convertir la palabra ciudadana en Ley y sus propuestas en iniciativas”.

En esa línea de recuperar la verdadera acción política de la mano de la acción ciudadana, la secretaria general  ha anunciado la adhesión de los socialistas a la Plataforma por el Progreso Social de Andalucía y al manifiesto que promueven porque “compartimos plenamente la necesidad de salir a la calle el 28-F a defendernos de los ataques a derechos sociales cometidos en nombre de la austeridad y de los recortes que está aplicando el PP”.

La campaña para el 28-F se ha iniciado con  un reparto de folletos simultáneo en todos los municipios de la provincia de más de 20.000 habitantes y proseguirá con la participación de cargos orgánicos e institucionales en actos públicos, asambleas informativas en las agrupaciones, así como en charlas en colegios y centros sociales sobre lo que significa el 28-F y la lucha del pueblo andaluz.

Esta iniciativa se ha complementado con la presentación de una propuesta al Pleno del Ayuntamiento de Jerez de apoyo al ‘Manifiesto en defensa de la autonomía Andalucía’, impulsada por la   Plataforma de Organizaciones Sociales de Andalucía que aglutina a sindicatos, colectivos vecinales, de consumidores, Asociación de Padres y Madres, Asociación de la Prensa, colectivos de mujeres, de defensa de la sanidad, de los mayores, ONG´s, así como sindicatos de policías y la asociaciones de guardia civiles, entre otros.