La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, ha afirmado que el Ayuntamiento ha cuadriplicado la atención de los Servicios Centrales de Servicios Sociales con más personal porque la falta de respuesta de la Junta de Andalucía a los problemas de la ciudadanía ha hecho que la situación actual sea complicada. Los recortes de la Junta “han provocado que la ciudadanía se dirija a los Servicios Sociales municipales porque son los únicos que dan repuestas, y que la situación sea complicada”, ha afirmado.

En este sentido, la delegada ha recordado que los recortes de la Junta están haciendo mella en la intervención social. Por ejemplo, “la transferencia para la contratación de personal para la atención a las personas en situación de dependencia es 183.103 euros en 2014. No ha variado respecto a 2013 pero sí varía con respecto a 2012 cuando la Junta aportaba 354.888 euros, es decir estamos sufriendo un recorte de 171.785 euros menos”, ha explicado. Esta política de “tijeretazos de la Junta”, ha subrayado Isabel Paredes, también afecta al servicio de ayuda domicilio. “La Junta ha emitido una resolución de 2.245.160 de euros para el primer semestre de 2014, pero al día de hoy ni siquiera ha pagado el primer bimestre del servicio que asciende a 723.184 euros”, ha añadido.

Otro ejemplo del recorte de la Junta es el que afecta  a los equipos tratamiento familias con menores. “Hemos perdido 23.670 euros en este convenio que tenemos con la Junta, porque el presupuesto de un presupuesto de 290.088 en 2013 hemos pasado a un presupuesto de 266.418 en 2014″.

En base a esta situación, Isabel Paredes ha criticado la falta de respuesta del Gobierno autonómico a las demandas de la ciudadanía en temas sociales como la aprobación de una renta básica (Andalucía y Canarias son las únicas comunidades que no la poseen), una nueva Ley de Servicios Sociales con itinerarios de inclusión social, demandas que sumadas a la anulación de la convocatoria de subvenciones, a la falta de concertación de plazas asistenciales y al impago de las subvenciones del tejido asociativo “han provocado que la ciudadanía se dirija al Ayuntamiento para resolver sus problemas”, ha reiterado. El último ejemplo “es el desbarajuste creado con el decreto de exclusión social; estamos esperando que la Junta nos facilite un mecanismo, un nuevo decreto para poder hacer un programa específico para estos desempleados”.

La delegada ha lamentado que después de más de 30 años de Gobierno del PSOE en Andalucía “tengamos una administración que no da respuestas a la situación económica que ellos mismos han generado”. “El grupo municipal socialista se tiene que preguntar por qué la ciudadanía de Jerez viene a solicitar soluciones y respuestas a sus necesidades al Ayuntamiento. La contestación es muy sencilla: ante la dejadez de la Junta el Ayuntamiento es el que está dando respuestas”. La delegada ha pedido al grupo municipal del PSOE que construya, “si quiere de verdad atender a las demandas de la ciudadanía y que pida a la Junta de Andalucía que censen los recortes”, ha insistido.

La delegada demanda un ejercicio de sensatez al grupo de la oposición ya que “si de verdad quiere ayudar los ciudadanos más desfavorecidos todavía está tiempo de empezar a presentar proyectos e iniciativas que ayuden a sumar esfuerzos; su actitud actual ni beneficia ni redunda en el bienestar de los ciudadanos”, ha apostillado.

La secretaria general del Partido Popular de Jerez, Lidia Menacho, se ha reunido esta misma tarde en la sede local del partido con los representantes de la Plataforma de Padres y Madres afectados por el recorte de líneas en el Colegio Público de Infantil y Primaria, Antonio Machado.

Menacho ha escuchado la situación por la que están atravesando estas familias, que han solicitado a  la Consejería de Educación que reabra la línea (aula para 25 alumnos) que este colegio público muy demandado en la zona norte de la ciudad ha anulado, a pesar de recibir este centro educativo una inversión para ampliar y modernizar sus instalaciones y servicios. “Una inversión que, por cierto –ha comentado- llevamos años esperando”.

Lidia Menacho ha recordado que tanto el CEIP Antonio Machado como el CEIP La Marquesa se encuentran actualmente en obras de ampliación, precisamente, para poder obtener la clasificación de  centro educativo C-3 (3 líneas por curso), “por lo que es incomprensible que teniendo la infraestructura para tres líneas, sólo se oferten dos. Y más aún cuando año tras año se tiene que recurrir a sorteo en esos dos centros por la alta demanda de escolarización”.

La secretaria general ha mostrado su apoyo y el del PP a la causa por la que están movilizándose los padres desde la plataforma que han creado, “apostando de manera decidida –ha dicho Menacho- por lo que consideran y consideramos una razón más que justificada, 22 niños demandando la reapertura de un aula de 4 años”. En este sentido, la responsable popular ha recordado que la Consejería de Educación ha mantenido aulas abiertas con poco más de 10 niños en colegios como el ya desaparecido La Teja-Juan Carlos I.

“Para sumar más inquietud e, incluso, indignación a la travesía que están sufriendo estas familias, nos encontramos con que desde el pasado 27 de febrero, fecha en la que la Plataforma tramitó oficialmente la petición de reunión, los padres no han obtenido respuesta alguna de la delegada de Educación de la Junta en la provincia de Cádiz, a la que aún no tienen el placer de conocer ni siquiera por teléfono, porque esta representante del PSOE, a pesar de ejercer un cargo público, está haciendo oídos sordos a una importante y urgente demanda ciudadana”, ha destacado la dirigente popular.

Ante esta grave circunstancia, el PP exige a Cristina Saucedo que atienda “la más que justa demanda” de los padres de la Plataforma del Antonio Machado, así como que reabra para el próximo curso 2014-2015 la línea de cuatro años de Infantil, para los que hay demanda suficiente de alumnos.

Por último, Lidia Menacho, ha confirmado que el Grupo Popular elevará al próximo pleno municipal “y a donde haga falta-ha apuntado-” una propuesta que espera sea conjunta y compartida con todos los partidos, “porque se trata de una petición consecuente con la inversión realizada en el colegio y a todas luces viable, siempre que los responsables socialistas de Educación tengan como prioridad a los jerezanos, en vez de a sus intereses partidistas”.

Foro Ciudadano de Jerez ha anunciado que elevará en el próximo pleno ordinario de abril una propuesta para instar a la Delegación provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía a que reabra para el próximo curso la línea de cuatro años del colegio público de infantil y primaria Antonio Machado. De lo contrario, han mantenido desde esta organización política, “pedimos que nos expliquen desde el Gobierno andaluz cómo es posible y se permite que con la inversión pública hecha este aula se vaya a quedar inutilizado durante los próximos años pese a la demanda de familias que quieren tener acceso a la educación pública”. Estas declaraciones se han producido en el transcurso de un encuentro con la plataforma de madres y padres afectados por esta decisión “injusta” de la Junta. Estos padres y madres, un total de 22 peticiones como primera opción, han hecho una “apuesta al vacío porque ahora mismo la realidad es que hay 0 plazas ofertadas, sin que nadie en la Junta sea capaz de explicarnos cómo se permite esto”. A pesar de que la delegada provincial del ramo ya debía haberles recibido, actualmente “seguimos esperando que nos cite y nos ofrezca una explicación convincente”.

“El dinero público se ha invertido y no tiene ningún sentido ni ninguna explicación lógica mantener un aula para 25 años cerrado indefinidamente”, han asegurado desde Foro Ciudadano de Jerez, que ha aprovechado para recordar a estos padres y madres afectados por los recortes educativos también a nivel andaluz que “la Junta de Andalucía tiene grandes deudas pendientes con Jerez que no termina de saldar nunca, y entre algunas destacadas como la rehabilitación de los barrios históricos y la Jerez-La Barca, también hay dos cuestiones fundamentales que no se resuelven desde hace más década y media, como es la culminación de los nuevos mapas educativos y sanitarios”. Pero en este caso, han sostenido, “es aún más sangrante, pues solo se trata de voluntad política ya que la inversión está hecha y los padres y madres solo reclaman algo que es totalmente lógico, más aún en una zona de la ciudad en la que la práctica totalidad de los centros educativos son concertados y es precisamente el Antonio Machado de los pocos que hay públicos en una zona con mucha población”.

“¿No se supone que la Junta apuesta por la educación pública, no se les llena la boca con esos discursos? Que se retraten y demuestren a estos 22 padres y madres de Jerez que sus hijos podrán estar el año que viene en el centro educativo público que han elegido y en el que tienen todo el derecho del mundo de tener a sus hijos matriculados”, han incidido desde Foro Ciudadano de Jerez. Supuestamente, la delegada de Educación, Cultura y Deporte en Cádiz se comprometió a estudiar, “una vez que finalizase el proceso de presentación de solicitudes de escolarización”, el aumento de unidades. Sin embargo, estos padres y madres afectados del Machado temen que “simplemente quiera ganar tiempo y luego no se vaya a más allá cuando se haya echado el tiempo encima”. “Cuando comenzaron las obras de reforma en el colegio se cerró esa línea, pero siempre pensamos que se recuperaría porque además hay mucha demanda. No pedimos un aula nueva porque precisamente el dinero de todos los andaluces ya está ahí invertido”, han mantenido los afectados del colegio público, a los que se suman otras 8 familias más que tienen seleccionada como segunda opción una línea de 4 años que por el momento “sigue incomprensiblemente sin ser recuperada”, han ultimado desde la formación política.

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Cádiz, Teresa Ruiz-Sillero, ha denunciado en Jerez que el caos económico imperante en la Junta de Andalucía ha dado un nuevo golpe al empleo en la provincia al dejar sin ayudas a unos 500 autónomos en la provincia. Ruiz-Sillero ha lamentado que la incapacidad de gestión del Gobierno andaluz afecte, de nuevo y de manera directa, a la creación de empleo en la provincia, y ha calificado como una “estafa” que la Junta no pague las ayudas que presupuestó para los autónomos.

“En este caso -ha detallado la dirigente popular-, se trata de las ayudas al establecimiento y mantenimiento como trabajador autónomo que la Administración andaluza publicó en Orden de 26 de abril de 2010 y que, dos años después, en julio de 2012 suspendió”.

Ruiz-Sillero ha criticado que, ya no sólo es el hecho negativo de suspender estas ayudas dos años después de haberlas publicado, sino que la Junta no haya pagado las ayudas que, durante su periodo de funcionalidad, prometió a unos 500 trabajadores autónomos en la provincia y que se estima en unos 5.000 euros por afectado.

La parlamentaria andaluza del PP ha denunciado que el Gobierno andaluz creó falsas expectativas prometiendo ayudas para los autónomos y después las denegó por falta presupuesto. “¿Dónde ha ido a parar ese dinero que era para los autónomos?”, se ha preguntado la portavoz de Empleo del PP Andaluz.

Teresa Ruiz-Sillero ha afirmado además que el PP tiene la obligación de “sacar los colores” al bipartito de la ruina, “porque ¡basta ya! de engañar a los emprendedores, que están creando puestos de trabajo, y que se han visto muy perjudicados por la falta de cumplimiento de la Junta de Andalucía. Porque perfectamente se han podido dar casos de autónomos que, esperando la ayuda comprometida, hayan pedido un préstamo al banco que ahora no puedan pagar. Esta forma de actuar del bipartito no sé cómo calificarla: engaño, sinvergonzonería…”

Respecto a nuestra ciudad, la parlamentaria andaluza ha señalado que en Jerez el número de autónomos está creciendo, señalando que en estos momentos (últimos datos del mes de febrero), hay un total de 9.116 autónomos, 339 más que en la misma fecha del año pasado.

Para la coordinadora de Empleo del PP Andaluz, los pasos adelante que se están dando nada tienen que ver con el balance tan negativo de la Junta, que es quien tiene las competencias en Empleo. “Su mala gestión se contrarresta con el esfuerzo de la alcaldesa María José García-Pelayo y del Gobierno de la Nación, que están apostando por la  creación de empleo y por los autónomos con medidas pioneras y ayudas que los jerezanos saben que sí van a cobrar, porque las gestiona el Partido Popular”.

Ruiz-Sillero ha hecho referencia a una medida puesta en marcha por el Gobierno de Rajoy y que está generando confianza, que fue anunciada por la ministra de Empleo, la andaluza Fátima Báñez, la tarifa plana de 100 euros para la contratación indefinida, así como el apoyo a los autónomos con un tercer año de bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social del 50 por ciento. “Medidas que sí crean empleo y que tienen el compromiso del Gobierno de la Nación de que se van a cobrar, porque los jerezanos y los andaluces saben que el PP cumple”, ha concluido la parlamentaria popular.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Fernando López Gil, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Federico Fernández, han visitado esta mañana las obras del nuevo ramal que unirá los depósitos de San Cristóbal con los de Montealto, una infraestructura que garantizará el abastecimiento de agua a los más de 220.000 habitantes de Jerez y Trebujena. La Junta ha invertido en esta obra prioritaria para ambos municipios un total de 11,2 millones de euros financiados con Fondos Feder y su ejecución está suponiendo la generación de más de 6.000 jornales.

Las obras, que se encuentran en la actualidad al 80% de su ejecución, son de una gran complejidad ya que las tuberías tienen que atravesar hasta seis cruces de carreteras. El ramal en el que se está trabajando tiene además un metro de diámetro y una longitud de 11,7 kilómetros, lo que supone prácticamente la distancia existente entre Jerez y El Puerto de Santa María.

Esta inversión garantizará que no se produzcan bajadas en la presión del suministro durante los periodos de mayor demanda, como en verano, y dará cobertura a los crecimientos urbanísticos previstos. De esta manera, la actuación no sólo beneficiará a los habitantes actuales de Jerez y Trebujena, sino que se ha adecuado a la demanda para el año horizonte 2035, cuando la población podría superar las 280.000 personas.

La tubería que se está construyendo y garantizará el correcto suministro en todo el sistema, parte de una conexión situada en San Cristóbal y continúa paralela a la cañada del Carrillo en sus dos primeros kilómetros, hasta llegar a la N-IV. Pasa por debajo esta carretera y la variante oeste y a partir de ahí discurre por la margen exterior de la variante teniendo en cuenta los cruces con las carreteras de Sanlúcar, el Calvario y Trebujena, luego vuelve a cruzar bajo la variante y finaliza en Montealto. En el nuevo ramal se dispondrá también una conexión con la derivación de Trebujena que permita un funcionamiento compatible con el actual.

Los cruces de estas carreteras se están realizando mediante pasos subterráneos para evitar molestias a los ciudadanos por cortes de tráfico. Actualmente los trabajos que se están realizando son precisamente los de estos pasos bajo los viales. Posteriormente se unirán los tramos que ya están enterrados y para finalizar se ejecutarán las conexiones.

La Consejería de Justicia e Interior ha hecho efectivo un nuevo pago de 937.550 euros para los abogados de la provincia de Cádiz con el objetivo de sufragar la asistencia jurídica gratuita que prestan estos profesionales, abono con el que continúa dando cumplimiento al compromiso de los plazos de pagos acordado con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados el pasado mes de noviembre.

El abono de los 937.550 euros –que se hizo efectivo la pasada semana al Consejo Andaluz de Colegio de Abogados y esta semana llegará a los colegios de la provincia de Cádiz- corresponde a las cuotas pendientes del segundo y tercer trimestre de 2013, de los cuales 635.087 euros se han destinado al pago del turno de oficio -segundo trimestre de 2013- y 302.463 euros a sufragar las guardias de los letrados -tercer trimestre de 2013-, servicios que han sido certificados por los colegios de abogados de Cádiz y Jerez.

De esta forma, la Administración andaluza da cumplimiento al acuerdo alcanzado con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para avanzar en el abono de este servicio fundamental para la ciudadanía y garantizar así su prestación en la compleja coyuntura económica y presupuestaria actual, tal como viene realizando desde que comenzó la legislatura. El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y los responsables de los colegios de abogados andaluces  acordaron en noviembre un nuevo plazo de pagos para la asistencia jurídica gratuita con el objetivo de liquidar todos los servicios prestados y certificados de 2013 realizados por estos profesionales.

En virtud de ese acuerdo, la Consejería se compromete a sufragar en los próximos dos meses los citados servicios prestados que quedan pendientes del año pasado. Con este nuevo pago que acaba de realizar la Junta, el importe abonado en el último año en la provincia de Cádiz se aproxima a los 8 millones de euros por la prestación de este servicio, lo cual ha permitido rebajar el volumen de los pagos pendientes por la prestación de este servicio y sus plazos de abono.

El delegado del Gobierno de la Junta en la provincia de Cádiz, Fernando López Gil, ha insistido en destacar “el gran esfuerzo que realizan los letrados de la provincia en la prestación de la asistencia jurídica gratuita”, y ha resaltado “su dedicación y compromiso por el sostenimiento de este servicio esencial para garantizar el principio de igualdad de la ciudadanía ante la Justicia”.

Asimismo, López Gil ha recalcado la interlocución permanente y el diálogo fluido que mantiene la Consejería de Justicia con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para trabajar conjuntamente en garantizar este servicio. En la última reunión mantenida en febrero, los representantes de los letrados han valorado el cumplimento del citado acuerdo y el esfuerzo por pagar mensualmente este servicio que está realizando la Administración autonómica. El importe abonado en 2013 alcanza los 40 millones de euros, lo cual ha permitido rebajar el volumen de los pagos pendientes y sus plazos de abono.

Como ha insistido López Gil, “el respaldo económico al programa de asistencia jurídica gratuita es una prioridad del Gobierno andaluz y forma parte de las políticas sociales y de igualdad que viene defendiendo frente a los recortes y la austeridad impuestos por la crisis, todo ello con el objetivo de garantizar este servicio de representación letrada en procesos judiciales a la ciudadanía que no dispone de recursos económicos suficientes para su defensa ante los tribunales”.

La Justicia Gratuita es un derecho básico por el que la Junta de Andalucía hace frente a los gastos que genera el turno de oficio, que es la defensa y representación gratuita; el turno de guardia, que es la asistencia letrada al detenido; y los gastos de funcionamiento de los colegios por la prestación del servicio.

La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, califica de esperpento político las manifestaciones del PSOE porque desconoce las prestaciones y recursos sociales de la Comunidad Autónoma. Las declaraciones del PSOE son fiel reflejo del alejamiento y del desconocimiento de los problemas que afectan a los sectores más vulnerables ya que con el suministro de productos farmacéuticos, sanitarios y ópticos a familias en situación de necesidad, y que serán atendidas en los servicios sociales municipales por un importe 120.000 euros, se cubren unas necesidades básicas ante los recortes de ayudas de la Junta de Andalucía. La delegada se pregunta cómo va a dar respuesta la Junta a las necesidades con una Ley de Servicios Sociales que se remonta a 1988, cuando en otras comunidades aplican leyes de segunda y tercera generación.

La delegada ha afirmado que el PSOE desconoce las prestaciones y recursos de la Comunidad Autónoma porque estas ayudas de emergencia social municipales están contempladas en las prestaciones complementarias que llevan a cabo los Servicios Sociales Comunitarios dentro de la tipología de ayudas de emergencia social, donde se recogen contingencias extraordinarias como es el caso del suministro servicios básicos (agua, luz, gas, enseres, etc). Isabel Paredes, ha explicado que el objetivo de estas ayudas de emergencia social “es dar una respuesta más rápida y eficaz ante una situación de emergencia social de personas usuarias de los Servicios Sociales”. “Las declaraciones del PSOE son fiel reflejo del alejamiento y del desconocimiento de los problemas que afectan a los sectores más vulnerables”, ha añadido.

De hecho, estas ayudas sociales en especie son un ejemplo del compromiso que en materia de políticas sociales lleva a cabo el Gobierno municipal ante la ausencia de la Junta de Andalucía que ha recortado en un 48% de presupuesto en materia social y que además ha abandonado al tejido del tercer sector tras la suspensión de la convocatoria de subvenciones de la Junta de Andalucía tras anular la Orden de 5 de julio de 2013.

La delegada ha recordado que estas ayudas son más necesarias que nunca porque “desde 2005, la Junta de Andalucía ha realizado sistemáticamente recortes en las ayudas a personas con discapacidad y al colectivo de mayores, con presupuestos irrisorios que son inversamente proporcionales a las necesidades de la ciudadanía. Ante esta situación y para hacer frente a las nuevas necesidades, los ayuntamientos tienen que asumir los recortes de nuestra comunidad autónoma para poder ofrecer a nuestros ciudadanos calidad de vida, ya que consideramos que se trata de una inversión social”

Dentro de estas ayudas en especie las familias en situación de necesidad podrán acceder, mediante informe de los servicios sociales municipales, a productos que cubren necesidades básicas en el ámbito sanitario y que no están cubiertos por el Sistema Andaluz de Salud caso de material de ortopedia o artículos para el cuidado y atención de personas enfermas o con discapacidad; artículos de parafarmacia de primera necesidad para la lactancia o necesarios para la atención básica de menores o personas enfermadas así como artículos ópticos por mucho que el PSOE diga que se financian por la sanidad pública andaluza”. En el caso de las personas mayores “no existe una convocatoria de la Junta desde 2005 que cubra las necesidades orto protésicas”, ha subrayado.

Hace menos de un año “se ha producido un nuevo recorte que ha dado lugar a la desaparición del programa de adaptación funcional del hogar para personas mayores y con discapacidad superior al 65%, a pesar del envejecimiento de la población y el incremento de las personas con discapacidad”, ha recordado la delegada. Desde este “Ayuntamiento nos preguntamos cómo se va a dar respuesta a la necesidades con una ley de Servicios Sociales que se remonta a 1988, cuando en otras comunidades están gestionando con leyes de segunda y tercera generación”, ha afirmado.

Isabel Paredes lamenta que PSOE desconozca qué prestaciones y servicios se están ofertando en la Comunidad Autónoma gracias a la labor de los ayuntamientos. La delegada pide al PSOE que pregunte al sistema educativo, a modo ejemplo, los problemas que ha tenido la Junta para implantar el programa de refuerzo de alimentación para alumnos de Infantil y Primaria. “Nos vimos obligados a aprobar en Pleno (pasado enero) una propuesta para instar a la Junta de Andalucía para que lleve a cabo medidas presupuestarias y de coordinación al objeto de atender efectivamente por parte de los colegios todas las solicitudes tramitadas y enviadas por los Servicios Sociales municipales, unas 300, cubriéndose así las necesidades de refuerzo de alimentación de los menores ante la descoordinación de las consejerías de la Junta y el asombro de los centros educativos”, ha recordado.

Este acuerdo plenario tenía objeto atender las necesidades de alimentación básicas de las personas menores en Andalucía que se encuentren en una situación de exclusión social o en riego de padecerla, de acuerdo con lo recogido en el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria para el año 2013. El Ayuntamiento en Pleno también –ha añadido la delegada- aprobó una solicitud a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para que se activase la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía creada por este decreto de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía. “El Ayuntamiento de Jerez solicitó su incorporación el 23 de mayo de 2013, pero desde entonces no sabemos nada porque dicha red sigue sin funcionar”, ha añadido Isabel Paredes.

Esta red es una fórmula de cooperación de actuaciones de las distintas Administraciones Públicas y de las organizaciones, entidades y agentes sociales y económicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que puedan contribuir a los objetivos de solidaridad alimentaria. “Esta medida también está recogida en este decreto Exclusión Social pero sigue sin adoptarse. Por ello solicitamos en Pleno que se active esta Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía”, ha apostillado.

La Consejería de Justicia e Interior ha hecho efectivo un nuevo pago de 788.926 euros a los consejos andaluces de abogados y procuradores para sufragar la asistencia jurídica gratuita que prestan estos profesionales en la provincia de Cádiz, abono con el que comienza a dar cumplimiento al compromiso de los plazos de pagos acordado por la Consejería y el Consejo Andaluz de Abogados el pasado mes de noviembre.

Este abono corresponde a las cuotas pendientes del primer y segundo trimestre de 2013, de los cuales 205.142 euros se han destinado al pago de los procuradores y 583.784 euros al de los letrados y se refieren a los servicios prestados y certificados por los respectivos colegios profesionales de la provincia de Cádiz.

Con este nuevo pago, el importe abonado en esta provincia desde 2013 se acerca a los siete millones de euros por la prestación de este servicio, lo cual ha permitido rebajar el volumen de los pagos pendientes por la prestación de este servicio y los plazos de abono.

El delegado del Gobierno andaluz, Fernando López Gil, ha manifestado que este abono “demuestra el compromiso con la justicia gratuita y el cumplimiento del acuerdo alcanzado con los abogados para avanzar en el abono de este servicio fundamental para la ciudadanía y garantizar así su prestación en la compleja coyuntura económica y presupuestaria actual, tal como viene realizando desde que comenzó la legislatura”. Al respecto, ha recordado el acuerdo alcanzado por el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, con los responsables de los colegios de abogados andaluces  acordaron en noviembre un nuevo plazo de pagos para la asistencia jurídica gratuita con el objetivo de liquidar todos los servicios prestados y certificados de 2013 realizados por estos profesionales.

En virtud de ese acuerdo, la Consejería de Justicia e Interior sigue abonando mensualmente diversas cuantías de este servicio y se compromete a sufragar en los próximos tres meses los citados servicios prestados que quedan pendientes del año pasado. Con este nuevo pago que acaba de realizar la Junta, el importe abonado en el último año alcanza los 40 millones de euros por la prestación de este servicio, lo cual ha permitido rebajar el volumen de los pagos pendientes por la prestación de este servicio y sus plazos de abono.

El delegado del Gobierno ha insistido en destacar “el gran esfuerzo que realizan los más de 8.000 letrados y procuradores andaluces en la prestación de la asistencia jurídica gratuita, y resalta su dedicación y compromiso por el sostenimiento de este servicio esencial para garantizar el principio de igualdad de la ciudadanía ante la Justicia”.

Según el delegado, el respaldo económico al programa de asistencia jurídica gratuita es una prioridad del Gobierno andaluz y forma parte de las políticas sociales y de igualdad que viene defendiendo frente a los recortes y la austeridad impuestos por la crisis, todo ello con el objetivo de garantizar este servicio de representación letrada en procesos judiciales a la ciudadanía que no dispone de recursos económicos suficientes para su defensa ante los tribunales.

La Justicia Gratuita es un derecho básico por el que la Junta de Andalucía hace frente a los gastos que genera el turno de oficio, que es la defensa y representación gratuita; el turno de guardia, que es la asistencia letrada al detenido; y los gastos de funcionamiento de los colegios por la prestación del servicio.

La Junta está formando a policías locales de una decena de municipios gaditanos para ser guías caninos y expertos en el adiestramiento de perros detectores de drogas a través de un curso impartido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA), dependiente de la Consejería de Justicia e Interior.

Esta actividad formativa prepara a los agentes para la creación y puesta en funcionamiento de unidades caninas en sus respectivos cuerpos de Policía Local. Además, con esta formación los policías locales podrán realizar, entre otras, labores de prevención alrededor de los centros educativos de tráfico y consumo de drogas, tareas de vigilancia en zonas con masiva afluencia de gente (eventos deportivos, conciertos o grandes zonas comerciales) y controles en carretera para la detección de sustancias estupefacientes.

Al curso que se imparte en la sede de la ESPA, en la localidad sevillana de Aznalcázar, asisten policías locales de Jerez, Alcalá de los Gazules, Algeciras, Algodonales, Los Barrios, Castellar de la Frontera, Olvera, San Fernando, Chiclana y Tarifa.

Durante el curso, lo participantes cuentan con la asistencia de personas expertas en cada disciplina del adiestramiento de perros y de los diversos aspectos legales, técnicos y de atención veterinaria que requieren los animales. Al final del curso,  todos los agentes contarán con una titulación que les facultará para realizar labores de guías caninos y adiestrar perros detectores de drogas y estupefacientes en sus respectivos municipios.

Más de 9.000 horas de formación este año

Además de esta actividad destinada a los policías locales, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía imparte formación a bomberos, agentes de la Unidad de Policía adscrita a al Junta y a miembros de los servicios de emergencias y Protección Civil de Andalucía. Según el Plan Anual de Formación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA), se prevé impartir cerca de 9.000 horas de formación durante este 2013.

El objetivo fundamental de estos cursos impartidos por la ESPA es facilitar a los profesionales de la seguridad y las emergencias de Andalucía una formación continuada para un mejor desempeño de sus cometidos y también para ofrecer una atención más eficaz a la ciudadanía a la que prestan su servicio.

La ESPA pretende así proporcionar a estos profesionales herramientas y técnicas de intervención que se adapten a las nuevas realidades, crear espacios de reflexión y de intercambio sobre sus prácticas profesionales, y establecer parámetros adecuados de calidad, productividad y mejora de la organización.

En la programación de este año se ha incluido como acción de especial atención la lucha contra la discriminación y la igualdad de trato y no discriminación de colectivos que sufren algún riesgo de exclusión, así como la introducción a la lengua de signos española para que estos profesionales puedan atender adecuadamente a personas sordas o con discapacidad auditiva, cuando han sido víctimas de violencia de género o de agresiones o han sufrido lesiones en un siniestro.

Agentes de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y efectivos de la Guardia Civil (Seprona) están llevando a cabo una investigación sobre el uso de cebos envenenados en una finca de Jerez. La inspección realizada durante la pasada semana se saldó con la detención de una persona que presuntamente habría colocado varios cebos envenenados empleando trozos de chorizo aderezados con miel en los que introducía el veneno. Los agentes de la Guardia Civil tomaron declaración al detenido, que trabajaba como guarda de un coto y que reconoció haber colocado al menos un par de cebos en la valla de la finca.

Durante la inspección realizada por Agentes de Medio Ambiente y la Unidad Canina Especializada de la Estrategia Andaluza contra el Veneno de la Junta se hallaron envases que contenían el producto fitosanitario ilegal Aldicarb. También se intervinieron otros productos tóxicos de fabricación casera que iban a ser empleados como raticidas. Igualmente le fueron intervenidas otras artes ilegales de captura (perchas para aves insectívoras).

La investigación comenzó después de que la Guardia Civil fuese informada del envenenamiento de un galgo en las inmediaciones de la finca en cuestión. Pocos días antes se había detectado asimismo la muerte de un milano real, catalogado como especie en extinción, a escasos tres kilómetros de este mismo lugar. El cadáver fue trasladado al Centro de Análisis y Diagnóstico de la Junta de Andalucía donde, tras practicarle la necropsia, se verificó un cuadro de intoxicación severa por la presencia de Aldicarb. Tras estos dos casos de envenenamiento, y aunque por el momento no se pueden interrelacionar ambos episodios, se decidió organizar un dispositivo conjunto de Agentes de Medio Ambiente, Guardia Civil (Seprona) y la Unidad Canina contra el Veneno.

La Junta de Andalucía no ha detectado más cadáveres ni cebos en la zona inspeccionada. Todas las muestras han sido levantadas y convenientemente precintadas para su remisión al CAD.

Lucha contra veneno

La labor desarrollada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el marco de la Estrategia para la Erradicación del uso ilegal de Cebos Envenenados está permitiendo una importante recuperación poblacional de las aves carroñeras y otras rapaces en esta Comunidad Autónoma. El desarrollo de esta Estrategia desde el año 2004 ha colocado a Andalucía en la vanguardia de la lucha contra el uso de venenos, una práctica ilegal que se encuentra entre las principales causas de mortalidad de numerosas especies amenazadas, entre ellas aves como el águila imperial, el quebrantahuesos, el buitre negro o el alimoche.

Durante este tiempo, el equipo especializado de la Consejería de Medio Ambiente, con su Unidad Canina, se ha convertido en la herramienta más eficaz para detectar venenos y para disuadir de su uso en el medio natural.