La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente cofinanciará junto a la Unión Europea, dentro del programa LiderA, un total de 12 proyectos de emprendedores de Jerez que contribuirán al desarrollo y diversificación de la economía de la zona. Los proyectos suman una inversión total de 482.569 de euros, de los cuales serán subvencionados 203.000 euros. La puesta en marcha de estas iniciativas permitirá la creación o consolidación de 28 puestos de trabajo.

El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Federico Fernández, ha destacado la importancia de la aprobación de estos proyectos financiados con inversión público-privada en una coyuntura económica como la actual, ya que estas inversiones crearán empleos estables y de calidad y servirán además para impulsar el tejido económico y promover el desarrollo del medio rural.

Los proyectos han sido seleccionados por el Grupo de Desarrollo Rural (GDR)  Campiña de Jerez y aprobados en la mañana de hoy en Jerez por el consejo territorial, órgano de toma de decisiones de los GDR en el que están representados todos los agentes sociales, económicos y políticos de cada territorio rural.

Las iniciativas empresariales abarcan en su mayoría la modernización de riegos y la adquisición de maquinaria para mejorar las instalaciones agrarias y hacerlas más competitivas. Asimismo destacan dos proyectos presentados por asociaciones de mujeres rurales que persiguen la formación de dicho sector en el mundo agrícola.

Grupos de Desarrollo Rural

Los GDR son entidades privadas compuestas por un importante número de agentes de los territorios, que participan en la gestión y ejecución del Programa LiderA, financiado por la Junta de Andalucía y la Unión Europea, y apoyan, a través de fondos públicos, los diferentes programas de diversificación económica con el fin de mejorar la calidad de vida en el medio rural y fijar la población al territorio. En la provincia de Cádiz existen 5 GDR (Alcornocales, Campiña de Jerez, Litoral de la Janda, Sierra de Cádiz y Costa Noroeste de Cádiz).

En el día internacional de la justicia social, representantes de las ONGD andaluzas se han concentrado esta mañana en Córdoba, Jerez y Sevilla ante la grave situación en que se encuentra el trabajo de cooperación que realizan con más de 70 países del Sur por la deuda que mantienen con ellas las administraciones públicas. La principal deudora en esta comunidad, la Junta de Andalucía, debe a los países empobrecidos, a través del trabajo de las ONGD, más de 37 millones de euros; más de 20, reconocidos por la propia Junta como deuda del año 2011 o anterior, y 17 millones de la convocatoria de ayudas de cooperación internacional de 2012.

Detrás de esta cifra hay millones de personas de países del Sur que no cuentan con los recursos comprometidos por el Gobierno Andaluz para salir de la pobreza, y que debían destinarse a actuaciones para reducir el hambre, la pobreza o la mortalidad infantil; mejorar el acceso al agua potable y a saneamiento básico, la educación o una sanidad adecuada; actuar contra la desigualdad entre hombres y mujeres o hacia la libertad en la gestión de los propios recursos naturales, como tierras cultivables o recursos mineros.

Bajo el lema “La Junta de Andalucía deja tirada la cooperación internacional”, varios cientos de personas se han manifestado literalmente tiradas a las puertas de diferentes sedes de la administración autonómica. Cada una de ellas portaba un letrero que representaba los diferentes tipos de actuaciones señaladas en su labor de cooperación con otros países, que sólo en 2011 sirvió para mejorar las condiciones de vida de 12,5 millones de personas. En Jerez, la concentración se ha realizado en la Alameda Cristina, ante la sede de la Oficina Tributaria de la Junta de Andalucía, acudiendo representantes de la Asociación Madre Coraje e Intermón Oxfam, organizaciones integradas a la Coordinadora de ONGDs de la provincia de Cádiz.

RETROCESO DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA

Con esta nueva protesta, las ONGD han querido resaltar que la situación es insostenible y atenta contra los derechos humanos. Más allá de la deuda, las organizaciones andaluzas muestran su rechazo al retroceso que vive la cooperación al desarrollo en Andalucía, reflejada en varios aspectos.

Entre ellos, el retroceso presupuestario: la AOD de la Junta de Andalucía se ha reducido en casi un 30% respecto a 2012, lo que la sitúa en el 0,17% del presupuesto total de la comunidad, muy lejos del comprometido 0,7%.

Por otra parte, resulta grave que, sumado a lo anterior, el nivel de ejecución sea muy inferior a lo presupuestado. Como ejemplo, la convocatoria de ayudas de 2012: de los 45 millones previstos de dotación en la orden, tan sólo se han comprometido 17. Es decir, el presupuesto se ha recortado en más de un 66% en su ejecución.

RESULTADO DE LA ENCUESTA DE LA CAONGD SOBRE EL IMPACTO DE LOS IMPAGOS EN SUS ONGD 

La Coordinadora Andaluza de ONGD ha realizado una encuesta entre sus ONGD federadas para determinar en qué medida se han visto afectadas por los impagos de proyectos y programas de cooperación aprobados por las administraciones públicas (y, en menor medida, por la disminución de ingresos privados) entre 2010 y 2012. Entre las conclusiones más significativas de esta encuesta se encuentran los siguientes datos:

• El 84% de las ONGD tuvo menos ingresos públicos en 2012.
• El 86% de las ONGD tuvo menos ingresos privados (provenientes de empresas, donaciones, cuotas de personas socias…) en 2012.
• Cada ONGD cuenta con una deuda por ingresar, la mayor parte de administraciones públicas, de cinco millones de euros a día de hoy; en 2011 la media era de 860.000 euros, y en 2010, de 307.000 euros.
• Las ONGD han iniciado acciones de cooperación, e incluso finalizado, sin haber recibido ingresos comprometidos: cada una de ellas tiene como media dos programas o proyectos de lucha contra la pobreza en esta situación.
• En el lado opuesto y más grave para la población de los países empobrecidos, cada ONGD ha dejado de realizar una media de 3,5 proyectos por los impagos.
• El 14,3% de las ONGD ha optado por endeudarse para no dejar de realizar las acciones de cooperación acordadas con las organizaciones y comunidades con las que cooperan, y han solicitado créditos para iniciar los proyectos no pagados.
• El número de personas socias ha disminuido desde 2010 para el 58,3 % de las ONGD.
• La mitad de las organizaciones calculan que podrán seguir funcionando un año como máximo sin recibir lo que las administraciones públicas les adeudan; el 23,5% del total no conseguirá resistir más de seis meses.

 Como consecuencia de la crisis:

• El 75% de las ONGD ha reducido su personal; la mitad del total ha aplicado reducciones salariales a sus trabajadores/as.
• El 41,4% de las ONGD ha tenido que abandonar su trabajo en algún país o región del Sur.
• El 26% ha tenido que cerrar su sede en Andalucía.
• El 86% ha disminuido su actividad en los países empobrecidos.
• El 76,5% ha disminuido sus actividades en Andalucía.

La Delegación de Salud y Bienestar Social de Cádiz ha emitido un comunicado en el que responde a las acusaciones a de los familiares de los ancianos residentes en el geriátrico Suite La Marquesa, que ayer denunciaban mala atención a los usuarios, y en él asegura que la Dirección de la Inspección puede confirmar “tras un riguroso reconocimiento de las instalaciones, que, pese a las dificultades económicas por las que atraviesa la empresa concesionaria, la higiene de los residentes es correcta, las alimentación es la adecuada a sus necesidades y está, por tanto, programada, y que los posibles problemas de salud de las personas de La Marquesa están debidamente atendidos por un equipo de médicos y enfermeras”.

Según la Junta, el pasado jueves la Inspección decidió acudir a la residencia ante un escrito anónimo “y pese a que este documento, repartido sin firma ni procedencia conocida de familiares o trabajadores, podría carecer de credibilidad, tres inspectoras de esta Delegación se personaron en Jerez para comprobar la veracidad de lo expresado en el documento, siempre pensando en el bienestar de los residentes”.

De esta forma, la Inspección de Servicios Sociales de esta Delegación insiste en que hasta el día de ayer no había recibido “ni una denuncia oficial por escrito de familiares sobre la supuesta desatención que reciben los residentes de dicho centro”. Argumentan además que en la mencionada Inspección se reciben llamadas telefónicas demandando asesoramiento de familiares de residentes de toda la provincia, y “en el caso de La Marquesa, solo se ha tenido un requerimiento del pasado 12 de febrero”. Salud y Bienestar Social entiende que “en caso de que los graves hechos relatados fueran ciertos, tendrían en su poder numerosas denuncias oficiales de allegados”.

Además de todo lo anterior, desde la administración han querido insistir en que la Inspección de Servicios Sociales “realiza una labor impecable para evitar cualquier situación de falta de atención a residentes de centros de mayores de la provincia”. En este sentido, la Delegación lamenta el desprestigio que “ha pretendido promover un escrito cobarde, ya que es anónimo y, sobre todo, la innecesaria alarma social entre la población”. Acciones como esta, que parecen responder a intereses nada claros, solo causan una angustiosa preocupación a los familiares de los residentes en este centro, al tiempo que cuestiona la profesionalidad de una plantilla cuya dedicación está fuera de toda duda”.

Por último, la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social ha querido atribuir esta “desagradable rumorología”  a un ambiente laboral enrarecido y, en este sentido, confía y desea que la concesionaria actúe en consecuencia para paliar esta situación lo antes posible, “porque no es de recibo que se intente utilizar a los mayores en un conflicto entre empresa y trabajadores”.

“Hemos constatado muchas de las denuncias”

La primera reacción de los familiares de los ancianos residentes tras el comunicado de la Junta ha sido de indignación, sobre todo porque como han recalcado reiteradamente “la denuncia que hemos realizado no parte de ningún escrito anónimo que nos haya podido llegar o que esté circulando por el centro, sino que nos hemos quejado de situaciones que hemos podido constatar con nuestros propios ojos cuando vamos a visitar a nuestros mayores”.

Estos familiares han insistido a este medio en que “nunca han puesto en duda la profesionalidad de la plantilla”, sino que miran a la dirección del centro cuando denuncian que “la calidad y cantidad de la comida que se da a los usuarios es peor, y no sabemos qué y cuándo habrán inspeccionado desde la Junta, pero parece que no han visto cómo los ancianos permanecen sin asear durante horas y horas por la mañana sin poder ser atendidos. Nosotros, que vamos a visitarlos, sí lo hemos comprobado”.

Respecto a su denuncia, muestran los comprobantes de que el pasado día 12 se hicieron envíos vía fax de su escrito tanto a la Delegación Provincial como a la Dirección General de Personas Mayores en Sevilla. “Y están firmados por un buen número de familiares, con nombres y DNI, por lo que está claro que cuando la Junta habla de un escrito anónimo debe estar confundida”, lamentaron. Recordaron además que también han presentado queja ante el Defensor del Ciudadano y Bienestar Social en Jerez.

En este punto, y pese a la decepción de la respuesta de la administración, apuntan que van a esperar unos días por si obtienen una respuesta oficial a su escrito de denuncia y, en caso contrario, “iremos más allá en nuestras denuncias y llamaremos a las puertas que sean necesarias, porque la situación del centro y de nuestros mayores no es adecuada, y no nos vamos a quedar de brazos cruzados”.

Un grupo de familiares de los ancianos que viven en la residencia Suite La Marquesa han recogido en un escrito que ya han enviado a la directora general de Personas Mayores de la Junta de Andalucía, María José Rico, todas las anomalías que han detectado en el cuidado de estos usuarios y de las que culpan a la dirección del centro, que arrastra problemas económicos desde 2010 y que ahora negocia la venta de la empresa.

En el documento, enviado el pasado día 12 de febrero, los familiares de los usuarios del centro lamentan las irregularidades en el cuidado de los 184 usuarios del centro. Y dejan muy claro que “las quejas no van dirigidas a los 114 empleados, que han demostrado por encima de todo su responsabilidad con los mayores aún sin estar cobrando sus nóminas, sino que se debe a los constantes engaños de la dirección del centro”.

Tanto es así que incluso apuntan que la plantilla convocó una huelga el pasado día 7 de febrero de la que los familiares no sabían nada porque “la dirección coaccionó con el despido a los trabajadores si nos informaban de la huelga”.

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La plantilla del servicio de ayuda a domicilio ha anunciado hoy públicamente su deseo de que la empresa que actualmente ostenta la concesión, Acasa, se marche. Las trabajadoras aseguran que “un mes más que Acasa sigue significa un mes más de retraso en los cobros para nosotras”. El colectivo, que lleva años de conflicto laboral, acumula otra vez cuatro nóminas sin cobrar a pesar de la operación de préstamo llevada a cabo por el Ayuntamiento con una entidad bancaria italiana para adelantar parte de los fondos.

Los salarios de octubre, diciembre, la paga extra y el mes de enero -además de otros atrasos y las liquidaciones de empleadas que han terminado sus contratos- aún no están en las cuentas de las trabajadoras, que se sienten muy desilusionadas con la situación. Como explicó la presidenta del comité, Encarna Barrios, “hasta el 20 de marzo no habrá dinero de la Junta”. El comité “ha hecho todo lo que ha podido, hemos ido a todas partes, hemos llamado a todas las puertas posibles”, aseguró destacando que “aquí hay tres culpables: la Junta, el Ayuntamiento y Acasa”.

La primera vez que se ha cobrado mediante la operación de crédito, la Seguridad Social ha embargado más de 600.00 euros por lo que la cantidad -el banco solo adelante 1,7 millones de los 2,3 que componen el pago- solo ha dado para dos nóminas y media. Acasa tiene la concesión prorrogada hasta el próximo 28 de febrero, una situación que se repite desde junio.

Ayuno de 24 horas

La sección sindical de CGT ha organizado para las próximas 24 horas un ayuno de las trabajadoras en la plaza del Arenal. Desde las 15.00 horas de hoy y hasta la misma hora del sábado, un grupo de empleadas permanecerán al raso y sin comer para hacer visible su reivindicación. Según ha explicado Esther Hidalgo, “unas 30 personas nos quedarmos a dormir por la noche y el resto del día el número será variable. De brazos cruzados no nos vamos a quedar”.

La Junta de Andalucía ha anunciado el abono del primero de los pagos que se adeudan al Colegio de Abogados correspondientes al turno de oficio. Un soplo de aire fresco en medio de un ambiente enrarecido que sin embargo resulta insuficiente para que el organismo jerezano continúe prestando el servicio de justicia gratuita con garantías. El decano, Marcos Camacho, sigue calificando la situación de “grave” con un dato esclarecedor, como el que uno de cada tres letrados atraviesa por serios problemas para seguir ejerciendo. Como ha explicado, muchos despachos están reduciendo sus plantillas y ello se une al drama sufrido por los profesionales del turno de oficio, que en muchos de los casos han llegado a poner dinero de sus propios bolsillos.

En este sentido, los continuos recortes unidos a los impagos por parte de la administración autonómica han provocado, según Camacho, que ya se eleven a tres los meses de espera de cualquier ciudadano para que se le designe un letrado de manera gratuita. “Han reducido los baremos de justicia gratuita (lo que cobran lo abogados) un 10% y han bajado hasta un 50% la aportación para gastos de infraestructuras -recuerda el decano-. Aún nos deben varios pagos relativos al ejercicio anterior, así que si sumamos todo ello el resultado es que baja la calidad en la prestación”. En la actualidad, las atenciones a usuarios del turno de oficio se han reducido a un día a la semana, con lo que las colas en el Colegio durante los miércoles llegan a alcanzar las 100 personas.

A pesar de ello y de las presiones del delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, que amenazó con llevar el problema a los tribunales, los abogados jerezanos insisten en que no es posible prestar el servicio con la misma calidad que se ha venido ofreciendo hasta el momento. Otra de las cuestiones que ha supuesto la puntilla para un colectivo que se considera maltratado por la administración es la consabida Ley de Tasas, cuyos efectos se están dejando notar sobre todo en asuntos civiles y contenciosos, donde son muchos los ciudadanos que están desistiendo de interponer recursos ante las elevadas tarifas que ello conlleva. El Consejo General de la Abogacía, por su parte, se plantea promover un recurso ante el Tribunal Constitucional contra una norma que a su juicio vulnera uno de los derechos fundamentales más elementales que existen.

La decisión de la Junta de Andalucía de cerrar todos los registros civiles de la comunidad ha levantado ampollas entre el funcionariado, que por boca del Sindicato Profesional de la Justicia de Jerez ha criticado duramente una medida “unilateral” y “perjudicial para los ciudadanos”. Según el colectivo, la decisión fue adoptada el pasado 23 de enero sin tener en cuenta la oposición de todas las organizaciones sindicales, alegando motivos económicos. Una justificación que no terminan de entender los afectados, que argumentan que el coste de este servicio ya estaba presupuestado con 2,3 millones de euros. Una vez que se ha suprimido, han preguntado a la administración cuál será el destino de esa partida “pero no han sabido o no han querido contestar”.

Una circunstancia que ha indignado al SPJ, que lamenta el “notable perjuicio” que esta reducción causará a los usuarios. En esta línea, señalan a las personas de la tercerda edad como las afectadas, alegando que deberán aguardar colas de horas durante la mañana para la expedición de certificaciones de fe de vida, una gestión que en la tarde se realiza en cinco minutos. También sufrirán un revés aquellos que por motivos laborales no puedan acudir al registro en horario mañanero y, en general, todos los que soliciten cualquier tipo de trámite, pues las esperas se auguran largas. Los ciudadanos, no obstante, no serán los únicos perjudicados ya que el sindicato asegura que la iniciativa conllevará un aumento de la sobrecarga de trabajo del personal.

“De nada han servido las decenas de informes realizados por jueces y secretarios judiciales de toda Andalucía, solicitando que no se procediera a esta medida pues se estaba prestando un servicio modélico”, se lamentan. “Además, conllevará una inevitable dilación y retraso en la gestión de temas importantes como la averiguación de datos registrales en el caso de los bebés robados”. Junto a todo ello, tampoco olvidan el nuevo recorte de retribuciones que supondrá para el personal, que ya en 2013 afronta otra reducción del 5% en el salario con lo que se eleva a un 20% menos lo que percibirán cada mes. “La Junta pone así su granito de arena en la carrera por desmantelar un servicio público y que culminará el Gobierno central con la privatización de los registros”, sentencian.

El delegado de Presidencia y primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, fue el encargado ayer de transmitir las dudas del gobierno local respecto al anuncio del consejero de Turismo sobre la ruptura de las negociaciones con Ryanair para traer nuevos vuelos al aeropuerto de Jerez. Saldaña puso sobre la mesa que “ha habido interferencias extrañas y vamos a estar muy pendientes de esas conexiones porque nos llegan informaciones de que se han desviado a otros aeropuertos andaluces”.

“La Junta se tiene que unir al trabajo del Ayuntamiento y la Diputación para traer vuelos porque, con Junta o sin ella, tarde o temprano, Jerez tendrá más vuelos”, espetó Saldaña sobre la polémica abierta hace ya dos semanas. A su juicio, “la Junta se ha convertido en portadora de malas noticias para los jerezanos y crea una situación de alarmismo. Nosotros vamos a seguir trabajando con quien sea necesario para que el aeropuerto siga adelante”.

Recuperación del vuelo con Madrid de la mañana

Además, el portavoz municipal anunció que la reserva para reanudar los vuelos Jerez-Madrid de las siete de la mañana “ya está hecha y comenzarán a operar en marzo”. No pudo concretar más detalles salvo que será la compañía Iberia directamente o su filial Air Nostrum las que se harán cargo de la conexión.

El delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, ha anunciado hoy que el gobierno andaluz ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de junta de gobierno local de septiembre de 2012 por el que se aprobó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Según ha explicado hoy López Gil, la Junta ha realizado un informe jurídico que apunta que la normativa elaborada por el gobierno de Jerez es contraria a ley, ya que esta, como norma general, establece que los puestos deben ser ocupados por funcionarios y solo con carácter excepcional por laborales. Sin embargo, según el delegado, en el caso de Jerez casi todos los puestos recogidos en la RPT tienen la doble adscripción para funcionarios o laborales, y en el caso de 181 casos concretos ha apuntado que hay un claro incumplimiento de la norma general.

Por este motivo han decidido acudir a los tribunales, aunque afirma que “esta vía se abre para iniciar un diálogo y buscar el consenso al que como administraciones debemos llegar para subsanar los posibles errores”. “No está en nuestro ánimo paralizar la RPT, por eso seremos colaboradores con el Ayuntamiento,”, argumenta el representante de la Junta.

Hay que recordar que también el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite la demanda presentada por la Asociación de Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Jerez (ATMJ) contra esta Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada por el gobierno municipal y dirigida a regular la estructura funcional y organizativa de la plantilla.

Según han informado desde el sindicato que agrupa a los técnicos, el Alto Tribunal andaluz ha admitido a trámite la demanda porque “ha encontrado indicios de que se habrían cometido determinados actos ilegales relacionados con la falta de negociación sindical y la arbitrariedad de la determinación, clasificación y valoración de los puestos de trabajo, entre otros”.

La indignación ha calado hondo en el seno del Colegio de Abogados de Jerez, tras las declaraciones del delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz que amenazaba con interponer una demanda judicial si los letrados no prestan el turno de oficio con garantías. Como ha recordado el decano, Marcos Camacho, es la Junta de Andalucía la responsable por ley de velar por este servicio y garantizar la asistencia de justicia gratuita a los ciudadanos. Por ello, el trabajo del Colegio de Abogados en este sentido depende exclusivamente de los medios que la administración ponga a su disposición.

“La Junta es la única que tiene competencias y la responsable de mantener el servicio. Tiene que pagar lo que cueste y si no lo hace nosotros adecuaremos la asistencia a lo que aporte. Hay que recordar que el Colegio no gana dinero con esto, lo hacemos por el bien de los ciudadanos”. Tan es así, que como apunta el decano es habitual que el organismo adelante parte del presupuesto para que el turno de oficio siga su curso, debido a los continuos retrasos en el pago por parte del gobierno autonómico. En estos momentos, por ejemplo, subraya que la administración les adeuda 65.000 euros que ellos mismos han puesto de su bolsillo. “Jamás hemos tenido ninguna queja del ciudadano, ya que prestamos el servicio con garantías, lealtad y dignidad pero con el dinero que ellos nos mandan“.

Aunque el delegado del Gobierno se ha comprometido a saldar la deuda con los letrados en abril, no ha incluido el 50% de gastos de infraestructuras relativos al pasado año que aún se adeuda. Cuando se llegue a esa fecha, además, Camacho insiste en que ya volverá a deberse todo lo correspondiente al primer trimestre de 2013. Si a ello se le suma la reducción de la subvención para los citados gastos en un 50% y en un 10% en las tarifas de los profesionales, el resultado sigue siendo muy poco ventajoso para que puedan prestar el servicio como hasta ahora. En resumidas cuentas, a pesar de la amenaza de la Junta las colas continuarán en el Colegio para la asignación de letrado en la asistencia gratuita, que podría demorarse hasta seis meses ya que se gestiona solo una vez a la semana, cuando antes se realizaba de manera diaria.

“DESCONSIDERACIÓN ABSOLUTA” HACIA LOS PROFESIONALES

“La demanda con la que amenazan no tiene ni pies ni cabeza y nos parece una desconsideración absoluta hacia nosotros. Es precisamente quien genera el incumplimiento el que amenaza ahora con llevarlo a los tribunales. Bastante tenemos nosotros con financiar de nuestro bolsillo el servicio”. Así las cosas, el conflicto no parece tener visos de solución e incluso podría recrudecerse, si en las próximas semanas la administración no cumple con el primero de los pagos comprometidos.