Michal P., Darius J., Marek K. y Rau T. han sido absueltos del crimen del indigente polaco Alexander G., por el que habían permanecido en la cárcel desde febrero del pasado año. El calvario ha terminado para ellos, los tres primeros también polacos y el cuarto de origen alemán, después de que el jurado popular haya decretado el veredicto de inocencia ante la falta de pruebas concluyentes. Así lo ha confirmado una de las defensas personadas, informando de que solo uno de ellos, Michal P., ha sido condenado por una falta de lesiones ( cuya pena se reduce a una multa) infringidas sobre la víctima al hallar restos de sangre de ésta en sus ropas.

Por lo demás, el tribunal ha considerado que los argumentos esgrimidos por el fiscal, que pedía 20 años de cárcel para cada uno de ellos, no se sostenían. Ahora habrá que esperar la reacción de la Fiscalía, que como ha podido saber este medio es muy probable que recurra el veredicto. Así las cosas, tras el desarrollo del juicio lo único que ha quedado claro es que Alexander G. encontró la muerte la noche de autos tras ser asfixiado por una máquina compactadora de basuras, a donde previamente había sido arrojado aún con vida. Quién lo abandonó allí y si previamente fue apaleado o no hasta quedar inconsciente, de momento sigue siendo un misterio.

Y es que el testimonio de los forenses, que declararon que era imposible precisar si los golpes aparecidos en el cadáver se produjeron antes de que fuera arrojado al contenedor o después, ha podido ser determinante para el fallo junto con la ausencia de testigos que corroboraran lo sucedido. El fiscal, por su parte, aunque nunca dudó en señalar la autoría de los cuatro, tampoco pudo precisar si cada uno de ellos actuó de forma directa en el crimen o fue ‘simple’ cooperador necesario. En virtud de este dictamen, el juez decretará la inminente puesta en libertad de estas cuatro personas, que compartían techo con la víctima en una casa abandonada de la calle Lealas.

El juicio por la muerte del indigente polaco que fue arrojado al contenedor de basuras ha escrito su capítulo final con un alegato en el que el fiscal no ha dejado títere con cabeza y no ha hecho sino reafirmarse en su petición inicial de 20 años para cada uno de los cuatro procesados, por un presunto delito de asesinato. La última sesión ha comenzado con las pruebas periciales, y los forenses han testificado que Alexander G. falleció por el mecanismo compresor del camión compactador de basuras, que le provocó asfixia. No obstante, han existido ciertas lagunas en cuanto al resto de lesiones que presentaba el cuerpo, fundamentalmente las que originaron un edema cerebral a la víctima.

Así, las expertas han certificado que el finado tenía diversas contusiones en la cabeza, si bien no han podido garantizar que se produjeran antes de que fuera arrojado al bidón tras recibir una paliza, como ha sostenido siempre la Fiscalía. Lo único cierto, según las forenses, es que Alexander murió en el vehículo de basuras y que padeció lesiones con anterioridad a su fallecimiento, sin precisar si ello se produjo antes de ser abandonado en el contenedor o como consecuencia de los golpes sufridos ya en la maquinaria. El fiscal, sin embargo, desmontó la posibilidad de que el ciudadano polaco no hubiera sido apaleado antes de ser arrojado al cubo, argumentando que como ratificaron las especialistas la formación de un edema cerebral requiere de un tiempo, y en cuanto el camión de la basura recogió el cuerpo comenzó el mecanismo compresor, por lo que la lesión de la cabeza debía de haber sido provocada con anterioridad.

Otro de los forenses reconoció que no se pudieron hallar restos de ADN de los sospechosos en el trayecto de la casa que compartían en la calle Lealas hasta el contenedor de basuras de la calle Asta, donde fue abandonado el cuerpo, ni se pudo constatar que el rastro de sangre hallada perteneciera a la víctima. Por el contrario, certificó que en una cazadora de ésta se identificaron restos de sangre de uno de los procesados, Michal P., y que en otras prendas de otro de ellos, Darius J., se descubrieron también manchas de sangre tanto de él mismo como de Alexander, lo que sostendría la versión de la paliza. Sobre esto cimentó el fiscal un alegato intenso, durante el que se reafirmó en su petición inicial de 20 años de cárcel por presunto asesinato, justificándolo en la alevosía con la que los cuatro, en clara superioridad númerica, atacaron presuntamente a su compatriota y luego lo arrojaron al cubo de basuras, dejando que muriera.

“Todos de común acuerdo y aprovechando su indefensión, sobrevenida por el consumo de alcohol, le gopearon y arrojaron al contenedor. Hubo una relación directa entre la acción y la consecuencia final: si no le hubieran provocado las lesiones ni le hubieran abandonado, ahora estaría vivo. Por ello, incluso aunque se pusiera en duda su intención de matar, en el momento en que hicieron todo aquello asumieron esa posibilidad”. En cuanto a la autoría, aseguró que los cuatro tuvieron participación de una u otra forma en lo acontecido, destacando las numerosas contradicciones en las que han incurrido todos en sus múltiples declaraciones previas al juicio (cabe recordar que en éste se han negado a testificar).

PARALELISMO CON EL CASO DE MARILUZ CORTÉS

Uno de los golpes de efecto del alegato se produjo cuando el fiscal realizó un paralelismo entre el caso de Alexander y el de Mariluz Cortés, rememorando que ésta también fue arrojada viva al río después de ser golpeada. En ese caso el juez dictaminó una sentencia por asesinato, que fue ratificada por el Tribunal Supremo, haciendo alusión a esa “intencionalidad” de causar la muerte que se escondería tras la acción así como a la indefensión de la víctima, lo que constituye el agravante de alevosía. “A Alexander se le golpeó y arrojó a un contenedor, donde murió rodeado de basuras tras recibir otra serie de golpes de una máquina. Es una de las muertes más indignas que pueda haber”.

Las defensas, por su parte, insistieron en solicitar la libre absolución de cada uno de sus representados por falta de pruebas que los vincularan con el crimen. Uno de ellos, incluso, llegó a pedir la disolución del jurado al considerar que “no existe caso” posible. Ahora la cuestión queda en manos del jurado popular, que deberá emitir un veredicto tras lo que el juez habrá de dictar sentencia.

La segunda sesión del juicio por la muerte del indigente polaco arrojado al contenedor de basuras ha aportado algunos detalles más al caso, si bien siguen existiendo importantes lagunas en torno a lo que sucedió aquella fatídica noche. Tras la comparecencia de los cuatro procesados por el crimen, le ha tocado el turno a diversos testigos y agentes policiales que, a grandes rasgos, no han podido precisar la autoría exacta del asesinato. Los primeros en testificar fueron operarios y el director de la planta de reciclaje Las Calandrias, a donde fue a parar el cuerpo tras ser abandonado en el bidón.

Todos ellos se limitaron a explicar el funcionamiento de la recogida de residuos, aclarando que fue a alrededor de las siete de la mañana cuando los trabajadores del vertedero reconocieron entre la basura depositada unos restos humanos, que habían sido colocados allí por uno de los tres últimos camiones que habían finalizado su turno, procedentes de Jerez. “Yo estaba en una cinta transportadora y de repente vi una pierna. Me puse muy nervioso y llamé al director, que avisó a la Policía”, declaró uno de los empleados. Las defensas de los acusados intentaron sembrar la duda con respecto al origen del cadáver, argumentando que podría haber llegado a Las Calandrias procedente de otra de las localidades en las que la empresa recoge los residuos. El director, sin embargo, aseguródo que conocen los recorridos de cada vehículo, por lo que se puede certificar su procedencia.

Otro de los puntos en los que los letrados quisieron crear cierta confusión es en el tipo de basuras con las que se mezcló el cuerpo, insinuando que los golpes que sufrió la víctima previamente a ser arrojada al contenedor por una pelea podrían haber sido causados en el trayecto a la planta, por los impactos con los enseres. Tras ello le tocó el turno a un vecino supuestamente testigo de los hechos ocurridos en la noche del 21 de febrero de 2011, que tampoco aportó gran cosa. Así, identificó a dos de los acusados como residentes de la casa de la calle Lealas que todos compartían, pero reconoció que no ocurrió nada que llamara su atención aquel día, salvo que en un momento dado los que se encontraban en el inmueble “hablaron un poco más alto de lo normal”.

Lo más interesante de la jornada fueron los testimonios de los policías actuantes en el caso, que contaron cómo acudieron a Las Calandrias tras la llamada de los operarios y, al introducir las huellas de la víctima en su base de datos, comprobaron su identidad enterándose de que había sido detenida anteriormente en Elche en compañía de uno de los procesados, Michal P. Ello les llevó directamente a él, que se encontraba en el Hospital de Jerez por unas heridas en la cara. A pesar de que el sospechoso les negó saber nada del asesinato de Alexander G., asegurando que se había golpeado tras sufrir un ataque de epilepsia, la Policía puso en marcha un dispositivo de vigilancia que les condujo a los otros tres acusados, que acabaron siendo detenidos.

En la casa que compartían todos en la calle Lealas, los agentes encontraron restos de sangre en el exterior que les llevaron hasta el bidón de basuras en el que fue arrojado el cuerpo. Además, hallaron restos de sangre en las ropas guardadas de otro de los imputados, Darius J., si bien el resultado dio negativo en cuanto a posibles restos sanguíneos en el interior de la vivienda. En esta línea, los funcionarios interrogados calificaron de “sospechosa” y “rara” la actitud de tres de los acusados, todos ellos de nacionalidad polaca como la víctima, durante el seguimiento anterior a la detención. “Se mostraban nerviosos, hablando continuamente entre ellos y mirando a todos lados; incluso alguno fue a cambiarse de ropa y otro buscó una gorra, lo que nos pareció extraño”, sentenció uno de los agentes.

Esta vez sí, Pedro Pacheco ha querido referirse públicamente al proceso judicial abierto tras la querella que él mismo presentó contra la anterior alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, por la posible contratación irregular de asesores municipales. Lo ha hecho después de que la jueza que lleva el caso haya ordenado que se abra juicio oral y pida 21 años de prisión para ella, pese a que la Fiscalía haya dicho que no encuentra indicios de delito. Y el actual líder de Foro Ciudadano ha elegido Reporteros Jerez para hacerlo.

En el siguiente vídeo habla sobre ello. Considera “correcta” la actuación de la jueza, pero critica duramente la de la Fiscalía, que, tal como recuerda, pidió para él 17 años de prisión por la contratación de dos asesores cuando estaba al frente del área de Urbanismo del Ayuntamiento, “cuando eran dos personas de mi estricta confianza y que fueron contratadas en función de la Ley de Régimen Local”. Asegura al respecto que en su momento “deberá responder por ello ante la sociedad, porque es una decisión que no se entiende”.

¿Qué espera del juicio contra Pilar Sánchez? “Veremos reflejado uno de los peores periodos de la ciudad”. “El problema no es que haya contratado a una serie de asesores, sino que contrató a todo el que le dio la gana y que lo hizo manipulando y falseando un servicio público, en este caso el de empleo (Serjil), y eso es más grave”.

Tal como se puede comprobar en el vídeo, recuerda que los contratados durante el gobierno municipal de Pilar Sánchez eran “personas de la ejecutiva local del PSOE”. Y augura que “habrá un juicio oral en el que se visualizará la gestión tan nefasta de la señora Pilar Sánchez, una especie de noche negra de los tiempos”.

Siete años y medio de cárcel les costará la trifulca por la que a punto estuvieron de matar a una persona. Los hechos ocurrieron el 29 de mayo de 2010, cuando al filo de la medianoche Raúl A. G., su sobrino Ramón G. A. y Rafael P. V. entraron en el pub Atenas de Bornos, donde entablaron discusión con una cuarta persona. Un amigo de ésta última intervino para mediar en el conflicto, y todo pareció quedarse ahí. Sin embargo, los tres sujetos a las pocas horas se dirigieron al bar El Molino y se encontraron con un conocido, al que le advirtieron que “se la tenían jurada” al joven que había intervenido anteriormente para evitar la pelea, asegurando que “lo iban a matar”. Todo ello consta en la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, en la que el juez detalla cómo los condenados esperaban al chico en las inmediaciones de su casa y salieron a su encuentro “con ánimo de acabar con su vida”.

Uno de ellos llevaba una llave fija, el otro un cuchillo y el tercero un bate de béisbol, con los que se dispusieron a agredir a la víctima. El de la llave no tuvo éxito ya que el joven esquivó el golpe, pero fue derribado con el bate en las costillas, tras lo que le sujetaron y le asestaron dos puñaladas. Por fortuna, el conocido anteriormente citado intervino y logró arrebatarles el palo de béisbol, tras lo que se marcharon y cejaron en su empeño. El agredido fue trasladado al momento al centro de salud con dos heridas incisas, otra en la mejilla, fractura de costillas, un traumatismo craneoencefálico y lesiones en codo y hombro. Un cuadro clínico por el que los sanitarios determinaron su inminente traslado a la UCI hospitalaria, donde pudo recuperarse tras los correspondientes tratamientos. Para su curación total, fueron necesarios 205 días aunque le han quedado secuelas estéticas y sobre todo psicológicas.

Los tres procesados han sido condenados por homicidio en grado de tentativa a siete años y medio de prisión, donde permanecen desde que ocurrieran los hechos. Además, deberán abonar a la víctima la cantidad de 21.800 euros en concepto de indemnización por las lesiones sufridas, más 5.000 euros por el daño moral ocasionado. Curiosamente, se da la circunstancia de que la víctima también se sentó en el banquillo en esta causa, acusada de un presunto delito de asesinato en grado de tentativa por uno de los condenados. El juez, no obstante, le ha absuelto de los cargos entendiendo que el único atacado y perjudicado fue él.

La magistrada del juzgado de instrucción número 3 ha emitido un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral contra la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, y otros seis imputados por la contratación supuestamente irregular de cinco asesores en el Ayuntamiento.

Tal como ha informado hoy la Cadena Ser, finalmente la exprimera edil y exsecretaria general del PSOE tendrá que sentarse en el banquillo y responder de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

Hay que recordar que la jueza ha tomado esta decisión al finalizar la fase de instrucción en la que la Fiscalía, en dos ocasiones, ha pedido el archivo de la causa al no ver indicios de delito.

Así, fue en noviembre de 2011 cuando la Fiscalía se pronunció por primera vez instando al sobreseimiento de la causa. En el auto del fiscal se reflejaba entonces que Pilar Sánchez “no participó en el proceso de selección como consta en las actuaciones, siendo las áreas mencionadas del Ayuntamiento las que demandan un puesto de trabajo, las que una vez realizada una preselección por parte del Serjil a través de Recursos Humanos, las que deciden la contratación”.

En este sentido, el fiscal matiza que “aunque hubiera participado, para que hubiera incurrido en un delito de prevaricación debería haber adoptado una resolución contraria a Derecho”. Por eso, el fiscal advierte que la ”mera irregularidad administrativa” o la ”discordancia interpretativa” de las normas ”no es bastante”.

De nuevo el pasado mes de noviembre la Fiscalía emitió otro auto ratificando aquellas mismas tesis y recomendando el sobreseimiento de la causa.

Pese a todo, la juez ha optado por seguir adelante con el caso y ordenar la celebración de un juicio que podría celebrarse en unos seis meses y en el que Pacheco se ha personado ya como acusación particular.

De hecho, hay que destacar además que al auto de la jueza se añade el escrito de acusación presentado por el abogado de Pacheco, que solicita para la exalcaldesa 23 años y 10 meses de cárcel por además de 20 años de inhabilitación en cargo y empleo público.

A Daniel B. R. y su padre, Francisco B. A., les ha salido cara la trifulca que protagonizaron en la Feria de Villamartín en mayo de 2009. Tanto es así que deberán cumplir 4,6 y 5 años en prisión, respectivamente, por sendos delitos de homicidio en grado de tentativa. Una condena que ha llegado en virtud de un acuerdo adoptado con Fiscalía, que solicitaba en un principio 8 y 9,6 años de cárcel para ellos. En el caso de Francisco, la reducción de la pena ha sido posible gracias al concurso con el delito de atentado a agente de la autoridad, o lo que es lo mismo, a que el fiscal ha considerado que los dos delitos concurrieron en un solo hecho. Además, se les ha condenado por amenazas, incluyendo la prohibición de no acercarse a las dos víctimas (Ismael G. C. y el agente de Policía) durante seis años.

Ismael, también procesado en esta causa, ha sido declarado culpable de dos faltas de lesiones, con su correspondiente multa. Como avanzó hace escasos días Reporteros Jerez, los hechos se remontan a mayo de 2009, cuando el padre y el hijo irrumpieron en el recinto ferial montados en un turismo propiedad del más mayor de ellos, con el propósito de encontrar a Ismael G. C. con el que Daniel había tenido enfrentamientos previos. Cuando lo hallaron, el más joven que conducía el vehículo intentó atropellar a Ismael, que saltó por encima del capó esquivando el golpe. La víctima sufrió un traumatismo en un dedo de la mano, una herida en el pómulo y una contractura en la región dorsal.

Seguidamente, Francisco se bajó del coche “en actitud amenazante” y se dirigió nuevamente al otro joven, que le arrojó un vaso de cristal a la cara, lo que también causó heridas de carácter leve a su contrincante. Unos agentes de la Policía Local lograron intervenir en el conflicto y, al intentar separarlos, Francisco sacó una navaja que llevaba escondida con el objetivo de clavársela a uno de los funcionarios, que también consiguió esquivarlo. En el lugar se encontraba asimismo otro hijo de Francisco, menor de edad, que recibió un puñetazo por parte de Ismael en el cuello, lo que le produjo una contusión en el cuero cabelludo, contractura cervical y diversas erosiones. Los agentes, finalmente, detuvieron al padre, al hijo mayor de edad y al tercer protagonista del altercado. Los dos primeros estuvieron en prisión por esta causa desde mayo hasta diciembre de 2009.

Un joven jerezano que disfrutaba de la movida nocturna el 26 de diciembre de 2009, jamás podrá olvidar esa fecha en la que sufrió una agresión que podría haber cambiado su vida para siempre. Los dos supuestos atacantes, Óscar M. G. y José Manuel C. G., se han sentado ahora en el banquillo de la Audiencia Provincial de Jerez acusados de un presunto delito de lesiones. Según el fiscal, en la madrugada del citado día se inició una reyerta en el bar Javrock, situado en la calle Muro. La víctima, al ver cómo un amigo suyo estaba siendo agredido, intervino y fue acometida en ese momento y presuntamente por los dos procesados, a quienes no conocía de nada.

Como explicó el representante del Ministerio, el joven comenzó a recibir patadas y golpes y uno de los imputados, concretamente Óscar M. G., le dio un mordisco en el lóbulo superior de la oreja izquierda. La pelea solo cesó cuando intervino el personal del local y les expulsó del mismo. Como consecuencia de todo ello, la víctima perdió parte de la oreja y sufrió un traumatismo en la mano derecha con fractura de un dedo, así como arañazos. Para su curación, precisó de un tratamiento médico-quirúrgico con inmovilización de la fractura, analgésicos y fisioterapia, que tardó 120 días en sanar y le dejó ciertas secuelas.

Por todo ello, el fiscal solicita cuatro años de prisión para Óscar M. G. y tres años para José Manuel C. G., más una indemnización al perjudicado de casi 14.000 euros. La acusación particular, por su parte, pide seis y tres años de cárcel, respectivamente, mientras que la defensa aboga por la libre absolución puesto que los procesados aseguraron en el juicio que ellos estaban en el bar de copas en el momento de los hechos, pero que no participaron en ninguna pelea.

Luis F. C. regentaba el Pub Kangaroo de la avenida de México en 2011, y más tarde se hizo cargo del Koyote Club en la calle Oso. En ambos locales, presuntamente y según el fiscal, el propietario se dedicaba a ejercer el tráfico de estupefacientes de manera habitual, vendiendo fundamentalmente cocaína. El próximo miércoles se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Jerez, acusado de un presunto delito contra la salud pública. En la calificación del Ministerio, a la que Reporteros Jerez ha tenido acceso, se explica cómo la Policía Nacional inició un dispositivo de vigilancia del Kangaroo en enero de este año, tras tener constancia de que al menos desde 2011 se venía desarrollando presuntamente esta actividad ilícita.

Así, los agentes comprobaron el continuo trasiego de personas que entraban en el pub y salían pocos minutos después, habiendo adquirido supuestamente el estupefaciente. En virtud de ello detuvieron a varios individuos, a los que interceptaron al salir del local de copas con droga en su poder. En febrero, Luis F. C. abandonó el citado negocio y comenzó a regentar el Koyote Club, donde también según el fiscal prosiguió con el narcotráfico. El 2 de marzo, unos policías nacionales entraron en el pub vestidos de paisano haciéndose pasar por clientes. Ya en su interior, los funcionarios se identificaron y abordaron al procesado, que se encontraba tras la barra.

Sobre una nevera y a simple vista hallaron un recipiente con 9 gramos de marihuana; encima de la campana extractora encontraron una bolsa con cocaína y otra con una sustancia destinada al corte del estupefaciente, con un peso total de 77 gramos. Todo ello valorado en 1.050 euros. Además, incautaron la cartera del propietario que contenía 1.530 euros, presuntamente obtenidos a través de la actividad ilícita. Luis F. C. fue detenido e ingresó en prisión el 3 de marzo, donde permanece hasta la fecha. Por todo ello, el fiscal solicita siete años de prisión y una multa de 3.500 euros.

El desfile de testigos que han comparecido en los juzgados en el marco del crimen del botellódromo ha finalizado con un sorprendente giro: una de las defensas de los dos acusados pedirá la libertad de su representado. Así lo han confirmado fuentes del caso a este medio, explicando que el letrado de Fernando M. R. considera que no existe ninguna prueba que vincule al joven directamente con el aseinato de Jairo G. M. Actualmente, tanto Fernando como el otro imputado, Jaime D. R., permanecen en prisión provisional por estos hechos ocurridos el pasado mes de julio.

Si el recurso que presentará próximamente la defensa prospera, el primero de ellos podría salir de prisión. Según el abogado, no existe ningun testigo de los 30 que han declarado que haya visto a Fernando proporcionarle la navaja a Jaime con la que éste presuntamente apuñaló a la víctima. Un arma en la que, además, tampoco se han obtenido huellas que puedan vincularlo con su utilización. Por ello, la defensa cree que su presunta implicación podría deberse solo a una “maniobra” del otro procesado con el fin de desviar atenciones sobre su persona.

En lo que respecta al presunto autor material, tras las testificales su abogado se reiterará en su alegato inicial argumentando que Jaime actuó en defensa propia, después de que fuera Jairo quien le atacara en primer término. Una vez que ha concluido esta fase, la documentación pertinente deberá ser remitida a la Audiencia Provincial y con ello finalizará la instrucción del procedimiento. Se estima que el juicio pueda celebrarse, como muy tarde, en el mes de marzo del año que viene.