El Comité de Empresa de Onda Jerez ha hecho público un comunicado en el que denuncia “el maltrato al que están siendo sometidos, desde hace meses, los empleados de la radiotelevisión municipal” y recuerda al gobierno local que “los trabajadores de esta empresa no tienen fuente de ingresos al margen de su trabajo, ni se alimentan del aire”.

Recuerda también que, desde hace casi un año y medio, la plantilla de Onda Jerez sufre la amenaza de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por la propia alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y “sufre continuos retrasos en sus nóminas que empiezan a hacer mella en muchos trabajadores, algunos de los cuales tienen serios problemas para salir adelante, llegando incluso a recibir notificaciones de sus respectivos bancos por no poder hacer frente a sus hipotecas”.

Los empleados de Onda Jerez, a quienes, según apunta el propio comité, ”se les ha aumentado la jornada laboral y se les han recortado numerosos derechos, entre ellos la paga extraordinaria de diciembre, no perciben un céntimo de su salario desde el pasado mes de noviembre, ni tampoco una explicación convincente que justifique la precaria situación por la que están atravesando”.

Concluye que, “de persistir ese trato marginal al que está siendo sometida esta plantilla”, tomará las medidas de presión que considere oportunas, aunque de momento no especifica en qué podrían consistir las mismas.

No habrá más retrasos en la celebración del juicio por el ERE municipal en el Ayuntamiento de Jerez. El TSJA se puso en contacto con todas las partes implicadas para citarles este viernes, tal y como estaba previsto en un principio, y no dentro de un mes (el 8 de marzo), tal y como se anunció hace un par de días antes la existencia de un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Jerez por la no admisión de una prueba, a lo que se unía que tampoco se habían podido iniciar los trámites para estudiar otro recurso presentado por la Asociación Municipal de Técnicos de Jerez (ATMJ) por los mismos motivos. Ambos recursos se registraron a mediados de enero y el alto tribunal garantizó que finalmente estarían listos para hoy, por lo que no hay inconveniente en que se celebre la vista. El TSJA llamó uno a uno a todos los abogados de las partes para ver si estaban de acuerdo y estos aceptaron puesto que “el juicio está más que preparado porque las pruebas documentales las tiene el TSJA desde hace mucho tiempo”.

Hay que recordar que se trata del juicio por el despido de 260 empleados del Ayuntamiento de Jerez tras la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), con una demanda colectiva contra el Ayuntamiento de Jerez (CGT, CTP, CC OO y UGT de forma conjunta y la ATMJ). Ya se había aplazado en una ocasión porque la fecha inicial prevista era el pasado 23 de enero.

El juicio en Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el despido de 260 empleados del Ayuntamiento de Jerez tras la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ha vuelto a aplazarse al 8 de marzo a las 10 horas.

Como han confirmado a este medio fuentes de las centrales sindicales que han presentado la demanda colectiva contra el Ayuntamiento de Jerez (CGT, CTP, CC OO y UGT de forma conjunta y la ATMJ), el alto tribunal ha decidido volver a aplazar la vista, que debía ser este viernes 8 de febrero, por motivos muy similares a los que le llevó a suspender la primera fecha prevista para el pasado 23 de enero.

De esta forma, y según esas fuentes, la suspensión se debe a que a la sala no le ha dado tiempo a estudiar y resolver un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Jerez por la no admisión de una prueba, a lo que se une que tampoco se han podido iniciar los trámites para estudiar otro recurso presentado por la Asociación Municipal de Técnicos de Jerez (ATMJ) por los mismos motivos. Ambos recursos interpuestos por los letrados se registraron a mediados de enero.

Así las cosas, el TSJA ha decidido suspendar la vista prevista esta semana y dictar una nueva fecha para dentro de un mes, el 8 de marzo.

La secretaria general del PSOE-A de Jerez, Miriam Alconchel, ha acogido con “perplejidad y sorpresa” unas declaraciones realizadas por la alcaldesa en las advierte que volvería a tramitar otro ERE en el caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) lo declarase nulo. “Estas afirmaciones son una auténtica barbaridad y una nueva amenaza contra la plantilla municipal a la que vuelve amedrentar ante la demanda colectiva interpuesta por los sindicatos contra el despido colectivo que ha afectado a 260 trabajadores municipales”, ha asegurado la dirigente socialista.

La secretaria general del PSOE jerezano ha asegurado que “es evidente que la señora Pelayo no le duelen prendas a la hora de amenazar a la plantilla municipal y restarle credibilidad a la demanda colectiva interpuesta en el TSJA, con el único fin de  minar la moral de los trabajadores despedidos que confían en una resolución judicial favorable contra sus despidos”. Alconchel añade que es inadmisible que la alcaldesa se adelante a los acontecimientos y a un fallo judicial cuando lo procedente es que es que “si un tribunal declara nulo el ERE asuma sus responsabilidades políticas ante una decisión de tal calado”. Es más, Alconchel señala que “si hay un fallo favorable a los trabajadores despedidos, en lugar  de empecinarse en una medida que no es correcta desde el punto de vista del procedimiento y tampoco desde el punto de vista económico, porque lo que ahorra con el ERE lo compensa en la subida salarial de la RPT (Relación de Puestos de Trabajos), lo que debería hacer la alcaldesa es dialogar para encontrar un punto de encuentro con los sindicatos”.

La dirigente socialista emplaza a la alcaldesa a que sea más prudente y respetuosa con los procesos judiciales, toda vez que no ha habido un pronunciamiento en firme por parte del TSJA y que deje de azuzar tanto a los trabajadores despedidos como al resto de la plantilla municipal. Miriam Alconchel también considera inadmisible los intentos del Gobierno del PP por dilatar la celebración del juicio, con un recurso que ha motivado el aplazamiento de la vista al próximo 8 de febrero, lo que considera un contrasentido teniendo en cuenta que ha sido la propia alcaldesa la que ha declarado que es la primera interesada en que el juicio se celebre cuanto antes.

La Delegación de Recursos se ha llevado toda la mañana recibiendo a afectados por el Expediente de Regulación de Empleo municipal, que han acudido a informarse sobre el plan de formación y recolocación que el Ayuntamiento está obligado a facilitarles por ley. Alrededor de 50 personas han coincidido en las instalaciones de la calle Caballeros, sin muchas esperanzas de que el citado curso, para el que aún no existe fecha concreta, pueda servirles en la práctica.

Así lo ha expresado el delegado sindical de UGT, Alfonso Cárdenas, que ha calificado de “complicado” el hecho de que una iniciativa que se desarrollará on line pueda prosperar con unos beneficiarios que en muchos de los casos no tienen ordenadores o conexión a internet. “Nos hemos reunido con Dopp Consultores, la empresa encargada del plan, y no nos da garantías. Muchas de estas personas no tienen medios, y ellos no se comprometen a nada”. Por el momento, lo único que están haciendo es facilitar sus datos personales y circunstancias, a la espera de que se defina el curso.

“Esto está muy mal hecho -sentencia Cárdenas-. Dar formación a gente de 60 años es para reírse. Aquí la media de edad es bastante alta, y lo que necesitan estas personas no es formación, sino un trabajo”. En este sentido, critica también el que el curso consista en “formar para buscar un empleo”, cuando en internet existen herramientas más que suficientes para ello. “Lo que deberían hacer es ayudar a encontrarlo”, concluye.

Quedaban 24 horas para uno de los juicios más esperados del año, en el que los representantes legales de los 260 afectados por el Expediente de Regulación de Empleo municipal se iban a ver las caras con el Ayuntamiento para que el juez determinara si la medida se adoptó dentro de la más estricta legalidad. Finalmente, tal y como ha adelantado uno de los personados por el Colectivo de Trabajadores Progresistas, Antonio Ortega, la vista se aplazará debido a un recurso interpuesto por el Consistorio contra un reciente auto judicial. En el citado auto, el magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía deniega unas pruebas solicitadas por la administración, por lo que ahora deberá pronunciarse sobre el recurso antes del próximo 8 de febrero, que es la nueva fecha señalada para la vista.

Ésta es la razón por la que el juez ha decidido postergar el juicio, junto con la aparición de documentación de última hora de la Inspección de Trabajo y la Cámara de Cuentas, que deberá ser trasladada a las partes para que la analicen antes del día indicado. Ortega y el resto de compañeros que representan a las secciones sindicales de CC OO, UGT, CGT y ATM (Asociación de Técnicos Municipales) se han dirigido esta mañana al Tribunal con sede en Sevilla para confirmar lo que hasta el momento era solo un rumor. C0mo ha explicado Ortega, aunque resulta una “contrariedad”, no está en el ánimo de los demandantes recurrirlo porque eso dilataría aún más un proceso que afrontan con “ilusión”, y con una argumentación común en todos los casos: con el ERE se vulneró el principio de igualdad y de buena fe.

Esta consideración la cimentan en el hecho de que durante la negociación del expediente, según los perjudicados, no se aportó toda la documentación necesaria ni se aclaró cuáles fueron los criterios que se siguieron a la hora de elegir esa ‘lista negra’. Por ello, los demandantes piden que se declaren nulos los despidos, o se dictamine que la decisión extintiva no se ajustó a Derecho. En el primero de los supuestos, “todo se quedaría como estaba”; es decir, los trabajadores tendrían que ser readmitidos con las mismas condiciones y en los mismos puestos. En el caso de que se declarara la segunda opción, que no se ajustó a Derecho, los distintos juzgados en los que se han ido presentando las diferentes demandas tendrán que pronunciarse sobre cada perjudicado en concreto.

En este sentido, los despidos podrían ser considerados nulos o improcedentes, una última opción que conllevaría la posibilidad de readmisión o indemnización. A juicio de Ortega, el quid de la cuestión radica en que el Ayuntamiento tenía diversas alternativas de ahorro frente a una decisión tan traumática, tales como la eliminación de las productividades, la amortización de las jubilaciones o la extinción de las horas extra. “Lo que nosotros creemos es que ya tenían una idea preconcebida. Para que le dieran dinero de los créditos ICO, tenían que deshacerse de 300 personas, algo que ya habían contemplado en el Plan de Ajuste. Deloitte lo único que hizo es dar forma a esa idea con los mimbres que le proporcionó el Ayuntamiento”.

Los 41 extrabajadores de la bodega Williams & Humbert que en 2009 se prejubilaron gracias al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) pactado con la Junta llevan ya varios meses sin cobrar por la falta de acuerdo de la financiera con la firmaron la póliza, Vida Caixa S. A, con la Junta de Andalucía.

El portavoz de los afectados, Diego Navarro, explica que el pasado 19 de diciembre este colectivo, “desesperado por los impagos”, se personó en la Dirección General de Relaciones Laborales para recoger en mano la resolución del expediente de novación de póliza de seguros de rentas, ya que se había cumplido el plazo máximo para que se dictara y notificara ese trámite.

Allí se les informó de que no había resolución, que la aseguradora recibiría un oficio solicitando aclaraciones, subsanación de errores y documentación adicional. Sin embargo, tal como cuentan, desde Vida Caixa aseguran que “la antigua póliza no ha sido pagada por ningún concepto y no se han cumplido ninguno de los plazos acordados, y que han estado durante todo el año 2012 en negociaciones con esa Dirección General para tratar de alcanzar algún acuerdo en los pagos, o compromisos de pago o toma de razón que hiciera viable seguir con el pago de las prestaciones”.

Desde la aseguradora ya les habían notificado en septiembre a los afectados que por “incumplimiento por parte de la Junta de las obligaciones de pago de la póliza se veían forzados a dejar de abonar las prestaciones a partir de ese mismo mes”, por lo que los prejubilados de Williams & Humbert tienen pendientes de abono las mensualidades de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Los extrabajadores acudieron hace unos días de nuevo a la administración que se comprometió a agilizar los plazos para esta resolución, y ayer protestaron ante la sede de La Caixa del Mamelón y hoy lo han hecho en la Alameda Cristina ante la sede de la Junta de Andalucía para pedir que cumpla con los afectados. Pero se quejan de que “al no tener la aseguradora ningún pronunciamiento ni resolución favorable, nos informan que no pueden desbloquear los atrasos producidos, ni efectuar anticipo o adelanto alguno, ya que no tienen ningún documento que les indique que el gobierno andaluz va a pagar los importes de las primas de la nueva póliza”.

Desde el colectivo de afectados, Navarro recuerda que su situación no es igual a la de otros colectivos con pólizas que sí vienen cobrando sus prestaciones regularmente, y argumenta que se debe a que en su caso “la Junta no ha efectuado pago alguno de la póliza antigua e igualmente no existe compromiso de pago para la nueva”.

Estos prejubilados insisten en que “en nuestra situación no podemos ni trabajar, ni tener derecho a otras prestaciones, y estamos cumpliendo con todas las obligaciones de pago”, como por ejemplo hacer frente al pago de los convenios especiales con la Seguridad Social.

Por eso, insisten en que para muchos compañeros “la situación es insostebible, y hay casos dramáticos”, y reclaman soluciones para solucionar el problema tanto a al administración regional como a la aseguradora Vida Caixa.

“Una sentencia trascendental y un enorme precedente que señala claramente el camino para el resto de ayuntamientos de España y, más concretamente, a la espera del pronunciamiento que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haga sobre el Expediente de Regulación de Empleo en el Consistorio jerezano a partir del próximo 23 de enero”. Con estas palabras la coordinadora local de Foro Ciudadano de Jerez ha querido mostrar su satisfacción a raíz de conocerse el fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por el que se anula el despido de 46 trabajadores del Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura) tras la presentación de un ERE el pasado 25 de julio.

Afirma que la sentencia judicial deja claro que este despido masivo se ha tramitado “en condiciones prácticamente idénticas” al expediente en el Ayuntamiento de Jerez: “Sin justificación económica de los tres últimos trimestres (el último año cerró con superávit), sin criterios objetivos para elaborar la lista de afectados por el ERE, y sin voluntad negociadora por parte del gobierno municipal del PP durante el periodo de consultas por no aplicar medidas alternativas que no implicasen acometer los despidos de 260 trabajadores”.

Foro Ciudadano, que recuerda que el ERE municipal se tramitó sin informe del Interventor, ha vuelto a recalcar que siempre denunció que “era ilógico que la consultora Deloitte fuese a percibir casi 47.000 euros de las arcas municipales por un trabajo que realmente no realizó, pues quedó en evidencia que fueron los delegados y el propio gobierno local quienes con criterios estrictamente políticos ajusticiaron a los empleados públicos a los que se ha puesto en la calle”. Y sentencia que, “según dice el PP, no hay dinero para mantener a la plantilla municipal, pero como quedó patente en las alegaciones presentadas por sindicatos y Foro Ciudadano, sólo eliminando horas extra, gratificaciones y otros pluses se pueden ahorrar 7 millones de euros”, considerando que “otra de las mentiras del PP en torno al ERE es que la plantilla está sobredimensionada, cuando por culpa de este expediente ya se ha visto que han dejado de prestarse infinidad de servicios”. “Tampoco es cierto que el Ayuntamiento gaste tanto en nóminas, pues está por debajo del gasto de la mayoría de consistorios de las grandes ciudades andaluzas”, sentencia en su comunicado de prensa.

Foro Ciudadano de Jerez vuelve a poner en evidencia una vez más las incoherencias que rodean el injustificado Expediente de Regulación de Empleo que ha acometido el gobierno local del PP en el Ayuntamiento. Desde el partido entienden que si la supuesta sobredimensión de la plantilla ha sido una de las causas principales que ha alegado el equipo de Pelayo para justificar el despido masivo de trabajadores, “la realidad es tozuda y demuestra que del Consistorio jerezano no sobra nadie”. La portavoz municipal del Foro, Rocío Montero, cree que se pone de manifiesto al comprobar cómo la semana pasada cerraron una serie de instalaciones deportivas municipales, entre ellas el pabellón Kiko Narváez y las pistas de La Asunción, por falta de personal que controle y vigile estos equipamientos. Ahora se vuelve a poner de manifiesto las “incoherencias” del “arbitrario e indiscriminado ERE de Pelayo y el PP”.

Falta de personal en los colegios, en el servicio de vigilancia, en bibliotecas y zoosanitario, liquidación de la unidad de arqueología, de la oficina del Defensor del Ciudadano, eliminación del programa Pintamuros, programas de Igualdad, escuela de música, entre otras muchas cosas, son los servicios que se prestan a la ciudadanía que se han visto mermados o eliminados como consecuencia de la tramitación de un ERE en el Ayuntamiento “sin razón de ser, salvo para cumplir con el objetivo del PP de llevar a cabo una premeditada purga política”, ha dicho Montero,

Montero confía en que el próximo 23 de enero, fecha del juicio en el TSJA por la denuncia colectiva de los afectados por el ERE, la Justicia tumbe de una vez por todas este ERE “irregular, salvaje y a todas luces injustificado”. Y es que, en su opinión, otra de las muchas mentiras que lo sostienen es el elevado gasto en personal del Ayuntamiento, cuando se ha demostrado que los gastos del capítulo 1 por habitante y la proporción de gasto de personal sobre el total del presupuesto están por debajo de las principales ciudades de Andalucía.

“Los políticos cobran y nosotros no, así que vamos a empezar a pedir limosna”. Con esta determinación, dos trabajadores de Onda Jerez se han plantado esta mañana a las puertas del Ayuntamiento y literalmente han pedido limosna a los traseúntes, en un acto de protesta por el impago de sus nóminas auspiciado por UGT. Una reivindicación que aseguran llevarán a cabo de forma diaria, confiando en que cada vez sean más los compañeros que se unan a su causa. “La gente tiene miedo, porque llevamos un año con el ERE encima de la cabeza, y el colmo ha sido lo del ERE municipal, que se ha convertido en una caza de brujas. Pero nosotros seguiremos luchando por el salario de todos”.

Así lo explicaba el delegado sindical Fulgencio Arias, recordando que son dos nóminas y media las que adeuda el Consistorio a la plantilla, que no recibe un céntimo desde agosto. “El resto de empresas públicas y concesionarias están al día en los pagos desde el viernes, mientras que a nosotros nos están tratando como a trabajadores de regional preferente”. Esta situación se ha vuelto dramática para algunos de los profesionales, que como relata Arias están a punto de ser embargados y subsisten gracias a la ayuda de familiares tras meses y meses de retrasos en los pagos. “Lo que están haciendo es matarnos lentamente; cuando hay voluntad política, siempre se encuentran fórmulas”.

Así, se refirió al Expediente de Regulación de Empleo anunciado hace un año y que todavía no se ha materializado, informando de que en este mes la jueza deberá pronunciarse al respecto, bien abriendo el periodo de liquidación o bien el de consulta con acreedores. Mientras ello sucede, las 80 personas que componen la plantilla viven con inquietud la incertidumbre de no saber si sus nombres se encontrarán entre ese 60% de infortunados que en breve se verán en la calle.