Foro Ciudadano de Jerez exigió en el último Consejo Local de Medio Ambiente un plan de choque de limpieza para el conjunto de la ciudad, especialmente para el grueso de sus barrios y barriadas, así como la periferia y sus accesos, toda vez que transcurridos dos años desde que el PP y María José García-Pelayo accedieran al gobierno municipal, “no hay viso alguno de que esta penosa situación haya mejorado”.

“Sin lugar a dudas, la suciedad es uno de los graves problemas que sigue presentando el municipio, como así lo corroboran los colectivos vecinales con sus quejas permanentes sobre el deficiente servicio que se está prestando indirectamente por parte del Ayuntamiento y que pagamos todos con nuestros impuestos”, han señalado Manuel Rosa y José Luis Sánchez Rostoll, miembros de Foro Ciudadano en el citado consejo local. Añaden que esta “distorsión” con los problemas reales de los jerezanos llevó a la responsable de Medio Ambiente a asegurar que la limpieza en la ciudad “ha mejorado” y que los problemas solo son puntuales “debido a que en los meses de julio y agosto el personal de la limpieza viaria se va de vacaciones”, algo que los representantes de Foro Ciudadano consideran alejado de la realidad.

Tanto Rosa como Sánchez Rostoll han lamentado, igualmente, la actitud “déspota” de la responsable municipal, ya que en la sesión del Consejo Local de Medio Ambiente dio “rápido carpetazo” al asunto de la limpieza de la ciudad, “prácticamente sin escuchar a los representantes de este consejo y saltando de punto en punto sin entrar de lleno en las cuestiones, lo que choca con los largos debates plenarios que suele protagonizar la derecha cuando tiene cámaras y medios delante”. Desde Foro Ciudadano, han reiterado, “no exigimos al PP otra cosa que cumpla con sus compromisos con los ciudadanos, puesto que el tema de la suciedad de Jerez era un asunto estrella de su programa electoral e incluso el día después de ganar las elecciones la alcaldesa Pelayo anunció un ambicioso plan de choque inminente que con el paso del tiempo ha caído totalmente en el olvido”.

Por ello, esta organización política ha reclamado renegociar todos los acuerdos con la concesionaria de la limpieza viaria y la recogida de la basura, Urbaser, “para mejorar la prestación de estos servicios con, por ejemplo, más garantías técnicas que permitan cubrir con eficacia y eficiencia todo el municipio”. Más si cabe, han recordado, “cuando Urbaser ha sido una de las grandes beneficiadas de los polémicos créditos ICO que han entrampado aún más al Ayuntamiento, cobrando nada más y nada menos que unos 90 millones de euros”.

Malos olores, insectos por todas partes, ventanas cerradas a cal y canto y ambientadores por cada rincón. Así llevan viviendo semanas los vecinos de la barriada del Pelirón que han visto como el descampado junto a sus casas se ha convertido en un auténtico vertedero donde la propia empresa de recogida de basuras, Urbaser, ha llevado los residuos durante la celebración de la Feria.

Tal como han denunciado a este medio algunos de los que están sufriendo en primera persona este problema, llevan un par de años sufriendo este problema que ya les cansa, y que comienza cuando unos pocos días antes del inicio de la Feria colocan en el descampado unas enormes cubas en las que después, durante la celebración del festejo, se va depositando la basura para facilitar que los camiones puedan recogerla y llevarla más tarde al vertedero.

“No se trata solo de que haya basura, porque también aprovechan ese sitio para limpiar los contenedores, lo que significa que la zona está llena de agua sucia estancada y que desprende malos olores”, han denunciado a este medio los afectados, que cada año vuelven a sufrir el mismo problema durante al menos tres semanas del mes de mayo.

En la zona ya han desaparecido las grandes cubas, sobre todo porque “los trabajadores nos vieron a los vecinos haciendo fotos y seguramente las han quitado”, pero la zona sigue “asquerosa” y afectando a los vecinos. Por eso han querido hacer la denuncia pública, al tiempo que reprochan a la empresa de recogida de basura y al Ayuntamiento de Jerez que tome medidas para que esta situación no se repita. “No tienen por qué venir aquí a limpiar los contenedores y a dejar amontonada la basura, porque al lado de ese descampado, muy cerca, hay casas”, afirman antes de sentenciar que “no es justo que para que unos disfruten otros se tengan que sacrificar”.

El Juzgado de lo Social número 2 de Jerez ha dado la razón al Ayuntamiento de Jerez en el juicio por la huelga de basura al desestimar la demanda interpuesta por el comité de empresa de Urbaser contra el propio Consistorio y la Empresa de Transformación Agraria, Tragsa, al “no constatar probada la vulneración del derecho a la huelga ni la libertad sindical”. “En conclusión, ratificamos que la decisión y actuación del Ayuntamiento de Jerez y la actuación posterior de Tragsa no vulneraron el derecho a la huelga, ni la libertad sindical, como así informó en juicio el Ministerio Fiscal”, se señala en la mencionada sentencia.

Igualmente, se recoge que “el derecho a la huelga no es un derecho absoluto y debe ponerse en relación con otros derechos constitucionales, como es el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 de la Constitución, que además señala en su número 2 que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

En este sentido, el texto recoge que la alcaldesa tenía plena competencia para actuar para garantizar los derechos y deberes sanitarios de la ciudadanía, así como que estaba suficientemente probado que existía una alerta sanitaria, motivada en su origen por los insuficientes servicios mínimos decretados por la Junta de Andalucía, la duración de la huelga de basura y la acumulación de residuos en las calles, una situación que empeoraría por la alerta de lluvias.

La sentencia establece que “la huelga tuvo una enorme repercusión en los ciudadanos y en los medios de comunicación, que no fue menor por la intervención de Tragsa. La huelga fue efectiva ya que se acordó la retirada del Expediente de Regulación de Empleo planteado para 125 trabajadores de la concesionaria de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos, aunque con recortes en el convenio colectivo. En conclusión, ratificamos que la decisión y actuación del Ayuntamiento de Jerez y la actuación posterior de Tragsa no vulneraron el derecho de huelga, ni la libertad sindical”.

El auto judicial también establece claramente que se estima “la condición de autoridad sanitaria de la alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez en materia de salud pública y la plena competencia de este municipio para velar en su territorio por la protección y la promoción de la salud de la población, realizando las intervenciones necesarias para garantizar los derechos y deberes sanitarios de la ciudadanía. Ello sin perjuicio de la competencia de la Junta de Andalucía en esta materia”.

La jueza entiende, por tanto, que “el llamamiento por el Ayuntamiento a la empresa Tragsa tiene amparo jurídico” ya que se trata de una empresa que actúa “con especial prioridad en aquellos casos que son urgentes o se ordenen como consecuencia de las situaciones de emergencia que se declaran”, quedando probado que “nos encontramos, por tanto, con un medio propio instrumental que fue aportado por el Estado al Ayuntamiento en su relación de cooperación, acreditándose que se suscribió un convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Ayuntamiento”.

La sentencia deja patente que existía, en el momento en que el Ayuntamiento llama a la empresa Tragsa, una situación de alerta sanitaria en el municipio. “Estimamos probado la existencia de una alerta sanitaria, tanto por la acumulación de basuras, como su prolongación en el tiempo, y la amenaza de lluvias en alerta amarilla”.

La jueza aclara que “es público y notorio, se resaltó en todos los medios de comunicación locales y nacionales que existía una importante acumulación de basura y residuos, parte de la basura estaba en los contenedores pero la mayoría en el suelo de la vía pública, bolsas de basuras rotas, desperdicios por el suelo, cristales…lo que dificultada la recogida”.

“En este estado de cosas era imposible que los servicios mínimos pudieran recoger en estos primeros días los residuos al ritmo del 50% de la recogida habitual con los medios ordinarios que tenía Urbaser”, quedando claro cuando la empresa Tragsa utiliza maquinaria pesada y medios como pala cargadora, retrocargadoras o camiones para retirar los residuos acumulados en las calles.

Ante la alerta sanitaria, el auto establece igualmente que “no existe un contrainforme de ningún organismo público de la Junta de Andalucía o de otra autoridad, ni ningún informe privado, que contradiga, cuestione o anule” lo afirmado por los técnicos municipales. Es más, la sentencia establece que no se emitieron por parte de la Junta de Andalucía certificaciones sobre la posible situación de riesgo para la salud durante los días de la huelga.

En la sentencia se deja igualmente claro que por parte de la Junta de Andalucía no se aportó informe oficial técnico sobre la situación de salubridad ni consta que tales informes fuesen elaborados, lo que hubo fueron declaraciones en prensa del delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, y del responsable del Servicio de Salud Pública, Andrés Rabadán. Así la sentencia dice textualmente: “Dichos documentos no dejan de ser noticias de prensa, de manifestaciones a los periodistas, vertidas por estos al papel. Es cierto que aluden a que no existe riesgo de salubridad, pero no existe ningún informe oficial técnico de la Junta de Andalucía aportado a autos que así lo acredite, ni consta que tales informes se elaboraran. Incluso a nuestro juicio algunas declaraciones vertidas en prensa son plenamente desafortunadas”.

El Ayuntamiento mantendrá en el juicio del próximo día 31 de enero en el juzgado de lo Social número 2 de Jerez, por la demanda que puso en su contra el comité de empresa de la concesionaria del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, Urbaser, con motivo de la huelga de estos trabajadores del pasado mes de noviembre, “que actuó conforme a los informes técnico, sanitario y jurídico”, según resalta el gobierno local en un comunicado. Afirma que estos informes avalan la actuación del gobierno municipal, “que pretendía garantizar la salubridad de los ciudadanos y el cumplimiento del auto del Tribunal Superior de Andalucía del 50 por ciento de servicios mínimos”. Se refiere a la contratación de otra empresa para que recogiese residuos con el argumento de que los huelguistas no estaban cumpliendo los servicios mínimos y existían serios peligros sanitarios en numerosos puntos de la ciudad.

Explica que entre estos tres informes, que están en manos de la autoridad judicial, se encuentra el jurídico, “donde se pone de  manifiesto que con la medida el gobierno (local) no se ha vulnerado, en ningún momento, el derecho a la huelga de los trabajadores, mientras que en el sanitario se exponen los peligros para la salud pública que existían en Jerez en los días en los que se desarrolló la huelga por la acumulación de residuos”.

El Ayuntamiento también incidirá en que la actuación llevada a cabo se produjo ante la acumulación de más de 3.300 toneladas de basura en las calles de la ciudad, como consecuencia del incumplimiento de los servicios mínimos.

Recuerda igualmente que ”la prolongación en el tiempo de la huelga, conjuntamente con otros factores, así como la pasividad de la Junta de Andalucía ante este conflicto, no podía derivar en el hecho de que el Ayuntamiento incurriese también en una dejación de sus competencias y abandono a su suerte para el resto de la ciudadanía de Jerez”.

“En virtud de lo anterior dada la alarma social, los gravísimos problemas de salubridad que se estaban generando en toda la ciudad y los crecientes desórdenes públicos que ello estaba provocando, que se tradujeron como recordaremos en numerosa quema de contenedores y de mobiliario urbano, el Ayuntamiento no tuvo otra opción que desplegar sus facultades ante este tipo de situaciones, actuación que siempre se llevó a cabo en todo momento dentro de la legalidad vigente como tratará de acreditar el próximo día 31 de enero en el Juzgado de lo Social”, sentencia el comunicado.

La Delegación de Medio Ambiente, a través del Centro Zoosanitario y Profilaxis Vectorial, continúa las labores de desratización por toda la ciudad y zona rural puestas en marcha el pasado mes de octubre, ya sea a través de campañas o atendiendo peticiones vecinales puntuales. Estos trabajos se suman a la campaña de desratización de los más de 1.000 puntos de contenedores existentes en nuestra término municipal como consecuencia de la huelga de basuras, y que se realizó entre finales de noviembre y diciembre.

Los equipos del Centro de Zoosanitario concluirán la próxima semana las zonas pendientes de la zona rural, mientras que esta semana se ha culminado la desinsectación en la zona sur.

La delegada Felisa Rosado señala que “es primordial atender a la desratización y a la desinsectación porque somos conscientes que se trata una demanda urgente y una prioridad necesaria. Toda la ciudad será atendida, a la vez que se atienden denuncias puntuales de urgencia”.

Por otro lado, desde la Delegación de Medio Ambiente se solicita la colaboración ciudadana para prevenir la presencia de ratas y cucarachas. Se ruega a la ciudanía que respete el horario establecido para el depósito de las bolsas de basura, entre las 20.00 y 22.00 horas, y que éstas seas depositada correctamente, es decir cerradas y en el interior de los contenedores. Asimismo, se solicita que no se depositen en la vía pública ni alrededor de los contenedores ni escombros, ni bolsas ni muebles.

El juicio por la muerte del indigente polaco que fue arrojado al contenedor de basuras ha escrito su capítulo final con un alegato en el que el fiscal no ha dejado títere con cabeza y no ha hecho sino reafirmarse en su petición inicial de 20 años para cada uno de los cuatro procesados, por un presunto delito de asesinato. La última sesión ha comenzado con las pruebas periciales, y los forenses han testificado que Alexander G. falleció por el mecanismo compresor del camión compactador de basuras, que le provocó asfixia. No obstante, han existido ciertas lagunas en cuanto al resto de lesiones que presentaba el cuerpo, fundamentalmente las que originaron un edema cerebral a la víctima.

Así, las expertas han certificado que el finado tenía diversas contusiones en la cabeza, si bien no han podido garantizar que se produjeran antes de que fuera arrojado al bidón tras recibir una paliza, como ha sostenido siempre la Fiscalía. Lo único cierto, según las forenses, es que Alexander murió en el vehículo de basuras y que padeció lesiones con anterioridad a su fallecimiento, sin precisar si ello se produjo antes de ser abandonado en el contenedor o como consecuencia de los golpes sufridos ya en la maquinaria. El fiscal, sin embargo, desmontó la posibilidad de que el ciudadano polaco no hubiera sido apaleado antes de ser arrojado al cubo, argumentando que como ratificaron las especialistas la formación de un edema cerebral requiere de un tiempo, y en cuanto el camión de la basura recogió el cuerpo comenzó el mecanismo compresor, por lo que la lesión de la cabeza debía de haber sido provocada con anterioridad.

Otro de los forenses reconoció que no se pudieron hallar restos de ADN de los sospechosos en el trayecto de la casa que compartían en la calle Lealas hasta el contenedor de basuras de la calle Asta, donde fue abandonado el cuerpo, ni se pudo constatar que el rastro de sangre hallada perteneciera a la víctima. Por el contrario, certificó que en una cazadora de ésta se identificaron restos de sangre de uno de los procesados, Michal P., y que en otras prendas de otro de ellos, Darius J., se descubrieron también manchas de sangre tanto de él mismo como de Alexander, lo que sostendría la versión de la paliza. Sobre esto cimentó el fiscal un alegato intenso, durante el que se reafirmó en su petición inicial de 20 años de cárcel por presunto asesinato, justificándolo en la alevosía con la que los cuatro, en clara superioridad númerica, atacaron presuntamente a su compatriota y luego lo arrojaron al cubo de basuras, dejando que muriera.

“Todos de común acuerdo y aprovechando su indefensión, sobrevenida por el consumo de alcohol, le gopearon y arrojaron al contenedor. Hubo una relación directa entre la acción y la consecuencia final: si no le hubieran provocado las lesiones ni le hubieran abandonado, ahora estaría vivo. Por ello, incluso aunque se pusiera en duda su intención de matar, en el momento en que hicieron todo aquello asumieron esa posibilidad”. En cuanto a la autoría, aseguró que los cuatro tuvieron participación de una u otra forma en lo acontecido, destacando las numerosas contradicciones en las que han incurrido todos en sus múltiples declaraciones previas al juicio (cabe recordar que en éste se han negado a testificar).

PARALELISMO CON EL CASO DE MARILUZ CORTÉS

Uno de los golpes de efecto del alegato se produjo cuando el fiscal realizó un paralelismo entre el caso de Alexander y el de Mariluz Cortés, rememorando que ésta también fue arrojada viva al río después de ser golpeada. En ese caso el juez dictaminó una sentencia por asesinato, que fue ratificada por el Tribunal Supremo, haciendo alusión a esa “intencionalidad” de causar la muerte que se escondería tras la acción así como a la indefensión de la víctima, lo que constituye el agravante de alevosía. “A Alexander se le golpeó y arrojó a un contenedor, donde murió rodeado de basuras tras recibir otra serie de golpes de una máquina. Es una de las muertes más indignas que pueda haber”.

Las defensas, por su parte, insistieron en solicitar la libre absolución de cada uno de sus representados por falta de pruebas que los vincularan con el crimen. Uno de ellos, incluso, llegó a pedir la disolución del jurado al considerar que “no existe caso” posible. Ahora la cuestión queda en manos del jurado popular, que deberá emitir un veredicto tras lo que el juez habrá de dictar sentencia.

La segunda sesión del juicio por la muerte del indigente polaco arrojado al contenedor de basuras ha aportado algunos detalles más al caso, si bien siguen existiendo importantes lagunas en torno a lo que sucedió aquella fatídica noche. Tras la comparecencia de los cuatro procesados por el crimen, le ha tocado el turno a diversos testigos y agentes policiales que, a grandes rasgos, no han podido precisar la autoría exacta del asesinato. Los primeros en testificar fueron operarios y el director de la planta de reciclaje Las Calandrias, a donde fue a parar el cuerpo tras ser abandonado en el bidón.

Todos ellos se limitaron a explicar el funcionamiento de la recogida de residuos, aclarando que fue a alrededor de las siete de la mañana cuando los trabajadores del vertedero reconocieron entre la basura depositada unos restos humanos, que habían sido colocados allí por uno de los tres últimos camiones que habían finalizado su turno, procedentes de Jerez. “Yo estaba en una cinta transportadora y de repente vi una pierna. Me puse muy nervioso y llamé al director, que avisó a la Policía”, declaró uno de los empleados. Las defensas de los acusados intentaron sembrar la duda con respecto al origen del cadáver, argumentando que podría haber llegado a Las Calandrias procedente de otra de las localidades en las que la empresa recoge los residuos. El director, sin embargo, aseguródo que conocen los recorridos de cada vehículo, por lo que se puede certificar su procedencia.

Otro de los puntos en los que los letrados quisieron crear cierta confusión es en el tipo de basuras con las que se mezcló el cuerpo, insinuando que los golpes que sufrió la víctima previamente a ser arrojada al contenedor por una pelea podrían haber sido causados en el trayecto a la planta, por los impactos con los enseres. Tras ello le tocó el turno a un vecino supuestamente testigo de los hechos ocurridos en la noche del 21 de febrero de 2011, que tampoco aportó gran cosa. Así, identificó a dos de los acusados como residentes de la casa de la calle Lealas que todos compartían, pero reconoció que no ocurrió nada que llamara su atención aquel día, salvo que en un momento dado los que se encontraban en el inmueble “hablaron un poco más alto de lo normal”.

Lo más interesante de la jornada fueron los testimonios de los policías actuantes en el caso, que contaron cómo acudieron a Las Calandrias tras la llamada de los operarios y, al introducir las huellas de la víctima en su base de datos, comprobaron su identidad enterándose de que había sido detenida anteriormente en Elche en compañía de uno de los procesados, Michal P. Ello les llevó directamente a él, que se encontraba en el Hospital de Jerez por unas heridas en la cara. A pesar de que el sospechoso les negó saber nada del asesinato de Alexander G., asegurando que se había golpeado tras sufrir un ataque de epilepsia, la Policía puso en marcha un dispositivo de vigilancia que les condujo a los otros tres acusados, que acabaron siendo detenidos.

En la casa que compartían todos en la calle Lealas, los agentes encontraron restos de sangre en el exterior que les llevaron hasta el bidón de basuras en el que fue arrojado el cuerpo. Además, hallaron restos de sangre en las ropas guardadas de otro de los imputados, Darius J., si bien el resultado dio negativo en cuanto a posibles restos sanguíneos en el interior de la vivienda. En esta línea, los funcionarios interrogados calificaron de “sospechosa” y “rara” la actitud de tres de los acusados, todos ellos de nacionalidad polaca como la víctima, durante el seguimiento anterior a la detención. “Se mostraban nerviosos, hablando continuamente entre ellos y mirando a todos lados; incluso alguno fue a cambiarse de ropa y otro buscó una gorra, lo que nos pareció extraño”, sentenció uno de los agentes.

Poco ha dado de sí la primera sesión del juicio por el crimen del indigente polaco, que perdió la vida el pasado año tras recibir una paliza y ser abandonado en un contenedor de basura. La Sección Octava de la Audiencia Provincial ha acogido una vista en la que los cuatro procesados se han negado a responder a las preguntas del fiscal, limitándose a responder a las de las respectivas defensas con escuetos monosílabos. A grandes rasgos, sus intervenciones plagadas de contradicciones se pueden resumir en que ellos no discutieron con la víctima, Alexander G., ni le golpearon ni porsupuesto le arrojaron a ningún cubo donde se supone que encontró la muerte, mientras era trasladado por una máquina compactadora a la planta de reciclaje de Las Calandrias.

Como empezó recordando el fiscal, la fatídica noche del 21 de febrero de 2011 la víctima se encontraba con los tres acusados de su misma nacionalidad, Michal P., Darius J. y Marek K., consumiendo bebidas alcohólicas en compañía del cuarto procesado de origen alemán, Rau T. Un punto en el que todos los declarantes coinciden, si bien cada uno se refiere a franjas horarias distintas y existen lagunas en torno a si coincidieron los cinco en todo momento o hubo espacios en los que alguno desapareció de la casa de la calle Lealas en la que convivían en calidad de ‘okupas’.  Así, Marek por ejemplo aseguraba que a las tres de la mañana se fue a comprar tabaco y desconoce lo que sucedió entonces, afirmando que Michal no bebió con ellos esa noche a pesar de que el propio aludido lo reconoció, apuntando no obstante que se retiró temprano a dormir.

Por lo demás, poco aportaron los interrogados que se valieron de un traductor para responder a las cuestiones planteadas por sus letrados. El fiscal, aunque no pudo mantener un diálogo con ninguno de ellos sí aprovechó para trasladar las contradicciones en las que a su juicio han incurrido, aportando distintas versiones de lo sucedido aquella noche en sus respectivas declaraciones anteriores a la vista. Además, aludió a cuestiones importantes como el hecho de que la Policía encontrara restos biólogicos de la víctima en la camiseta de Darius e incluso sangre en su cazadora. Algo que quedó en el aire, al negarse a declarar el acusado.

Las defensas, por su parte, antes de que empezara el interrogatorio quisieron dirigirse al jurado popular argumentando que no existen pruebas suficientes para inculpar a sus representados, por lo que los cuatro pedirán la libre absolución. La Fiscalía, sin embargo, solicita 20 años de cárcel para cada uno por un presunto delito de asesinato. La segunda sesión del juicio será crucial, con el testimonio de un testigo y el de los policías que llevaron el caso, y que podrán certificar si realmente existen pruebas de peso o no para condenar a los procesados.

El próximo lunes, 17 de diciembre, es el día elegido para que comience la vista por el asesinato de Alexander G., un ciudadano polaco que ejercía la mendicidad en Jerez y cuyo cuerpo tras ser golpeado fue arrojado a un contenedor de basuras. En el banquillo se sentarán cuatro amigos de la víctima: Michal P., Dairus J., Marek K. y Rau T., los tres primeros polacos y el último alemán, a los que la Fiscalía imputa un presunto delito de asesinato. Los hechos, que conmocionaron a la ciudad, se produjeron el 21 de febrero del pasado año, cuando todos los citados anteriormente incluido Alexander se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la casa abandonada que compartían, ubicada en la calle Lealas.

Según la calificación del fiscal, en un momento dado se enfrascaron en una discusión por motivos que no han trascendido y los procesados comenzaron entonces a golpear a la víctima, provocándole múltiples heridas en la cabeza, la espalda, los brazos y las piernas. Este ataque hizo que perdiera el conocimiento, circunstancia que los otros aprovecharon para arrastrarlo y arrojarlo a un contenedor cercano. Al poco tiempo, apareció un camión que recogió la cuba para trasladarla a la planta de reciclaje de Las Calandrias. Según el forense, fue en ese traslado en el que Alexander perdió la vida, ya que su cuerpo sufrió diversas fracturas al estar expuesto al mecanismo compactador de la máquina.

El vehículo continuó su ruta habitual hasta llegar al vertedero, donde a primera hora de la mañana los operarios se percataron de que había restos humanos entre la basura. Por todo ello, el Ministerio Fiscal solicita 20 años de prisión para cada procesado, además de una indemnización de 108.846 euros para la mujer del fallecido y de 18.000 para sus padres. Los cuatro han permanecido en la cárcel desde que ocurrió el terrible suceso.

El dispositivo especial de limpieza puesto en marcha una vez desconvocada la huelga de basuras  ha recogido, de las calles de la ciudad y zona rural, desde el viernes hasta la pasada madrugada, 4.100 toneladas de residuos orgánicos. Durante unos días más se va a seguir disponiendo de refuerzos hasta la total normalización, que, según dice ahora el Ayuntamiento, se completará próximamente con la recogida de envases, vidrio, poda y cartón y de forma escalonada se podrán en marcha el  servicio de recogida y limpieza habitual.

El gobierno municipal subraya que, durante el conflicto laboral, en todo momento, “se ha estado defendiendo los intereses de los ciudadanos, que a partir del próximo año, contaran con el servicio de recogida y limpieza que se merece Jerez, garantizado por la propia empresa, con una reducción anual de 4, 5 millones de euros”. E insiste una vez más en que, desde el principio del conflicto, “se ha actuado teniendo en cuenta la situación de las arcas municipales y a los ciudadanos”.

EL DISPOSITIVO

Durante estos últimos cinco días el dispositivo se ha centrado en recoger toda la basura orgánica, desbordada de los contenedores, así como a vaciarlos para poder estar a día de hoy con la recogida de esa fracción normalizada, tanto de lo acumulado durante los 21 días de huelga como de lo generado durante estos cinco días. Lo que queda pendiente  es la recogida de envases ligeros, papel, vidrio, restos de poda, así como los puntos limpios móviles y la basura industrial de los polígonos industriales. En éstos se ha comenzado el pasado lunes a recoger la basura organizaba generada por bares y restaurantes y, desde hoy mismo, se han destinado equipos para comenzar la recogida en polígonos de envases, cartón y papel.

Asimismo la pasada noche del martes se comenzó a recoger contenedores de papel y de envases en la ciudad, y hoy por la mañana, se ha sacado también un camión para la recogida de los contenedores de vidrio. A partir de mañana jueves se dedicarán dos o tres camiones a la recogida de poda hasta completar su limpieza.

Otro aspecto en el que se está trabajando también es la reposición de todos los contenedores que han causado baja por los incendios. En las zonas más afectadas como Sur y Polígono de San Benito, se están colocando provisionalmente contenedores de carga trasera de los antiguos de envases, pero sin tapa para diferenciarlo de los otros y facilitar así el depósito de la basura. También se están reparando algunos de carga lateral que no ardieron por completo y que pueden, aunque sea sin tapa, cumplir con su cometido hasta que dispongamos de unidades nuevas. Se está realizando el inventario pormenorizado de las bajas para poder hacer el pedido del nuevo material.