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La Junta amenaza con emprender acciones legales si no se presta un servicio de justicia gratuita con garantías


El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha acudido a Jerez para poner los puntos sobre las íes en torno a la polémica que arrastra el turno de oficio. Durante una reunión mantenida con representantes de los abogados, fiscales, jueces y procuradores, no ha dudado en reprender a los letrados jerezanos asegurando que los recortes llevados a cabo por la administración en este servicio en ningún caso justifican el que el Colegio haya optado por restringirlo. Como ha explicado el delegado, en virtud del acuerdo adoptado recientemente la Junta de Andalucía abonará lo correspondiente a las tarifas del turno de oficio que se deben y que ronda los 664.000 euros, de tal forma que en abril se liquidará la deuda.

Otro aparte, sin embargo, merece lo aportado para gastos en infraestructuras que se ha reducido este año y que constituye la razón por la que, a pesar del compromiso de pago mencionado, los abogados seguirán limitando el servicio de justicia gratuita, al considerar que el presupuesto del que disponen no es suficiente. Como ha recordado López Gil, la administración subvenciona el servicio al 100% pero no así los gastos derivados de éste, que hasta hace bien poco se sufragaban en un 10%. Ahora, el Gobierno autonómico ha decidido reducirlo hasta el 5%, lo que a su juicio no impide que se siga desarrollando el turno de oficio con todas las garantías.

“El Colegio de Abogados dice que con esta aportación no pueden mantener el servicio y que ello está provocando que se tarde seis meses en designar a un letrado. Esto no me parece de recibo”. Además, ha puntualizado que aunque la administración siempre se ha mantenido al margen en lo relativo a los gastos de cada organismo, resulta llamativo que el de Jerez sea uno de los que más invierta en infraestructuras. Por ello, ha instado a los letrados a que sigan ofreciendo un servicio de calidad y con todas las garantías, llegando incluso a amenazar con “emprender acciones legales” si esto no llega a suceder, ya que los ciudadanos no deben pagar las consecuencias de todo ello.

 EL PROYECTO DE CIUDAD DE LA JUSTICIA, APARCADO

López Gil ha aprovechado su comparecencia para referirse a otro de las temas candentes en Jerez, en lo que al sistema de justicia se refiere. Así, ha confesado sin tapujos que el proyecto de Ciudad de la Justicia se encuentra en estos momentos “aparcado”, debido a la falta de capacidad financiera no solo de la administración, sino también de las empresas privadas. De hecho, ha afirmado que algunos de estos proyectos que se encuentran en fases más avanzadas en otras localidades tendrán que ser paralizados, puesto que las compañías no dan con los fondos necesarios para su construcción. No obstante, el delegado ha declarado que “los jerezanos cuentan con instalaciones judiciales de calidad“, por lo que en estos momentos lo único que se plantearía su gobierno sería el mejorar las ya existentes.

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Los pagos anunciados por la Junta no paran el recorte de la justicia gratuita en Jerez


El anuncio de la Consejería de Justicia, comprometiéndose a saldar la deuda que mantiene con los letrados del turno de oficio hasta el próximo mes de abril, no ha sido suficiente para que éstos depongan las armas y se restaure la normalidad en los colegios de abogados. El de Jerez no iba a ser una excepción, y su decano, Marcos Camacho, ha confirmado que tras la reunión mantenida entre los representantes de toda la abogacía andaluza se ha decidido por unanimidad mantener los últimos acuerdos adoptados a finales de año en materia de pagos. Esto es, los colegios seguirán adecuando los gastos derivados del servicio de justicia gratuita a las cantidades que se abonen.

En la actualidad, el turno de oficio está prácticamente paralizado y desde hace algún tiempo solo se designan letrados gratuitos una vez a la semana, lo que origina las consiguientes colas y el profundo malestar entre los interesados. La cosa puede ir a peor, no obstante, puesto que Camacho ya amenazó recientemente con cancelar el servicio o reducirlo a una vez al mes, adaptándolo como se ha señalado anteriormente a las cuotas proporcionadas por la administración. Y es que, como recuerda el decano, lo que la Junta garantiza ahora es el pago hasta abril de las tarifas correspondientes a tres trimestres de 2012; cuando llegue esa fecha, continuará debiéndose el último trimestre del pasado año y el primero del vigente.

Además, tampoco existe compromiso de liquidar los gastos de infraestructuras, aún pendientes de todo el ejercicio anterior. Así las cosas, los profesionales jerezanos insisten en que es imposible prestar un servicio de calidad, si el gobierno autonómico no pone los mimbres para ello. En lo que sí darán una tregua los colegios andaluces a la administración es en lo relativo a las medidas de presión que estaban llevando a cabo, como concentraciones de carácter semanal, que quedarán en suspenso hasta que se compruebe que la promesa de pago se ha llevado a término en los plazos establecidos.

El decano jerezano ha vuelto a lamentar los perjuicios que todo ello está ocasionando al ciudadano, recordando que está en manos de la Junta el poner freno a una situación para la que no se vislumbra una pronta solución. Los letrados tendrán que decidir ahora si restringen aún más la justicia gratuita, un derecho cada vez más cercenado para los ciudadanos.

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La Junta abonará los pagos pendientes del turno de oficio


La Junta de Andalucía ha acordado con el  Consejo Andaluz de Colegios de Abogados abonar hasta el próximo mes abril todos los pagos pendientes por el turno de oficio correspondiente al año pasado, cuya cantidad asciende a 21,4 millones de euros.

Este acuerdo se ha alcanzado en la reunión que hoy ha mantenido el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, con el presidente del Consejo Andaluz de Abogados, José Rebollo, y su portavoz, José Joaquín Gallardo, quienes han valorado el esfuerzo del Gobierno andaluz por liquidar estos pagos y han calificado de aceptable la propuesta de de abono. El calendario prevé el pago de las cantidades pendientes con cargo a los presupuestos autonómicos de este año en varias cuotas hasta abril, de manera que su abono sea asumible por la Junta.

En este sentido, De Llera ha subrayado que su departamento no ha dejado de abonar todos los meses diversas cantidades correspondientes a estos pagos pendientes, sufragando durante el año pasado un total 37,6 millones de euros que permitieron liquidar la toda la deuda de 2011 y avanzar en gran parte de los gastos de 2012. Se trata de una importante noticia teniendo en cuenta que en Jerez se iba a suspender el servicio a partir del próximo 15 de enero por falta de fondos.

El titular de Justicia e Interior ha recordado también el último pago que se ha realizado esta misma semana y que asciende a 4,6 millones, aportación con la que se ha completado el pago a procuradores, gastos de funcionamiento y guardias de los letrados.

De Llera ha resaltado que a este esfuerzo por sostener este servicio se suma el compromiso presupuestario de la Junta, manteniendo para este año la partida para Justicia gratuita con un montante de 44 millones. A su juicio, con este sostenimiento presupuestario y el nuevo reglamento recientemente aprobado y destinado a agilizar y regularidad los pagos, se contribuye a garantizar este servicio y a dar cobertura además al crecimiento que viene registrando este servicio, que ya el año pasado superó las 300.000 asistencias y beneficiarios.

El responsable andaluz de Justicia ha valorado la comprensión, el compromiso y el esfuerzo compartido de los más de 7.000 letrados andaluces por mantener la asistencia jurídica gratuita, que beneficia especialmente a los ciudadanos con menos recurso, además de elogiar su responsabilidad, profesionalidad y la imprescindible labor que realizan para  sacar adelante este servicio en la difícil coyuntura actual.

Mejora y aumento del servicio

Desde 1997, la Administración autonómica ha destinado 334 millones de euros al Programa de Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo objetivo es garantizar la defensa ante los tribunales de las personas que no disponen de recursos económicos suficientes. La Junta ha trabajado además en la mejora de la calidad de este servicio y en su especialización, impulsando los turnos de oficio específicos en aquellas áreas de interés social como es la atención a los colectivos de inmigrantes, menores y mujeres víctimas de violencia.

En este sentido, la Consejería de Justicia e Interior también ha multiplicado por diez el presupuesto consignado para responder a las necesidades de los turnos de oficio y las asistencias en las guardias desde que asumió las competencias, puesto que en el año 97 eran 4,7 los millones de euros destinados a este servicio por los 44 millones de euros previstos para este 2012.

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La Junta reduce en un 50% su aportación al turno de oficio


La modificación del Reglamento de Justicia Gratuita recién aprobada por la Junta de Andalucía ha caído como un jarro de agua fría para los profesionales del turno de oficio, que cierran uno de los peores años que se recuerden para el servicio. La noticia de la aprobación definitiva trascendía ayer, con la confirmación de que la administración reducirá hasta un 50% su aportación para los gastos de infraestructuras de estos letrados. Si la bajada de sueldos y la deuda que mantiene la Junta con los abogados habían obligado a recortar la asistencia gratuita, con este nuevo tijeretazo definitivamente se cierran las puertas para los menos pudientes en Jerez, que a partir del 15 de enero no podrán acceder al turno de oficio exceptuando a los detenidos.

Marcos Camacho, decano del Colegio jerezano, ha mostrado su indignación más absoluta lamentando que el gobierno autonómico no haya aceptado las alegaciones de los profesionales ni haya tenido en cuenta sus opiniones tomando una determinación altamente perjudicial para ellos. “Los colegios no podemos prestar el servicio con esta nueva asignación. Ellos dicen que lo hacen precisamente para mantenerlo, pero conseguirán justamente lo contrario. Nosotros desde luego no vamos a poder”. Como recuerda, aún se les debe el 75% de los gastos de infraestructura más lo relativo al turno de oficio de todo el año (solo se han abonado las guardias). A ello hay que añadir que les han bajado las tarifas un 10%, por lo que en algunos momentos los letrados se han visto obligados a poner dinero de su propio bolsillo.

Ahora, con esta reducción del 50% les resulta materialmente imposible continuar ofreciendo el servicio de Justicia Gratuita, ya que “no debe recaer el mantenimiento en los profesionales”. Los afectados, con su decano como máximo representante, consideran todo ello como “un ataque directo” al sistema que ya se ha visto resentido en exceso, pues no hay que olvidar que el último mes se han reducido las asignaciones del turno de oficio a un solo día a la semana frente a los cinco habituales, provocando colas en el Colegio de Jerez de hasta un centenar de personas. Ante esta coyuntura, 2013 se presenta más convulso que nunca para ellos, que auguran prontas movilizaciones para defender la permanencia de un sistema que hace aguas por todas partes.

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Los recortes llegan a la Justicia en Jerez


A los recortes sociales, económicos, laborales y de todo tipo a los que están siendo sometidos los ciudadanos se une ahora un nuevo tijeretazo que sufrirán los jerezanos a partir del día de hoy. En esta ocasión, no se trata de una iniciativa del gobierno sino de un colectivo castigado por los impagos cuya decisión repercutirá de forma directa en la ciudadanía: la justicia gratuita limitará su asistencia a un solo día a la semana, motivado por la falta de cobro de los letrados del turno de oficio. Los miércoles son los días elegidos por el Colegio de Abogados de Jerez para la atención a los usuarios, frente a los cinco días a la semana que han tenido las puertas abiertas hasta el momento. Las consecuencias son claras: si la designación de abogado se solía producir como mucho en un mes, ahora rozará los seis.

Así lo ha confirmado el decano del Colegio, Marcos Camacho, informando de que en un año se han asignado para este servicio unos 7.000 profesionales; si todo sigue igual, la cifra se reducirá hasta los 1.400. Los perjudicados, como resulta habitual en estos casos, son los demandantes con menos recursos, las personas cuyos ingresos no rebasan el doble del Iprem (fijado en unos 14.000 euros). Todos sus procedimientos que carezcan de plazos estrictos pasarán directamente al limbo de los miles y miles de asuntos pendientes, a la espera de que se designe un letrado para ellos. Los únicos que contarán con ventajas serán los procesos judiciales en los que haya detenidos; en estos casos, el Colegio tendrá la obligación de asistir de manera inmediata al perjudicado.

Cónyuges en proceso de divorcio; perjudicados por despedidos laborales en demanda de un reingreso o de una compensación económica o incluso mujeres maltratadas, si no se ha detenido a sus parejas, se pondrán a la cola y tendrán que hacerse a la idea de que sus procedimientos tardarán meses si no años, si no pueden permitirse un abogado de pago. En la calle, las reacciones no se han hecho esperar y los jerezanos han mostrado su contrariedad ante una circunstancia que les perjudica y que no tiene visos de mejora a corto plazo.  “Me parece muy mal, porque hay mucha gente que lo está pasando fatal -apostilla Miguel, de profesión camarero-. Hay mujeres maltratadas, por ejemplo, que se van a pensar más si denunciar porque no tendrán dinero para pagarlo”.

En la misma línea se ha expresado Manolo Rodríguez, jubilado, aprovechando para apostillar que “tampoco se pueden pagar precios abusivos”. Otros, sin embargo, se han mostrado condescendientes con los letrados argumentando que “habrá que ponerse en el lugar de los que sufren los impagos”, como justifica José Miguel, de profesión frutero. “A mí me parece que en este país se ha abusado mucho del servicio de justicia -apunta Manuel Cabrera, ingeniero técnico agrícola-. Habría que ser más selectivo y poner un pleito por lo verdaderamente urgente, ya que la justicia la pagamos todos”.

En la actualidad, la Junta de Andalucía acaba de abonar el 75% de las guardias del turno del oficio del presente año, pero aún queda pendiente ese 25% restante más todos los gastos de infraestructura. Según Camacho, todo ello unido a la bajada en un 10% de las cuotas de los abogados hace que sea imposible seguir prestando el servicio, por lo que a partir de enero se podría paralizar por completo. De momento, la asistencia se resentirá dentro de un sistema que cada vez presenta más deficiencias y que, con la reciente Ley de Tasas, se ha convertido en el nuevo azote de los bolsillos de los ciudadanos.

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Los abogados celebran el día de su patrón en un ambiente de incertidumbre y recortes


Corren malos tiempos para la abogacía, especialmente en el caso de la jerezana que al frente que mantiene abierto a nivel nacional contra la Ley de Tasas, se unen los impagos de la Junta que hacen peligrar el turno de oficio. Los profesionales, sin que sirva de precedente, han puesto al mal tiempo buena cara y han celebrado el día de su patrón, San Cayetano, y su patrona, la Virgen de la Consolación, con un reconocimiento a los 25 años de servicio de una quincena de letrados y el juramento de otros 12 que se incorporan al Colegio de Abogados. Un ambiente festivo que culmina con una misa y una comida, pero en el que persiste de forma inevitable esa preocupación que asola a todos los letrados.

Como ha informado el decano de los abogados, Marcos Camacho, hoy se cumplía el ultimátum a la Junta y hoy mismo la administración regional ha ingresado el 65% de lo relativo a las guardias del turno de oficio en todo el año. Sin embargo, además del porcentaje que falta hay que tener en cuenta que no se ha abonado nada de lo correspondiente a los gastos de infraestructura, por lo que el Colegio cumplirá su amenaza y a partir de la semana próxima, concretamente del miércoles, se adecuará el servicio de justicia gratuita al presupuesto existente.

 

Ello implicará que solo este día de la semana se atiendan los casos de turno de oficio dándole prioridad a los procedimientos con plazos improrrogables, lo que podría dilatar las designaciones de letrado en seis meses. Según Camacho, esta decisión del colectivo jerezano de recortar la asistencia ha sido secundada por el Pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, de manera que en toda la comunidad autónoma se empezarán a tomar medidas. Cabe recordar que, si el 15 de enero siguen los impagos, los profesionales cancelarán el turno de oficio hasta nuevo aviso, asistiendo solo a los detenidos. “Si no pagan, no tendremos dinero para realizarel servicio -sentencia el decano. La Junta será la que haya provocado su suspensión”.

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Los abogados de oficio dejarán de prestar el servicio si el 15 de enero no han cobrado los atrasos


Lo que hasta ahora no era más que una simple amenaza se puede tornar muy pronto en realidad si la Junta de Andalucía no cumple sus compromisos con los abogados jerezanos. Tras una concurrida asamblea a la que asistieron más de 100 letrados, los profesionales que ejercen el turno de oficio han decidido lanzar un ultimátum a la administración autonómica para que les abone todos los atrasos: es decir, lo correspondiente al año vigente. El plazo, como ha explicado el decano del Colegio de Abogados, Marcos Camacho, expira el viernes. Si antes del día 1 no han cobrado, restringirán el servicio de tal forma que solo asistirán a los ciudadanos un día a la semana, frente a los cinco laborables de la actualidad.

“Si la Junta no responde al comunicado que vamos a remitirle -argumentó el decano-, adecuaremos la prestación del servicio a los fondos recibidos, por lo que asistiremos solo un día o unas horas. Hay que recordar que no nos han pagado nada en todo el año”. El montante total de la deuda supera el millón de euros, lo que a juicio de los interesados justifica esta medida e incluso una más drástica que no dudarán en adoptar si el 15 de enero persisten los impagos. “Si en esa fecha seguimos sin cobrar, estaremos imposibilitados para prestar el servicio”. O, lo que es lo mismo, los jerezanos se quedarán sin justicia gratuita nada más empiece el año.

Camacho quiso puntualizar, no obstante, que los letrados garantizarán la asistencia al detenido, “paguen o no paguen”. En el resto de los casos, los ciudadanos sin recursos o con presupuesto limitado se verán despojados del derecho de tutela judicial efectiva. “El ambiente entre los compañeros está muy caldeado -justificaba el titular del Colegio-. De hecho, hemos llegado a un acuerdo intermedio porque había algunos que querían tomar decisiones más drásticas. La verdad es que a nosotros nos duele no asistir a todos los ciudadanos”. Aunque el peor de los escenarios no llegue a cumplirse, el simple hecho de que los abogados del turno de oficio reduzcan a un día el servicio implicará que se ralenticen los procesos hasta el punto de que la mera designación de letrado suponga una espera de seis meses, cuando lo habitual es que no supere los 30 días.

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Jueces y abogados plantean que se paguen tasas “disuasorias” de no más de 50 euros


El juez decano de Jerez, Juan José Parra, calificaba la concentración frente a los juzgados de Tomás García-Figueras de “histórica”. Y no le faltaba razón si se tiene en cuenta que es la primera vez que los diversos profesionales de la Justicia hacen frente común para impedir lo que ellos consideran “abusos en toda la regla”. Jueces, abogados, fiscales, secretarios y procuradores protagonizaron una protesta que congregó a un centenar de personas para mostrar su total disconformidad, entre otras cosas, con la controvertida Ley de Tasas que tiene en jaque no solo a ellos sino a toda la ciudadanía. Una ley cuya aplicación, de momento, ha quedado en suspenso pero que supondrá un radical aumento de los costes en los procedimientos para los interesados.

En virtud de la norma del ministro Gallardón, todo aquel litigante que desee interponer un recurso deberá pagar unas tasas que pueden alcanzar los 1.200 euros, lo que según los profesionales dividirá el sistema en “justicia para pobres, y justicia para ricos”. “Nosotros apostamos por la eliminiación de la ley -explicó Parra-. No obstante, se pueden propugnar unas tasas disuasorias pequeñas, pero nunca este gravamen”. En concreto, aludió a la posibilidad de fijar unas tarifas que oscilaran entre los 30 y los 50 euros, dependiendo del tipo de recurso que se quiera interponer. Manuel Ferrer, diputado segundo del Colegio de Abogados, apoyó las palabras del juez insistiendo en que para su colectivo ha supuesto “un palo enorme” la aprobación de una ley que según advierte obstaculizará el acceso a la Justicia de un buen número de ciudadanos.

Junto a esta reivindicación, Parra señaló otras tantas que comparten todos los representados en la protesta como el aumento de plantilla, la determinación de carga de trabajo en relación a la población que se asista, mayor agilidad en la organización y una inversión adecuada al servicio público que se presta. El cabeza visible de los abogados quiso recordar, por su parte, la “precaria” situación en la que se encuentran los letrados del turno de oficio, que no han cobrado un solo euro por los servicios prestados en lo que va de año y a los que se les acaba de reducir el sueldo en un 10%. Por todo ello, los abogados se plantean incluso dejar de prestar este servicio, algo que podrían oficializar de manera definitiva en la inmente asamblea que llevarán a cabo el próximo martes.

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El turno de oficio quedará suspendido si en un mes la Junta no retira el recorte de sueldos


Un mes es lo que le da de plazo el Colegio de Abogados de Jerez a la Junta de Andalucía para que dé marcha atrás en su decisión de reducir las tarifas del turno de oficio un 10%. En una asamblea celebrada entre los letrados, el decano Marcos Camacho les informó sobre la situación que se les presenta a raíz de la orden aprobada por el Gobierno andaluz que ha conllevado, como ya anunciara este medio, que los abogados del servicio de justicia gratuita comiencen a rascarse el bolsillo y asumir los costes de los procedimientos. Una coyuntura por la que, como incidió el decano, la asistencia se verá mermada y ello lógicamente perjudicará al ciudadano.

“La única conclusión a la que hemos llegado es que la Junta tiene que meditar – argumentó Camacho-. Se ha tomado una decisión sin tener en cuenta el informe negativo de los Colegios de Abogados, que consideramos que hay otras fórmulas para ahorrar que no pasen por el recorte del turno de oficio. Por ello exigiremos que se retire la orden”. Dentro de un mes, los letrados volverán a verse las caras y si la administración no ha cedido en sus pretensiones cortarán por lo sano y eliminarán el servicio del turno de oficio. Lo que aún no está claro es si se tratara de paros parciales o definitivos, pero lo cierto es que terminarán con una actividad que hoy por hoy no les sale rentable.

Por otro lado, no hay que olvidar que aún se les debe parte de sus gastos en infraestructuras del pasado año y todos los honorarios del corriente, por lo que la situación es aún más insostenible. “Se tienen que poner al día con los pagos, pero tampoco existe un compromiso firme, por lo que nosotros no garantizamos la absoluta permanencia del servicio”. Si ello finalmente sucediera y se suspendiera el turno de oficio, a pesar de que se mantuvieran los servicios mínimos, miles de jerezanos se quedarían sin la asistencia de un abogado gratuito y el sistema garantista quedaría seriamente dañado.

 

 

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La Junta anuncia el ingreso de los atrasos al turno de oficio


El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha comparecido para anunciar que su administración acaba de ingresar una inyección de 1,3 millones de euros en los servicios de justicia gratuita de la provincia. Un soplo de aire fresco para los ‘maltratados’ abogados del turno de oficio, que en el caso de Jerez han percibido 255.000 euros. El delegado se vanaglorió de la iniciativa, con la que destacó que la Junta “cumple el compromiso contraído” con los profesionales “afrontando el pago en tiempo y forma pese a la crisis”. Estas palabras, sin embargo, no han calmado los ánimos de los letrados del Colegio de Abogados de Jerez que, a través de su decano, Marcos Camacho, han querido puntualizar que aún existen ciertas cantidades pendientes de cobro.

En concreto, según el decano la Junta ha ingresado todo lo correspondiente a las tarifas pendientes del pasado año, pero no así en lo relativo a los gastos en infraestructuras, de los que demandan el 50% del último trimestre. Asimismo, recuerdan que a estas alturas aún no han cobrado ni un céntimo de lo perteneciente al año vigente. “Consideramos que este pago no cumple las expectativas -recalcó Camacho-, por no mencionar nuestro total rechazo a la orden por la que se nos baja el 10% del salario”. Ésa es la cuestión que verdaderamente les quita el sueño; a pesar de sus protestas, la medida se ha puesto en marcha desde el 1 de octubre.

López Gil también se refirió a ello justificándolo en que se trata de un “ajuste moderado de carácter temporal y reversible”, que se ha adoptado con el fin de “hacer sostenible este servicio”. Los abogados, como es lógico, lo ven desde otra óptica totalmente distinta y argumentan que la situación de los responsables del turno de oficio se ha vuelto “insostenible” a raíz de ello. De hecho, como ya publicara Reporteros Jerez, muchos de estos letrados se han visto obligados a costear parte de los procedimientos de sus propios bolsillos. Como la perspectiva no mejora para ellos, el decano ha confirmado que en los próximos días se reunirán para organizar posibles actos reivindicativos.

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