El Partido Popular de Jerez afirma que la política de recortes que está llevando a cabo el gobierno del bipartito andaluz PSOE-IU puede acabar con la asistencia jurídica gratuita. El motivo -según denuncian los populares- es la asfixia económica, vía impagos y recortes retributivos, a los 225 abogados y procuradores que prestan servicios en el Turno de Oficio en Jerez.

Según el PP, el gobierno andaluz comunicó a finales de julio a los Colegios Profesionales que culmina una Orden para eliminar los baremo de retribución, por lo que se prevé incrementar los servicios, pero reducir las compensaciones hasta un 18%. Los populares explican que la Junta “aprovechó el mes de agosto” para imponer su criterio, intentando evitar que los profesionales pudieran acceder al trámite de audiencia.

Para el PP, “son argucias del consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, para imponer a los abogados y procuradores que prestan servicios de asistencia jurídica gratuita en el Turno de Oficio y en el Turno de Guardia, una serie de modificaciones en las retribuciones que supondrían prácticamente el desmantelamiento de estos servicios”.

Plazo insuficiente

Concretamente, la Junta elaboró esta orden a finales de julio y la trasladó a los profesionales a tres días hábiles del inicio del periodo de inactividad del mes de agosto. En este sentido, el PP destaca que el plazo que ha dado la Junta para evaluar el informe es de siete días, algo que “vulnera la normativa” recogida en la Ley 6/2006 de 24 de octubre, que establece con claridad que el plazo no debe ser inferior a quince días, lo que, a juicio de los populares, provoca la nulidad de la Orden.

El PP explica, asimismo, que esta reducción retributiva, que en algunos casos llega al 18% –el 10% de recorte directo más el 8% a consecuencia de la no actualización del IPC en los últimos años-, se ha planteado sin haber saldado la deuda que la Junta mantiene con los Colegios de Abogados y profesionales que prestan estos servicios, ya que “aún deben el 50% de los gastos de infraestructuras de 2011, el 50% del cuarto trimestre del pasado año, así como tampoco se ha liquidado ningún servicio correspondiente al ejercicio de 2012″

Por último, el PP considera irresponsable que, en lugar de buscar otros mecanismos de contención y corrección del gasto, ese incremento de servicios lo asuman sólo los profesionales que los prestan, en lugar de asumirlos la Administración obligada a prestarlos.

Aunque no pretenden ser agoreros, los abogados del turno de oficio de Jerez han visto cómo se cierne sobre ellos en forma de amenaza la última decisión de la Junta de Andalucía de reducirles el sueldo un 10%. Unas cifras ya ridículas según los propios perjudicados (126 euros por 24 horas de guardia), que se tornarán en unos 70 euros por realizar el mismo trabajo. Así lo ha explicado a Reporteros Jerez el decano del Colegio de Abogados, Marcos Camacho, que habla de baremos”irrisorios” y advierte de que, con esta coyuntura, la actividad de estos profesionales quedará completamente mermada.

“Están dejando sobre las espaldas de los letrados el coste de los procedimientos. Ellos mismos tienen que pagarse el viaje a Cádiz cada vez que hace falta, por ejemplo, además de otros temas burocráticos. Al final, eso recae en los profesionales y en el mismo Colegio. Están aprovechando la crisis para recortarnos“. Con estas modificaciones, según el decano un abogado de oficio cobrará 250 euros por llevar un caso de violencia de género; 265 euros por uno ordinario; 297 por un divorcio; 143 por uno de mutuo acuerdo y 80 euros por uno de faltas. “Con esto no da ni para abrir un procedimiento -se lamenta-. La administración es la que debe costearlo todo, que para eso tiene comprometido el servicio”.

Como aclaró Camacho, la reducción aún está en vías de negociación (con vistas a implantarla el próximo mes de octubre), pero ya de entrada los perjudicados se oponen a ella frontalmente; máxime teniendo en cuenta que aún se les deben las tarifas de todo lo que va de año además de un trimestre de 2011 y la mitad de otro. De momento, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha tramitado las correspondientes alegaciones. Si el recorte prosperara a pesar de ello, los letrados jerezanos no descartan ejercer medidas contundentes de presión pues, como ha subrayado su decano, no se quedarán de brazos cruzados ante lo que consideran injusto.