Las secciones sindicales de CC OO, UGT, ATMJ y CTP, que representan al 53% de la plantilla municipal, se reunieron este lunes con Antonio Maíllo, director general de Administración Local de la Junta de Andalucía, por su competencia en las directrices técnicas que rigen las relaciones entre la entidad autonómica y las administraciones locales. En este sentido, los sindicatos pusieron en su conocimiento “las gravísimas irregularidades que está llevando a cabo el Gobierno municipal en materia de personal mediante actuaciones absolutamente arbitrarias amparadas en informes, a nuestro entender, confeccionados a tal fin”, resaltan en un comunicado. Tal como insisten, se trata de informes que “benefician directamente al que lo suscribe y en otros incluso llegan a contradecirse entre ellos, según convenga aplicar un criterio o el contrario en los diversos expedientes”. Por eso acusan al ejecutivo de “arbitrariedad”, e insisten en subrayar que “la gravedad es de tal magnitud que de estas actividades pudieran derivarse acciones penales, cuestión que está siendo estudiada por parte de estas secciones sindicales”.

Por otro lado, destacan que durante la reunión “se nos confirmó lo que ya sospechábamos, que la alcaldesa mintió cuando afirmó públicamente que la RPT municipal se había consensuado con la Junta de Andalucía, extremo que negó taxativamente Maíllo”. Una circunstancia ante la que el responsable de esta Dirección General de la Junta, se comprometió a facilitar cuanta información y documentación se le requiriera.

Maillo, según los representantes sindicales, también “reconoció que cuando llegaron a su conocimiento algunas de nuestras denuncias  ante la Delegación Provincial sobre los extremos ilegales de la RPT, ya habían transcurrido los plazos legales para interponer los oportunos recursos ante los órganos jurisdiccionales competentes”. A tenor de lo cual, no han ocultado su sorpresa  al “comprobar cómo la Junta de Andalucía desconoce la  realidad de las actuaciones que se están llevando de aplicación de la RPT, sobre todo porque la que le remite el Ayuntamiento es  intencionadamente parcial, sesgada y manipulada, con  patente incumplimiento de la obligación de transparencia”.

Las secciones sindicales citadas concluyen al respecto que “la obstinada realidad del día a día en la gestión de recursos humanos, nos obliga a seguir denunciando las arbitrariedades de sus decisiones”.

Casi un 42% de la población activa de Cádiz está en paro. Lo dicen los últimos datos de la EPA, que no solo arrojaban que la tasa de desempleo en la provincia era la más alta, sino también que 234.600 personas no encuentran un trabajo en ella.

Ese el principal motivo que han esgrimido los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, para convocar la manifestación del Primero de Mayo que ha recorrido las calles de la capital como acto central en la provincia, y a la que han acudido varios centenares de jerezanos en los cuatro autobuses fletados por las centrales, en tren o en sus vehículos particulares. En total, en la protesta que ha partido ya pasadas las 12.15 de la mañana de la plaza de España y ha avanzado hasta la Subdelegación del Gobierno en Puerta Tierra han participado unas 10.000 personas según los sindicatos convocantes; un dato que se rebaja a apenas 2.000 personas si se le pregunta a la Policía Nacional.

Han sido, en definitiva, miles de voces que se han alzado pidiendo soluciones para el paro, reprochando los recortes “que nos están asfixiando más”, o criticando que “se pague la deuda de los bancos con los fondos de sanidad y educación”. Además de las grandes centrales sindicales también han estado buena parte de las minoritarias; representantes de colectivos como Attac, Asociación Pro Derechos Humanos, Izquierda Anticapitalista o la Plataforma Social de Cádiz; así como integrantes de colectivos en lucha como las trabajadores de la ayuda a domicilio en Jerez (Acasa) con cuatro nóminas sin cobrar o los de las ambulancias de la provincia.

En la cabecera, los representantes sindicales encabezados por los secretarios generales de CC OO y UGT en Cádiz, Dolores Rodríguez y Salvador Mera, que portaban una pancarta con el lema ‘No tienen límite. 1 de Mayo. Lucha por tus derechos‘. Estos no solo han tenido duras palabras para los recortes y para la ausencia de soluciones a la lacra del paro, sino que han alertado de que se avecinan “más recortes, ajustes y reformas, más pérdida de derechos sociales y laborales”. En concreto, Rodríguez se refirió a la prestación por desempleo que puede sufrir otro tijeretazo. “En un momento en el que hace tanta falta es cuando menos se apuesta por ello, y por eso quieren acortar el tiempo de desempleo”, dijo antes de recordar que también están en peligro los convenios colectivos.

Por todo ello, reclamaron que la gente se eche a la calle, a que diga “basta ya” porque “es más necesario que nunca que se movilicen y peleen. No podemos conformarnos con los 426 euros”.

También se refirieron al reclamado pacto de Estado por el empleo, y apuntaron que trabajarán de la mano de todas las partes para que “se toque y se palpe”.

“Hay motivos de sobra para que los trabajadores salgan a la calle este 1 de mayo contra la política de ajustes del Gobierno central, sobre todo en la provincia de Cádiz”.

Así han presentado en Jerez los sindicatos Comisiones Obreras y UGT el acto reivindicativo del primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, que este año se celebra bajo el lema ‘No tiene límite. 1 de mayo, lucha por tus derechos’, y que tendrá como escenario principal la capital gaditana. Allí, a las 12 horas las centrales mayoritarias iniciarán a las 12 horas desde la plaza de España un recorrido hasta la sede de Subdelegación de Gobierno, ubicada en la zona de Puerta Tierra, para reclamar un cambio en las políticas económicas del Gobierno central.

Para hacer más fácil la asistencia a la protesta, los sindicatos fletarán autobuses desde Jerez que saldrán a las diez y media de la mañana, como en anteriores ocasiones, desde los aparcamientos del centro comercial Carrefour Sur.

Desde CC OO y UGT piden la participación masiva en este 1 de mayo con el que van a pedir al gobierno de Mariano Rajoy “un cambio de la política económica y social” que “acabe con los recortes e inyecte liquidez en la economía”.”El ejecutivo sigue adoptando medidas que no van a acabar con la crisis, y que no van a crear empleo”, afirman los dirigentes de los sindicatos convocantes.

No en vano, las centrales sindicales subrayan la complicada situación de zonas como la provincia de Cádiz con más de un 41% de tasa de paro, a la cola del desempleo en todo el país; critican el retroceso que supone la reforma laboral, “un arma de destrucción masiva de empleo, que abarata los despidos y empobrece a los trabajadore”; y no olvidan las dificultades extremas para jóvenes y mayores de 45 años, con serios problemas para volver a reinsertarse en el mercado laboral.

La tendencia de las últimas negociaciones colectivas se ha roto con el nuevo convenio del campo que se ha firmado este lunes y en el que, frente a la tónica general de recortes o congelaciones salariales, se incluyen mejoras en el pago a los jornaleros de la provincia de Cádiz.

Así lo pone de manifiesto Manuel García Mata, el abogado de la patronal Asaja Cádiz encargado de la negociación del documento con los representantes de los sindicatos CC OO y UGT. “Habrá un aumento de sueldo en los tres años en los que se aplicará”, en concreto un 0,5 por ciento para este año; un 0,6 por ciento para el siguiente y un 0,9 por ciento para 2015.

Para el letrado, el final de esta negociación ha dado como resultado un convenio “justo”, lo que quiere decir que “no ha dejado satisfechas a ninguna de las dos partes, ya que cada una ha tenido que ceder y se ha llegado a un equilibrio que es lo más adecuado en estos casos”.

En la misma línea se ha expresado el secretario general del Sindicato Provincial de Agroalimentaria de CCOO Cádiz, Luis Páez, que ha puesto de relieve que se han añadido importantes mejoras para los trabajadores del campo gaditano con estas subidas salariales progresivas.

Además, ha puesto de relieve que en el texto del convenio también se incluirá la actualización a la normativa vigente en relación a la igualdad de género, si bien el resto del documento se mantendrá prácticamente igual.

Por todo lo anterior, Páez ha mostrado su satisfacción por el consenso conseguido y añade que “dadas las circunstancias” se trata de “un buen acuerdo”, teniendo en cuenta que “la patronal dijo de entrada que no subiría nada”. Y es que desde CC OO han querido poner de relieve la intensidad de las negociaciones y la presión realizada tanto por el sindicato como por los trabajadores para darle la vuelta a una propuesta que en el inicio no planteaba ninguna mejora.

Y es que el acuerdo ha llegado más rápido de lo que se esperaba, tras apenas cuatro reuniones. Pero han sido encuentros de mucha dificultad y que “seguían además la estela de las negociaciones del convenio de la vid, que sí han sido duras, que se han alargado más de un año hasta que llegamos al Sercla y que nos habían preparado ya para este nuevo debate”, tal como admite García Mata.

Al final el acuerdo se rubricó el pasado lunes en las oficinas de Asaja en el Citea, en el Parque Tecnológico, para satisfacción de los entre 25.000 y 30.000 trabajadores del campo que verán mejorada su situación con este acuerdo -hay otros 10.000 más que se rigen por el convenio de la vid-. “Y también de los empresarios agrícolas, que desde enero de este año nos pedían rapidez en la negociación para poder cerrar cuanto antes los pagos a los empleados y ajustar los jornales”, insiste el abogado de Asaja.

Todos los sindicatos con representación municipal se han encerrado en la Delegación de Recursos Humanos para exigir el pago de determinadas cantidades atrasadas desde enero. Se trata concretamente del llamado complemento personal transitorio, que, como han explicado fuentes de UGT, fue creado para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores con nóminas más bajas. Según el sindicato, la RPT se “hizo mal” por lo que se creó este complemento para los que se quedaron “fondos irrisorios”. “La cuestión es que el Ayuntamiento asegura ahora que no puede pagar esas cantidades que ascenderían a una media de entre 250 o 300 euros por interesado al mes”. Como insisten los representantes de los trabajadores, estos están “asfixiados”, por lo que exigen el abono de estas cantidades y permanecerán encerrados hasta adquirir un compromiso de pago.

El Ayuntamiento ha respondido haciendo público un comunicado en el que explica que el delegado de Personal y Seguridad, Javier Durá, se ha reunido con todos los representantes sindicales de los trabajadores del Ayuntamiento para explicarles las gestiones que se están realizando para dar cumplimiento al compromiso asumido por el gobierno municipal con los trabajadores municipales que ganen menos de 25.000 euros.

Durá ha dejado claro que el “gobierno va a cumplir con su compromiso al entender justo que estos trabajadores no se vean perjudicados por las reducciones salariales previstas en las medidas de ahorro que se están llevando a cabo para normalizar la situación de un Ayuntamiento con más de mil millones de deuda”. Tras recordar que estas reducciones salariales “son absolutamente necesarias para que el Ayuntamiento funcione y pueda prestar sus servicios”, el delegado ha confirmado que el Ejecutivo es consciente de que debe cumplir con el compromiso que asumió con los trabajadores que menos ganan en el Ayuntamiento. Para ello, ha confirmado que se está estudiando la fórmula legal adecuada para dar respuesta a esta promesa.

Durá ha explicado que “esta fórmula se está estudiando de manera escrupulosa para evitar que pueda surgir cualquier problema en su aplicación dado que cualquier medida que se toma por este Gobierno es cuestionada de forma inmediata por determinados líderes sindicales”. Ha recordado que “el pago de la nóminas debe ajustarse a lo fijado en la RPT y por tanto debe ser consensuada y llevada a cabo conforme a los criterios de los técnicos”. Conforme a esto, ha comentado que “la fórmula legal escogida estará sujeta al acuerdo con los sindicatos y deberá contar con el visto bueno de los correspondientes técnicos”. El delegado también recuerda que, gracias al trabajo que se está haciendo para poner orden en las cuentas públicas, el Ayuntamiento está actualmente al día en el pago de la nómina a la plantilla, “por lo que es justo y obligado que se afronten también los pagos a los trabajadores de las concesionarias”.

El delegado insiste en que “es importante pagar también a las concesionarias, ya que los ciudadanos tienen derecho a que se les preste unos servicios de calidad y, para ello, hay que pagar el servicio de autobuses, la limpieza viaria, la ayuda a domicilio, la limpieza de colegios y dependencias municipales o el alumbrado público”.

Los 260 trabajadores despedidos hace ahora justamente un año están estudiando la posibilidad de interponer una denuncia contra el equipo de gobierno por presunta prevaricación, además de la que ya han anunciado los sindicatos. Al parecer, los exempleados municipales se están organizando para hacer una consulta legal a un especialista penal. Por su parte, las centrales sindicales han presentado hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la notificación de que recurrirán al Supremo la setencia conocida el pasado jueves “para que el ERE se declare nulo”.

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En líneas generales, los letrados de los diferentes sindicatos con representación municipal han comparecido para mostrar su satisfacción con la sentencia del TSJA que declara que los despidos enmarcados en el ERE del Ayuntamiento no se ajustaron a Derecho. Sin embargo, tras una primera lectura positiva la práctica totalidad de los mismos (a excepción del abogado de la ATM, que ha declarado que lo estudiará en los próximos días) ha anunciado que recurrirá el fallo. La razón es sencilla: aunque el juez obliga a la readmisión o indemnización de los perjudicados, que era lo que todos ellos solicitaban de manera subsidiaria, siguen teniendo como objetivo fundamental el conseguir la nulidad de los despidos. Leer noticia completa

Los representantes de los 260 trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del Ayuntamiento han salido satisfechos tras la celebración del juicio que ha tenido lugar en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En una vista densa que ha durado alrededor de seis horas, los letrados de los distintos sindicatos han expuesto los motivos por los que consideran que el proceso no se ha ajustado a Derecho, solicitando la nulidad de los despidos. Como han declarado fuentes sindicales a la salida, a su parecer ha quedado demostrado que el Expediente se ha llevado a cabo “sin ningún criterio” y con una falta total de negociación con los trabajadores.

“El Ayuntamiento no ha podido demostrar la objetividad de los criterios que se han seguido”, argumentaban, explicando que los directores de área que han comparecido han reconocido que no fueron consultados a la hora de seleccionar los nombres que debían engrosar esa ‘lista negra’. Por parte del gobierno local, ha comparecido entre otros el primer teniente de alcaldesa, Antonio Saldaña, cuyo testimonio a juicio de los sindicatos no ha aportado ningún dato que pueda rebatir la afirmación de que los despidos se realizaron “a dedo”.

Mientras la vista se celebraba, decenas de los afectados seguían el devenir del juicio en la misma sala del alto tribunal, ya que se habían desplazado hasta Sevilla para ello, mientras que a las puertas del Consistorio jerezano se celebraba otra concentración que han respaldado otra treintena de extrabajadores del Ayuntamiento. Entre los afectados cundía la sensación de que “es el día de la justicia, el día en el que se empieza a poner fin a estos meses muy duros que hemos pasado, llenos de incertidumbre”. Y es que la mayoría se han mostrado confiados en que los tribunales tumben el ERE que “ha traído mucho drama a 260 familias”, como explicaba Eloy, uno de los despedidos.

Entre ellos hay división de sensaciones a la hora de enfrentarse a la posibilidad de qué pasará si la justicia les da la razón. Algunos, como Manuel, que lleva 25 años en el Consistorio, tiene muy claro que “no tengo ningún problema en volver, porque lo que quiero es poner un plato de comida en la mesa”. Otros ya tienen otros trabajos o las ganas de empezar por otro lado, como Fernando, y lo que esperan es que “la sentencia me abre la puerta a negociar una mejor salida con ellos, y tener la satisfacción de que la justicia les dice que no han hecho las cosas bien”.

Otros apuntaban que también hay mucha incertidumbre entre la plantilla que se quedó en el Ayuntamiento por el resultado de este juicio, sobre todo porque la primera edil, María José García-Pelayo, “ya ha dicho que hará otro, y no saben cómo les puede afectar”. “Eso no nos preocupa a los que ya estamos fuera y que ya hemos pasado por eso”, explican. Precisamente la alcaldesa ha vuelto a mostrar su confianza en la justicia, y en que respaldará sus tesis de que el procedimiento para los despidos “se ha tramitado adecuadamente”. “Ahí están los informes que lo avalan”, ha dicho.

Y ha vuelto a dejar claro que aunque esperan una sentencia favorable “si no lo es haremos otro hasta que sí que la justicia nos dé la razón”. “Lo siento, porque es una decisión dura, pero no es un antojo, sino que existe la necesidad de hacerlo”, ha argumentado la alcaldesa, que ha añadido que “habrá que estudiar el procedimiento a seguir si hay que hacer otro ERE, porque si el juez dice que este proceso no ha sido válido no sé cual se haría entonces”.

El mismo día que se espera que las 4.000 toneladas de basura acumuladas en la ciudad se retiren por completo, los sindicatos CC OO y UGT han hecho pública su valoración de los 21 días de conflicto, y lo han hecho para acusar al gobierno local que preside María José García-Pelayo de “no haber estado a la altura de los acontecimientos y de actuar de forma prepotente, inepta e incompetente”, durante los paros y la negociación.

En un comunicado remitido hoy a los medios y firmado por los secretarios locales de ambas agrupaciones, Rafael Tejada (CC OO) y Pedro Alemán (UGT), las centrales consideran que la regidora “no solo no aportó ideas para dar salida al conflicto sino que ha actuado en sentido contrario. Desde el primer momento estuvo incendiando el conflicto con sus deplorables declaraciones y actuaciones”.

Según lamentan, “demonizó a los trabajadores por sus salarios, cuando nos parece una inmoralidad de la alcaldesa el criticar el salario de un trabajador de Urbaser y nada dice de su salario y el de sus correligionarios”.

Los sindicatos creen que García-Pelayo “se escondió, no dió la cara e intervino el día antes de la resolución del conflicto” porque el delegado del Gobierno de la Junta, Fernando López Gil, “había citado a los trabajadores, empresa y Ayuntamiento para mediar y este hecho hizo que la alcaldesa apareciera ese día por la reunión que se estaba celebrando”. Apuntan que antes de eso solo optó por “no dar la cara y esconderse”.

“En los dos conflictos, el de la limpieza de colegios y de la basura, el gobierno municipal demostró que no sabe estar a la altura que tiene que estar un gobiemo responsable y ha proyectado una imagen a toda España de no saber gestionar unos conflictos de esta envergadura. Se le fueron de las manos”, insisten los sindicatos, que añaden que aunque la primera edil dijo que “lo ocurrido en Jerez era el precio que había que pagar para ahorrar, nosotros creemos que es el precio que hay que pagar cuando el gobierno municipal es prepotente, inepto y demuestra una incompetencia absoluta”.

Por último, se cuestionan si el Ayuntamiento “tenía intereses ocultos para el alargamiento de la huelga de basura ya que el acuerdo se ha cerrado con la misma oferta que los trabajadores trasladaron a la empresa en la primera semana de paros”.

“Hay un tufo político”

Desde el PP la respuesta no ha tardado en llegar, y su coordinadora, Lidia Menacho, que ha criticado que “aún queda tufo por la huelga, y no es otro que el que desprende el discurso político que le han dictado a los sindicatos, quienes han atacado con falsedades a la alcaldesa”.

En este sentido, Menacho ha asegurado que los jerezanos están hartos del clima de crispación que alientan Pacheco y el PSOE, “quienes no quieren que Jerez levante cabeza, lo que dejan patente cada día con sus manifestaciones y actuaciones en contra del interés general de los ciudadanos, ya que son capaces de lo peor”.

A la responsable popular no le sorprenden los ataques de los sindicatos “ya que la ciudad vuelve a la normalidad y eso no les conviene políticamente, así como les inquieta que Jerez gane un servicio de limpieza y recogida de basura de mejor calidad y a un precio más reducido”.

El próximo miércoles día 14 de noviembre, la jornada en la que está prevista la convocatoria de huelga general contra la política de recortes y la desprotección social que propicia el actual Ejecutivo central, será el último día en el que el rostro más conocido del sindicalismo en Jerez diga adiós a su etapa en la ciudad.

José Manuel Trillo se va, pero no del todo. Y es que haciendo casi bueno el chiste que se cuenta en la ciudad y que dice que él estaba antes de que hubiera siquiera conflictos laborales y permanecerá hasta el último, el ya antiguo líder de Comisiones Obreras en Jerez traslada ahora su foco de actuación a la provincia de Cádiz como miembro de la nueva ejecutiva provincial del sindicato que se aprobará en unas semanas.

Su sucesor en Jerez, el que tomará el testigo de casi 32 años de labor sindical, será Rafael Tejada, hasta ahora secretario de Acción Sindical en la agrupación local y que también acumula ya más de tres décadas en el sindicalismo local y de la mano del líder que ahora se marcha al provincial.

El traspaso de poderes se oficializó ayer durante el XII Congreso de la Unión Local de CC OO de Jerez, cita a la que acudieron el 83% de los alrededor de 70 delegados de cada una de las ramas y secciones sindicales de empresas citados, y en la que Tejada, que era el único candidato, salió avalado por unanimidad, lo mismo que el informe del secretario general saliente.

Para Trillo, eterna figura de la lucha obrera en Jerez que ha vivido de todo a lo largo de sus más de 30 años en el cargo, incluso una condena por unos piquetes que casi le obliga a pisar la prisión si no llega a ser indultado, lanza un aviso a los que “hoy estén brindando con cava por mi marcha: no me voy del todo y, sobre todo, Rafael es un gran sindicalista, preparado y siempre ha estado a mi lado, y sé ahora llevará las riendas dando la cara y pisando la calle, no desde un despacho”.

Del balance de sus 30 años en el cargo le queda la certeza de que “Jerez siempre ha tenido malas épocas y problemas, desde el desmantelamiento bodeguero, al paso por el ladrillo y ahora un sector servicios que da de comer a duras penas”. Pero pese a todo Trillo declara sin ningún tipo de duda que la actual es la peor etapa. “No es por lo económico, que también con casi 35.000 parados y con pocas empresas que dinamicen la economía, sino sobre todo por la ausencia de diálogo y concertación”, argumenta antes de añadir que “antes hablábamos, buscábamos el consenso, pero ahora todo se hace con soberbia, premeditación y alevosía”.