El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado (con fecha 23 de mayo) la Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la mejora de los regadíos en Andalucía en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR), y se efectúa su convocatoria para 2014.

El plazo de presentación de solicitudes para acceder a estos incentivos será de un mes a partir de la publicación de esta Orden en el BOJA. El presupuesto previsto asciende a los 7,6 millones de euros; una cuantía que será ampliada en función de la demanda existente y de las disponibilidades presupuestarias. Las inversiones que se realicen en el ámbito de esta Orden deberán estar finalizadas y justificadas en el mes de junio de 2015 como máximo.

Las ayudas previstas en esta Orden tiene como principal objetivo apoyar a las comunidades de regantes en la ejecución de actuaciones para la mejora o la consolidación de regadíos y la reutilización de aguas residuales depuradas, aguas desalinizadas o de cualquier otra procedencia, siempre que se destinen a la mejora o la consolidación de regadíos. Estos incentivos están cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, con una aportación del 90% del precio de ejecución en el caso de obras y del 60% en el caso de asistencias técnicas.

Esta Orden se suma a otras publicadas con anterioridad por la Consejería, en 2008, 2009, 2010 y 2011, que han permitido atender importantes proyectos de modernización. No obstante, es necesario aplicar una serie de modificaciones, incluidas en esta nueva Orden, para facilitar a las comunidades de regantes un mejor conocimiento sobre la tramitación de las ayudas que permita la agilización de la instrucción, concesión y el pago de las mismas. Entre estas modificaciones, destaca el establecimiento de un tope a los proyectos de 1,5 millones de euros para permitir que se ejecuten y justifiquen en el plazo que resta para este marco, junio de 2015, y permitir que accedan al máximo número de proyectos.

Además, la nueva Orden ha tenido en cuenta las alegaciones presentadas durante su tramitación por diferentes organizaciones de productores agrarios (OPAs) y asociaciones de regantes para adaptarlas a las necesidades específicas de la Comunidad Autónoma andaluza. Así, se incluye la posibilidad de otorgar hasta 15 puntos por el ahorro de agua en acuíferos sobreexplotados y se valorará la instalación de sistemas de telecontrol destinados a evitar pérdidas de agua.

Estas ayudas se enmarcan en el paquete de once incentivos, con un presupuesto inicial de casi 40 millones de euros, anunciado recientemente por la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras. El objetivo de las mismas es la modernización de explotaciones, la mejora del regadío y de la transformación y comercialización. Estas once líneas se sumarán a otras 21 que la Consejería ya ha convocado, lo que supone que la Junta destinará 230 millones de euros de recursos públicos para apoyar inversiones necesarias en el medio rural andaluz.

El  PSOE, a través de la diputada en el Congreso Mamen Sánchez, ha analizado la situación del sector agroalimentario jerezano y ha criticado duramente la gestión durante estos dos años y medio del ministro jerezano de Agricultura, Miguel Arias Cañete, de quien asegura no entender “cómo ha sometido al campo jerezano al abandono de las políticas del Gobierno del PP”. En la rueda de prensa correspondiente estuvieron presentes el secretario general de COAG en la provincia de Cádiz, Miguel Pérez, y la secretaria de Organización del PSOE-A de Jerez, Ainhoa Gil. 

A juicio de Mamen Sánchez, “en estos dos años y medio de su gestión la  agricultura jerezana ha sufrido tres recortes presupuestarios, un 40% de reducción con respecto a los presupuestos socialistas a lo que hay que añadir la pérdida de más de 20 millones de euros en el nuevo reparto de la ayuda de la PAC; una ayuda que supone el 30% del ingreso de las explotaciones agrarias jerezanas lo que supone poner en riesgo la rentabilidad de muchas explotaciones”.

En este sentido desde el PSOE se ha reclamado a Cañete que salde su deuda con la agricultura jerezana y que compense las pérdidas que este sector de la economía está sufriendo con un programa integral de fomento de la actividad agraria en la campiña jerezana con la participación de las asociaciones agrarias, de las cooperativas, de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez.

Se trataría de un programa “donde se fomente el crecimiento, la diversificación de la producción, el desarrollo de las iniciativas y actividades comerciales tanto en la promoción del mercado interno como en el mercado exterior; y que además permita la incorporación de nuevas personas del sector agroalimentario y que contemple toda la cadena productiva tanto la producción primaria como la transformación de la producción y sirve para hacer empresas más grande, más fuertes, más competitivas, que puedan poner en valor sus producciones, crear puestos de trabajo y mejorar la renta de los productores”.

Sánchez ha expuesto que la financiación de este Plan podría venir del Plan Nacional de Desarrollo Rural que cuenta con 260 millones de euros, y así se compensaría también lo que Jerez dejaría de recibir por la PAC. “Si el actual Ministro de Agricultura no lo deja firmado en estos 3 días, mi grupo parlamentario lo pedirá como proposición no de ley en el Congreso al próximo titular del Ministerio. Eso también querrá decir que Arias Cañete habrá vuelto a dar la espalda al campo jerezano”, sentenció.

OLVIDO

La parlamentaria socialista ha recordado igualmente que desde el Gobierno central se discrimina a cultivos tan importantes como el trigo duro que se queda sin ayuda acoplada y que se ha puesto en riesgo una política esencial para la agricultura como es la de los seguros agrarios. “Un 40% en el recorte de las ayudas –añade- que está llevando a que en Jerez se esté reduciendo en un 20% la superficie que se asegura”.

Mamen Sánchez ha insistido de otro lado en que “se ha vaciado de contenido y de presupuesto la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural y el Programa de Desarrollo Sostenible, amén de que Jerez no ha recibido aún un euro de financiación para la aplicación de la Ley de Desarrollo Rural”.

“No han desarrollado la Ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, ha habido un recorte presupuestario del 30% del programa de jóvenes agricultores, se ha negado un segundo programa piloto de mosto concentrado rectificado  para utilizar el excede de viña, noventa personas han dejado de cobrar el subsidio agrario y la renta agraria; y el  paro en el sector se ha incrementado por encima de las 1.000 personas en estos dos años y medio”, ha enumerado.

Asimismo Sánchez ha calificado al Ministro de Agricultura “flojo de fuelle a la hora de defender a los agricultores de las amenazas de sus compañeros Ministros”, a pesar de que el sector agroalimentario jerezano constituye un sector fundamental de la economía de la zona. “Su facturación, el volumen de mano de obra que genera, junto al dinamismo e internacionalización lo sitúan en un lugar primordial para poder tirar  de nuestra economía, pero la situación por la que atraviesa el sector está impidiendo su desarrollo y su consolidación”, afirmó la diputada.

Del mismo modo se ha cuestionado que Arias Cañete, “tiene tres días aún para ayudar al campo de Jerez” a pesar de que por ejemplo “no ha he hecho nada ante la subida de un 40% de la subida de la luz para los regantes, las sanciones de Montoro  a las cooperativas agrarias en su actividad de distribución del gasóleo a tipo bonificado o también ha evitado pronunciarse  sobre la modificación del Reglamento Comunitario en la que se quiere permitir que el  Brandy se pueda hacer con  destilados no procedentes del vino”.

Por último Mamen Sánchez ha apostillado que “a cada uno de estos temas  el grupo parlamentario socialista hemos dado respuesta a través de distintas incitativas parlamentarias y siempre no hemos encontrado con el NO del PP”. En este sentido cabe señalar la Proposición No de Ley presentada por el PSOE esta semana relativa a la distribución de gasóleo a tipo bonificado del Impuesto Especial de Hidrocarburos.

DEMANDAS DEL SECTOR

Por su parte el secretario general de COAG en Cádiz ha detallado las tres principales reivindicaciones del campo jerezano: el reconocimiento real del consumo energético de los regantes que no facilitan las compañías eléctricas; la orden de reducción de los módulos a los agricultores por parte de Hacienda a los productores de vacuno de leche, la flor cortada y el algodón; y la negación de un precio especial al sector para el gasóleo o hidrocarburos.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado iniciar el expediente de contratación para el contrato de suministro de equipamiento básico para familias en situación de necesidad atendidas en los servicios sociales por un importe 120.000 euros en dos anualidades En concreto se trata de la concesión de ayudas de emergencia social de enseres y mobiliario básico. Estas ayudas de emergencia social están contempladas en las prestaciones complementarias que llevan a cabo los Servicios Sociales Comunitarios dentro de la tipología de ayudas de emergencia donde se recogen contingencias extraordinarias como es el caso de suministro de enseres y mobiliario básico o  gastos de alquiler de vivienda habitual. La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, ha explicado que el objetivo de esta medida “es dar una respuesta más rápida y eficaz ante una situación de emergencia social”.

La delegada ha añadido que “el gobierno municipal ya atendió las necesidades básicas del mes de enero por medio de ayudas en especie. Estamos ante una situación económica complicada a la que estamos haciendo frente desde la complementariedad del sistema público de asistencia para dar respuesta y cubrir las necesidades básicas. Los casos más urgentes se atendieron en metálico, a través de la ayuda prestada por la coordinación que venimos manteniendo con las entidades del tercer sector firmantes del convenio en red; porque desde la complementariedad y la suma de esfuerzos se da una respuesta más eficaz”, ha añadido.

Los Servicios Sociales Comunitarios y las entidades del tercer sector firmantes del convenio en red han detectado entre sus usuarios una carencia de recursos económicos que les impide dotarse de enseres y mobiliario básico. Para hacer frente a esta situación y, “dado  el carácter de urgencia e inmediatez que estas ayudas de emergencia revisten, vamos a utilizar el mismo sistema de suministro que empleamos para la alimentación básica, es decir será una ayuda mediante autorizaciones nominales que los Servicios Sociales realizarán tras una valoración técnica de las familias solicitantes de esta ayuda”, ha explicado Isabel Paredes.

Estas autorizaciones nominales serán canjeadas por artículos de equipamiento o mobiliario básico en el establecimiento que resulte adjudicatario por el importe aprobado.

Cabe recordar que la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 15 de febrero aprobó iniciar el expediente de contratación para el contrato de suministro de productos farmacéuticos, sanitarios y ópticos que no están cubiertos por otros sistemas de protección social para la gestión de ayudas sociales en especie a familias en situación de necesidad atendidas en los servicios sociales por un importe 120.000 euros en dos anualidades.

El diputado nacional del Partido Popular (PP) Aurelio Romero ha afirmado que las declaraciones realizadas por representantes del PSOE sobre  las consecuencias de la aplicación de la reforma de la PAC para el sector agrario “son absolutamente falsas y tan sólo persiguen confundir ante lo que, sin duda, ha sido un acuerdo muy beneficioso para el campo andaluz”. E insiste en que los agricultores no pierden ni un euro de las ayudas directas de la PAC.

Aurelio Romero ha comentado que con las manifestaciones “basadas en falsedades lo que los socialistas están intentando es sembrar el miedo entre los agricultores, hablando de un tema del que demuestran no tener ni idea, ya que precisamente la remolacha, a la que hacen referencia en sus críticas, se encuentra entre los cultivos que recibirán ayudas acopladas”.

En este sentido, ha añadido que “cuando los responsables del PSOE dicen que han pedido en el Congreso el Plan de Comercialización para saber cuánto va a percibir caga agricultor, están evidenciando que no saben de qué están hablando, y me figuro que se estará refiriendo al Plan de Comarcalización, lo que demuestra su ignorancia y su osadía al hablar de temas con sector que desconocen, con el único objetivo de hacer lo único que nunca dejan de hacer: propaganda política y meter miedo”.

Asimismo, Romero ha destacado que quienes han fallado a los agricultores y ganaderos “son el PSOE y sus socios de IU en el gobierno del bipartito andaluz, al perder 970 millones de euros por la falta de ejecución de los fondos de Desarrollo Rural entre 2007 y 2013, como consecuencia del cierre de líneas importantes como los programas para mejora de explotaciones agrarias o de incorporación de jóvenes agricultores, donde han invertido 0 euros; o las ayudas forestales, donde dijeron que destinarían 51 millones y se han gastado 28 millones”.

El diputado jerezano ha recordado que la propuesta de tarifa plana defendida por el PSOE “sí hubiese supuesto pérdidas y era un rejón de muerte para el sector, pero gracias a las negociaciones de Miguel Arias Cañete, las ayudas para los agricultores se mantienen intactas”. “El Gobierno de Rajoy y el ministro Miguel Arias Cañete consiguieron dar la vuelta a la tortilla en la negociación de la PAC ante la propuesta del anterior Gobierno socialista, que suponía una pérdida de 1.300 millones de euros para Andalucía y garantizando que la Comunidad andaluza sea la más beneficiada en el reparto de los fondos hasta 2020”, ha apostillado.

Por último, ha aclarado que el campo andaluz es el principal receptor de fondos tanto en ayudas directas como en Desarrollo Rural, incidiendo en el mantenimiento de las ayudas directas y en los 1.906 millones de euros que Andalucía recibirá para programas de Desarrollo Rural que suponen un 23,7% del total.

El vicesecretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha presentado este lunes la campaña que- con el eslogan ‘El PP ataca a nuestros pueblos’- el l partido ha puesto en marcha para explicar en los municipios de la provincia “el perjuicio” que ocasiona en el campo andaluz el nuevo reparto de la PAC realizado por el Ministerio de Agricultura. En el encuentro mantenido con representantes de las organizaciones agrarias UPA, COAG y Asaja, éstas han mostrado su preocupación ante la pérdida de más de 60 millones en ayudas en la provincia como consecuencia de la merma en los fondos destinados a Andalucía. Asimismo, han detallado que la pérdida de ayudas tendrá serias repercusiones sobre cultivos como la remolacha, el trigo duro o el regadío que ya sufre los perjuicios del tarifazo.

Por su parte, los socialistas les han trasladado a los representantes de las organizaciones sectoriales las iniciativas institucionales que el PSOE de Cádiz está llevando a cabo para “tratar de impedir un reparto caprichoso y perjudicial para esta provincia y para esta comunidad autónoma”.

Así, Ruiz Boix ha explicado que “en el Parlamento andaluz, hemos pedido la comparecencia de la consejera, hemos presentado proposiciones no de ley para defender la necesidad de cambiar los criterios de reparto, y vamos a reclamar que el olivar de montaña reciba el tratamiento de ayuda acoplada”. “En el Congreso de los Diputados, hemos pedido la presentación del Plan de Comercialización para que cada agricultor y ganadero pueda calcular las nuevas ayudas y sepa con qué dinero pueden contar; hemos solicitado la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para escuchar la valoración de expertos y representantes tanto de las Comunidades Autónomas como del sector; hemos reclamado la comparecencia del ministro; y hemos registrado diversas preguntas e iniciativas al respecto”.

En lo que respecta al Senado, han presentado una moción para reclamar que el Gobierno “no lleve a cabo un nuevo ataque” contra los pequeños agricultores y ganaderos. “En concreto, los socialistas hemos pedido a Rajoy y a Arias Cañete que se aplique una excepcionalidad contemplada en el Reglamento de Transición de la UE para llevar a cabo el ajuste presupuestario en las ayudas directas de este año 2014, de forma que se establezca una franquicia de 5.000 euros; y que los agricultores y ganaderos que en 2013 recibieron ayudas por menos de ese importe no vayan a padecer la consiguiente reducción”, ha apuntado. “Si no se hiciera, esos agricultores y ganaderos que menos ingresan verían reducidas sus ayudas este año entre un 8 y un 9%, lo que supondría un golpe durísimo para ellos. Además, como el importe que se perciba en 2014 deberá servir de base para la asignación de los derechos de cobro a partir del 2015, la rebaja que se aplique este año se consolidará hasta 2020 y no podrá recuperarse. En el conjunto de Andalucía, estamos hablando de una posible incidencia en más de 200.000 agricultores y ganaderos”, ha detallado.

Y en el caso de la Diputación, Ruiz Boix ha anunciado que en el Pleno que tendrá lugar pasado mañana miércoles, el Grupo Socialista va a defender una propuesta de rechazo al reparto discriminatorio de los fondos de la PAC. La propuesta plantea también la inmediata convocatoria de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al objeto de proceder a un nuevo reparto y de zanjar definitivamente esta discriminación con una motivación sectaria que puede perjudicar enormemente a miles de familias de esta tierra y a un sector clave para el desarrollo socioeconómico y para el empleo.

“A lo largo de la negociación en Bruselas para definir los fondos de la PAC para el período 2014-2020, hemos escuchado hasta la saciedad de boca del ministro Arias Cañete que el gran objetivo de la posición española era mantener el nivel de ayudas que hasta ahora venían llegando a nuestro país. Cuando se produjo el acuerdo final, el ministro se felicitó por lo que él mismo calificó de buen acuerdo. Pero la realidad es que habiendo aumentado la asignación europea, Andalucía perderá 418 millones de euros respecto a lo recibido entre 2007 y 2013”, se ha lamentado Ruiz Boix en rueda de prensa.

“Arias Cañete, ese ministro que sigue empeñado en dilapidar un patrimonio de todos los gaditanos y de todos los andaluces como es la finca La Almoraima, deberá responder por qué ha consumado un nuevo agravio a esta tierra. De la misma manera que tendrá que explicar por qué el olivar de montaña, un cultivo enormemente arraigado en la comarca de la Sierra, con una enorme trascendencia social y ambiental, que mantiene una importante industria transformadora y una denominación de origen de máxima calidad, se ha quedado fuera de las ayudas acopladas. Porque no hay que olvidar que el 90% de las 19.000 hectáreas de olivar de esta provincia pertenecen a esa categoría de montaña”, ha asegurado.

El dirigente socialista ha enfatizado que “las cuentas de la PAC no salen por ningún lado para los intereses de Andalucía, ya que es la única comunidad que pierde dotación cuando es la que tiene más  superficie y mayor población rural”.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado iniciar el expediente de contratación para el contrato de suministro de productos farmacéuticos, sanitarios y ópticos para la gestión de ayudas sociales en especie a familias en situación de necesidad atendidas en los servicios sociales por un importe 120.000 euros en dos anualidades.

La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, resalta que “con estos contratos garantizamos una prestación de productos básicos a familias que se encuentran en situación de necesidad. De la evaluación permanente de los servicios sociales nace esta iniciativa para atender las necesidades reales de los jerezanos, dando una respuesta rápida y eficaz, especialmente a los menores, personas mayores y personas con discapacidad”.

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Jerez también está siendo escenario de uno de los efectos más duros y crueles de la crisis. No en vano, afecta a niños, pequeños con nombres y apellidos cuya identidad se mantiene en el anonimato por razones obvias, al igual que el nombre del centro educativo donde ha sido detectado el problema, aunque se sospecha que puede no ser el único. Y, aunque se tratan de casos puntuales, han encendido las luces de alarma en buena parte de la comunidad educativa de la ciudad, que se ha puesto manos a la obra para darles solución con el tacto y la discreción que requiere un asunto tan delicado como éste.

La alarma saltó semanas atrás, cuando desde el profesorado del centro educativo en cuestión se detectó que había niños que acudían a clase sin haber cenado ni desayunado. En un principio se trataba, lógicamente, de una sospecha, pero acabó confirmándose con el tiempo. Los docentes trasladaron la consiguiente preocupación a la dirección del colegio, primero, y a la Asociación de Madres y Padres (Ampa), después. Para entonces ya no quedaban dudas de tan dura realidad y se decidió hablar con los padres de los niños afectados, que, según las fuentes consultadas, serían cuatro.

Los padres acabaron reconociendo la situación, después de haber intentado de ocultarla durante un tiempo por vergüenza, según ha podido saber REPORTEROS JEREZ. No son, ni mucho menos, familias desestructuradas ni con problemas de adaptación social o conflictivas. Podrían considerarse familias ‘normales’ y que hasta no hace mucho tenían una situación económica sin excesivas estrecheces.

El centro educativo ya se ha puesto manos a la obra para intentar ayudarles. Así, por ejemplo, a través del Ampa se está trabajando para conseguirles alimentos y productos de primera necesidad, con el objetivo de encontrar así una solución a corto plazo y que los pequeños no vuelvan a clase sin haber cenado ni desayunado. También tratan de facilitarles una solución a más largo plazo, que les permita una mayor estabilidad, en este caso a través del decreto ley aprobado recientemente por la Junta de Andalucía y que garantiza que todos los niños de la región hagan al menos tres comidas al día. Han comenzado las gestiones y trámites administrativos necesarios para que puedan acogerse al plan autonómico correspondiente.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha firmado con el presidente de la Asamblea de Cruz Roja en Jerez, Evaristo Babé, un convenio de colaboración para la atención de familias en riesgo de exclusión social, dentro del convenio marco firmado por ambas instituciones en julio de 2012. En el acto ha estado también presente la delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes y el coordinador provincial de Cruz Roja, Javier Gil Guerra.

El convenio ejecutivo servirá para el desarrollo del proyecto ‘Prestaciones llamamiento ahora + que nunca’ que persigue mejorar las condiciones de vida de las personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad durante la actual situación de crisis.

La delegada de Bienestar Social, igualdad y Salud, Isabel Paredes, ha destacado en una comparecencia tras la firma del convenio, que se trata de “un convenio muy novedoso que se enmarca en el III Eje del Plan Estratégico que recoge la complementariedad de actuaciones con otros sistemas de protección para la inclusión social con el principal objetivo de llegar a las familias y personas que más lo necesitan, priorizando las actuaciones con aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad”.

Por su parte, el coordinador provincial de Cruz Roja Española, Javier Gil Guerra, ha señalado que “con este convenio que tendrá una vigencia de un año y una dotación mínima presupuestaria de 14.400 euros, se desarrollará la coordinación con el Ayuntamiento con el objetivo de la inclusión social, de mantener a las personas y las familias en su entorno social el mayor tiempo posible, trabajando desde la eficacia y la eficiencia”.

Los principales objetivos es facilitar ayudas económicas para el pago de recibos de vivienda y suministros; facilitar la cobertura de necesidades básicas en personas y familias; realizar seguimiento de la evolución de cada caso y realizar un trabajo integral con la persona, fortalecido a través de la derivación a otras áreas de Cruz Roja Española o externas. Igualmente se formará y dinamizará al voluntariado que participa en el proyecto.

Serán los principales beneficiarios del programa aquellas personas que cumplen criterios económicos de la crisis, personas mayores con responsabilidades familiares, parados de larga duración, personas en hogares con todos los miembros en paro y personas sin hogar o con hogares empobrecidos.

El Ayuntamiento, a través de la delegación de Bienestar Social, Igualdad y Salud, colaborará en el Proyecto mediante los estudios de casos de alta vulnerabilidad que realizarán los servicios sociales para su posterior derivación a Cruz Roja. Los servicios sociales emitirán igualmente un informe de valoración y de justificación de la necesidad.

El PSOE-A de Jerez lamenta que el Gobierno del PP finalmente haya renunciado a una subvención de 135.000 euros que concedió la Junta de Andalucía para la puesta en marcha del  programa Andalucía Orienta de inserción laboral, destinado a desempleados, teniendo en cuenta que la ciudad tiene más de 34.000 parados. Esta cantidad, además, corresponde a 50 por ciento de la subvención concedida por la Junta al Ayuntamiento de Jerez para la puesta en marcha del citado programa, que está dotado con algo más de 270.000 euros. Leer noticia completa

La alcaldesa, María José García-Pelayo, acompañada por el primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, y la delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, ha informado sobre la inclusión en el nuevo Plan de Pago a Proveedores del Gobierno central del 50% de la deuda social que tiene el Consistorio con organizaciones solidarias y ayudas sociales a personas físicas desde la década de los noventa, lo que permitirá que, antes de que acabe el año, el Ayuntamiento pueda afrontar el pago de 837.202 euros a estos colectivos sociales.

La alcaldesa ha explicado que la deuda total del Ayuntamiento, en la actualidad, con asociaciones solidarias o relativas a ayudas sociales, es de 1.719.253 euros, de los que 20.600 euros corresponden a bono taxi. En total los afectados por estos impagos de subvenciones son un total de 152 asociaciones o personas físicas. Con esta convocatoria “vamos a pagar la mitad de la deuda social que tiene este Ayuntamiento, con un pago total de 837.202 euros”.

La regidora ha señalado que “cuando el Gobierno de España comenzó a trabajar en este último Plan de Pago a Proveedores, uno de los planteamientos de los ayuntamientos fue que no sólo se incluyeran deuda con empresas, sino la deuda social. Creo que esa petición fue un acierto y finalmente se ha visto recogida esa petición”. De las 152 asociaciones o personas físicas con las que el Ayuntamiento mantiene deudas pendientes, han entrado en esta convocatoria del Plan de Pago a Proveedores un total de 100, es decir, el 65% del total. De estos 100, 87 cobrará el importe total de la deuda.

La alcaldesa ha recordado que “el resto de la deuda pendiente no es que no se vaya a pagar. Desde el Ayuntamiento tenemos en marcha un plan de pago, y hemos hecho abonos en junio y en noviembre, que es cuando tenemos mayores ingresos económicos en el Ayuntamiento, y en total hemos abonado desde el inicio de esta legislatura 400.000 euros a asociaciones sociales”.

Por otro lado, García-Pelayo ha señalado que a la hora de seleccionar las asociaciones incluidas en este Plan de Pago, se ha priorizado en virtud de su función social, usuarios, y actividad. El comedor de El Salvador recibirá el montante más importante, con un total de 193.599 euros, aunque se le seguirán debiendo 64.000. A otras asociaciones se les cubrirá la deuda completa que mantiene el Ayuntamiento con ellos, como es el caso de Amiraui, con 65.526 euros, o Cedown, con 30.5967 euros.

La regidora señala que “no vamos a engañar a nadie, esto no es la solución definitiva, porque el Ayuntamiento sigue teniendo que pagar ese dinero, pero vamos a asegurar la subsistencia de las asociaciones, para que puedan afrontar sus pagos y seguir atendiendo a sus usuarios”.

Finalmente, la alcaldesa ha explicado que la posibilidad de acogerse a este Real Decreto, para el que se exigía a los ayuntamientos estar al día con el pago del anterior ICO, viene de que Jerez se ha acogido a las medidas adicionales para ayuntamientos con problemas excepcionales de financiación.