Los abogados jerezanos tienen por fin algo que celebrar, puesto que la Junta de Andalucía ya se ha puesto al día en los pagos del turno de oficio. Con el abono de lo relativo al tercer trimestre de 2012, la administración ha cumplido puesto que aún estaría en plazo para liquidar el cuarto trimestre del año. Algo que no ocurre con los gastos de infraestructuras, sin embargo, ya que como ha recordado el decano del Colegio de Abogados, Marcos Camacho, todavía deben la mitad de 2012 y lo correspondiente al ejercicio vigente. Una cantidad que rondaría los 90.000 euros. Pese a ello, el decano ha reconocido que el último abono supone un soplo de aire fresco para los interesados, que se plantean incluso volver a ampliar el turno de oficio que había quedado drásticamente reducido por la falta de fondos. Leer noticia completa

El sindicato CC OO en Jerez ha anunciado que a raíz de una denuncia presentada contra la empresa Acasa, concesionaria del servicio de Ayuda a Domicilio en la ciudad, ante la Inspección Provincial de Trabajo por el impago reiterado de nóminas durante los dos últimos años (2012 y 2013), han logrado que la autoridad laboral levante un acta de infracción contra esta adjudicataria con el requerimiento de que “de forma inmediata efectúe el pago de las nóminas pendientes de forma puntual, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo antes del 5 de cada mes”.

A este respecto, el sindicato ha reiterado su exigencia a la empresa de que abone todo lo que adeuda a su plantilla, y también al Ayuntamiento de Jerez para que rescate el servicio público de Ayuda a Domicilio de forma inmediata.

Tejada además, ha señalado que con los 715.000 euros que ingresó la Junta de Andalucía el pasado 25 de marzo se debían haber abonado al menos tres nóminas, incluida la extra de Navidad. “Y ahora dice Acasa que el Ayuntamiento solo ha ingresado 630.000 euros de los 715.000 abonados por la Junta”, apunta el líder sindical.

“La realidad –ha continuado el dirigente sindical- es que la empresa solo ha abonado la nómina de diciembre y la extra de Navidad, con lo que aún quedan pendientes de pagar tres salarios (enero, febrero y marzo), aparte de atrasos y liquidaciones de 2011 y 2012”.

En este punto, CC OO ha exigido “responsabilidades” ante la posibilidad de que pueda tratarse de un posible desvío por parte del Ayuntamiento, que la empresa calcula en 85.000 euros, “ya que los 715.000 euros ingresados por la Junta de Andalucía tienen que destinarse en su totalidad al servicio de Ayuda a Domicilio de la ciudad, y no a tapar otros boquetes municipales”, ha asegurado Tejada.

Por su parte, la delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, ha dejado claro que el gobierno municipal del PP en ningún momento ha realizado un posible desvío fondo.

La delegada ha citado a una reunión al dirigente de CC OO para que conozca las cuentas del servicio de ayuda a domicilio y que resumen en “la deuda que tiene la Junta de Andalucía de los años 2012 y 2013, las nóminas que se han pagado gracias a la toma de razón y el esfuerzo municipal realizado para abonar los impagos durante la Alcaldía socialista”.

“Todo el dinero que la Junta transfiere se ingresa en el banco para pagar nóminas, luego no cabe  hablar de posible desvío y sí hay que hablar de un hay pago de intereses por la toma de razón por el retraso de la resoluciones y las transferencias”. En este sentido, la delegada ha apuntado que el Ayuntamiento de Jerez ya ha pagado un total 3.010.932,43 euros, gracias al nuevo convenio y a la toma de razón; de este dinero la Junta solo ha ingresado 1.295.878,4 euros. “Estamos adelantando el dinero de la Junta de Andalucía y vamos a asumir el pago de los costes financieros, que ascienden a 15.000 euros, pero nuestra prioridad es que el servicio funcione y que las trabajadoras cobren” ha afirmado.

Javier Urra, uno de los máximos expertos en menores de España, intervino este jueves en la segunda de las ponencias enmarcadas en las Jornadas sobre Educación organizadas por el Centro Educativo Jerez, con una ponencia en la que dio un repaso global a las dificultades que muchos padres se encuentran a la hora de enseñar disciplina a sus hijos.

Para Urra, el término “compartir” es una de las claves para que la formación de los menores se la idónea e incidió en que hay que educarlos para que sean libres pero también responsables. Igualmente se refirió a la sobreprotección en la que viven muchos niños abogando por enseñarles a aceptar las frustraciones cuando éstas lleguen.

El que fuera Defensor del Menor, abogó igualmente por “feminidad” a la sociedad, que no “afeminar” en el sentido de descubrir el lado más sensible de las personas, sobre todo el de los hombres cuya educación deriva en ocasiones hacia otros derroteros más ligados a pretendidos conceptos masculinos del poder, la violencia o la dominación. En este caso, es esencial que el varón entienda que el cuidado de los hijos forma parte de la propia vida, según Javier Urra.

Este viernes la ponencia correrá a cargo de la psicografóloga Pilar Besumán, experta en modificar las conductas negativas de los niños mediante cambios en su forma de escribir. La conferencia comenzará a las 17,30 h. El último día de las Jornadas, el sábado 6 de abril, tendrán lugar dos ponencias: a partir de las 10 de la mañana intervendrá la doctora Mª Pilar Rodríguez, para hablar del TDAH, Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad, y cómo solucionar este problema que padecen algunos niños.  Cerrará las Jornadas a las doce del mediodía el juez de menores de Granada Emilio Calatayud, que hablará sobre la importancia de los educadores para el buen desarrollo futuro de los niños.

Estas jornadas tienen lugar en las instalaciones del Centro Educativo Jerez (Avenida del Desarrollo, 2, en el Parque Empresarial), con entrada libre. El Centro ha previsto además una ludoteca gratuita para los niños que acompañen a los adultos interesados en asistir. Las Jornadas tendrán entrada libre hasta completar el aforo. Los interesados pueden obtener  más información y reservar su plaza llamando al teléfono gratuito 900 701 025.

La celebración del Gran Premio de Motociclismo del pasado año dio tan buenos resultados en materia de seguridad que el dispositivo preparado para esta edición, que se desarrollará del 2 al 4 de mayo, es prácticamente idéntico. Así lo ha explicado la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, recordando que gracias a ese despliegue no se registró ningún accidente mortal y los delitos se redujeron de forma notable. Es por eso que la movilización de efectivos será la misma, con 2.300 agentes de la Guardia Civil repartidos por carreteras de toda España, más 500 policías nacionales y la plantilla al completo de la Policía Local en el casco urbano. En lo que respecta al Circuito y sus inmediaciones en concreto, serán 513 funcionarios de la Benemérita los que actúen junto con 130 agentes de tráfico de Sevilla y 150 del grupo rural de seguridad, apoyados por 3 helicópteros. Unos datos facilitados por el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, que ha acompañado a la alcaldesa en su comparecencia para poner de relieve la efectividad del dispositivo.

“En 2011 se registraron 65 delitos durante la celebración del Gran Premio, y sin embargo en 2012 fueron solo 12. Además, se realizaron 1.339 controles de alcoholemia de los que solo 32 arrojaron un resultado positivo, lo que demuestra una mayor concienciación con este tema”. Como nota menos positiva, De Torre se refirió a los 6 controles de droga que se llevaron a cabo, ya que todos ellos dieron positivo. “Lo que tiene que trascender es que aquel que consume es claramente sorprendido”, insistió. Por lo demás, la única novedad con la que se contará este año será con unos “trenecitos” que habilitará el Consistorio, como anunció la primera regidora, para trasladar a los espectadores desde la zona de aparcamientos facilitada por la Junta de Andalucía hasta el Circuito, que se encuentra a unos 3,5 kilómetros de distancia. Estos trenes tendrán capacidad para 200 personas en cada viaje, con lo que el gobierno local espera frenar las críticas vertidas por muchos que consideraban que las plazas de estacionamiento estaban ubicadas a una distancia exagerada del aeródromo.

En cuanto al número de visitantes, se estima que estarán en torno a la media de los últimos años, cifrada en 230.000. A pesar de ello, García-Pelayo ha destacado que las retenciones intentarán minimizarse al máximo, prueba de ello es que en el último año se produjeron 18 kilómetros de atascos frente a los 90 de ediciones anteriores. En el casco urbano, por otra parte, se organizarán diversas actividades durante toda la semana orientadas a los amantes de las dos ruedas, sin perder de vista que la Motorada coincidirá con el inicio de la Feria del Caballo. Aunque el alumbrado se encenderá el lunes 6, el Ayuntamiento prevé una cierta afluencia de visitantes al Real el fin de semana anterior, por lo que el grupo de agentes organizado a tal fin “estarán pendientes desde el viernes, para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”.

Hace apenas una semana que el Ayuntamiento presentó ante el TSJA un recurso de aclaración sobre la sentencia dictada en torno al ERE municipal y la respuesta ha sido prácticamente inmediata: el fallo es extensivo absolutamente a todos los trabajadores despedidos. Esto implica que el Consistorio está obligado o bien a readmitir o bien a indemnizar a los 260 perjudicados y no solo a los menores de 59 años, que era lo que se preguntaba el gobierno local en un principio. A pesar de que la sentencia era cristalina en este sentido, el ejecutivo decidió solicitar una aclaración amparándose en un punto en el que el juez reconocía que el criterio de edad a la hora de decidir a quiénes afectarían los despidos sí se ajustó a Derecho. Ahora, el Alto Tribunal se ha reafirmado en su fallo inicial por lo que al Ayuntamiento no le quedará otra que tomar una determinación sobre la totalidad de los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo, al haberse tratado de una demanda colectiva.

Una noticia que ha sido confirmada por la propia alcaldesa, María José García-Pelayo, que no obstante ha puntualizado que la sentencia no se hará efectiva hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso de casación interpuesto por el Consistorio. Como se recordará, al margen de la citada solicitud de aclaración la administración local había optado también por recurrir el fallo del TSJA que declaraba que los despidos no se habían ajustado a Derecho, exigiendo la readmisión o indemnización de los perjudicados. “Hemos interpuesto el recurso de casación porque estamos convencidos de que el ERE se hizo correctamente, y defendemos esta actuación”, ha insistido la regidora, argumentando que solo cuando el Supremo desestime el recurso ratificando el fallo del tribunal andaluz, en el que caso de que lo haga, el ejecutivo tomará cartas en el asunto para ponerlo en práctica.

En ese momento será cuando el gobierno opte por indemnizar a los 260 afectados, pues la alcaldesa ha vuelto a dejar claro que no contemplan su readmisión. Otro punto que García-Pelayo ha querido matizar es el carácter “declarativo y no ejecutivo” de la sentencia. Es decir, en el caso de que finalmente las indemnizaciones se vayan a hacer efectivas, cada trabajador deberá interponer una demanda a título individual en el Juzgado de lo Social, con el fin de que el juez declare su despido improcedente y solo entonces se puedan tramitar las mismas. Como confirmaron fuentes municipales, el montante total de estas cuantías se elevaría a 7 millones de euros, lo que unido a los 5 ya desembolsados por este concepto alcanzaría los 12 millones.

El delegado territorial de Fomento, Manuel Cárdenas, cumplió su compromiso y se ha reunido con los miembros de la plataforma para la culminación de las obras en la carretera A-2003, así como otros vecinos de la zona rural, a los que ha explicado todas las actuaciones que está realizando la administración regional para poder culminar los trabajos en la polémica vía.

En el marco de esta cita que se celebró la tarde del miércoles en La Barca, y a la que asistieron también representantes del gobierno municipal así como el edil de IU Joaquín del Valle, Cárdenas anunció que la intención de la Junta de Andalucía es la de volver a licitar las obras de la A-2003, sobre todo ante la certeza de que la actual empresa adjudicataria no seguirá adelante con los trabajos ya iniciados y hay que extinguir el contrato y sacar otro.

La intención es que los plazos se extiendan lo menos posible, pero el delegado sí que explicó que una vez se extinga el contrato actual sería necesario adaptar el proyecto y abrir el correspondiente proceso de licitación. Y eso, incluso en el mejor de los casos, puede alargar el proceso 3 ó 4 meses, por lo que ya no será hasta después de verano cuando se puedan retomar los trabajos.

Eso sí, como actuación de urgencia a la espera de los trámites para la obra definitiva, Cárdenas informó de que se van a llevar a cabo unas obras de “parcheo” en la actual carretera para mejorar su estado. A esta actuación se destinarán unos 250.000 euros, que permitirán tapar socavones y los baches más grandes, y actuar en los desniveles más peligrosos.

El Grupo Municipal Socialista califica de humillante y vergonzoso el trato que ha recibido la presidenta de la Asociación de Técnicos Municipales de Jerez (ATJM), quien ayer denunció públicamente el desmantelamiento del despacho que ocupa en la Delegación de Economía del Ayuntamiento mientras estaba ausente en una reunión, con lo que sus pertenencias personales fueron trasladadas sin su consentimiento y autorización.

La secretaria general del PSOE-A de Jerez y portavoz adjunta del Grupo Municipal, Miriam Alconchel, asegura que “este hecho no sólo supone una vulneración de los derechos básicos de los trabajadores por invadir un espacio laboral, sino que pone de manifiesto la política de acoso y derribo que está imponiendo el Gobierno del PP y la alcaldesa, García-Pelayo, demostrando un total desprecio a los trabajadores municipales y en este caso en concreto a una representante sindical”.

Alconchel añade que “es muy sospechoso que esta actuación se haya llevado a cabo contra la responsable de la asociación que representa a los técnicos municipales, un colectivo que se ha mostrado especialmente crítico con la política de personal que lleva a cabo la señora Pelayo y especialmente en la lucha contra el ERE municipal, por lo que lo acontecido se puede interpretar como un mensaje de advertencia en contra la libertad sindical de los trabajadores”. 

El Grupo Municipal Socialista expresa su solidaridad a la presidenta de la ATMJ y apoya las denuncias que ha interpuesto en Comisaría la propia afectada ante unos hechos tan graves y antidemocráticos, más propios de prácticas caciquiles.

La relación del gobierno municipal con su plantilla, en especial con los delegados sindicales, es tensa, más aún después de episodios como las denuncias por el ERE aplicado en el Ayuntamiento y por otras cuestiones como las productividades eliminadas.

Al menos eso es lo que piensan los representantes de los trabajadores que hoy han denunciado, incluso en la Comisaría, un episodio que han calificado de “bochornoso e indignante” después de que la presidenta de la ATMJ, la organización que agrupa a los técnicos municipales, haya visto cómo el despacho que ha ocupado durante los últimos cuatro años era desmantelado en su ausencia.

La propia afectada, Milagros Abascal, ha contado a este medio que ayer a las 15 horas, cuando acababa su jornada laboral, se le comunicó que tendría que cambiar de despacho. “Hoy iba a comenzar la mudanza de mis enseres y documentos, pero a primera hora me convocaron a una reunión junto a otros técnicos municipales y la secretaria general del Ayuntamiento, por lo que comuniqué que después iniciaría el traslado”, cuenta.

Su sorpresa fue mayúscula cuando regresó a su despacho tres horas después y se lo encontró “completamente vacío”. “No solo no estaba mi ordenador, que me dijeron que a lo mejor trasladarían, sino tampoco mis documentos, mis efectos personales. Incluso se habían llevado mi bolso y unos dibujos infantiles”, narra aún asombrada. Cuando preguntó le dijeron que todo estaba ya en su nuevo emplazamiento, y “al dirigirme allí he visto que todas mis cosas estaban amontonadas de cualquier forma y desordenados”.

La preocupación de la presidenta de la ATMJ se avivó tras hablar con su abogado, que fue quien le recomendó que no solo acudiera mañana a presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo por estos hechos que violan los derechos de un trabajador de la administración pública, sino también que interpusiera otra en la Comisaría de Jerez. “Soy delegada sindical y presidenta de la ATMJ, tengo en mi poder y custodio documentación sensible y personal de afiliados, de procesos, del ERE municipal, y con esta situación cualquiera ha podido acceder a ella, por lo que tenía que tomar medidas”, argumenta.

Abascal explicó hoy que “este tipo de actuaciones no tienen lógica, violentan al trabajador, le causan mucho agobio como me ha ocurrido a mí, y evidencian que el equipo de gobierno no es consciente de que no este tipo de procedimientos no son de recibo en una administración pública”.

La secretaria general del PSOE-A de Jerez y portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Miriam Alconchel, ha advertido en rueda de prensa del “elevado coste” que va a suponer para las arcas municipales el recurso que el gobierno municipal va a presentar al Tribunal Supremo contra la sentencia del ERE y ha acusado a la alcaldesa, María José García-Pelayo, de “derrochar dinero público para dilatar un proceso ilegal y arbitrario”.

Ha asegurado que, con este recurso, la alcaldesa “vuelve a dar una patada adelante y juega a la confusión y al despiste, aunque  lo más grave es que está jugando con los sentimientos de los trabajadores afectados por el ERE, prolongando su sufrimiento y el de sus familias”. Ha denunciado, no obstante,  que la alcaldesa “siga  en sus trece para consumar los despidos de un ERE que el Alto Tribunal Andaluz ha dicho que es  no ajustado a derecho y arbitrario”, por lo que ha insistido que el Grupo Municipal Socialista va a seguir “defendiendo la readmisión de los trabajadores despedidos”.

Al respecto, Alconchel ha explicado que “la sentencia es lo bastante explícita y deja abierta la vía a dos opciones: la readmisión o la indemnización”. Pero, ante todo, ha señalado que “el fallo judicial está cargado de argumentos que podrían certificar la nulidad de un procedimiento al asegurar que se actuó con mala fe y que los despidos se hicieron de forma arbitraria, sin criterio, sin tener en cuenta su formación, sin cualificación, ni antigüedad y sin tener en cuenta su experiencia”.

“El TSJA -añadió- ha tumbado el ERE por arbitrario y eso supone que se ha reconocido que todos los argumentos esgrimidos por los trabajadores, los sindicatos y los partidos de la oposición tenían un sustento real y que era una decisión que carecía de la más mínima objetividad y  razón de ser. Pero no sólo lo dice el TSJA, sino que el informe de la Inspección de Trabajo de septiembre de 2012 dejó claro que faltaba documentación que acreditara la aplicación objetiva de los criterios del ERE”. Por ello, ha lamentado que el PP  y la alcaldesa, “en lugar de de dar marcha atrás ante la contundencia del fallo del TSJA, anuncie que van a seguir adelante con el ERE y que no van a readmitir a los trabajadores”.

“Con dinero público  -denunció-  el gobierno del PP y de la señora Pelayo han llevado a cabo una actuación no ajustada a derecho, un ajuste de cuentas con la plantilla, poniendo en la calle a quien le ha dado la gana. Con dinero público se ha disfrazado esta artimaña y se ha pagado con el dinero de todos los jerezanos a empresas externas para aplicar un ERE”.

De hecho, Alconchel ha explicado que se ha destinado casi 55.000 euros a Deloitte por el ERE, casi 64.000 a una consultoría por el plan de recolocación y casi 6.000 mil por el informe pericial, a lo que hay que sumar  lo que costará  la defensa jurídica que, según las consultas realizadas por el Grupo Municipal Socialista, podrían elevarse a un cuarto de millón de euros.

Al coste económico, Alconchel dijo que hay que añadir la repercusión que ha tenido en la prestación de servicios públicos por la falta de personal. “Los jerezanos han seguido pagando sus impuestos, pero no han podido disfrutar de los servicios públicos, porque el personal que los prestaba estaba en la calle. Y ahora le van a pedir también a los jerezanos que paguen las millonarias indemnizaciones, cuando un tribunal ha dicho claramente que se trata de unos despidos arbitrarios”, aseguró.

La Junta ha culminado el pago del turno de oficio de 2012 a los abogados andaluces con el abono hoy de una última cuota al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados de 6,5 millones, de los que 883.875 euros corresponden a los letrados de la provincia de Cádiz. Con este pago, la Consejería de Justicia e Interior cumple su compromiso de sufragar antes de finalizar abril los más de 20 millones pendientes del pasado año por la prestación de este servicio esencial para la ciudadanía en la comunidad autónoma.

Este nuevo pago, que se suma a los otros dos abonos de 7,4 millones efectuados en los meses de febrero y marzo, beneficiará a los más de 7.000 letrados andaluces que participan en el turno de oficio, de los que casi cerca de un millar son de la provincia de Cádiz (773 de Cádiz y 211 de Jerez). Con esta iniciativa se da respuesta al compromiso contraído por el consejero del ramo, Emilio de Llera, con los representantes de los letrados andaluces a principios de año para cerrar un calendario de pago que liquidara definitivamente estos servicios de justicia gratuita y atender de este modo las reclamaciones que venían planteando los colegios de abogados en este sentido.

La Consejería ha destacado el gran esfuerzo de la Junta para afrontar estos pagos y sufragarlos con la mayor celeridad pese a las dificultades económicas actuales, abonando en apenas 3 meses a los abogados andaluces un total de 21,3 millones de euros, de los que 3,3 millones han ido destinados a los letrados de la provincia de Cádiz.

El Gobierno andaluz sostiene que este abono supone un avance sin precedentes en los pagos de justicia gratuita y ha permitido a la Consejería acabar con los retrasos en los pagos, ponerse al día con los Colegios de Abogados y enjugar toda la deuda por este servicio en apenas un año.

Prioridad para garantizar la justicia gratuita

Según la Consejería, este abono pone de manifiesto que la justicia gratuita es una prioridad para la Junta, situando la atención a sus pagos en la primera línea de los servicios a garantizar en estos tiempos difíciles e incluso por delante de otras muchas demandas igualmente importantes para el Gobierno andaluz.

Este respaldo económico al programa de asistencia jurídica gratuita garantiza un servicio fundamental como es la defensa ante los tribunales para aquellas personas que no disponen de recursos económicos suficientes para ello, beneficiando durante el pasado año a más de 300.000 andaluces.

El departamento que dirige Emilio de Llera ha dado prioridad absoluta a este pago al considerar que este dinero llega y beneficia directamente a los abogados que, con su esfuerzo y profesionalidad, son realmente los que sostienen este servicio esencial para garantizar los derechos de las personas y la igualdad de la ciudadanía frente la Justicia en estos tiempos de crisis.

Este esfuerzo que viene realizando el Gobierno andaluz en favor de los  abogados se pone de relieve en el abono continuo de los servicios de justicia gratuita durante esta legislatura, en la que no se ha dejado de pagar todos los meses diversas cantidades con el objetivo de ir rebajando paulatinamente los pagos pendientes que se habían venido retrasando en los últimos años en esta materia. De hecho, durante el pasado año se sufragaron 38,4 millones de euros que permitieron liquidar toda la deuda de 2011 y avanzar en gran parte de los gastos de 2012.

Compromiso presupuestario 

La Consejería de Justicia e Interior subraya también el compromiso presupuestario con la justicia gratuita, que mantiene intacta para este año la partida en esta materia con un montante de 44 millones. Desde que en 1997 se asumieron las competencias en esta materia,  la Administración autonómica ha destinado más de 340 millones de euros al Programa de Asistencia Jurídica Gratuita, multiplicando por diez el presupuesto consignado para estos servicios y pasando de los 4,7 los millones de euros destinados en 1997 a los 44 millones citados previstos para el presente ejercicio.

La Junta ha trabajado además en la mejora de la calidad de este servicio y en su especialización, impulsando los turnos de oficio específicos en aquellas áreas de interés social como es la atención a los colectivos de inmigrantes, menores y mujeres víctimas de violencia.